Peña debía pedir licencia

PAULINO CÁRDENAS

Para muchos mexicanos Enrique Peña Nieto debería solicitar licencia y dejar la Presidencia de la República; de otra manera las cosas se irán decantando cada vez más en su contra y hasta podría acabar siendo acusado en la Corte Penal de la Haya por vínculos con al menos dos empresas que en sus gobiernos les ha dejado a ganar miles de millones de pesos a cambio de favores para él y unos cuantos de su equipo.

Una es el Grupo Higa cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, según Panama Papers, tendría un ‘guardadito’ presuntamente para su mecenas de al menos 100 millones de dólares en uno de los paraísos fiscales latinoamericanos ‘por favores recibidos’. Hay otra empresa, OHL que junto con sus filiales, también estaría mencionada entre los testimonios que se estarán documentando para los mismos efectos, con la que se han dado ese mismo tipo de favores mutuos.

Otro grave problema de omisión es la inseguridad. México está en manos del crimen. La violencia en México es imparable. Los cárteles de la droga tienen sometidos a varios estados de la República. Son los capos los que imponen su ley. Matan a quienes se oponen a sus designios. Las autoridades han quedado sometidas y reducidas a cero por complicidad o por temor. La corrupción y la impunidad son la madre e hija de ese mal que tiene hermanados a los tres poderes de la Unión; a la mafia del poder diríase mejor, que solo ve por sus propios intereses.

El gabinete de ‘seguridad’ integrado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, la Sedena y Marina, debería renunciar en pleno por ser un gabinete fallido. Y el presidente de la República estaría obligado a pedir licencia y dejar el cargo. Hay bastantes malas razones como para justificar su renuncia, lo que millones de mexicanos no solo le reconocerían sino que le aplaudirían; con eso recuperaría su imagen que se desplomó a niveles históricos sin precedentes.

Eso sí sería un acto reivindicatorio de su imagen pública. En su lugar, en nuestro país -como sucedió en Guatemala- bien podría integrarse una Comisión Internacional Contra la Impunidad bajo los auspicios de la ONU -donde no tenga injerencia ninguna instancia del gobierno federal-, que se dedique a investigar y deslindar responsabilidades de tan pésimo gobierno, abusos de autoridad, indolencias, insolencias, omisiones y agravios contra los mexicanos.

En el aspecto de seguridad, en abril pasado, la reportera María Peña del diario La Opinión de Los Ángeles, en entrevista con la entonces precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, le planteó que en la comunidad mexicana en Estados Unidos están molestas por el caso aún no resuelto de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

La periodista le comentó que de aquel lado de la frontera la gente cree que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para esclarecer lo que pasó, y sus familiares esperan su retorno a casa. Y la respuesta de Hillary Clinton fue lapidaria: “No podría estar más de acuerdo; es algo indignante. Si yo estuviese en el gobierno mexicano, no estaría descansando hasta descubrir lo que pasó con esos jóvenes. Su secuestro fue una terrible violación de la ley; es algo por lo que todos en México deberían unirse, para encontrar respuestas”.

La entonces precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos dijo que si ganaba las elecciones en noviembre, presionaría al gobierno mexicano -léase a Peña Nieto- para que cesen las violaciones a los derechos humanos, las torturas y se resuelvan casos como el de los normalistas desaparecidos de manera forzada en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Esas declaraciones de doña Hillary significaron otra piedra más al pesado morral de preocupaciones que lleva a cuestas el mandatario mexicano. Eso que dijo, de que si llega a la Casa Blanca -la de Washington- como mandataria, hará lo que sea necesario para que se respeten los derechos humanos en México y se resuelvan casos como el de Ayotzinapa, caló fuerte en Los Pinos.

Podrían calificarse de injerencista esas declaraciones, las cuales no fueron respondidas por el gobierno de Peña Nieto. Pero el mensaje lo dejó ahí: Si gana la Presidencia de Estados Unidos la abanderada del partido Demócrata hará lo posible por cumplir lo que ofreció en abril, para apoyar desde la Casa Blanca -la de Washington- el asunto de la inseguridad en México, los secuestros y las torturas que son habituales en el sistema judicial mexicano para las ‘confesiones’.

El Departamento de Estado norteamericano -de la que fue su titular la señora Clinton en el primer tramo de la administración Obama, desde enero de 2009 hasta febrero de 2013-, acababa de denunciar la violación de los derechos humanos cometidos en México por militares y fuerzas de seguridad, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

En el capítulo de México sobre la “Situación de los derechos humanos en el mundo en 2015”, el Departamento de Estado puso de relieve que como parte del deterioro de las garantías individuales, “la impunidad y la corrupción en las agencias de la aplicación de la ley y el sistema judicial se mantienen como problemas serios”.

La misma Hillary Clinton se pronunció respecto de la tortura que agentes del gobierno -policías federales, estatales, municipales, así como militares y marinos- siguen practicando en nuestro país para sacar ‘confesiones’ de presuntos criminales.

“Sí estoy preocupada por los derechos humanos, y no creo que violar los derechos humanos de la gente sea la mejor manera para que el país esté en posición de derrotar a los cárteles”, dijo la ex secretaria de Estado.

¿O preferiría el gobierno mexicano que el republicano Donald Trump gane la Presidencia de Estados Unidos? Mientras tanto el comentario generalizado crece: ¿No sería mejor, por el bien de México, que Peña Nieto solicitara licencia?

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

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