Peña, con doble discurso: Zeid

PAULINO CÁRDENAS

En conferencia de prensa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein de Jordania, hizo un extrañamiento al gobierno mexicano por el “doble discurso” de Peña Nieto, pues dijo que siendo activo promotor en la materia a escala internacional, padece una particular “intolerancia ante la crítica”. Coincidió en señalar, junto con otros organismos, la existencia de una grave crisis humanitaria en México.

Esto, pese a que ayer, después de la reunión que sostuvieron ambos en la residencia oficial, en un comunicado oficial de la Presidencia se quiso hacer ver al príncipe como un aliado del gobierno mexicano. Según Los Pinos, al término de la reunión de ayer, el Alto Comisionado habría dicho que México “va por el camino correcto” en materia de derechos humanos .

También se dijo que el máximo representante de la ONU en esa materia, estuvo de acuerdo con Peña en que, “como ocurre en todo el mundo, en México tenemos desafíos en materia de derechos humanos, que estamos decididos a encarar y superar”. Presidencia quiso hacer ver al príncipe como un lambiscón más que como un aliado. No obstante, minutos después, Zeid Ra’ad Al Hussein dijo cosas totalmente diferentes.

En rueda de prensa habló no solo del caso Ayotzinapa, sino de los 22 muertos de Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos del Ejército, así como las masacres de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán. De hecho el gobierno mexicano quedó mal en materia de derechos humanos.

Lamentó también las reacciones adversas del gobierno mexicano ante los señalamientos de organismos internacionales, como fue el caso de negación del informe en el caso de la CIDH, la semana pasada, así como la descalificación del relator de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, en marzo anterior.

Ra’ad Al Hussein consideró que los 26 mil desaparecidos son el resultado del “fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió y, sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes”, lo cual desde su punto de vista “no sólo es lamentable; es profundamente trágico”.

Al final lanzó cuatro recomendaciones previas a un informe que dará a conocer en próximos meses: Fortalecer “de manera urgente” las procuradurías del país para atender las violaciones a derechos humanos, así como a las policías para que lleven a cabo las tareas de seguridad pública, “en línea con la obligaciones de derechos humanos”.

Urgió a “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”, e implementar las recomendaciones del GIEI, así como considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves”.

Para empezar coincidió con el reporte preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), donde ésta consideró como “generalizados” los abusos en el país. Derivado de los resultados de ese informe y del papel que ha jugado en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas el representante de la ONU fue tajante:

Dijo que es urgente que “el gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con soldados del 27 Batallón, quienes estaban presuntamente en la escena del crimen cuando algunos de los ataques tuvieron lugar” en Iguala, Guerrero.

A este respecto, el general secretario Salvador Cienfuegos, declaró en entrevista televisiva que de ninguna manera permitirá que ningún organismo internacional entreviste ni a mandos ni a soldados del 27 Batallón cuyo cuartel está en Iguala. Señaló en la entrevista que va su prestigio, su pasado, sus muchos años como militar en prenda, para no permitir que la CIDH, los expertos de esa institución, entrevisten a los soldados.

El general Cienfuegos le dijo al reportero de Televisa, Santos Mondragón, que la noche de los hechos de Iguala no hubo omisión por parte de los militares ya que “los elementos municipales eran los que estaban a cargo del problema”. Como prueba de ello aseveró que el comandante del 27 Batallón de Infantería habló con el secretario de seguridad pública municipal, hoy prófugo, para preguntarle si había algún problema y éste lo negó.

El príncipe Zeid dijo que su recomendación es que como parte de las investigaciones, el gobierno revierta su decisión de no permitir que los miembros del grupo interdisciplinario de la CIDH entreviste a los soldados y mandos del 27 Batallón.

Esa negativa del general secretario es prueba de la resistencia del presidente Peña de no querer ir a fondo con las indagatorias. Cienfuegos dijo que sus soldados han sido interrogados por la PGR y no hay indicios de que hayan participado. Sin embargo, consta, según testigos, y dichos de los mismos protagonistas militares, que la gente de Inteligencia Militar estuvo presente cuando comenzaron los enfrentamientos violentos entre la policía municipal y los estudiantes.

Se sabe que agentes militares fueron al hospital a “interrogar” a los heridos. ¿Por qué militares interrogando a estudiantes? ¿Eso sí es legal? El punto clave para las indagatorias de los 43 sigue siendo, pues, el 27 Batallón de infantería de Iguala. Por lo pronto, bien por el Alto comisionado, mal por México.

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