¿Usuarios de Internet en capilla?

PAULINO CÁRDENAS

¿De veras el PRI ve a los usuarios de Internet como un riesgo para la estabilidad del gobierno de Peña Nieto y para sus intereses? ¿De veras el elefante le tiene miedo al ratón? ¡Habrase visto semejante cosa! dirían las bisabuelitas. Si es así, entonces no habría duda de que el actual es un gobierno débil. Y que tiene miedo de ser derrocado vía Internet. Sería una maravilla dirían millones de mexicanos que critican los abusos del poder.

Por ese temor gubernamental es que ronda la preocupación por parte de algunos usuarios en México de Internet, de que pueda haber un virtual “bajón” de ese sistema para ‘los que se portan mal’ contra el gobierno como diría el gober pernicioso de Veracruz, Javier Duarte. Con la Ley Fayad el ‘mal uso’ uso de Internet quedaría a nivel de arma terrorista de millones de usuarios, a juicio del gobierno priísta.

Y podría haber cárcel hasta por 28 años según la loca propuesta solo por publicar datos que a consideración del obtuso criterio del gobierno, constituyan post o twitts atentatorios contra la paz social o los califique de subversivos, sobre todo si se critica feo y grueso al presidente Peña Nieto, a los de su gabinete ‘legal’ y ampliado, y a sus programas de gobierno, aunque no funcionen para nada.

La llamada Ley Fayad supuestamente permitiría la persecución de periodistas, opinadores, caricaturistas y ciudadanos que critican cotidianamente al gobierno por medio de Facebook, Twitter y otros espacios de las redes sociales. Con esa medida el gobierno se convertiría en represor de la libertad de expresión. Son millones los que entrarían en ese rango, al estilo hitleriano.

Serían los que utilizan cotidianamente Internet para desahogar sus frustraciones, amarguras, corajes y resquemores contra el mal gobierno el cual, en lugar de enderezar el barco, prefiere la censura de opiniones ciudadanas en su contra ya que no tolera las críticas de asuntos que se ventilan vía Internet como el de la ‘Casa Blanca’, la de Maninalco, el caso Ayotzinapa, y mil etcéteras más que han sucedido en lo que va del sexenio.

La ley propone sanciones a medios digitales lo cual acotaría el derecho de expresión por ese que ha comprobado ser un influyente medio de expresión ciudadana, por encima de los medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2013 ‘Libertad de Expresión en Internet’, señala que “la protección de la neutralidad de la red, es fundamental para garantizar la pluralidad y diversidad del flujo informativo”.

Como ha sido señalado por la Corte Interamericana, “el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo”.

Por su parte, el principio 5 de la Declaración de Principios dispone que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo, deben adoptarse medidas para evitar que el establecimiento de controles particulares genere una violación de la libertad de expresión”.

Por esto, no se cree que prospere la llamada Ley Fayad; en primer lugar porque la crítica del mexicano es un asunto de idiosincrasia. En segundo lugar, por lo que señalan las instancias internacionales que recuerdan que el Estado Mexicano debe ser garante de varios derechos ejercidos a través de las telecomunicaciones y la radiodifusión; entre ellos, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (incluyendo banda ancha e Internet).

Contrario a la censura, el gobierno de México debe plantearse definiciones y tratamiento de políticas de regulación pero con pleno respeto y cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho de expresión y de derechos humanos, según recomiendan los tratados internacionales.

Hay quienes aseguran que en México el gobierno que encabeza Peña Nieto quiere impedir que pase algo como lo que sucedió en Guatemala, en donde mucho del éxito de haber obligado al hoy ex presidente Otto Pérez Molina a renunciar, al comprobársele su participación en una red de corrupción aduanera conocida como ‘La Línea’.

Las acusaciones y convocatorias a manifestarse públicamente fueron hechas vía Internet, medio cibernético que sirvió para derrocar a un mandatario presuntamente corrupto. Hay temor de que esas manifestaciones de rechazo y críticas al mal gobierno lleguen a ‘prender’ igual en México vía Internet y se logre desestabilizar al gobierno, lo que muchos ven como un temor absurdo.

Eso lo sabe el gobierno priísta y en lugar de corregir el camino, a través de sus incondicionales en el Legislativo prefiere el camino fácil de proponer sanciones y restricciones al uso de Internet contra quienes no están conformes con el gobierno. Por temor. El siguiente paso es la represión militar. La historia lo dice.

A través de la plataforma Change.org, un grupo de ciudadanos emprendió una campaña vía Internet para recabar firmas y que no transite esa iniciativa en el Legislativo. Los que quedarían libres de culpa sería los textoservidores al servicio de los gobiernos priístas, que anteponen su lambisconería prefiriendo verle virtudes a la ignominia, que estar del lado de los indignados. A cambio ya sabe usted de qué.

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