Ayotzinapa; torturaron a ‘testigos’

PAULINO CÁRDENAS

En México la práctica de la tortura sigue siendo el método preferido de las policías federal, estatales y municipales, lo mismo que por parte de militares y marinos, para obtener ‘confesiones’ a modo de presuntos criminales. Y se supone que bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles. Ese método fue aplicado en el caso Ayotzinapa, según lo dio a conocer la agencia internacional de noticias The Associated Press.

La AP hizo públicos documentos que obtuvo de supuestos testigos que la PGR presentó en su momento con los que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, buscó dar por concluida las pesquisas y el supuesto destino de las víctimas con su “verdad histórica” de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, la cual, según investigaciones ulteriores del GIEI. resultó falsa.

Son 10 testimonios de sospechosos, a los que no se había dado difusión hasta ahora. Cada uno relató el mismo guión: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno, señala la nota de la agencia informativa recogida por el periódico La Jornada.

Agrega: Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o que les indicaron lo que debían decir. Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los 10 archivos conseguidos por Ap, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles en todos ellos.

“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre a un juez en julio, de acuerdo con los documentos obtenidos por AP.

“Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno, porque fue uno de los primeros que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio guerrerense de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

“Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente no hay caso”, afirmó Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana.

La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales.

Mostraba a una soldado y un oficial de la Policía Federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento.

El Ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de militares en febrero de 2015 para combatir a los cárteles de las drogas. Hasta aquí el comentario de la AP reproducido en La Jornada.

Pero el mismo Ejército acude a los mismos métodos de tortura. Ahí está el reciente caso de la joven que fue torturada por cuatro elementos de la Policía Federal y del Ejército, a quienes se observa en un video cómo una mujer encañona y acosa a Elvira Santibáñez Margarito, a quien tienen atada de manos y con el rostro cubierto por una bolsa de plástico tratando de asfixiarla, exigiéndole que confiese supuestos delitos.

Los cinco involucrados fueron identificados y formalmente presos. En un caso insólito, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ofreció disculpas públicas por ese hecho lo que el presidente Peña Nieto elogió como un gesto de buena voluntad por parte de las Fuerzas Armadas al reconocer el abuso y la violación contra los derechos humanos.

Pero por lo que se ve, el mandatario federal cree que ese fue un caso aislado de tortura por parte de agentes de su gobierno. Lo tienen engañado. De otra manera, a cada rato le ordenaría a los altos mandos, disculparse públicamente por abusos de autoridad y violaciones a los derechos fundamentales de gente que se presume inocente.

No obstante, por algo Peña Nieto no quiso que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH dialogara con los mandos y tropas que de alguna manera estuvieron enterados -¿o habrían participado?- de lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, estando el 27 Batallón de Infantería de Iguala a poca distancia de donde los 43 normalistas sufrieron desaparición forzada.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

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