Crisis de derechos humanos

PAULINO CÁRDENAS

Las desapariciones forzadas encabezan la lista de abusos criminales que motivan la crisis de derechos humanos que vive México. Es, de hecho, una política en las que están involucrados elementos policiacos federales, estatales y municipales y sobre todo mandos y efectivos castrenses. Por ello la militarización se sigue extendiendo en todo México. Y la violación a los derechos humanos va en aumento.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) James Cavallaro, indicó que el gobierno mexicano que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto no quiere reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy México es extremadamente grave. “Se trata de una crisis”, declaró en entrevista con Carmen Aristegui.

El gobierno mexicano desestimó el informe que entregó dicha Comisión después de varios meses de trabajos de campo y señaló que el informe presentado el pasado miércoles por ese organismo internacional, no reflejaba la situación general del país. Sus conclusiones parten de premisas y diagnósticos “erróneos” se dijo. Cavallaro dijo que las violaciones de las que dan cuenta fueron documentadas. Y explicó:

“Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, en varias visitas de integrantes de la comisión, tanto comisionados, como el personal de la secretaría ejecutiva. Y la comisión entera fue a México la última semana de septiembre. Visitamos varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos”.

Para que se considere como desaparición forzada ese tipo de actos criminales, deben haber sido realizado por agentes del Estado, llámense policías federales, estatales o municipales o mandos y efectivos del Ejército o la Marina como sucedió por ejemplo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el de Tlatlaya, el de Tanhuato, el de Apatzingán o el de Tierra Blanca entre otros.

En la entrevista con Carmen Aristegui, el presidente de la CIDH dijo que en México “la desaparición forzada acontece en muchos estados de la República” y en esos hechos la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad ha sido inapropiado porque “ha producido centenas, miles de muertos”.

Mencionó también casos de ejecuciones extrajudiciales como el del caso Tlatlaya, en el que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014.

“El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares han muerto, y cuando se indaga la versión oficial inicial no se comprueba”, afirmó James Cavallaro.

Indicó que “el Estado ha mantenido una cifra de personas no localizadas de 26 mil 798, hasta septiembre pasado. Cada caso es muy grave. Son casi 27 mil. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas.

“Pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado. Como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso de Tierra Blanca, de los cinco jóvenes (levantados por policías del estado)”, ejemplificó Cavallaro.

Se refirió también a la situación de la tortura, que es una práctica “infelizmente”, generalizada en México. “Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez”, recordó.

Y no se olvidó de “otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia”, como las mujeres con los feminicidios y los indígenas que están desprotegidos en su lucha contra las industrias extractivas y el despojo de sus tierras. “En todos estos casos lo que une las diversas situaciones de abuso y violación, es la impunidad”, subrayó.

Cavallaro afirmó que la CIDH reconoce avances del gobierno, como las reformas en la Constitución de 2011, “algunas políticas como el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas”. Sin embargo, lamentó, “lo que pasa es que el marco legal en México, dista mucho de la realidad.

“Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados, un caso, dos casos, cinco casos de desaparición forzada, ya sería una situación preocupante pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la república”, sostuvo.

Con la práctica criminal de las desapariciones forzadas, el gobierno lo que busca es romper los clamores de la indignación de los sectores menos favorecidos del país o a los grupos a los que se les quiere restar fuerza en su lucha social contra las injusticias.

Es, de hecho, una política de Estado para aplacar inconformidades y protestas contra el mal gobierno, en las que están involucrados, además de cuerpos policiacos, mandos y efectivos castrenses. Por ello la militarización se sigue extendiendo en todo México. Y la violación a los derechos humanos no cesa.

Tanto las desapariciones forzadas como la tortura son rubros en los que el gobierno que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto está en absoluta falta, ante organismos internacionales vigilantes de los derechos humanos.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

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