Tortura y desaparición forzada

PAULINO CÁRDENAS 

Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la CIDH, señaló que en México hay casos graves de torturas y desapariciones forzadas muy alarmantes, y que hay una distancia extraordinaria entre lo que México ha aprobado de reformas institucionales, de leyes, de planes nacionales, y la dificultad de acceso de justicia. “La brecha es brutal” afirmó.“En 15 de 32 estados no está tipificada la tortura, ni siquiera puedes calificarlo como delito”.

Añadió: “Hay un contexto de violencia generalizado, un fenómeno de inseguridad. Tienes la afectación del delito, pero también un fenómeno de permear las intenciones de seguridad, donde hay funcionarios públicos que participan en el delito”. Además, señaló Álvarez Icaza, existe “un fenómeno donde las procuradurías estatales ni siquiera investigan y hay quienes reciben amenazas por buscar a su familia”.

Por su parte James Cavallaro, relator para México y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a México constató que el país pasa “por una grave crisis de derechos humanos”.

En entrevista para Aristegui CNN expuso que estuvieron en el Distrito Federal, se reunieron con autoridades, sociedad civil y víctimas, después, dividido el grupo visitaron varios estados -Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Tabasco-, “el equipo volvió muy impresionado con la gravedad de la situación”.

Señaló que en el curso de ese periplo sobre el tema de la desaparición forzada “recibimos decenas de testimonios; con las ejecuciones extrajudiciales perpetrados en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato; “casos gravísimos de tortura”, agregó. Luego “volvimos a la capital, con un impacto muy fuerte, no hay otra conclusión. La situación que vive el país “es muy grave”, subrayó.

Por supuesto que el gobierno de México negó los términos de ese informe. Rechazó que se viva en el país una grave crisis de derechos humanos, como afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y afirmó que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un hecho “absolutamente extraordinario”.

En respuesta al informe preliminar de la CIDH, que emitió tras su visita a México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, advirtió que ese documento “no refleja la situación del país”, dijo en conferencia de prensa.

Rechazó la participación de una instancia internacional para investigar en México violaciones a derechos humanos. En todo caso, advirtió, será hasta el próximo año cuando se emita una evaluación integral sobre el tema en México.

Ante la postura del gobierno que dice no compartir que de manera generalizada haya una crisis grave en derechos humanos en nuestro país, James Cavallaro, relator para México y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que “lo que conseguimos hacer fue comprobar” lo que han estado estudiando y analizando durante semanas y meses.

Además, puntualizó, la Comisión “lleva décadas de hacer este tipo de visitas”, igual que lo han venido haciendo otras entidades internacionales. Indicó que el equipo pudo corroborar lo que tenían previamente a su visita. “De hecho lo que obtuvimos en el terreno fue más contundente… muy impactante“.

En el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “se encontraron fosas con decenas de otras personas desconocidas”; dijo que se calcula que hay unas 400 personas que les llaman los ‘otros desaparecidos de Iguala’. Tan grave ha sido la situación, expresó Cavallaro, que no le han hecho caso a muchas personas cuyos familiares han desaparecido.

Con todo esto, ¿qué le dirá el gobierno mexicano al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, que está de visita en nuestro país? La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el mundo.

El funcionario de Naciones Unidas llegó el lunes y estará en nuestro país hasta hoy; tiene en su agenda una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y varios secretarios de su gabinete, así como con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado y el secretario de Gobernación.

Como es sabido, el pleno de la CIDH dio su respaldo irrestricto a las primeras conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario del GIEI echó abajo la hipótesis de la ‘verdad histórica’ que ha sido el argumento del gobierno sobre el caso Ayotzinapa.

El resultado de esa investigación dista de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento. Por ello, los expertos han buscado entrevistar a todos los testigos incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería. Quizá esa petición la pudiera formular al presidente Peña Nieto el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en su visita a México.

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