Avalan suspensión de garantías

PAULINO CÁRDENAS 

Había tres hipótesis para que fuesen suspendidas las garantías individuales según el artículo 29 constitucional: invasión, grave perturbación de la paz pública o cualquier otro hecho que ponga a la Nación en grave peligro o conflicto. La ley de suspensión de garantías fue aprobada en junio de 1942 con motivo de la segunda guerra mundial en la que México se vio obligado a aliarse a Estados Unidos y romper con Japón. Alemania e Italia y reanudar relaciones con Inglaterra que se habían roto con motivo de la expropiación petrolera.

Respecto a ese artículo este martes 29 la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen de la ley reglamentaria que facultad del Ejecutivo federal de suspender las garantías constitucionales o decrete el estado de excepción en cualquiera de los casos mencionados. De ser el caso la Cámara de Diputados habría de avalar la decisión que quisiera tomar el Ejecutivo.

Los argumentos propuestos para que se aprobara el dictamen del nuevo reglamento que estaba pendiente desde el 2013, fueron los recientes actos terroristas ocurridos en Pakistán, Bélgica y París, reivindicados por el Estado Islámico. La bancada del PRI y la ‘oposición’, exceptuando Morena, aprobaron el dictamen.

¿Fue una opción del gobierno peñanietista para estar cobijados por los Estados Unidos en caso de un eventual ataque terrorista a México del islamismo radical o fue solo el pretexto para su aprobación?

Ojalá que esa facultad del Ejecutivo de suspender garantías individuales no sea utilizada para hacer frente ‘eficazmente’ a las protestas sociales, que para el gobierno son una gran problemática de perturbación de la paz pública que se ha estado presentando desde hace tiempo en varios estados de la República.

En el estado que gobierna Eruviel Ávila, quien dizque quiere ser presidente de México, mandó a diseñarse a modo la ‘ley Atenco’ que no es otra que una ‘ley bala’ que quería el gobernador de Puebla, donde las autoridades uniformadas tienen permiso hasta para matar ‘en caso necesario’.

Su Congreso, que lo tiene en un puño, aprobó hace unos días su iniciativa en el más completo sigilo aprovechando que se acercaba la Semana Santa. Esa ley busca criminalizar la protesta social.

Iría contra las personas, pueblos y organizaciones que defiendan sus tierras, sus territorios, los bienes naturales como el agua y el bosque, la autonomía indígena y los derechos humanos en general, ante las reformas ‘estructurales’ y los megaproyectos que acaban siendo grandes negocios para unos cuantos.

¿Se utilizaría para esos mismos truculentos fines la nueva Ley Reglamentaria del artículo 20 de la Constitución? Habrá que ver si el gobierno peñanietista le teme más a ISIS y sus amenazas, que a las protestas sociales de millones de mexicanos que luchan en sus entidades por sus derechos y que le hacen reclamos a sus gobernantes por abusar del cargo y hacer negocios a su amparo.

Como sea, con la aprobación de esa ley reglamentaria se le otorga al presidente de la República ejecutividad y se le confieren facultades que no admiten espera ni diferimientos y son de aplicación inmediata e inapelable, que en casos de urgencia ciertamente se requiere ganar tiempo.

Señalan los especialistas que la suspensión de garantías es un acto complejo, principal, completo formalmente legislativo, materialmente ejecutivo, que hace cesar en forma temporal el goce de ciertas garantías que a favor de los habitantes del país aparecen en la Constitución.

De no haberse aprobado ese reglamento que quedó pendiente cuando Enrique Peña Nieto envió al Senado la propuesta de aprobación de ese reglamento al artículo 29 constitucional en 2013, el haber querido suspender las garantías hubiese resultado muy complejo ya que tendrían que haber intervenido varias voluntades.

Entre ellas, la del mismo presidente de la República, secretarios de estado, jefe de gobierno de la Ciudad de México, procurador General de la Republica; el Ejecutivo federal como el único titular para iniciar el acto y los segundos como copartícipes responsables técnica y políticamente.

Por esa complejidad, desde que Felipe Calderón propuso otorgarle facultades al Ejecutivo para suspender garantías en casos urgentes en la iniciativa de los cambios a la Ley de Seguridad Nacional donde se planteaba esta facultad, esa complejidad fue una de las razones por las que los cambios propuestos por el panista nunca pasaron en el Legislativo.

La suspensión de garantías individuales en toda la República Mexicana fue un decreto aprobado el 1 de junio de 1942 por el ingreso de México a la segunda guerra mundial. Se aprobó la suspensión de las garantías individuales consignadas en los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 20, 21 y 22 de la Constitución, previa conformidad del Consejo de Ministros.

Se apuntaba además en el decreto, que la suspensión iba a durar todo el tiempo que México permaneciera en estado de guerra con los países del eje (Alemania, Italia y Japón), siendo facultad del Ejecutivo ampliarla hasta por 30 días después de la fecha de cesación de hostilidades.

En cuanto a la nueva Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional que se acaba de aprobar y que estaría por publicarse, se infiere que no podrá ser modificada, suspendida o abrogada durante un estado de excepción y que en el tiempo en que se suspendan las garantías el Presidente de la República. En caso de decretar la suspensión tendrá que rendir periódicamente informes al Congreso sobre las medidas adoptadas, su aplicación y la evolución de los acontecimientos.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

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