Eruviel ya tiene su ley represiva

PAULINO CÁRDENAS 

A hurtadillas, aprovechando la Semana Santa, los legisladores fieles a Eruviel Ávila que forman parte de la mafia del poder del estado de México, aprobaron en el más completo sigilo la llamada ‘ley Atenco’ que no es otra cosa que la ‘Ley Bala’ que quiso imponer el gobernador Rafael Moreno Valle en Puebla; pero la del mexiquense resultó corregida y aumentada.

Esa ley busca criminalizar la protesta social. Iría contra las personas, pueblos y organizaciones que defiendan sus tierras, sus territorios, los bienes naturales como el agua y el bosque, la autonomía indígena y los derechos humanos en general, ante las reformas ‘estructurales’ y los megaproyectos que acaban siendo grandes negocios para unos cuantos.

Con esa ley, promovida por el gobernador mexiquense, obviamente previa consulta con el más alto mando del gobierno federal, buscaría implantarse más adelante en todo el país. Por lo pronto cancela de tajo las aspiraciones del mandatario mexiquense para ser presidente de México. De llegar al mando federal, volvería a revivir la ley de disolución social como lo hicieron Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez la cual fue derogada en 1970.

Ningún partido político se atrevió a hacer pública esa iniciativa de ‘ley Atenco’ sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa. Fue una suerte de albazo legislativo. La aprobación fue en total sigilo; la mafia del poder priísta mexiquense mantuvo en secreto ese golpe contra el derecho constitucional a la manifestación y a la protesta.

Esa ley dizque regula el uso de la fuerza pública en manifestaciones públicas. Es una vil ‘Ley Bala’ como la que empujó el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Faculta a las policías estatal y municipales a intervenir cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta, con lo que se corre el riesgo de que se repitan hechos como los del caso Atenco suscitado en 2006.

El artículo octavo de esa ley represiva otorga a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas de fuego. Es de hecho una ley con licencia para matar. La autoridad podrá usar armas “cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales”.

“Sólo” se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.

Se usarán armas “con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.

Se permite el uso de esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente.

Además de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.

El artículo 23 posibilita la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos y embargos. En contraste, en caso de abusos policiacos exime de responsabilidad al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos.

En su artículo 52 dispone: “A los mandos y elementos cuando no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto en esta ley, se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezcan”.

Los resultados de las indagatorias internas, determina, “se comunicarán a los órganos de control que correspondan y, en su caso, se dará vista al MP para que sean acreedores, de acuerdo con su participación, a la aplicación de la responsabilidad administrativa, civil o penal y aquellas sanciones que señalen las leyes de Seguridad del Estado de México y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios”.

La fuerza pública, conforme al capítulo III, podrá emplearse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y se vuelvan violentas. Cuando se causen lesiones, las autoridades deben llamar inmediatamente a los cuerpos de emergencia y comunicar los hechos a los familiares, además de dizque resarcir los daños.

Por lo pronto, por considerarla una “estrategia legaloide y perversa para criminalizar la protesta social”, diversos organismos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra anunció que combatirá la “ley Atenco”.

Ignacio del Valle, dirigente de este movimiento, indicó que la represión es uno de tantos medios que han utilizado los gobiernos del estado de México para advertir que no nos movilicemos en contra del despojo de la tierra, denunció.

Con esa ‘Ley Bala’ de Eruviel Ávila, el priísmo va de mal en peor. Y no tardará en que se quiera implantar a nivel nacional.

paulinocardenas.wordpress.com 

@Paulinocomenta

 

 

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