Los alérgicos a las críticas

PAULINO CÁRDENAS 

El gobierno pretende tener el monopolio de ‘su verdad’ aunque para ello contrate grandes espacios de comunicación y patrocine a un ejército de textoservidores que tiene a su disposición en diversos medios. Con la nueva ley de derecho de réplica que regula el artículo Sexto constitucional se quiere acotar la libre expresión de los libreopinadores a la actuación gubernamental del presidente Enrique Peña Nieto y su equipo, alérgicos como son a la crítica y a que se hagan públicos asuntos como el de la “casa blanca” de Las Lomas.

Para los que se ‘porten bien’ la gracia gubernamental, para los criticones, la ley a secas. La intención de ese nuevo ordenamiento es estrechar el cerco mediático a los que ‘nada les parece’ del actual estilo personal de gobernar. En este año ha habido serios intentos para coartar la libertad de expresión y de opinión y con la ley de derecho de réplica el gobierno estima que lo logrará.

Primero fue con indirectas-directas como ese spot que se llamó ‘Ya chole con tus quejas’, que duró muy poco al aire por absurdo, pero que denotaba el hartazgo de la actual administración a las críticas de ciertos periodistas, analistas y opinadores, con lo que el gobierno daba fe de su hartazgo de los mexicanos ‘que solo ven lo malo’ de la administración peñanietista.

Después vino la iniciativa de ley propuesta por el senador Omar Fayad hace unas semanas, que buscaba establecer multas e incluso penas de cárcel para quienes cometieran ‘delitos’ en las redes sociales. Tales fueron las críticas que el asunto se quedó pendiente de aprobación en el Congreso, por ser un instrumento que pretende ir contra la libertad de expresión y uso de la información en Internet.

Luego vino una queja que hizo en la radio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le comentó a Ciro Gómez Leyva que estaba ‘harto’ de que al gobierno se le siguiera culpando del caso de los 43 normalistas rurales que sufrieron desaparición forzada en Iguala y que ha quedado pendiente una investigación seria y profesional para logra dilucidar lo que entrañó ese acto delincuencial.

El último intento para acallar las críticas es la nueva ley reglamentaria de derecho de réplica que entró en vigor el pasado 4 de diciembre, que busca premiar a los medios que ‘se porten bien’ con el gobierno, y judicializar la labor periodística de quienes critican las fallas, errores, omisiones y abusos de poder de quienes lo ostentan a nivel federal, estatal y municipal.

Esa nueva ley pretende ser un cerco mediático a quienes ejercen libremente la crítica con el pretexto de la ofensa, como si la corrupción y la impunidad que se permiten en el gobierno no fuera ofensiva. La intención es acallar las críticas ya que del nuevo ordenamiento es una espada de Damocles que penaliza con multas de entre los 35 mil y 700 mil pesos, a quienes, según los criterios de quienes tienen la piel muy sensible, se sientan ofendidos por lo se diga de ellos.

Dice el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por definición, la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia. Esa libertad es un derecho universal que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a ejercer. Así lo establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Este organismo se supone que tiene el mandato de promover la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa. Este derecho incluye mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La UNESCO destaca la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación como un componente esencial en el proceso de la democracia. En teoría, es la agencia líder en promover, defender, monitorear y preconizar la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental.

Ese organismo destaca la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación como un componente esencial en el proceso de la democracia. También proporciona asesoramiento sobre legislación y formulación de políticas para los medios a los Estados Miembros de esa agencia de Naciones Unidas.

En la región de América Latina, los gobiernos parecen seguir empeñados en cuestiones como la regulación de los medios en línea con los estándares internacionales, la regulación de los medios para la protección y promoción de los derechos humanos, los dividendos digitales, la libertad de expresión y la Internet, la regulación de la publicidad oficial, entre otros.

Cierto que las regulaciones son temas que interesan más a los gobiernos que a la sociedad respecto de la libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, en nuestro país parece haber prisa de que esas garantías constitucionales tengan un cerco legal que acabe por judicializar la labor de periodistas y de quienes ejerzan ese derecho.

Esa prisa parece obedecer, no solo al hartazgo de tantas críticas, sino a las fechas que se avecinan de elecciones estatales y locales el año próximo, y sobre todo la federal de 2018. El priísmo buscará a toda costa seguir en los mandos del poder político, donde se generan los grandes privilegios que produce comaladas de millonarios a favor de quienes logran un cargo de elección popular, que se dedican a hacer negocios en lugar de ponerse a gobernar, haciendo a un lado sus promesas de campaña.

Se da por hecho que esa nueva ley de réplica, como está diseñada, no procederá. Si se aplica habría mucha amparos. Por lo pronto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya impugnó ese ordenamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese es otro tema.

paulinocardenas.wordpress.com

‪@Paulinocomenta

 

 

 

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