No habrá prórroga al GIEI

PAULINO CÁRDENAS

En medio de una campaña de desprestigio desatada en su contra por el gobierno federal a través de Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega y algunos medios venales obedientes al dictado del amo, el grupo de investigación del GIEI terminará sus tareas que realizaba del caso Ayotzinapa en abril y ya no habrá prórroga, anunció Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación.

Con eso el gobierno busca tapar el sol con un dedo. Creyendo que ese Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes vendría a avalar la ‘verdad histórica’ del ex procurador Jesús Murillo Karam, se llevó un chasco, ya que las investigaciones concluyeron que ese teorema no era sostenible con los hechos por lo cual fue desechado por el GIEI. Esto enervó los ánimos del gobierno federal.

Pese a que ese grupo había sido seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su capacidad investigadora, las conclusiones no gustaron al régimen peñanietista, por lo que ordenaron iniciar una campaña de desprestigio en contra de ese grupo inventándoles historias y buscando desacreditar sus indagatorias basadas en principios de investigación científicos.

El gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto consideró que el GIEI vendría a exaltar los esfuerzos que había hecho la PGR en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada por uniformados locales del municipio de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014, pero no fue así.

Ahí fue cuando comenzaron a los medios y plumas lamebotas del gobierno a actuar por órdenes de quienes les pagan ese tipo de favores, lo mismo que a organismos que subvenciona el gobierno dizque defensora de derechos humanos como son los que encabeza Isabel Miranda y José Antonio Ortega.

Comenzó así una campaña de desprestigio en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes similar a la que todavía sostiene el gobierno contra la actriz Kate del Castillo por el hecho de haber dado primero con la ubicación del Chapo cuando andaba en fuga, que el propio gobierno con todo y sus servicios de ‘inteligencia’.

Isabel Miranda señaló en reiteradas ocasiones que al no estar de acuerdo con el GIEI no quiere decir que está de acuerdo con el gobierno con el que ha coqueteado al grado de haber sido candidata ‘independiente’ por el PAN para el DF. Una de sus declaraciones que ha dado en torno al caso de los 43 es que no se trata de una desaparición forzada, sino de un secuestro. Esto en base, explica, a la legislación  mexicana y a los tipos penales en materia de secuestro.

A pesar de que hayan intervenido fuerzas del estado, lo hicieron coludidas con el crimen organizado, lo que en la ley se traduce como secuestro, argumenta. Wallace asegura en el caso Ayotzinapa habrá varios responsables: el municipio, el estado de Guerrero y la Federación.

“La Federación la tendrá si se prueba que la Policía Federal actuó y que el Ejército estuvo ahí y no actuó. Esa parte está por revelarse y será importante las declaraciones de los militares”, dice.

Jaime Tamayo Rodríguez, experto en Movimiento Sociales de la Universidad de Guadalajara (UDG), indica que Isabel Miranda de Wallace no tiene autoridad para hablar en el caso Ayotzinapa.

Para Tamayo la crítica a los expertos y la insistencia en asegurar que la desaparición de los normalistas es secuestro y no desaparición forzada, es para exonerar de toda culpa al Estado.

“Ella no tiene ninguna credencial ni académica, ni científica para hablar de estos temas, puede hablar de su hijo y de las víctimas, no es represente de las víctimas, pero más allá de eso no tiene ni derecho, ni autoridad”, dice.

José Antonio Ortega, que encabeza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señalaba desde el año pasado que era imperativa la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del territorio nacional pues, aseguró, lo único que buscan es la desestabilización del país.

Dijo que esta misión de alto nivel no tiene el propósito de ver por los derechos humanos en México, incluido el derecho a la seguridad pública, sino que tiene un fin claramente político, contrario al mandato del organismo y que pervierte su razón de ser; uno que busca desacreditar por completo a las instituciones públicas del país y desestabilizarlas, para así favorecer un proyecto electoral.

Cuando el grupo que envió la CIDH vino a investigar con todo rigor el caso Ayotzinapa y rindió su primer informe, los pelos se le pararon de punta a los anfitriones, y aún más cuando el GIEI solicitó poder hablar con testigos militares -mandos y efectivos del 27 Batallón de Infantería de Iguala-, posibilidad que les fue negada. El titular de la Defensa convenció a su jefe supremo que no lo permitiera.

Ni duda cabe que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada es el que sigue teniendo al gobierno de Peña Nieto contra la pared, a nivel nacional e internacional. Sin duda ahora que esté en Washington en donde participará en el tema de ‘terrorismo nuclear’ (¡¡), volverá a ponerse de manifiesto el asunto de Ayotzinapa.

Más ahora que el gobierno anunció que en abril termina la misión del grupo de expertos, pese a que el caso está inconcluso. El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI y no cabe otra dijo en entrevista a Radio Fórmula.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

 

 

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