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Justicia para los muertos

PAULINO CÁRDENAS

Justicia es lo que le han estado pidiendo al gobierno mexicano los organismos de derechos humanos y las familias de tantos miles de caídos por la lucha armada contra las mafias a la que está aferrado el Presidente, en torno a la cual no se sabe si pasarán años para que pudiera llegar a hacerse, como sucedió en alguna medida con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 o la masacre de Acteal donde el 22 de diciembre de 1997 el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 indígenas. Lo que sucede es que la guerra de Calderón lleva más de 60 mil muertos, hasta ahora.

De hecho el recurso legal metido en la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que ahí va avanzando, también trata de clamar justicia e imponer castigo a quienes resulten responsables de tantas muertes que ha habido en México por esa inútil guerra gubernamental contra los cárteles, cuyos resultados han sido muy decepcionantes. Muchos en el país y fuera de él se preguntan: ¿Qué fue de tantos muertos? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo murieron? Hasta ahora son muertos sin nombre, sin rostro, sin tumba.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado machacando a lo largo del sexenio sobre el tema, poniéndole énfasis a los abusos de los militares contra gente inocente, a lo que las autoridades han puesto oídos sordos o respondido que en México sí se hace justicia, lo cual todos saben que en la gran mayoría de los casos eso no dista de ser verdad. Incluso HRW acaba de dar a conocer la proporción de asuntos atendidos por el gobierno en relación al número de quejas, y la diferencia es abismal. Pero el caso de los muertos por la guerra es aún peor.

La gran mayoría de los más de 60 mil muertos que lleva la guerra del Presidente están en el anonimato. Nadie sabe en dónde quedaron. No existe un acta ministerial de prácticamente ningún caso. Si como dice al cabo que son muertos de los mismos grupos criminales en conflicto, pocos son los que logran ser identificados. Si tienen suerte llegan al forense de algún pueblo para ser enterrados por sus familiares, aunque siempre hay miedo de que pueda haber venganzas y acaben matando a más gente.

A nivel económico esa guerra ha arruinado la vida de miles de mexicanos. Se dice que cuando las familias abandonan sus casas por el temor a la violencia, obligadas a emigrar a otros lados, hay quienes van y acaparan de inmediato esas propiedades abandonadas en operaciones hormiga de las que casi nadie se percata. ¿Quiénes están quedándose con tantas propiedades? ¿Para qué? Las autoridades hacen mutis sobre ese asunto, como si no existiera.

Mucha gente inocente ha quedado a expensas de los abusos de los militares sin escrúpulos, policías federales e incluso grupos paramilitares que dicen andar en busca de cómplices de los grupos armados que trabajan para los jefes de los cárteles y las mafias criminales, cometiendo graves abusos contra los derechos ciudadanos. Ha habido quejas de que se cometen desapriciones forzadas, torturas, violaciones e incluso asesinatos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ante tales atrocidades, miles de ciudadanos huyen a diario con sus familias a otras ciudades y varios miles de desplazados acaban yéndose a diversos poblados o ciudades urbanas. La situación es mucho peor de lo que la gente conoce a través de los medios porque incluso varios de ellos no se atreven a publicar lo que acontece en sus poblaciones o entiades por temor a represalias. La gente se entera de crímenes y masacres diríase que a la antigüita; de oídas, de boca en boca. Eso es un hecho.

Lo cierto es que miles y miles de muertos producto de la narcoguerra, sin nombre, sin rostro, desconocidos pues, en el mejor de los casos pudieron haber quedado en la morgue de alguna de las instancias judiciales de algún poblado donde casi nunca son reclamados, y tal vez hayan acabado, preservados en formol, en alguna universidad para ser usados en las clases de medicina forense.

Lo paradójico es que hay zonas del país que a pesar de que estar militarizadas, existe un vacío de autoridad civil, policial y militar. El cohecho o el miedo a morir es lo que impera en muchos poblados del país. Nadie se explica cómo, en Michoacán por ejemplo, tierra natal de Calderón, a pesar de que hay miles y miles de soldados y de policías federales destacados en la entidad, sigue habiendo atrocidades por parte de las mafias que no acaban de ser controladas. No es lógico.

Como tampoco es lógico para Human Rights Watch y Amnistía Internacional que haya abusos de militares contra gente inocente además de tantas muertes que se están dando en México por una guerra contra los cárteles que ni fu ni fa, en tanto miles de familiares de gente caída en esa guerra no tiene idea en dónde pudieron quedar sus muertos o si están desaparecidos. Ellos claman justicia. Y para los mexicanos su clamor es que haya castigo para los responsables de esa inútil guerra.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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No ‘pelan’ las advertencias

PAULINO CÁRDENAS

Los altos mandos del país, en lugar de andar en la cresta de la ola electorera, deberían de ‘pelar’ las advertencias que han venido haciendo organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, para luego no quejarse de que colectivos civiles mexicanos se organicen para ir y presentar quejas en la Corte Penal Internacional de La Haya contra quienes resulten responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, porque dicen las autoridades que la guerra contra las mafias no es guerra. Aunque para Washigton sí que la es.

Si para la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU la reciente ejecución de 34 presos en un solo día en Irak fue calificada de ‘aterradora’ ¿qué podrá decir ese organismo internacional de que en México en cinco años la guerra del presidente Calderón contra los cárteles de la droga y sus sicarios lleva acumulada una cifra de más de 60 mil muertos, miles de desaparecidos y centenares de familias que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen huyendo de la violencia?

Human Rights Watch, a través de su vocera Emma Daly, dio a conocer que ese organismo tiene datos que muestran que en México “la violencia ha aumentado horrorosamente” en los últimos años “y no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia” y que la mayoría de los casos quedan impunes, asunto que el gobierno de México bateó de inmediato, dando más respuestas evasivas y condenatorias que concretas, afirmando que esas quejas sí son atendidas.

Y el representante de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, sabiendo lo que suele responder el gobierno mexicano cada vez que hay un llamado de HRW sobre esas violaciones y muertes por la guerra del gobierno federal contra el narco, retó al mandatario panista a que demuestre que la gran mayoría de los muertos pertenecen a narcotraficantes que se matan entre ellos, y muy pocos los que caen asesinados víctimas de los ‘daños colaterales’.

Ese lance de Human Rights Watch pone a Felipe Calderón contra la pared de cara a la Nación, porque su gobierno simple y sencillamente no tendría la capacidad de demostrar su dicho, debido a la negligencia de las instancias ministeriales mostrada a lo largo de más de cinco años de guerra, que no han hecho su tarea de levantar actas ni hacer ningún tipo de seguimiento en cada muerte que acontece producto de esa inútil lucha armada, cuyos resultados son desesperanzadores.

Puede asegurarse que su administración no podría –y menos podrá porque ya no le queda tiempo a su sexenio– de implementar siquiera una clasificación previa de quiénes han sido los muerto caídos en esa lucha armada, porque simplemente no se tienen datos de los que van cayendo abatidos por las balas, cuyos cadáveres o son dejados a cielo abierto o enterrados en fosas comunes sin mayores trámites. Aunque para HRW el número de muertos lo estima en unos 45 mil, otras cifras hablan de que esa inútil guerra ha cobrado más de 60 mil víctimas mortales en México.

Eso sin hablar de las violaciones contra los derechos humanos en los que ha venido insistiendo desde hace años ese organismo internacional, lo mismo que Amnistía Internacional división México, que durante los últimos años ha venido trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil, realizando propuestas concretas para avanzar en la lucha contra las violaciones de derechos humanos en México, a lo que el gobierno de Felipe Calderón se ha comprometido a solucionar, pero más en el discurso que en los hechos.

Este organismo ha pugnado porque se impulse una reforma del Código de Justicia Militar más ambiciosa, para que los esfuerzos que se desarrollen desde la administración sean efectivos en la protección de los derechos humanos. Ha señalado AI que es necesario, entre otras cosas, erradicar en los hechos las desapariciones forzadas, las violaciones y la tortura y se cumpla con los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto HRW como Amnistía Internacional han insistido que en México deben excluirse de facto del fuero militar todos los abusos de derechos humanos cometidos por militares. De ahí que Human Rights Watch afirma que “existe una impunidad absoluta para los militares” quienes, con el sistema de justicia castrense, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

Esto evidentemente fue negado de inmediato por el gobierno que encabeza Felipe Calderón, señalando que sí atiende esos casos de violaciones a los derechos humanos contra gente inocente por parte de las fuerzas castrenses. Pero en los hechos todo sigue igual, el tiempo avanza y lo que importa son las elecciones de julio próximo. Lo demás es lo de menos, aunque el Departamento de Estado norteamericao ve ese avance como una amenaza, no sólo para México, sino para los Estados Unidos.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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