Ochoa Reza le entró al show

PAULINO CÁRDENAS 

El nuevo titular del PRI decidió entrarle al show mediático. Dice que su partido se pronuncia por reconstruir la Comisión de Justicia Partidaria para deshacerse de las ratotas del PRI, Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo respectivamente. Pero nada dijo de Humberto Moreira que es peor que aquellos o de su hermano Rubén Moreira Valdez, cuyo segundo apellido de ambos es con Z de Zetas.

Para ‘limpiar’ la imagen del partido en el gobierno se necesitaría hacer lo mismo con al menos una docena de ex gobernadores emanados del PRI, que se han dedicado a delinquir al amparo del cargo de elección popular con la complacencia, anuencia, y protección del primer priísta del país en turno, como ha sido el caso de Enrique Peña Nieto que en campaña ponía de ejemplo del ‘nuevo’ PRI a quienes han resultado toda una ficha delincuencial: Los Duarte y Borge.

El PRI es parte de la mafia del poder, por tanto no va a ir más allá de lo que las mentiras de siempre acostumbran: prometen y prometen, pero nunca cumplen. Eso de que ese partido creó una ‘comisión de justicia partidaria’ que buscaría llevar a juicio a gobernadores y ex gobernadores priístas que han hecho y deshecho a su antojo, robando y esquilmando el erario, haciendo negocios particulares con dinero público, sin que nada ni nadie los toque ni con el pétalo de una rosa.

Ya en épocas anteriores se había echado a andar en la imaginaria de ese instituto político un Código de Ética Partidista que nunca funcionó porque nunca hubo la voluntad para que funcionara. Esta vez, fueron alrededor de 60 ex legisladores de ese partido que se reunieron con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, para analizar las razones de la debacle priísta y lo que a su juicio debe hacerse para revivirlo.

El dirigente aceptó que debe reconstruirse la Comisión de Justicia Partidaria y solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que rechace por inconstitucional las medidas que emprendieron los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, a modo de ‘blindaje’ con la anuencia de sus dóciles Congresos para ‘limpiar’ cuentas y cuitas, fechorías, abusos de poder e incluso robo descarado de dinero público, y contrario a ello se inicien investigaciones para deslindar responsabilidades de los abusivos mandatarios en cuestión.

Nadie cree, pues, que Ochoa Reza vaya más allá de las promesas. Si así fuera, se hubiera armado de ‘aquellos’ y hubiese incluido en su petición enjuiciar a Humberto Moreira y a su hermano Rubén Moreira Valdez. El nombre de Humberto Moreira está en una investigación vigente por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, en una Corte de Texas. Pero en México dizque no tiene acusaciones al respecto. La mafia protectora en acción. Dice la PGR que en sus registros no obra acusación alguna sobre ese asunto.

El periódico San Antonio Express News dio a conocer que por primera vez un testigo federal conectó públicamente a esa organización criminal con el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuyo nombre está en una investigación vigente por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, señala una nota de la agencia Apro.

Asimismo, destacó que Los Zetas “estuvieron involucrados en minería de carbón y tuvieron contratos gubernamentales para pintar y renovar escuelas y construir carreteras”.

En su edición del martes, el diario establece que propiedades de ex funcionarios de Coahuila en Texas y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos al ex gobernador -y ex presidente nacional del PRI- Humberto Moreira, a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas, e incluso usar vehículos oficiales como helicópteros para escapar de la Marina.

“Una vez que lavaban el dinero a través de operaciones financieras que aparentaban ser legítimas, los líderes Zetas evadían el pago de impuestos”, señala el periódico estadunidense.

“Los Zetas evadieron arrestos sobornando a la Policía Municipal. Evadieron impuestos sobornando oficiales de Hacienda. Obtuvieron contratos del gobierno para sus empresas constructoras y el permiso de usar el penal de Piedras Negras como otra casa de seguridad.

“Incluso usaron helicópteros estatales para escapar de las persecuciones de los Marinos, todo esto sobornando a altos funcionarios en Coahuila”. Todo lo anterior, según el testimonio de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador financiero del grupo criminal que declaró en el juicio.

Por vía de mientras, la bancada del PRI en el Senado envió una solicitud a la mesa directiva para convocar a la Corte a fin de que dé característica de “trámite y resolución preferente” a las acciones de anticonstitucionalidad que la PGR interpuso contra los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo por asumir medidas antes de que estuviera promulgado el Sistema Nacional Anticorrupción.

En rueda de prensa el nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dio a conocer esta demanda, amparándose en la facultad que otorga el artículo 94, párrafo décimo de la Constitución Política.

Pero de ahí a que el PRI promueva juicio político contra los priistas corruptos, tendría que comenzar por el primer priísta del país para darle credibilidad al propósito que mas bien suena a jarabe de pico. Le hará al cuento, como siempre ha hecho el PRI. Ese partido no tiene remedio.

paulinocardenas.wordpress.com

@Paulinocomenta

 

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