La costumbre de la impunidad

PAULINO CÁRDENAS

En México, los gobiernos están acostumbrados a no resolver los casos de las masacres y matanzas que propicia el mismo gobierno. De hecho desde la masacre de Cananea en 1906 hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pasando por las matanzas de Tlatelolco, del Jueves de Corpus, de Aguas Blancas, de Acteal, y Atenco, entre otras muchas que se han dado en el país, están catalogadas como crímenes de Estado. Y han quedado impunes.

Solo los mexicanos han tolerado esos crímenes. Su silencio ha sido signo de consentimiento. ¿Ese silencio ha sido por temor o por negligencia? ¿O es causa de los mecanismos de presión del propio gobierno que llevan a la impunidad y obligan al silencio colectivo? Como sea, es un hecho que las circunstancias de un régimen dictatorial como lo han sido de hecho todos los gobiernos que simulan ser democráticos, es lo que no permite que el poder judicial actúe firmemente contra los abusos del poder.

En ese casillero está México desde hace más de cien años. Luego entonces, no hay por qué esperar que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga algo distinto. Le apuesta, al igual que todos los que le precedieron, al olvido. Pero ese olvido nunca se logra. ¿Qué hacer para que la administración de justicia funcione? ¿Qué hacer con la corrupción que es la que propicia la impunidad? ¿Qué hacer con la falta de mecanismos de control administrativo para que acabe esa impunidad?

Los distintos sectores de la sociedad tienen la palabra. Porque esperar que el Legislativo haga algo, ni pensarlo. Son parte de la mafia que domina sexenio tras sexenio el poder en el país, gracias al voto de los ciudadanos y que una vez logrado el triunfo, se olvidan de que existen los que los llevaron al poder. Esa es una realidad inmutable. En el caso de México no han servido ni los tratados que se han suscrito en materia de Derechos Humanos ni las adhesiones a la Convención contra la Tortura, si para empezar no se respeta la Constitución.

De nada ha servido firmar acuerdos internacionales sobre protección de derechos humanos a través de tratados y convenios cada vez más explícitos, si lo que no funciona es la instancia judicial. Y no funciona porque está supeditada al mando supremo del gobierno. Es decir, que cada vez que hay un acontecimiento de violencia y sangre o un caso como el de Ayotzinapa que se debe indagar, se echan la bolita unas a otras las autoridades que supuestamente están para hacer investigaciones, y nada hacen.

¿Qué hacer si el Ejecutivo tiene en un puño a los otros dos poderes, el Legislativo y al Judicial? Poco o, por decirlo mejor, nada. Aunque se escuche un tanto a sueño guajiro, la administración de justicia, la corrupción, la falta de mecanismos de control administrativo, concierne hacerlo funcionar a la sociedad. ¿Cómo? Presionando duro al gobierno ¿Cómo? Manifestándose y exigiendo que el presidente y su gobierno cumplan con su rol constitucional y no con el rol que nada tiene que ver con el interés público, sino con los intereses privados del grupo en el poder.

Solo hay que ver lo que ha ido aprobándose en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, así como en los Congresos de algunos estados, de manera sigilosa. Una es la llamada ‘Ley Atenco’ aprobada en el estado de México. Otra es la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que faculta al jefe del Ejecutivo a suspender garantías individuales a su criterio.

Al respecto, el reconocido escritor mexicano Fernando del Paso, aprovechó los reflectores del premio Cervantes de Literatura que le fue entregado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, para señalar que esa ‘Ley Atenco’ es el principio de un estado totalitario “que no podemos permitir”.

Indicó que es una legislación “opresora” que “habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas”. Criticó que se permita “tal medida extrema”.

Por el mismo camino va la aprobación del nuevo reglamento del artículo 29 constitucional. Lo que se busca es coartar la libertad de expresión y que las manifestaciones sean ‘lights’. De otra manera, irá contra los indignados las Policías federal, estatales y municipales como ya empezó a suceder, y como de hecho ha sucedido en México al menos desde 1906.

Y si hubiera dudas, hay que ver la otra aprobación en lo oscurito que acaba de ser aprobada en el Legislativo que permitirá oficialmente que los militares cateen domicilios y negocios particulares en busca, supuestamente, de personas vinculadas con hechos ilícitos que atente contra la seguridad nacional.

Esa reforma que permite cateos militares en domicilios particulares y gubernamentales, los diputados también aprobaron que se extienda a organismos constitucionales autónomos, como la CNDH, INE, Banxico, Inegi o el IFT. Incluye oficinas del gobierno y se dice que también las Cámaras de Diputados y de Senadores, aunque el artículo 61 de la Constitución lo prohíbe.

La aprobación fue al Código de Justicia Militar y un Nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que crea la figura de la Fiscalía General de Justicia Militar y de jueces de control, que podrán ordenar, en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos graves y violentos con armas de fuego y explosivos. Dicho de otro modo, ese fue el pretexto.

Sin embargo, como dice Fernando del Paso, es “el principio de un estado totalitario, que no podemos permitir”.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

 

 

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