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Movimiento contra “farsa electoral”

PAULINO CÁRDENAS

Delegados estatales y nacionales de la Convención Nacional Popular -que nació como un movimiento de protesta de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero-, realizaron su segunda reunión el pasado fin de semana en la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ y acordaron boicotear “la farsa electoral” que se pretende realizar el próximo 7 de junio en algunas entidades del país. Aunque no quedó establecido formalmente, los estados en los que podrían impedirse las elecciones son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de Michoacán e incluso Puebla.

En esa segunda Convención Nacional Popular se plantearon tres ejes de trabajo principales: construcción de un referente nacional, construcción de un programa político y elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la agencia EFE. En declaraciones al término de las mesas de discusión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se ratificaron los puntos bajo los que se fundamentó la primera Convención Nacional celebrada en febrero pasado:

Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala; Castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre; Derrocamiento ‘del usurpador’ Enrique Peña Nieto; Libertad a todos los presos políticos; Reversión de las contrarreformas estructurales. A estos cuatro puntos se añadió “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y la de El Charco.

Asimismo, se establecieron las fechas y lugares para las próximas movilizaciones de cara a los siete meses de la desaparición de los normalistas, a cumplirse el próximo 26 de abril, así como la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados.

“El punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”, señaló Rosales Sierra. En ese sentido, no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, sin embargo mencionó que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Aunque en ese acuerdo la decisión fue dividida, se fijó una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, para evitar una posible ruptura y mantener en todo momento la unidad del movimiento, que es lo más importante. Desde febrero pasado, al celebrarse la primera Convención Nacional Popular a más de cuatro meses de la desaparición forzada de sus hijos, en la convocatoria abierta para la celebración de ese primer encuentro, los padres de los normalistas reclamaron que el gobierno “no ha encontrado indicios de dónde puedan estar nuestros desaparecidos, por el contrario, en días pasados tomó la decisión de declarar por sentada la verdad histórica decretando el cierre del caso”.

Reclamaban también que para el gobierno “nuestros hijos fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, basándose solamente en la declaración de 4 detenidos y sin contar con prueba científica irrefutable. Simultáneamente ha desplegado un operativo de miles de policias y militares en el Estado de Guerrero, con el claro propósito de reprimir a las organizaciones sociales que luchan junto a nosotros para exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

Añadían: “Somos conscientes de que en México existen muchos dolores como el nuestro, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Existe un pacto de impunidad entre quienes son parte de la clase política y una relación de contubernio entre quienes son gobierno y quienes son delincuencia organizada. Frente a esta realidad, hemos decidido establecer condiciones para que hechos como los ocurridos el 26 de septiembre en Igual, no se vuelvan a repetir, hemos resuelto terminar con la violencia de Estado para evitar que nos sigan pisoteando.

“Con ustedes, los pueblos y comunidades, organizaciones sociales y sociedad civil en general hemos decidido organizarnos para encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad.

Así convocaban a instalar la Primera Convención Nacional Popular, como un espacio de coordinación “que nos permita crear un referente nacional, su programa político y plan de lucha a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá darle rumbo al movimiento nacional”. Y el pasado fin de semana se realizó la segunda Convención en donde participaron 214 delegados que acordaron boicotear “la farsa electoral” de junio próximo, en al menos cinco entidades federativas.

Dicha jornada nacional popular la integran diversos grupos civiles y organizaciones de distintas denominaciones, desde las que desean protestar de manera pacífica, hasta los que proponen medidas mucho más radicales, como una manera de rebelarse en contra de la negligencia gubernamental en el caso específico de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero en cuyo movimiento se han adherido grupos que protestan por diversas causas que les afectan y que culpan a los gobiernos estatales y al federal de no haber sido atendidas.

Esa advertencia de boicotear los comicios del 7 de junio será sin duda un foco rojo, no solo para la parte política federal, sino para las autoridades estatales de las entidades que han sido señaladas para evitar que haya elecciones intermedias. Otro ‘torito’ con el que tendrá que lidiar Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

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Que los entregaron a militares

PAULINO CÁRDENAS 

Una nueva versión acaba de surgir sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta proviene del Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo guerrillero cuyo mando afirma a través de un comunicado que los normalistas fueron entregados a militares ‘en misión contrainsurgente’. Los “misteriosos civiles a los que supuestamente les fueron entregados los normalistas, son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo, para fabricar el crimen perfecto endosado a los delincuentes, el cual a estas alturas se les desdibuja y aflora tal cual es: un crimen de Estado con motivaciones políticas”. El EPR sostiene que eso confirma que el caso Ayotzinapa es “un crimen de Estado con motivaciones políticas, dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM)”.

El grupo rebelde considera que la verdad histórica de este abominable caso debe conocerse; se deben saber cuáles fueron los motivos, ya sean políticos o sociales, respecto de las decenas de restos humanos encontrados. También debe ser una exigencia más del pueblo conocer las identidades y exigir castigo a los responsables de estos crímenes. El EPR recalcó que el gobierno insiste en imponer una burda maniobra para sostener contra viento y marea la tesis de la autoría del crimen organizado. Y es que “desde la posición perversa del Estado ahora se pretenden diluir los motivos políticos y revertir la acción de la justicia hacia los 43 detenidos-desaparecidos y normalistas en general, al revictimizar y criminalizar, desde la PGR, a los normalistas de Ayotzinapa vinculándolos con el narcotráfico”.

Esto coincide de alguna forma con la denuncia que hizo el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, quien dijo que ante la premura de salir del problema el gobierno federal busca criminalizar a los estudiantes desparecidos, y que con base a declaraciones del principal cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, pretende hacer pasar como cierto el argumento de que de los 43 normalistas secuestrados entre el pasado 26 de septiembre y la madrugada del 27, supuestamente iban infiltrados 17 miembros de la banda de Los Rojos, célula rival del cártel que habría desaparecido a los estudiantes, luego de habérselos entregado vivos por las policías de Iguala y de Cocula, Guerrero.

Declaró que ante la presión nacional e internacional por el caso de los jóvenes normalistas desaparecidos, y como parte de una política anticipada de control de daños del gobierno federal, la PGR pretende ligar a un grupo de los jóvenes con criminales del grupo de Los Rojos que disputan territorio con otros cárteles para el acopio y distribución de mariguana, cuyo punto neurálgico de recopilación desde hace años ha sido Iguala, ya que es sabido que el estado de Guerrero es el mayor proveedor de amapola cuyo cultivo se realiza en esa entidad federativa. Habrá que ver si esta otra hipótesis resulta cierta, aunque parece que hubiese un hilo que de alguna forma relaciona la aseveración del EPR con la del abogado Rosales.

El EPR consideró que todas las instituciones están involucradas en los crímenes de lesa humanidad, ya que llama la atención la “celeridad y efectividad” al encontrar fosas clandestinas, lo que confirma que eran de su conocimiento y control, desde policías-militares hasta el generalato. Los insurgentes también acusaron al gobierno mexicano de saber perfectamente el paradero y situación no sólo de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos. De ahí es que comienza a trascender la hipótesis de que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada siguen con vida. Uno de los que eso afirman es el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega. Aseguró que los desaparecidos ‘están vivos’, según supo.

Dice el grupo rebelde que no basta con la ‘científica localización-detención’ del denominado ‘A5’ y su cónyuge, (refiriéndose al ex alcalde José Luis Abarca y MarÍa de los Ángeles Pineda Villa), “con la licencia a modo del gobernador figueroísta Ángel Aguirre y las renuncias de funcionarios menores, porque el cerebro y la mano criminal permanecen intactos y protegidos por el estado de derecho oligárquico que les da fuero e impunidad a los criminales de Estado”.

Por otra parte, tras reunirse durante cinco horas con el presidente Peña Nieto, en una conferencia en el Centro Pro de Derechos Humanos, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos reclamaron que los compromisos del Gobierno no bastan, ya que sólo considerarán que hay resultados si presentan con vida a los estudiantes normalistas. “Creemos que esos compromisos del Presidente no son suficientes. No hay resultados para nosotros”, expresó a nombre de los padres Melitón Ortega. Después tomaron la palabra más familiares de los normalistas y todos coincidieron en que no confían en lo que les prometió el mandatario federal en Los Pinos.

Muchos de ellos sienten que las autoridades les están dando atole con el dedo, incluido el gobernador interino, Rogelio Ortega, quien ahora salió con que unos estudiantes le dijeron que sus compañeros desaparecidos ‘están vivos’. Ciertamente ese es el clamor de familiares y amigos de los normalistas, que se los entreguen vivos, por lo que varias cuadrillas de agentes siguen buscándolos en diversos lugares cercanos a Iguala, incluido un río en el municipio de Cocula en donde el dirigente de los Guerreros Unidos dijo que habían echado las cenizas de 17 de los estudiantes desaparecidos después de haber sido incinerados.

Esta es la versión que ha venido manejando el padre Alejandro Solalinde, quien ha criticado al gobierno federal porque dice que sigue manipulando la información y dándole largas al asunto, cuando sabe cuál fue el destino final de los jóvenes desaparecidos. Incluso después de su comparecencia la semana anterior con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el clérigo dijo que ‘él (Murillo) y yo tenemos la misma información’. Así pues, todo parece indicar que en cosa de horas podría saberse la verdad sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 estudiantes normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos”. La otra es que el caso quede impune, con las consecuencias de repudio que se desataría en contra del gobierno mexicano, peor del que ya existe.

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