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¿De veras fue a corazón abierto?

PAULINO CÁRDENAS

¿Qué tanta razón o conocimiento tiene el padre Solalinde de esa supuesta revelación de que, según malévolos planes de connivencia entre el PRI y el PRD, a José Luis Abarca Velázquez, “lo encontraron en Veracruz y lo fueron a ‘sembrar’ a territorio opositor en el Distrito Federal, en Iztapalapa”? Hay quienes quieren empatar esta temeraria declaración del clérigo, con la supuesta intervención ‘a corazón abierto’ del jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. Los incrédulos aseguran que esa intervención solo fue una mascarada, por la rapidez con que fue dado de alta y la forma como, tan girito, salió del hospital, como si nada, como si anduviera en campaña. ¿Mascarada por qué?

Se conoce por cirugía a corazón abierto a cualquier intervención quirúrgica en la que se abre el tórax y se realiza una operación en el miocardio, las válvulas y el resto de las secciones del corazón. Quienes aún sin conocer de medicina ni de cirugías, pero que han pasado por algún evento similar, saben pues, que para hacer esa clase de intervenciones, los médicos deben aserrar los huesos de la cavidad torácica para tener acceso al corazón. En la unidad de cuidados intensivos poco después de la operación, el paciente tendrá tubos y cables conectados a su cuerpo. Es normal que tenga un aspecto pálido, y la cara y el cuerpo muy hinchados.

El paciente no podrá hablar a causa del tubo en la garganta, y algún familiar o alguien de su confianza, podrá ayudarle a comunicarse si lo necesita, dice el programa de información de salud Conemaugh Health System. También señala que el paciente podría salir en tres o cuatro días, si así lo determinan los especialistas y dependiendo el tipo de operación que se le haya hecho al paciente. Se asegura que la recuperación de una operación a corazón abierto requiere de mucho reposo y cuidados, y a no ser que se trate de un ‘superhombre’ con una capacidad de recuperación inaudita, la convalecencia no sería tan corta.

Ni Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos se recuperaría tan rápido de una intervención de esa naturaleza. Menos quien tiene una constitución física frágil como se ha observado en Miguel Ángel Mancera desde que era procurador de Justicia del DF, quien ciertamente es un hombre que desde hace tiempo ha hecho ejercicio para conservar la figura, no obstante la arritmia cardiaca que padecía. Por la manera tan olímpica que salió del hospital, comenzaron las especulaciones y los sospechosismos. Pero en fin, hay quienes esa internada en el hospital de Mancera creen que fue una mascarada.

¿Por qué se cree que habría sido un acto de escapismo esa intervención ‘urgente’ y ‘a corazón abierto’ del jefe de gobierno, quien salió muy girito del hospital como quien saliera más bien del gimnasio muy fresco y rozagante? Porque los suspicaces dicen que con eso trató de hacerse a un lado de una supuesta ‘jugada maestra’ de connivencia que traían entre manos, según el sacerdote Alejandro Solalinde, el PRI y el PRD, de ‘sembrar’ en Iztapalapa a la pareja infernal integrada por José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes habrían sido detenidos desde el 23 de octubre en Veracruz.

Para muchos esa detención fue un montaje al estilo de los que gustaba realizar el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, con la anuencia de su jefe el panista Felipe Calderón. Habría que ver las fechas de esos acontecimientos: la noche del viernes 31 de octubre la televisora más influyente del país dio a conocer que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, había sido internado en el hospital ABC de la capital, para un chequeo ‘de rutina’ de una arritmia cardiaca, y que al realizarle una ablación programada, de pronto sufrió una perforación cardiaca lo que motivó, según los médicos, que tuviera que ser intervenido de urgencia ‘a corazón abierto’.

Ese fin de esa semana la hospitalización e intervención ‘a corazón abierto’ de Mancera, fue parte de las informaciones destacadas en los medios, junto con el caso de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Curiosamente, el martes 4 de noviembre, la PGR anunciaba que esa madrugada había sido detenido en una vivienda abandonada de Iztapala, el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

El sacerdote Alejandro Solalinde -quien había venido afirmando que los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre habrían sido asesinados y algunos de ellos quemados vivos, versión que al final ha dado virtualmente por buena el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con base a declaraciones de tres supuestos criminales detenidos que habrían participado en ese escalofriante hecho- hizo ahora, en entrevista con Carmen Aristegui en la radio, con información de La Jornada, otras revelaciones por demás temerarias.

Dijo que al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, “lo encontraron en Veracruz y lo fueron a ‘sembrar’ a territorio opositor en el Distrito Federal, en Iztapalapa, donde hay tantos electores”. Y añadió: “Ahí se subrayó la complicidad del Partido de la Revolución Democrática, que había sido tan buena comparsa del Revolucionario Institucional, igual que Acción Nacional”. De acuerdo con La Jornada, las declaraciones del religioso las hizo ante cientos de alumnos de la Universidad de Guadalajara reunidos en el paraninfo Enrique Díaz de León, donde impartió la conferencia ‘Ayotzinapa, verdad y justicia’.

El clérigo aseguró que no es cierto que al gobierno le interese la tragedia; lo que le interesa es sacar provecho electoral. Dijo que han estado manipulando toda la información para beneficio del PRI-gobierno”. Agregó que lo que busca el PRI en Guerrero es recuperar el gobierno del estado, por lo cual existen varias estrategias, que incluyen criminalizar la protesta, culpar a otros “y mostrar que ellos son mejores”. Dijo que las protestas en el país son “signo de los tiempos”, una “prueba irrefutable de una necesidad de cambio” al que la cúpula de la Iglesia y los jóvenes tendrían que ser sensibles.

Es en torno al caso Ayotzinapa que se enclava la internación hospitalaria y la operación ‘a corazón abierto’ del jefe de gobierno del DF. Además, salió del hospital un día después de los actos vandálicos en Palacio Nacional del sábado. Qué suerte y qué coincidencia. O sea, a mí ni me miren. Curioso episodio. Curiosos los tiempos. Por ello las suspicacias y el sospechosismo, a todo lo que da, después de lo que asegura el padre Alejandro Solalinde.

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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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