Archivo de la etiqueta: AFI

Irrita a altos mandos las acusaciones

PAULINO CÁRDENAS 

Las acusaciones ‘a modo’ con las que se integró de última hora el expediente con el que acabó siendo acusado el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, tiene irritados a varios cuadros de muy alto rango castrense, quienes creen cada vez más en la versión de que el arraigo, acusación y puesta en una prisión de alta seguridad es por las críticas que habría hecho el 9 de mayo en San Luis Potosí en una reunión a la que asistió Enrique Peña Nieto, a la fallida estrategia anticrimen del presidente Calderón, más que a tener presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Una de esa molestas voces del generalato de alto rango engarza esa versión con el hecho de que EstadosUnidos había venido acosando de tiempo atrás al mandatario panista, en el sentido de que la inestabilidad en los niveles de seguridad en el país se debían a la falta de coordinación que había entre los cuerpos armados encargados de revertir la ola de violencia generada por los cárteles del narcotráfico, que con su poderío económico habían logrado intimidar y someter a mandos policiacos y militares para seguir abriendo brecha para realizar sus actividades delictivas.

De hecho, los golpes más sonados –los más importantes han sido de la Marina porque en el Ejército se había dejado de confiar para esas tareas–, habían sido gracias a los ‘tips’ de inteligencia que le enviaba la DEA a los mandos de esa secretaría. En Washington empezó a trascender desde 2008 que los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no solo protegían a los capos de la droga, sino que trabajaban para ellos como escoltas, ‘halcones’, informantes, pagadores de cuotas e incluso sicarios.

Asímismo había trascendido a los servicios de inteligencia norteamericano que efectivos de la PGR y de la AFI –agencia que acaba de cambiar de nombre a Policía Federal Ministerial–, a base de sobornos se encargaban de consignar con cargos menores a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes, lo que ha quedado asentado en documentos judiciales.  El asunto es que la presencia del narco en las insituciones de seguridad y procuración de justicia, se había infiltrado también en el Ejército.

Es un hecho que para el gobierno norteamericano desde hace al menos tres años, era manifiesta la desconfianza en la Defensa Nacional, y en los funcionarios federales de todas las policías nuestras, lo cual quedó de manifiesto en los cables de la diplomacia del vecino país del norte que enviaba al Departamento de Estado el entonces embajador de Washington en México, Carlos Pascual, los cuales fueron puestos al descubierto por Julian Assange a través de WikiLeaks. Uno de los subordinados del embajador, John Feeley, armó la grande cuando escribió en un cable clasificado como ‘secreto’, fechado el 29 de octubre de 2009.

Decía que el general secretario Guillermo Galván había planteado la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar ‘estado de excepción’ en ciertas áreas del país, “que proveerían más bases sólidas y legales para el papel militar” en la lucha contra los narcotraficantes. En el cable 3195 enviado el 10 de noviembre de 2009, de plano Pascual señala que “la estrategia de seguridad del presidente Calderón carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas” contra el narco. Algo parecido a lo que dijo el general Ángeles Dauahare en la reunión del PRI el 9 de mayo pasado en San Luis Potosí.

Los que peor parados quedaron en esa serie de comunicaciones ‘secretas’ y confidenciales’ fueron el general Galván y el propio seretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien en ese entonces traía rivalidades con el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, hoy flamante embajador de México en el olimpiadisíaco Reino Unido. Todo aquello le habría causado grima a Felipe Calderón, por lo que insistió ante Washington el relevo del embajador Pascual, hasta lograrlo.

Pero el asunto tuvo más trasfondo de lo que se cree, ya que en otro cable confidencial, el 3573 fechado el 17 de diciembre de 2009, Pascual, al referirse al asesinato del capo Arturo Beltrán Leyva un día después de ese operativo que quedó a cargo de Marina, escribió que ‘la operación es una victoria clara para el gobierno mexicano”. Pero el entonces embajador señaló algo que estrujó tanto al general Galván Galván como a García Luna:

“Las agencia de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre el referido capo), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo”. También trató de ‘perdedor neto’ a Genaro García Luna quien, según el mismo cable ‘secreto’, “ha dicho en privado que esa operación debió haber sido suya”.

Hace unos días el general Ángeles Dauahare deslindó a los actuales secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal, de estar detrás de un plan para desacreditarlo y motivar su detención por presuntos vínculos precisamente con los Beltrán Leyva. ¿Dijo eso para negar que su detención obedece a “la hipótesis de los compañeros que se disputan la Defensa”? ¿O acaso habría sido consultado más de una vez por el embajador Pascual? Son preguntas dirían los clásicos.

@Paulinocomenta     

Comentarios desactivados en Irrita a altos mandos las acusaciones

Archivado bajo Irrita a altos mandos acusaciones

Teoría del ‘arbol envenenado’

PAULINO CÁRDENAS 

Se dice que el proyecto que le fue encargado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la revisión del caso solicitada por la defensa de la acusada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual propone la libertad de Florence Cassez condenada a 60 años de prisión por participar supuestamente en varios secuestros cometidos por las banda de Los Zodiaco a la que las autoridades dicen que ella pertenecía, se basa en lo que se conoce jurídicamente como la teoría del ‘árbol envenenado’.

Esa teoría señala que si se viola o lesiona un derecho fundamental, extiende sus efectos a las demás pruebas aunque éstas pudieran ser lícitas, ya que ‘una hoja envenenada afecta a todo el árbol’ el cual configura el proceso judicial en su conjunto, lo que puede llevar a que éste quede invalidado en su totalidad. Esta teoría dejó de ser utilizada como referente en varios países en lo que respecta a procesos judiciales.

Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban en su mayoría el proyecto de Zaldívar el próximo miércoles 21 de este mismo mes, eso sería un severo golpe para el gobierno de Felipe Calderón. Pero también lo sería para el gobierno de Vicente Fox, ya que fue durante su gestión cuando se dieron los hechos que inculpan a la joven ciudadana francesa.

Y en medio queda como principal figura de reclamo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien en el 2005, año en que se suscitó esa telenovela jurídico-policaca contra la joven francesa, era el mandamás de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Quedarían también en evidencia el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

Fue la AFI la que ejecutó entonces  el montaje con el que se pretendió hacer creer a los televidentes que los agentes entraron al rancho ‘Las Chinitas’ dizque a rescatar a los secuestrados y a detener a los plagiarios, cuando el hecho había sido un día antes. Se sabe que la acusada no estaba en ese lugar el día de los hechos e que incluso ni lo conocía ya que ella vivía provisionalmente en la casa principal del rancho propiedad de Israel Vallarta, con quien sostenía una relación sentimental y quien confesó, este sí, ser parte de la banda.

El proyecto plantea primordialmente diversas violaciones contra los derechos humanos de la acusada a quien le fue negada la posibilidad de darle aviso inmediato de su detención a su embajada, no haberle puesto un intérprete para su defensa, no haber sido llevada de inmediato al ministerio público a declarar y en cambio se le obligó a participar en una escena para repetir su supuesta detención porque Televisa no tenía la imagen, y una serie de inconsistencias y hoyos negros hasta la fecha sin resolver.

A esto se aúna otra serie de contradicciones y argumentos confusos los que, después de revisarlos en el enorme expediente del caso, el ministro Zaldívar, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, elaboró su proyecto el cual señala que durante el juicio se acreditaron diversas violaciones a los derechos básicos y al proceso mismo de la acusada, con pruebas y testimonios con las que fue sentenciada, que “carecen de fiabilidad”. Pero la hisrtoria es más complicada de lo que parece.

En su libro ‘A la sombra de mi vida’ que escribió en la cárcel y en el que narra los hechos desde su captura del 9 de diciembre de 2005, la joven francesa afirma que ella fue víctima de una venganza contra su hermano Sèbastiane, quien descubrió que su socio Eduardo Margolis, con quien importaba material para salones de belleza en México, se dedicaba al blindaje de vehículos y a proteger personajes importantes, también se dedicaba a negociar la liberación de personas secuestradas a cambio del pago de rescates.

Cuenta la acusada que su hermano le reclamó que por no haberle contado la verdad rompía la sociedad, lo que enervó al socio y la ruptura fue muy violenta. Florence presume que Margolis pudo haber jugado un papel preponderante en el caso que la tiene en la cárcel, por venganza, ya que guardaba muy buena relación con la AFI. Fue cuando Israel Vallarta, involucrado con la banda Los Zodiaco, apareció en su vida. Señala la francesa que, según versiones, el ex socio de su hermano habría sido agente del Mossad, la agencia de inteligencia isaraelí.

Habrá que ver en qué para el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, sobre el cual algunos vaticinan que empezará a provocar una ola de virulentos reproches y presiones para que no se apruebe. Por lo pronto se afirma que el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya empezó a recibir amenazas por proponer la libertad de la joven francesa. En tanto el presidente francés Nicolás Sarkozy confía en que habrá justicia para su conciudadana.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Comentarios desactivados en Teoría del ‘arbol envenenado’

Archivado bajo Teoría del 'árbol envenenado'

Le tunden a García Luna

PAULINO CÁRDENAS

Al igual que su jefe el presidente Felipe Calderón, el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, parece andar en busca de hallar culpables para tratar de diluir las responsabilidades que le tocará asumir una vez que concluya el sexenio. Hace unos días, al presentar un libro de su autoría, en conferencia de prensa acusó a Alejandro Gertz Manero de la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal de Puente Grande y de haber desmantelado las estructuras policiacas, lo que le ha valido una serie de duros cuestionamientos.

El propio legislador de Convergencia a quien señala dijo que el funcionario policial ‘se está dando un balazo en una pata” porque quien tenía vínculos con los carceleros era él cuando fue titular de la AFI durante el sexenio foxista. Por su parte el ex ministro de la Suprema Corte y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, señaló que las aseveraciones de García Luna “son una muestra más de su irresponsabilidad dentro y fuera de sus funciones, porque pretende justificar lo injustificable, como su fracaso durante los cinco años al frente de la SSP”.

Afirmó que esas aseveraciones “son imputaciones dolosas que atentan contra el honor, la intimidad y la buena fama de Gertz Manero, quien como titular de la entonces SSP federal mantuvo equilibrio en la seguridad pública de los ciudadanos de este país, que dista por mucho del fracaso de García Luna al frente de esa institución, la cual ha perdido toda credibilidad”, manifestó el legislador perredista.

Añadió que el secretario de Seguridad Pública, no es que estaba infiltrado por la delincuencia organizada, “sino era parte”, junto con su equipo de trabajo, “de una serie de funcionarios relacionados con los distintos cárteles de la droga” como el de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva, y La Familia Michoacana, entre otros. Tal es el caso de Edgar ‘Tigre’ Bayardo, y de su propio secretario particular, Mario Arturo Velarde Martínez, involucrado en cuestiones de narcotráfico; es decir, “tenía vínculos con Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, principal socio de ‘El Chapo’, aseveró el ex ministro.

García Luna se equivoca, agregó, porque el responsable real de la fuga de Guzmán Loera fue Wilfrido Robledo Madrid. “Por lo que se refiere a la imagen de la Policía Federal y del sistema de inteligencia, efectivamente se encuentran destruidos, pero no por Gertz Manero, sino por García Luna, quien viendo su falta de pericia, capacidad, profesionalismo y seguridad se dejó manipular por quien en verdad maneja la secretaría: Robledo Madrid. Los resultados están a la vista: más de 50 mil muertos; no hay un sistema de inteligencia que los impida, y tampoco un programa de prevención que los combata”.

A eso se expuso por echarle culpas a Gertz Manero el titular de la SSP federal, quien sin duda es el funcionario más consentido del gabinete calderonista, pero que con los legisladores de la oposición no la libra. En octubre pasado, durante su comparecencia en San Lázaro, el diputado Gerardo Fernández Noroña, de quien el funcionario es ‘cliente’, lo acusó de ser cómplice de ‘El Chapo’ Guzmán. En la misma sesión le cuestionó: “¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, donde están los traficantes de drogas, las casas de seguridad, dónde se mueve ‘El Chapo’, y la inteligencia de seguridad pública no sabe nada?”.

También lo acusó de gastar 118 millones de pesos en su promoción personal con la serie televisiva “El Equipo” –que pasó durante unas tres semanas en el canal 2 y que últimamente la han estado proyectando en el canal 5 de Televisa–, y amenazó con denunciarlo. El legislador federal michoacano fue más allá en sus señalamientos ese día, al subrayar que “no son patriotas quienes justifican el crimen y el asesinato, quienes han ensangrentado el territorio nacional, quienes justifican el asesinato de niños y niñas en retenes policíaco, quienes siembran el terror”, refiriéndose a las matanzas de la narcoguerra.

En Francia el tituar de la SSP federal es famoso por el montaje que hizo de la detención de Florence Cassez cuando era titular de la AFI, desde cuando inicia la pesadilla que ha vivido esa joven con cuya vida han querido acabar, por la serie de aberraciones ministeriales y judiciales en su contra, sin darle la oportunidad a que se defendiera como marca la ley. Ha trascendido que su detención y consignación habría sido producto de una venganza.

Sobre su caso hay un documental que acaba de ser exhibido en aquel país el cual ha causado una profunda indignación popular y gubernamental, no sólo contra García Luna sino contra el propio presidente Felipe Calderón. Hay otros eventos que no tardarán en salir a la luz pública, pero este de la francesa condenada a 60 años de prisión, sus allegados confían en que podría resolverse ‘en el próximo sexenio priísta’ porque en este “parece haber la consigna de dejarla podrir en la cárcel”. Después de ella, sus padres son los más afectados.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


Comentarios desactivados en Le tunden a García Luna

Archivado bajo Le tunden a García Luna

Recado último de Sarcozy a Calderón

PAULINO CÁRDENAS

Después de condecorar este martes al secretario mexicano de Salud, José Angel Córdova Villalobos con la Orden Nacional de la Legión de Honor, por el rol que jugó México en el control del virus de la influenza A, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se refirió al caso de Florence Cassez, la francesa de 35 años condenada a una pena 60 años de cárcel en México por presunta complicidad en secuestros y quien jura ser inocente.

El mandataro francés le dijo al funcionario mexicano que el caso de su compatriota le interesa mucho personalmente y que seguirá insistiendo en que se le haga justicia. Sarcozy le pidió que su inquietud se la comentara al presidente Felipe Calderón y el titular de Salud le aseguró que así lo haría.

Florence Cassez escribió un libro –‘A la sombra de mi vida’– que ya circula en Francia, en el que narra lo que considera una injusticia sobre su caso, después de que periodistas franceses hicieran lo propio sobre secuestros en México y la manera de cómo se imparte justicia en el país. Por sus contenidos, ambos libros han causado indignación en aquel país.

El gobierno francés pediría la revisión del caso, porque según Frank Berton, el abogado desginado por el presidente Nicolás Sarkozy, el juicio “no ha sido justo”. Las autoridades de Francia dieron a conocer que cuentan con “nuevos elementos”, por lo que  espera presentar una demanda “en el primer trimestre de 2010” ante los tribiunales franceses  y en la Corte Internacional de La Haya.

Por ello trascendió que se revisarán todos los detalles del caso, desde los antecedentes de lass relaciones de Florence en México, los hechos que precedieron a su detención hasta los expedientes del proceso y  los criterios de la sentencia definitiva.

La demanda del gobierno francés iría contra la justicia mexicana, la cual incuiría nombres e instancias de autoridades y encargados del caso de la francesa. La justicia de aquella nación indagaría cuál fue la razón por la que en primera instancia a Florence se le condenara a 96 años de prisión y luego le bajaran la pena a 60 años.

Alguien a investigar sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien el 9 de diciembre de 2005, siendo titular de a AFI, anunció la detención de la banda El Zodiaco de la que supuestamente era parte la francesa, a quien se obligó ‘repetir’ la escena de su detención para la principal empresa televisora mexicana que no tenía imágenes del momento en que supuestamente había sido aprehendida.

Otro nombre podría ser el de Eduardo Margoli, quien tuvo una relación de negocios de importación de material para salones de belleza en México con el hermano de Florence, Sébastiene, hasta que éste descubrió que su socio se dedicaba al blindaje de vehículos, a proteger personajes importantes y a negociar la liberación de personas secuestradas a cambio de rescate, según refiere Florence en su libro.

La ruptura entre ellos fue violenta, señala, y presume que el ex socio de su hermano pudo haber jugado un papel preponderante en su caso por venganza, ya que guardaba una buena relación con la AFI. Incluso señala la francesa que, según versiones, Margolis habría sido agente del Mossad, la instancia de inteligencia isaraelí.

Nicolás Sarcozy había solicitado a su homólogo mexicano, Felipe Calderón, que la francesa presa en México pudiera cumplir su pena en su país, conforme el Tratado de Estrasburgo; pero después de hacerle abrigar esperanzas, el mandatario panista lo rechazó hasta en dos ocasiones. Esa es la espina que trae clavada el mandatario francés desde que visitó nuestro país el año pasado.

A raíz de la publicación de su libro, Sarcozy le ha prometido a su compatriota ayudarla, para lo cual, refiere ella,  agotaría todas las instancias juridicas, diplomáticas y políticas para lograrlo. Quizá el recado último para hallar un arreglo dentro de los términos de los acuerdos internacionales, se lo envió el Presidente francés a su homólogo mexicano, a través del secretario mexicano de Salud.


Deja un comentario

Archivado bajo AFI, banda El Zodiaco, Calderón, Eduardo Margolis, Florence Cassez, García Luna, José Angel Córdova, MOSSAD, Nicolás Sarcozy, Tratado de Estrasburgo

Manita de gato en seguridad

PAULINO CÁRDENAS

Hace unos días, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en referencia a la guerra que sostiene el gobierno contra el narcotráfico, dijo que con ello el mandatario panista lo que hizo fue sacar a México de una zona de confort; de una visión superficial del problema de la seguridad, para enfrentarlo a una situación difícil y dramática que tenía que ser solucionada. La tesis de George Land aplicada al tema.

Dijo que la reconstrucción de las instituciones de seguridad en el país es una prioridad fundamental para recuperar la capacidad del Estado, y que “la depuración policiaca no pasa sólo por el corrupto,(pasa) también por el cobarde. Pero eso a condición de que quienes integren esas fuerzas tengan derecho al honor personal y la seguridad” decía en una entrevista para el periódico Milenio a Francisco Garduño.

Comentó también que ello es un proceso que no es inmediato, que no da lugar a salidas demagógicas pero que implica transparentar un compromiso esencial entre gobernantes y gobernados, para imponer la ley. Gómez Mont reconoció la decisión y voluntad política del presidente Calderón, quien, desde su perspectiva, ha sabido sacar al país del marasmo en el que se encontraba, en la lucha contra la delincuencia organizada.

Si esas declaraciones se ven desde una perspectiva retórica, se escuchan congruentes y animan a cualquiera a aplaudir la hazaña, porque nadie podría estar en contra de lo dicho por el funcionario encargado de la política interna del país, cuando asegura que la reconstrucción de las instituciones de seguridad es fundamental para recuperar la capaciad del estado para los fines que es creado y que en ello hay una exigencia de gobierno para se les dé la prioridad debida.

Pero la realidad es muy distinta a la ensoñación retórica. El viernes pasado se dio a conocer la desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y  la creación de la nueva Policía Ministerial Federal (PMF), como parte de las reformas de la Ley Orgánica de la PGR. Paralelamente se crean coordinaciones regionales bajo el criterio del fenómeno criminal.

Con ello se pretende ampliar las facultades del Ministerio Público Federal en la averiguación previa, proceso penal, atención a víctimas de delitos, y se crea la figura de oficial ministerial, a fin de auxiliar en la formalización de diligencias, y procesamiento de información. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que los funcionarios y niveles de mando de la Policía Ministerial Federal serán los mismos de la AFI. Acaso habrá un par de cambios.

Desde siempre, ministerios públicos, jueces y policías, han contribuído por igual a la ineficacia del sistema judicial. Habría que preguntarle a la gente que se ha visto en la necesidad de ocurrir a esos servicios, el por qué su escasa o nula confianza en los tribunales. Una encuesta efectuada a nivel nacional hace diez años señalaba que alrededor del 75 por ciento no confiaba en el sistema judicial, porque afirmaban que lo que prevalecía en los tribunales y en el sistema de juisticia era la corrupción.

Hoy, por supuesto que las cosas no han cambiado sustancialmente. Parte de la irritación pública son, por ejemplo, los abusos del recurso de amparo al que ocurre siempre el crimen organizado, un procedimiento para la apelación de sentencias, contra la privación arbitraria de la libertad, y para impedir la gestión de requerimientos e impugnación de la constitucionalidad de las leyes.

Cualquier persona sujeta a una investigacón judicial puede, si es suficientemente rica, pagar los servicios de un abogado, entablar un juicio de amparo y solicitar a un juez federal protección contra la aprehensión. La mayoría de los mexicanos no ocurre jamás al amparo, pero cotidianamente los jueces en todo el país le extienden amparos a narcotraficantes, secuestradores y un sin fin de delincuentes que tienen el dinero y la asesoría jurídica para hacerlo.

Eso sin contar con los cientos de casos en que en los ministerios públicos se introducen errores de manera deliberada en demandas penales a cambio de cierta suma de dinero, para forzar a los jueces a desestimar las acusaciones respetivas. Y esto es sólo un simple ejemplo de cómo operan las redes de colusión amparados en la legalidad y que con dinero de por medio -muchas veces miles de dólares- hacen que la impunidad en México siga  galopante.

Lo que era la Agencia Federal de Investigación ahora se llamará Policía Ministerial Judicial. Lo mismo hizo Vicente Fox con la Policía Federal Judicial que cambió de nombre al de Agencia Federal de Investigación, pero quedaron las mismas gentes, incluyendo los mandos medios y superiores. ¿Ahora eso cambiará algo? ¿De veras? En materia de seguridad y policial, los mexicanos quieren algo más que retórica, manitas de gato y conferencias sobre más de lo mismo.

 escaparate@paulinocardenas.com

Deja un comentario

Archivado bajo México, Politica

¿Por qué persiste la impunidad?

Diciembre 16, 2008

Lejos de haber rivalidad entre el hampa organizada y las autoridades que deberían estar para prevenir y combatir  a la delincuencia, entre ellas ha habido una coordinación y una cooperación mutua, ante cuya interacción dual no hay sistema -ni habrá- que pueda combatirla, así haya la mejor política criminal integral del mundo y los cuerpos policiales más preparados para enfrentarla, mientras se siga soslayando la impunidad.

Por fortuna, esa colusión no es homogénea. Es público y notorio que los titulares de las dos más importantes corporaciones encargadas del combate a la delincuencia, Eduardo Medina Mora de la PGR, y Genaro García Luna de la SSP federal, ni se llevan, ni se hablan, ni sus mandos y cuerpos policiacos cooperan cabalmente entre sí, para enfrentar esa lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué lo permite el presidente Felipe Calderón? ¿Será estrategia? Quien sabe.

Lo que sí se sabe es que entre ambas instancias parece haber más bien una lucha sin cuartel para imponer su predominio una sobre la otra, que poco ayudan a la construcción de un eficiente aparato de seguridad pública a nivel nacional. Un caso es el de Mario Velarde Martínez.

Éste, quien fuera secretario particular del titular de la SSP federal Genaro García Luna,  en una primera instancia había sido llamado a declarar quedando libre bajo las reservas de ley, pero un ministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que depende de la PGR, acaba de volver a citarlo a declarar.

Velarde Martínez es investigado dentro de la llamada Operación Limpieza, en la cual han sido detenidos dos ex directores de Interpol México, Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, así como Miguel Colorado Hernández y otros ex funcionarios de la SIEDO por presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, señala una nota de ayer de La Jornada.

El ex funcionario fue el hombre más cercano a Genaro García Luna desde que éste ocupó el cargo de director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, y luego en la SSP federal, ya en la gestión del presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con fuentes de la PGR, el ex funcionario fue llevado a la SIEDO por una orden de localización y presentación, derivada del avance de las investigaciones relacionadas con los vínculos que mandos policiacos federales tenían con narcotraficantes, añade la nota.

De la misma manera que Velarde Martínez y que el actual subsecretario de Prevención en la SSP federal, Facundo Rosas, también formaba parte de ese grupo de funcionarios cercanos a García Luna el comandante de la PFP Igor Labastida, quien fue ejecutado por el crimen organizado en la ciudad de México en junio de este año, en una fonda de la colonia Argentina, según reportó para ese diario Gustavo Castillo García.

El caso Velarde ha cobrado relevancia en las semanas recientes, luego de la detención de los ex comandantes de la PFP Edgar Bayardo y Francisco Navarro, así como del ex comisionado de la PFP Víctor Garay, pues todos eran cercanos a García Luna y ya fueron acusados de delincuencia organizada, robo específico, contra la salud y abuso de autoridad.

El ex secretario particular, quien acaba de obtener su retiro voluntario del servicio público federal, formó parte del grupo que integraban Edgar Millán, quien fue asesinado en mayo de este año, en la colonia Guerrero, en la ciudad de México, y el comandante de la AFI Domingo González, quien está prófugo de la justicia, acusado de haber recibido millón y medio de dólares de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de protección, señala el diario.

También Francisco Garza Palacios, quien fungía como coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), que fue cesado en sus funciones en mayo de 2007 por no haber actuado cuando un comando armado protagonizó un enfrentamiento en Cananea, Sonora, y dejó un saldo de 22 muertos. Actualmente se desempeña como agregado de la SSP federal en Colombia.

Así pues, la impunidad persiste por la supina colusión que siempre ha existido entre policías y ladrones. Ojalá que el presidente Calderón logre la limpieza que se requiere, de arriba a abajo, como él mismo lo señaló hace poco. Y como parece empezar a vislumbrarse.

                                                        escaparate@paulinocardenas.com

Deja un comentario

Archivado bajo Politica, Seguridad