Amparo contra ley de réplica

PAULINO CÁRDENAS

La iniciativa de ley reglamentaria de derecho de réplica que entró en vigor el pasado viernes 4, tiene una obviedad: es una ley de intolerancia a la crítica que lleva dedicatoria. Está hecha específicamente para periodistas que cuestionan al gobierno, por lo que estarían sujetos a demandas civiles y por daño moral por parte de políticos, empresas, persona o entidad que considere que se haya hecha pública “información inexacta o falsa” sobre ellos.

Es un hecho que la ley reglamentaria del derecho de réplica forma parte de las presiones políticas del propio poder ante las críticas al mal gobierno. Estarán exentos aquellos medios de información y periodistas que se ‘porten bien’ y se limiten a reproducir información oficial. Quieren puros textoservidores a modo. Para ellos la gracia; para los críticos la ley a secas.

La clase política se victimiza y con ese nuevo ordenamiento pretende judicializar la labor de los periodistas, analistas y opinadores críticos y protegerse de ataques y balconeadas públicas, buscando impedir que les saquen sus trapitos al sol en asuntos de abuso de poder, de tráfico de influencias, de negocios y corruptelas que hacen los gangsters de cuello blanco al amparo del cargo.

También pretenden blindarse sobre los vínculos que no pocos tienen con los capos de la droga que les financian sus campañas y les siguen surtiendo dinero para que los dejen operar a gusto sus actividades ilícitas en los estados de la República. Por lo pronto ya está en curso el primer amparo contra esa ley de derecho de réplica que pretende coartar, con criterios gubernamentales a modo, la libertad de expresión.

El primer amparo contra la ley reglamentaria sobre derecho de réplica lo interpuso el semanario Proceso desde el mismo viernes 4 que entró en vigor la susodicha ley. El amparo fue promovido por los abogados de esa revista, Luis Miguel Cano López y Graciela Rodríguez. Afirman que el nuevo ordenamiento viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al menoscabar la libertad de expresión y el derecho a informar.

El amparo no es en sí contra el derecho de réplica, sino en previsión de criterios que pudieran tender a coartar la libertad de expresión de quienes cuestionan a la clase política y sus aliados y les exhiben públicamente sus triquiñuelas y abusos de poder. Sobre esos críticos del sistema es contra quienes dejarían caer la espada de Damocles incluso con multas que irían de 35 mil a 700 mil pesos.

Dicho ordenamiento no puede estar basado en la “verdad” y “exactitud” de las ideas porque significaría ajustar la libertad de expresión e información a un estándar contrario a la libre circulación de las ideas. El nuevo mandato coloca a los periodistas en la obligación de probar la “falsedad de inexactitud” de cuanta información y opinión difundan. De lo contrario, serán objeto de juicios y sanciones económicas.

De esa obligación estarán exentos aquellos medios de información y periodistas que se limiten a reproducir información oficial. La solicitud de amparo impugna la definición que la ley hace del derecho de réplica respecto a datos o informaciones publicadas sobre hechos “que sean inexactos o falsos” y cuya divulgación le cause un agravio político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen de quien se duela de una publicación.

La demanda del semanario Proceso fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Pronto comenzarán a llover más amparos en el mismo sentido. Luis Miguel Cano López, Codirector de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A. C. (Litiga, OLE), hace advertencias al respecto a quienes escriben de manera crítica.

A quien lo haga, puede llevarlo, en última instancia, a enfrentar un procedimiento judicial, además de que se le demande por daños y perjuicios. Quien formuló el recurso de amparo en coordinación con Graciela Rodríguez, aclarara que no se está contra el derecho de réplica. Es un derecho humano. El problema es pretextarlo para callar a quienes nos atrevemos a denunciar la otra realidad cotidiana de México.

Indica que el juicio de amparo presentado por Proceso busca frenar los efectos y consecuencias de esta ley. Lo hace no para desconocer el derecho de réplica, sino para que éste se use bajo un estándar adecuado, respetuoso de la prensa crítica, por las personas comunes y no por las autoridades.

Incluso ese juicio de amparo busca que al declararse a la ley del derecho de réplica violatoria de derechos humanos, se ordenen medidas que garanticen su no repetición: que se impida en el futuro emplear un estándar que no sea el más protector de la libre circulación de ideas e informaciones de toda índole. Que no se distinga entre medios por su línea editorial.

Concluye Cano López: Veremos en las próximas horas la respuesta del Juzgado de Distrito, y en las siguientes semanas las de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República. Leeremos sus posturas oficiales y así tendremos pruebas fehacientes de su compromiso, real o no, con la libertad de expresión y el derecho a informar.

Sin duda a ese amparo le seguirán otros con los mismos argumentos que plantean los abogados del semanario Proceso.

paulinocardenas.wordpress.com

‪@Paulinocomenta

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