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Vuelve la violencia magisterial

PAULINO CÁRDENAS

La decisión federal de desaparecer en forma definitiva el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que surgió el 23 de mayo de 1992, tomó por sorpresa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, lo que ha provocado que se reavive la violencia de la disidencia magisterial en aquella entidad. La dirigencia de la coordinadora comenzó a organizar movilizaciones en la capital oaxaqueña como respuesta a la sorpresiva medida tomada por el gobierno federal; en asamblea la dirigencia establecerá la estrategia a seguir. No se decanta que profesores comiencen a bloquear calles y avenidas con camiones y automóviles, desquiciando la ciudad y organizándose para realizar actos vandálicos en otros estados en donde tiene influencia.

Se dice que ese instituto será sustituido por un ‘‘organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión’’, medida con la cual el Estado recobrará ‘‘la rectoría de la educación’’ en esta entidad. Por lo pronto, la amenaza de la disidencia magisterial contra el gobierno federal y estatal se volvió a poner de manifiesto con esa medida unilateral que fue un acto de autoridad de lo que se quejaron la dirigencia y los maestros disidentes.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, afirmó: ‘‘Con el nuevo Ieepo Oaxaca contará con una institución rectora de la educación pública, justa y profesional, que garantice a los niños una educación de calidad, a los maestros condiciones equitativas para que sus propios méritos sean los que les permitan desarrollarse profesionalmente’’. Por la desaparición del Ieepo empezaron las proclamas de la 22 y están convocando a maestros de otros estados unirse a los de Oaxaca.

Señalaron que harán valer “los principios de lucha que han garantizado la permanencia de este movimiento” y que “iremos hasta la victoria porque un pueblo callado está condenado a la derrota”, la dirigencia alienta a sus huestes a constituir un frente de resistencia contra lo que consideran un atropello contra sus derechos gremiales. Durante décadas se la han pasado cobrando sin trabajar con diferentes pretextos, que ha sido uno de los reclamos de los padres de familia cuyos hijos han sido afectados por la holgazanería magisterial.

El último de esos pretextos ellos fue el rechazo a la reforma educativa, que entre otras cosas pretende romper con la serie de privilegios que se fueron autoadjudicando al paso del tiempo las huestes de la CNTE, con la anuencia de los gobiernos estatales venales y cobardes, lo que permitió que se creara un poder sobre otro a base de violencia y amenazas de cometer actos que fueron solapados por los mandos estatales en turno y autoridades federales. El magisterio disidente logró así someter administraciones estatales y federales durante años.

La amenaza de paro magisterial ha sido su mejor arma, complementada con marchas, bloqueos de calles del centro histórico, avenidas y carreteras de los alrededores en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas primordialmente, así como en el Distrito Federal, Morelos y Quintana Roo entre otros estados. Muchas han sido las ocasiones en que sus protestas han sido acompañadas con actos vandálicos e incluso con ataques que rayan en la criminalidad como cuando provocan incendios, y atacan con piedras, fierros y lanzan bombas molotov a las fuerzas del orden con las que se enfrentan.

Se dice que la dirigencia de la 22 “se ha pervertido. Hay crisis de credibilidad. Al interior siguen operando grupos priístas que en un tiempo fueron Vanguardia Revolucionaria. La dirección de la sección no es homogénea”. Se afirma también que su dirigente, Rubén Núñez, no tiene el control de la 22 por lo que hay desconfianza de la base con sus dirigentes. Hay muchos intereses que se mueven al interior de esa Sección. “Su movimiento es por el manejo de las prebendas; a los dirigentes les ha ido bien”, señalan algunos agremiados de la disidencia magisterial molestos por el sorpresivo anuncio de que desaparece el IEEPO.

Es sabido que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene un grupo de choque como una de sus corrientes, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), donde tiene influencia el Frente Popular Revolucionario (FPR), que está compuesto por alrededor de 3 mil sujetos entre profesores, comerciantes, campesinos, taxistas y colonos -se habla que podrían ser unos ocho mil-, quienes entrenan y están preparados para la acción directa como lo han demostrado en diversas ocasiones.

Han sido los integrantes de la UTE-FPR los encargados de decomisar equipos a reporteros, como sucedió, entre otros, con los enviados de Milenio y El Financiero en Oaxaca, previo a la jornada electoral del 7 de junio pasado. El mismo día de las elecciones y desde seis antes se dedicaron a incendiar juntas distritales, casillas, cajeros y vehículos. Derivado de ello, 25 de sus integrantes fueron detenidos y encarcelados.

Se ha dicho que “maestros de la Sección 22 han estado ligados a la guerrilla del EPR”. Y se han dado nombres. Entre ellos el del ex alcalde de San Agustín Loxicha y profesor de la sección 22 Agustín Luna Valencia y el del ex dirigente magisterial Erangelio Mendoza. Los dirigentes más visibles de la UTE-FPR y que han formado parte del “núcleo duro” son: Tomas Martínez Pinacho, quien actúa en Miahuatlán, municipio oaxaqueño donde surgió en 1996 el EPR. Se le vincula al grupo guerrillero.

Se mencionan también a Macario Otalo Padilla, Francisco Martínez, Pedro García, Javier Aluz, Anabel Ruiz, Norma Cruz Vázquez, Othón Nazariega Segura, Florentino López Martínez, Pedro García García y Germán Mendoza Nube, este último, señalado de haber participado dentro del EPR en la colocación de bombas en los gasoductos en Querétaro y Guanajuato el 10 de julio de 2007. Ha formado parte del FPR y profesor en Oaxaca afiliado a la 22. Otro nombre es el de Rogelio Vargas Garfias, fundador de la UTE en 2008, entre muchos más.

Sin duda muchos de ellos se sumarán a las filas del magisterio disidente que ha anunciado que estará en pie de lucha para defender “sus derechos”, luego de la decisión de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, de tachar del mapa al Ieepo. Habrá que ver.

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Habrá fuerte blindaje el sábado

PAULINO CÁRDENAS

Aun disminuido el dispositivo de seguridad por los reclamos de la izquierda, las vallas metálicas ahí seguirán y el día del cambio de mando federal en San Lázaro y sus alrededores, así como en el zócalo capitalino y sus inmediaciones ya que el Presidente entrante dará su primer discurso a la nación en Palacio, estarán fuertemente custodiados por elementos del Estado Mayor Presidencial, de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de la Policía Federal. Incluso las estaciones del Metro que habían estado cerradas y que fueron reabiertas, volverán a ser cerradas desde la víspera del evento. Esta parece ser la primera señal de que con Peña Nieto las cosas serán distintas. Y con Miguel Angel Mancera también, ya que se cree que en esto de la estricta seguridad para el cambio de poderes en San Lázaro, y el evento del zócalo, habría estado metida la mano del próximo jefe de Gobierno capitalino.

Si esto es cierto, sería un claro mensaje para el tabasqueño que anda desplegando amor y muy feliz con su Morena: ya no más zócalo capitalino cada vez que quiera; por lo pronto para el próximo sábado no será así. Nadie cree que esto haya sido una negociación entre Mancera y López Obrador, sino más bien un simple acto de autoridad coordinado con las instancias federales. Si así fue, también sería una advertencia adelantada para las izquierdas que les gusta desquiciar la ciudad cada vez que se les pega la gana, sin que nadie les diga nada. Pero de que el dispositivo de seguridad será estricto y cerrado para el cambio de estafeta federal, lo será.

Por lo pronto, parece quedar claro que quienes se ocupan de la seguridad de Peña Nieto, no quieren sorpresas como la que vivió el mexiquense como candidato, cuando fue acosado por parte de un grupo de estudiantes de la Ibero en esa casa de estudios. Por ello, con motivo del cambio de poderes, consideraron indispensable tomar las medidas preventivas de seguridad por anticipado, no vaya a ser el diablo. El Estado Mayor Presidencial tiene la anuencia de tomar esas decisiones, no solo por la seguridad del mandatario entrante, sino del saliente, Felipe Calderón, quien debe entregarle la banda al mexiquense el sábado. Esa instancia superior de seguridad sabe que ambos no son de la simpatía de las izquierdas.

Por esa seguridad que se dispuso previamente en los alrededores del recinto legislativo de San Lázaro, hubo protestas de los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática, y del Partido del Trabajo, y del Movimiento Ciudadano, por lo que fueron reabiertas algunas de las calles circundantes al edificio que alberga al Congreso de la Unión, así como las estaciones del Metro que estaban cerradas como medida anticipada de seguridad, con motivo de la ceremonia protocolaria del próximo sábado. En la víspera del evento o antes, volverá a blindarse fuertemente el lugar.

Lo mismo sucederá en las inmediaciones del zócalo capitalino, ya que será en Palacio Nacional donde el mandatario priísta dará su primer discurso a la nación. Incluso el acto de protesta que tiene preparado López Obrador será en el Ángel de la Independencia y no en el zócalo que ha sido su lugar preferido para el desahogo de sus frustaciones. Naturalmente que para llevar a cabo el blindaje de seguridad, el Estado Mayor Presidencial habría coordinado su logística con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y con la Policía Federal. Pero ese adelanto tan anticipado molestó a las izquierdas, cuyos legisladores reclamaron que para los vecinos resultaba un estado de sitio el despliegue de fuerzas de seguridad.

Desde el pasado fin de semana se habían levantado vallas en las inmediaciones del recinto legislativo de San Lázaro, cerrando diversas vías y estaciones del Metro de la zona. Vecinos del lugar comenzaron a protestar, por lo que diputados del PRD, PT y MC, realizaron un acto de protesta en el lugar y derribaron algunas de las barreras metálicas. La presencia de las vallas y elementos de seguridad motivó que los grupos de izquierda realizaran una manifestación frente al Palacio Legislativo, portando una pancarta donde se leía: ‘Por nuestros vecinos, no al estado de sitio. ¡Represores!’.

Por su parte el coordinador legislativo del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, aseguró que el cerco de seguridad viola el libre tránsito de los ciudadanos y demuestra la implantación de un estado de sitio diciendo socarronamente que “el miedo se mide en vallas”. Demandó a las autoridades de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el retiro de los cordones de seguridad. El PAN por su parte, está a favor de ese operativo, porque “no podemos permitir que haya amenazas de manifestaciones y de violencia, particularmente de la izquierda, que han anunciado que va a impedir que se lleve en paz este cambio de poderes”.

A quienes reclaman ya se les olvidó cuando López Obrador, apoyado por los que hoy califican de abusiva la medida, tomó el Paseo de la Reforma por varias semanas en el 2006 en protesta por su derrota ante Felipe Calderón, valiéndoles madre el desquiciamiento que provocaron, más las marchas que desde entonces han organizado con cualquier pretexto las izquierdas desquiciando la ciudad. Ahora, como si tuvieran aureola, se quejan de lo que ellos han hecho a cada rato y en lo que son maestros, que es obstruir calles y avenidas, sin importarles las protestas de los afectados. El caso es hacer mitote mediático, como lo querrán hacer el sábado. Pero de que habrá fuerte blindaje, lo habrá.

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