Legisladores: no a la transparencia

PAULINO CÁRDENAS

La ley ciudadana ‘3 de 3’ que postulaba la obligación de todos los funcionarios públicos a realizar su declaración patrimonial, de no conflicto de intereses y su declaración fiscal, se ha convertido en manzana de la discordia en el Senado y en la Cámara de Diputados. El pasado miércoles fue echada abajo por los senadores del PRI y el Verde.

Fue por culpa de la oposición que se mostró negligente, unos porque no votaron, otros porque se abstuvieron de hacerlo o algunos más porque no asistieron a la sesión. En total, 14 senadores del PT, PAN y PRD fueron los que estuvieron en falta. Con sólo nueve sufragios más de la oposición se hubiera revertido la votación.

Por el PT no sufragaron a favor de la iniciativa ciudadana el poblano Manuel Bartlett, la campechana Layda Sansores, el zacatecano Héctor Menchaca y la tlaxcalteca Martha Palafox, los cuatro, abiertos simpatizantes y activistas de Morena.

Tampoco sufragaron el tabasqueño Carlos Merino y el bajacaliforniano Marco Antonio Blásquez. La sonorense Ana Gabriela Guevara se abstuvo.

Los legisladores del PAN, el colimense Jorge Luis Preciado y el sonorense Héctor Larios no se presentaron al momento de la votación, mientras que el jalisciense José María Martínez y la tlaxcalteca Adriana Dávila no asistieron.

Finalmente, por el PRD no votaron, aunque estuvieron presentes: la quintanarroense Luz María Beristain, la tlaxcalteca Alejandra Roldán y el oaxaqueño Benjamín Robles.

Ayer por la tarde-noche en San Lázaro los diputados de la oposición buscarían que la iniciativa ciudadana “3de3” volviera a ser tomada en cuenta y se incorpore completa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Legisladores del PAN, PRD y MC presentarán reservas al artículo 29 para que no sea el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción el que decida el formato de cómo deben presentarse las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, sino que quede la redacción original de la iniciativa presentada por los ciudadanos.

Mucha gente se pregunta qué demonios es eso de la “3de3”. El pasado 27 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que creaba el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La explicación sobre esa ley ciudadana conocida como “3de3”, la daba el senador por Yucatán, Daniel Ávila Ruiz.

Explicaba que de acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto, el Congreso de la Unión debería aprobar las leyes generales, federales y reformas a la legislación necesarias para la reglamentación integral del Sistema.

En este contexto, el pasado 17 de marzo se presentó en el Senado de la República una iniciativa de la sociedad civil para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Iniciativa Ciudadana de Ley 3 de 3. En ella se postulaba la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de no conflictos de interese, y la declaración fiscal.

Dicha iniciativa definía las competencias de la federación y de las entidades federativas en relación con los actos de corrupción del servicio público y las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, y proponía los procedimientos de investigación y el esquema de sanciones correspondientes.

En suma se planteaba un rediseño del sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a fin de evitar la impunidad en actos de corrupción. En nuestro país, la corrupción es uno de los principales problemas públicos.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país se posicionó, en 2015, en el lugar 95 de los 168 países enlistados, en orden descendente de los menos a los más corruptos. Dicho Índice permite observar la situación de cada país en relación con los niveles percibidos de corrupción del sector público.

Indicaba el senador Ávila que de acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos, cantidad equiparable a nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa la pérdida de recursos en programas sociales, productivos, de infraestructura, entre otros, que por esta situación no se llevan a cabo a cabalidad.

Cabe señalar, decía, que la Mesa Directiva del Senado dio cuenta al Instituto Nacional Electoral para que verifique que el proyecto está suscrito por el número equivalente de al menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Una vez que el Senado reciba la respuesta del Instituto, se dictará el turno a las comisiones respectivas para su análisis y dictamen.

Así, la iniciativa ciudadana “3de3” formaría parte de las propuestas que se discuten en el Senado en torno a las leyes secundarias del SNA. Actualmente, se han presentado varias iniciativas en la materia por parte de diversos grupos parlamentarios, por lo que se prevé que algunas de las propuestas de los partidos políticos con representación en el Congreso, junto con la propuesta ciudadana, enriquezcan la discusión del dictamen de las comisiones.

Sin embargo, la Cámara de Senadores desechó la propuesta ciudadana el miércoles por 59 votos en contra (52 del PRI, seis del Partido Verde y un independiente) por 51 a favor (34 del PAN, 16 del PRD y un independiente) la iniciativa ciudadana. Dijo la oposición que en San Lázaro, ayer entrada la noche, darían la ‘última batalla’ a favor de la famosa “3de3”. Nadie cree que transite. Los legisladores no quieren transparencia.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

 

 

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