‘Ley Intolerancia’, otra ocurrencia

PAULINO CÁRDENAS

El próximo viernes 4 de diciembre entrará en vigor una nueva ‘Ley de Intolerancia’ peñanietista, diseñada especialmente para periodistas que se la pasan criticando a su gobierno, por lo que estarían sujetos a demandas civiles y por daño moral por parte de políticos, empresas y cualquier persona o entidad que considere que se haya hecha pública “información inexacta o falsa” sobre ellos.

También refiere como víctimas de agravios a “partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular”. Esa ley que es un intento más contra la libertad de expresión, viene envuelta en terciopelo bajo el nombre de ‘ley de derecho de réplica’. Creen que así el gobierno peñanietista librará las críticas a lo que ha hecho y ha dejado de hacer en sus tres años de administración tiempo en que sus reformas no han servido para gran cosa.

Las oligarquías no pueden permitirse el lujo de coartar la libre expresión con leyes arcaicas y retrógradas con el pretexto de darle vigencia a un ordenamiento que está en la Constitución desde hace años como es el derecho de réplica al que quieren darle vida para someter a quienes escriben con la verdad, a prácticas inquisitorias. Y la verdad está llena de vocablos altisonantes cuando el caso lo requiere.

Contra eso quiere ir esa nueva ley de intolerancia. Si la llamada ‘mafia del poder’ se ha vuelto intolerante y quiere coartar derechos, se topará con muchos problemas de carácter legal. Esa nociva ley que va contra los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del que México es parte obligada.

Ese tipo de leyes son prácticas de gobiernos totalitarios. Después de eso sigue la represión armada contra la población civil, que de hecho ya se han dado eventos en varios estados de la República, no de ahora sino desde hace décadas. En la época contemporánea el caso más notable de intolerancia gubernamental se puso de manifiesto en el 68 contra los estudiantes con la matanza de Tlatelolco.

Luego vino la represión del Jueves de Corpus y más adelante otros eventos similares como la masacre de Aguas Blancas, la matanza de Acteal, la de Atenco, y más recientemente las de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de Apatzingán, y de Tanhuato, cuatro masacres perpetradas por las fuerzas del estado en menos de un año en México, donde los medios dieron cuenta de la intolerancia gubernamental.

A todo eso se sumó la dizque ‘fuga’ del Chapo Guzmán, lo que vino a acabar con la pretensión del secretario de Gobernación de aspirar a ser el sucesor de su jefe en el 2018. También el caso de la ‘casa blanca’ de las Lomas que dio a conocer Carmen Aristegui y que le costó la chamba en MVS, y las críticas por eso y por la adquisición de la mansión de descanso de secretario de Hacienda, empezaron a colmarle el plato a los que dicen que no hubo conflicto de interés.

Vino la exoneración desvergonzada del ‘perdonavidas’ llamado Virgilio Andrade, lo que acabó de inflamar más las críticas no solo a nivel nacional sino internacional. Y mientras el país en el agujero sin que las famosas reformas dieran señales de vida, lo que también fue motivo de más críticas. De ahí la ocurrencia del aberrante spot de ‘ya chole con las quejas’.

También con la pretendida ‘Ley Fayad’ se quería implantar una ley mordaza contra los tuiteros, que un día sí y otro también, critican las pifias, abusos y corruptelas de quienes están en el poder. Incluso se proponía que hubiera cárcel contra quienes utilicen improperios contra la inutilidad de los funcionarios públicos que llegan al poder a robar y no a gobernar.

El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en el espacio de Ciro Gómez Leyva que ya estaba ‘harto’ de que le achaquen culpas al gobierno federal por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala. Por todo ello es que ahora quieren llevar a la práctica la ‘Ley Intolerancia’ propia de gobiernos totalitarios que practican la oligarquía en vez de la democracia de la que se llenan la boca los gobernantes mexicanos que no predican con el ejemplo.

Por todo ello y por lo que viene de endurecimiento gubernamental contra la libertad de expresión, es que muchos se han empezado a sumar a la propuesta de que es urgente restarle poder a quien intenta la censura total del pueblo. Para ello se ha sugerido dirigirse, por ejemplo, al ingeniero Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano.

Desde hace tiempo Lozano ha emprendido una campaña nacional desde Nuevo León, invitando a los mexicanos a sumarse a que se respete y hacer respetar el Artículo 39 de la Constitución. Dicho precepto señala que MANDANTE es el que manda, el que da su mandato, es decir, el pueblo soberano, la ciudadanía, tú, yo y los que pagamos impuestos. MANDATARIO, es aquel que obedece, al que se le paga para cumplir el mandato.

Gilberto Lozano, quien ya emprendió una campaña contra Peña Nieto, podría tomar cartas en el asunto de la ‘Ley Intolerancia’ promovida por el Ejecutivo y ya aprobada, quien sin duda aceptaría encabezar una campaña contra esa pretensión de socavar la libertad de expresión con el pretexto de querer revivir el derecho de réplica. A los interesados el correo de ese promotor de la democracia es (gilbertolozgon@gmail.com)

¿Qué hay detrás de esa pretensión de censura a la libertad de expresión? Es obvio que en el fondo subyacen muchos temores. Uno de ellos es que con Peña pudiera suceder lo que hace poco pasó en Guatemala donde la fuerza popular logró derrocar a su presidente Otto Pérez Molina, aquel por corrupto.

Como sea esa silenciosa ley mordaza dará mucho de qué hablar una vez que entre en vigor y salga a la luz, lo que sin duda provocará reacciones muy duras contra el gobierno de Peña Nieto, quien anda en París en una unión sobre cambio climático, pero rindiéndole homenaje a las víctimas del viernes 13, mientras que a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ni un lazo siquiera.

paulinocardenas.wordpress.com

‪@Paulinocomenta

 

 

 

 

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