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¿Y Ángel Aguirre cuándo apá?

PAULINO CÁRDENAS

Después de la detención de la pareja infernal integrada por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, para los guerrerenses y mexicanos el turno debe ser ahora para el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien incluso se dice que es amante de la esposa del ex edil detenido, lo cual sería lo de menos. Los familiares, amigos y compañeros de estudios de los 43 normalistas desaparecidos, han dicho que no basta con que haya pedido licencia, sino que lo quieren ver tras las rejas, por considerarlo principal responsable de los hechos delictivos que han sucedido en Guerrero, incluida la desaparición forzada de los 43 estudiantes que desde el pasado 26 de septiembre no aparecen ni vivos ni muertos. Incluso se afirma que Aguirre dejó que escapara el ex alcalde.

Ello no obstante que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que un día y medio de la desaparición de los normalistas, pidió expresamente al entonces gobernador de Guerrero que pusiera vigilancia al alcalde de Iguala para que no se le escapara. El funcionario federal dijo que si la Federación no puso dicha vigilancia a Abarca ni al ex secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, quien también es buscado por las autoridades, fue porque en ese momento el caso estaba en el ámbito del fuero común. Osorio calificó como lamentable que dichos personajes estuvieran libres y afirmó que se estaba haciendo todo el esfuerzo por localizarlos y detenerlos. Al menos en el caso de Abarca y su esposa así acaba de suceder.



El escándalo en México y fuera del país a través de la prensa mundial por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, ha tenido un impacto negativo superlativo, que de hecho ha afectado la imagen de reformador que había cobrado el presidente Enrique Peña Nieto en el exterior; esos hechos, junto con otros que han calado en la sociedad relacionados con el crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, han echado abajo esa imagen y la de la nación, la cual es señalada como una de las más dominadas por los capos de los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. La inseguridad es el distintivo de México en el exterior.

La cantidad de fosas clandestinas que han sido halladas en no solo en Guerrero sino en muchos estados de la República, es señal de las masacres que han tenido lugar a lo largo de los años en nuestro territorio, sin que autoridad alguna haya puesto freno al avance de la criminalidad organizada y del fueron común en México. Las cifras que periódicamente dan a conocer las autoridades, siempre están maquilladas y no reflejan la realidad de la situación que viven muchas entidades, pueblos y sobre todo comunidades alejadas de las cabeceras municipales y zonas serranas y alejadas de la civilización como son las regiones indígenas, como la tarahumara en donde la inseguridad llegó para quedarse.

Si bien es un punto a favor de la Federación la detención de la pareja diabólica que acaba de ser detenida y a la que se atribuye haber ordenado la agresión del camión que trasladaba a un equipo de beisbol y a un grupo de estudiantes, en donde hubo 6 muertos y alrededor de 15 heridos entre la noche el 26 de septiembre pasado y madrugada del día siguiente, y que también habrían ordenado la desaparición forzada que sufrieron los 43 estudiantes normalistas que fueron entregados al cártel Guerreros Unidos por las policías de Iguala y de Cocula, queda mucho camino por andar para el gobierno federal, para dar con todos los involucrados en esos hechos. Una pieza clave sin duda es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Y hay más funcionarios que deben saber cómo han venido operando las mafias del crimen en Guerrero, como son los alcaldes que han participado con el cártel Guerreros Unidos y con otras organizaciones rivales. Ahora toca investigar si los normalistas rurales desaparecidos aún viven. Una versión más, de las tantas que han surgido a manera de hipótesis desde que se dieron los hechos a la fecha, es que los estudiantes desaparecidos podrían estar en su mayoría vivos y que habría sido llevados a trabajar de manera obligada en la pizca de amapola en distintas zonas de Guerrero de donde es levantada y luego acopiada en Iguala, de donde es distribuida hacia Estados Unidos.

La detención de Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa -a quien vinculan con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y que dos de sus hermanos, se dice, formaban parte de Guerreros Unidos, pero que sicarios de este grupo criminal los ejecutaron-, fue en una vivienda muy modesta de Iztapalapa -delegación que gobierna el perredista Jesús Valencia Guzmán-, ubicada en la avenida Jalisco de la colonia Santa María Aztahuacán, donde habían pagado cuatro meses de renta por adelantado. Se informó que hasta ahí llegó un comando de la Policía Federal luego de ser ubicados por llamadas telefónicas y movimientos bancarios, cerca a la sede del Centro de Mando de la Policía Federal.

Por cierto que el jueves 23 de octubre pasado, Eje Central había publicado bajo la firma de María Idalia Gómez e Itzel Reyes, que el ex edil y su cónyuge que andaban prófugos, habían sido detenidos en Xalapa, Veracruz, y que ya declaraban en la Seido. La nota no fue aclarada, de manera que se da por hecho que desde entonces estaban detenidos lo que de esa fecha para acá habría permitido a las autoridades ‘sopear’ a la pareja. Si fue así ¿por qué la PGR se guardó la nota? ¿Fue para que los medios no hicieran alharaca? Si bien esa detención viene a reivindicar a la Federación ante tantas críticas de dentro y de fuera por la tardanza en hallar a los 43 estudiantes desparecidos, ahora falta saber si siguen con vida.

La otra pregunta que se hacen los guerrerenses y mexicanos, y sobre todo los padres, familiares, amigos y compañeros de estudios de los normalistas desaparecidos, es si el gobierno federal se atreverá a ir por el ex gobernador Ángel Aguirre, quien además de saber muchas cosas que han pasado del mundo criminal en su estado, existe la firme creencia de que fue partícipe de muchos acontecimientos que se han dado en Guerrero a lo largo de su mandato que ocupó por segunda ocasión al frente de esa entidad. Uno que sin duda se abstendrá de pronunciarse para que encarcelen al ex gobernador, es su sucesor, Rogelio Ortega, quien ha hecho comentarios de apología a favor de Aguirre. Comentarios que incluso algunos juzgan sobrepasados de halagos, alabanzas, lisonjas, zalamerías, elogios y loas. Han sido de sospechosa adulación.

 

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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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¿Que sí renuncia Ángel Aguirre?

PAULINO CÁRDENAS

Algunos dan por hecho que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, siempre sí dejará el cargo por las presiones de los diferentes sectores de ese estado y porque, se dice, ya es un acuerdo tomado ‘desde el centro’. Por lo pronto, quien afirma que si está por irse es el dirigente del PRD, Carlos Navarrete. Dice que su salida es una decisión tomada por el gobierno federal. El caso es que, se vaya o no, la indignación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no aparecen vivos ni muertos, crece cada día dentro y fuera del país. Le cuestionan ser omiso no solo en el caso de los normalitas desaparecidos, sino de otros muchos conflictos que ha tenido que enfrentar su gobierno.

Hace unos días, el aún gobernador dijo: “Tengo las manos limpias”, e insistió: “Lo dejo muy en claro. Tengo las manos limpias; no tengo nada de qué avergonzarme. Soy el primero en decirlo: acudo con mucho gusto a las instancias correspondientes. No tenemos de qué avergonzarnos mi familia, mi esposa y mis hijos”. Y retó: “Si el pueblo de Guerrero quiere me vaya, me voy, pero no como delincuente, ni como asesino, porque no lo soy”, y demandó que los hechos sean investigados por la autoridad “correspondiente”. No obstante en las pintas de los que demandan su salida le escriben ‘asesino’. Y reclama: “Es duro que lo llamen a uno asesino”. Según él, “se ve la mano perversa” de grupos que quieren que se vaya.

Lo acusan de omiso. Aguirre Rivero y el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron hace unos días ante legisladores federales, que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Ángel Aguirre había dicho que no se iría, ‘ni aunque lo saquen con grúa’, sus amigos  “Los Chuchos” -Zambrano y Ortega-que dizque lo apoyan para que se siga al mando del estado, se sabe que ya le tienen hasta sustituta. Se trata de Beatriz Mojica, la secretaria de Desarrollo Social guerrerense, quien sería la gobernadora interina. Eso ha trascendido entre las huestes de Nueva Izquierda. La funcionaria estatal es la máxima representante de esa tribu en el estado, lo que le permitiría a ese grupo mantener esa posición bajo su poder, porque al parecer creen que es de su propiedad. Tal vez hasta Carlos Navarrete sabe quién sería la gente que vendría a ocupar el cargo de gobernador interino, si de veras se hace realidad la versión.

Sin embargo, con los acontecimientos que ha venido viviendo el estado de Guerrero, en donde ha quedado de manifiesto la ingobernabilidad y la colusión de funcionarios con la criminalidad organizada como ha sucedido en Michoacán y otras entidades federativas, el PRI empieza a frotarse las manos porque cree que bajo ese panorama tan negativo para el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, el terreno se allana para ganar las elecciones del próximo año en esa entidad federativa. Incluso se dice que ya tiene candidata: la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.

Por ello, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, se manifestó en contra de que renuncie el gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero. “No queremos que se vaya, sino que se quede a asumir la responsabilidad que la Constitución, la ley y un elemental sentido de ética política le imponen”. En entrevista, dijo que es “corresponsable político” de la desaparición y asesinatos de normalistas en Iguala, hechos que “lesionan a todos los mexicanos que reclaman el pronto y total esclarecimiento”.

En el caso de Ayotzinapa dijo que no sólo hay obligaciones legales, sino también compromisos éticos con una comunidad “que lo que quiere es el cumplimiento cabal de la ley y el financiamiento de responsabilidades de carácter penal, cuando haya elementos que demuestran la existencia de conductas u omisiones que deben ser castigadas”. En asuntos de tal gravedad, destacó, no hay distinciones por origen partidista. Sin embargo, aprovechando ese entorno de sangre y colusiones de políticos con la criminalidad organizada, es que el Revolucionario Institucional ha prendido sus veladoras con miras al 2015.

Resulta evidente que la dirigencia de ese partido ha comenzado a moverse rumbo a las elecciones del año próximo que, por los acontecimientos recientes, saben cómo terminaría su mandato Aguirre Rivero, lo que sería aprovechado por el tricolor. Para nadie es sorpresa que el PRI quiera recuperar Guerrero, llevando de candidata muy posiblemente a la actual titular de Turismo federal, cuyo padre, José Francisco Ruiz Massieu, fue gobernador de esa entidad de abril de 1987 a marzo de 1993, en el sexenio de su cuñado Carlos Salinas de Gortari, ya que estuvo casado con Adriana Salinas de Gortari. Ruiz Massieu fue asesinado en septiembre de 1994, seis meses después del crimen de Luis Donaldo Colosio.

Por su parte el PRD ha señalado que estaría sopesando la posibilidad de una alianza con el PAN para evitar que el PRI vuelva a tener el poder en Guerrero. Se tiene previsto que el próximo año los blanquiazules se vistan de amarillo para apoyar al senador Armando Ríos Piter. De esta manera, podrían atajar al Revolucionario Institucional para volver a gobernar esa entidad. Mientras tanto, el cabildo municipal de Iguala confirmó que Luis Mazón Alonso sustituye a José Luis Abarca como edil de ese municipio. Es hermano de Lázaro Mazón, ex secretario de Salud de Guerrero, quien renunció recientemente a su puesto por petición del gobernador Aguirre Rivero, para que aclare su situación ante las autoridades federales, ya que tenía una estrecha relación con el edil de Iguala que sigue prófugo.

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Arde Guerrero y escala el conflicto

PAULINO CÁRDENAS 

El conflicto por los 43 normalistas desaparecidos y el asesinato de seis personas, entre ellas tres alumnos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, va en escala ascendente; el incendio de las oficinas del palacio de gobierno estatal por parte de estudiantes, maestros y padres de familia, fue una muestra de la indignación por esos hechos por los cuales se culpa al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al ex alcalde de Iguala prófugo José Luis Abarca Velásquez. Padres de familia de los desaparecidos y asesinados junto con estudiantes y maestros, exigen que el mandatario deje el cargo para que no estorbe en las indagatorias que están realizando las autoridades federales en torno a esos lamentables hechos.

Este lunes en Chilpancingo, normalistas y maestros provocaron incendios en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Guerrero, rompieron vidrios de edificios, dañaron el Congreso local y causaron destrozos en la sede del ayuntamiento de la capital del estado. Incluso mantuvieron retenidos a trabajadores de la sede donde despacha el gobernador Ángel Aguirre durante cerca de seis horas. Un grupo de inconformes tomó un cuadro con la imagen del gobernador Aguirre y le prendió fuego junto a otros objetos. Habían echado cohetones que desconcertó a empleados y a gente que estaban haciendo trámites dentro de los inmuebles.

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros de la CETEG, al filo del mediodía habían arribado a bordo de autobuses a la instalaciones oficiales y al Congreso, y tomaron y cerraron los accesos de entrada a Palacio de Gobierno, y posteriormente se dirigieron al Congreso de Guerrero. Los manifestantes pusieron candados en las puertas del Palacio de Gobierno para bloquear los accesos, quedando encerrados empleados y personas por unas seis horas. En la sede del Poder Legislativo los maestros intentaron tomar la entrada.

Sin embargo, un grupo de policías antimotines lo impidió, lo que provocó que los manifestantes arrojaran piedras contra la fachada de edificio y los policías los repelieran con polvo de extintores. El saldo fue de cinco maestros y dos policías con lesiones leves. Estudiantes de la UNAM y la UAM convocaron a un paro de 48 horas a partir de ayer martes, en reclamo por la desaparición de 43 normalistas, mientras que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en ausencia del gobernador, hizo un llamado al diálogo en tanto reforzaban la seguridad de los inmuebles dañados en la capital. También el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Marcos, llamó a los normalistas al diálogo y a la reconciliación.

Para colmo, el pasado lunes un estudiante alemán fue baleado por la policía aparentemente por confusión. El joven viajaba en una camioneta con otros amigos (dos alemanes, dos franceses y seis mexicanos), quienes regresaban del puerto de Acapulco y pasaron por Chilpancingo poco después de un enfrentamiento entre la policía y un grupo de secuestradores donde murió un oficial. Veinte policías involucrados en el incidente fueron detenidos y sus armas son analizadas. El caso es que el conflicto en Guerrero, lejos de disminuir, va en ascenso, sin que hasta hora haya visos de avance en las investigaciones.

Las autoridades locales y federales no han podido coordinar sus tareas por lo que el escenario de incertidumbre e indignación, no solo en Guerrero, sino en todo el país, va creciendo. Esa indignación por esos hechos -más los de la matanza de supuestos delincuentes por parte de militares en Tlatlaya, estado de México sucedido el pasado 30 de junio-, la comparte mucha gente a nivel internacional, en donde cada vez se confirma la mala imagen de México al que califican como un país donde impera la barbarie y donde hay ingobernabilidad.

Esa mala imagen, quiérase o no, empezará a afectar los planes del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha estado promoviendo a México como un país apto para las inversiones, después de que le fueron aprobadas las reformas estructurales incluida la del sector petrolero, aunque la circunstancia de inseguridad que viven varios estados de la República en donde los cárteles de la droga y el crimen organizado han ido imponiendo su ley, pese a que la negativa en ese sentido de la parte oficial que asegura que todo está bajo control, lo que dista de ser cierto.

Por lo pronto, la indignación por el México bárbaro que están viendo desde fuera del país, ha empezado a convertirse en exigencia al gobierno mexicano, para que cambie su estratega anticrimen que evidentemente no ha funcionado, y se ponga las pilas antes de que los capos sean los que comiencen a gobernar en las entidades del país, poniendo a la cabeza de mando estatal y municipales a gente incondicional, como ha empezado a suceder en varias entidades federativas, sin que haya voluntad política para evitarlo.

Uno de los reclamos más severos fue hecho por la organización internacional Human Rights Watch, que envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con copia para el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en la que manifiesta su preocupación al observar que en México hay una crisis profunda en materia de derechos humanos. HRW demanda una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya. En una larga misiva hace un repaso de lo que el gobierno de México ha dejado de cumplir con respecto a la salvaguarda de los derechos elementales de personas vinculadas o no a la delincuencia.

Señala el citado organismo: “Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, quien rubrica la carta, indicó en su misiva que si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón, miles de casos siguen dándose en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que sigue afectando a muchísimos mexicanos y sobre todo indignando a la nación entera.

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ERPI crea brigada justiciera

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, propuso que se haga una consulta popular para saber si deja el cargo o no, lo que fue ‘bateado’ por el INE, el grupo rebelde armado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) ha convocado al pueblo a integrarse a la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”, para exterminar al “mal llamado” grupo criminal Guerreros Unidos, exigir la renuncia del mandatario estatal, combatir el narcoestado mexicano y dar con el paradero de José Luis Abarca Velásquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos el 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado.

A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”. Señaló que es un secreto a voces que el edil que anda prófugo forma parte del cártel de ‘Guerreros Unidos’ a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial.

Señala este grupo rebelde que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace una semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”, señaló el comunicado.

“Ángel Heladio Aguirre Rivero ha vuelto a ensangrentar sus manos en su administración; traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder; le quedó grande Guerrero”, coincidieron en señalar ambos grupos guerrilleros.

El ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 y 27 de septiembre donde hubo un saldo seis muertos, 25 heridos y 43 secuestrados y desaparecidos, que acabaron siendo masacrados, incinerados y enterrados en 10 fosas clandestinas al pie de un cerro en las inmediaciones de Iguala, aunque el gobernador dice que los restos no son de estudiantes. El grupo rebelde propuso a gente del pueblo poner a disposición de ese movimiento armado, “por cualquier vía pública o secreta”, información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel. El propósito es dar con las guaridas de los integrantes de la organización delincuencial Guerreros Unidos y exterminarlos.

“Se siente gran pena que el pueblo en general este callado, ¿pero qué podemos esperar de un pueblo atemorizado por la acción del gobierno estatal coludido con la delincuencia organizada?, donde los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos han sido reclutados y actúan al servicio de los criminales a la vista de todos, sin embargo los pueblos que siempre hemos luchado, debemos sacar a relucir nuestra forma de pensar y defendernos, si es con las armas adelante, puesto que es la única vía que se le está dejado al pueblo indefenso”, dijo ese movimiento armado.

El ERPI es una de los mayores grupos guerrilleros que operan desde hace algunos años en Guerrero, aunque ha aparecido en pocas ocasiones y ha tenido esporádicos enfrentamientos. Este grupo se escindió en 1998 del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que surgió públicamente en el estado de Guerrero en 1996 en el acto del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron 17 campesinos a manos de policías.

El rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció a través de un vídeo publicado en Internet la creación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, la cual se encargará de la afrenta del “narcoestado” y de su cártel de sicarios “mal llamados” Guerreros Unidos. Esto viene a ser consecuencia de la ineficiencia del gobierno estatal que ha dejado hacer y pasar a alcaldes como el de Iguala, pese a tener conocimiento de que forma parte del crimen organizado, y que la policía municipal forma parte del cártel Guerrero Unidos, una ramificación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Incluso se dice que dos de los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, pertenecían al cártel de los Beltrán Leyva y que luego fueron asesinados por sicarios de ese misma organización criminal, era la que realmente gobernaba en el municipio. Ambos siguen prófugos. La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación. Obvio que de todo eso estaba enterado el gobernador Ángel Heladio Aguirre.

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Asesinados 17; en fosas hallaron 28

PAULINO CÁRDENAS

Con la confesión de dos delincuentes de que fueron asesinados 17 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el viernes 26 y la madrugada del 27 de septiembre, junto con un grupo de efectivos policiacos de Iguala, queda clara la participación de la Secretaría de Seguridad Pública que desde más de cuatro meses operan bajo el esquema de ‘mando único’ que está bajo el mando del gobierno estatal. Ello implica al secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos donde murieron tres normalistas. El asunto pone en evidencia al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y al Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, ambos prófugos. Pero también esa responsabilidad le toca al gobernador Ángel Aguirre, quien podría tener contados los días como mandatario de esa entidad en conflicto.

Incluso hay evidencias de que los restos de 28 personas hallados en seis fosas en las inmediaciones de Iguala, corresponden a los normalistas desaparecidos, aunque el procurador Iñaky Blanco, dijo que ‘sería irresponsable’ decir que los cuerpos encontrados el pasado sábado en fosas clandestinas corresponden a los alumnos desaparecidos. El secretario de Salud, Álvaro Mazón, señaló que el proceso para determinar la identidad de los restos hallados, tardará unos 15 días. En las indagatorias ministeriales se supo que el secretario de Seguridad Pública, Flores Velázquez, no fue requerido inmediatamente por la Procuraduría General de Justicia local. Eso le permitió darse a la fuga, igual que el alcalde. Desde el año pasado han sido señalados de estar involucrados con el crimen organizado.

Las cosas para el gobernador Aguirre se han puesto color de hormiga, ya que lo acusan de negligencia e irresponsabilidad ante esos hechos. La presión de los guerrerenses y del sector político nacional, podría ocasionar que no tarde en pedir licencia. Mientras tanto, desde el centro el gobierno federal estaría contemplando la posibilidad de enviar a un comisionado plenipotenciario como sucedió con el caso de Michoacán, aunque hasta ahora ese experimento no ha dado los resultados que se esperaban, ya que en ese estado parece estar reviviendo los problemas de inseguridad y de violencia por parte del cártel de los Caballeros Templarios. En la entidad al mando de Ángel Aguirre opera el cártel Guerreros Unidos, que habrían tomado parte en los hechos de Ayotzinapa.

A principios de mayo pasado el gobernador firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60 por ciento del total de elementos del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala. Dijo entonces que la firma de dichos convenios de adhesión representaba “la unificación formal y material de las corporaciones estatales y municipales”. De esa manera, las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal. Según Aguirre, dicho acuerdo se realizaba para combatir la inseguridad y la delincuencia “con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley”.

La PGR indaga la probable responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos ocurridos en Iguala. El fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que fueron exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas halladas en Pueblo Viejo, Iguala, calcinados en su totalidad y algunos fragmentados. Indicó que hasta el momento 29 personas, entre ellas dos mujeres, se encuentran indiciadas por delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada. Añadió que la orden de acudir al sitio donde protestaban los normalistas el pasado viernes, la dio el director de Seguridad Pública municipal Francisco Salgado; en tanto, la exigencia de llevárselos para ultimarlos la recibieron de un hombre al que conocen como ‘El Chucky’, líder de Guerreros Unidos.

El procurador confirmó que la totalidad de los 28 cuerpos fueron encontrados calcinados, por lo que, dijo que se presume que fueron rociados con diésel, gasolina o petróleo. Dijo que para la identificación de los cadáveres se realizarán pruebas de ADN con la Policía Federal y servicios periciales de la PGR, y que los resultados se tendrán entre 15 días y dos meses. “Conforme a la opinión de peritos especializados en la materia podemos señalar que en las fosas se colocó una cama de ramas y troncos sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas, a quienes se les roció una sustancia flamable acelerante, diésel, gasolina o petróleo”, señaló. Dijo que con los cateos realizados hubo varias detenciones.

Una de ellas fue José Gaspar alias ‘El Tongo’, además de Honorio Antúnez ‘El Patachín’ que era policía municipal, Alejandro Macedo, y Marco Antonio Ríos, todos vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos. El procurador Blanco explicó que tras las declaraciones de los cuatro detenidos se logró identificar a 30 integrantes de la Policía Preventiva de Iguala, como elementos del grupo delictivo. De acuerdo con lo señalado por el fiscal, fueron Macedo y Ríos los que habrían declarado que privaron de la vida a los 17 normalistas, a quienes trasladaron a la parte alta de un cerro en Pueblo Viejo, donde el grupo criminal tiene fosas clandestinas.

En ese sitio fue donde los jóvenes fueron privados de la vida y posteriormente calcinados por ordenes de ‘El Chucky’. Explicó que Macedo y Ríos manifestaron haber seguido a los estudiantes, a bordo de dos camionetas, desde el momento en que llegaron a la ciudad tamarindera y cerca del centro de Iguala accionaron sus armas contra ellos. El caso Ayotzinapa, junto con las ejecuciones de presuntos delincuentes en Tlatlaya, estado de México, además de otros hechos vinculados a la corrupción como el de Oceanografía y el saqueo a Pemex, además de los vínculos de gobernadores con el crimen organizado, han colocado al gobierno de Enrique Peña Nieto en el banquillo de los acusados.

 

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Valemadrismo oficial

PAULINO CÁRDENAS 

Con la clase de funcionarios públicos que abundan en este sexenio, el sueño del presidente Enrique Peña Nieto de querer cambiar al país se desvanecerá más rápido que aprisa. La clase gobernante, y hasta académica, carece de autoridad ética y moral, pero sobre todo de carácter para desempeñar el cargo. Unos son indolentes, otros blandengues y algunos son truhanes. El jefe del Ejecutivo sigue creyendo en el Pacto por México para sacar al país adelante, pero así no se puede. Faltan funcionarios comprometidos para lograr la hazaña. Van de ejemplo varios casos de lo que la gente de a pie empieza a llamar valemadrismo oficial: Está el de gobernador priísta César Duarte Jáquez, quien en un acto que encabezó en la Universidad Autónoma de Chihuahua hizo un juramento eclesiástico de entrega de su estado a la Iglesia, con lo que violó la Constitución.

Lo del Estado laico al gobernante chihuahuense le valió madres, igual como lo han hecho otros políticos en funciones incluidos presidentes de la República. ¿Qué dijo el gobernante que echa por tierra el mito de que hay un ‘nuevo’ PRI en el poder?: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público en la sociedad, pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del Inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua. Le pido a Dios que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de él. Yo César Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo, amén”. También ofreció perdón a Dios “por todo lo sucedido en el pasado en Chihuahua”.

Otro caso es el de Javier Duarte de Ochoa, gobernador priísta de Veracruz, quien se ha prestado a ser títere de su antecesor y ha venido cometiendo una serie de imbecilidades –sin contar los crímenes contra periodistas registrados en su entidad durante su gobierno– como el propiciar y dar cobijo a las transas que se venían orquestando –o siguen orquestando– una bola de truhanes pertenecientes a su gabinete,  para echar mano de los recursos destinados a los programas sociales de Sedesol y destinarlos a la compra de votos a favor del PRI en las elecciones que habrá el 7 de julio próximo en esa entidad. Ese mismo esquema lo están haciendo otros gobernadores priístas con el mismo propósito. Según el PAN, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anda en las mismas. Y pronto aparecerán más. Aprovechando el viaje, el PRD acusó ante la PGR a Rosario Robles por peculado, vinculado a ese delito electoral.

Otro gobernador, este no priísta aunque lo fue, es el de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien no ha podido con el paquete de los rebeldes del magisterio que forman parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG, que se alzaron contra la reforma educativa y que ahora buscan desestabilizar al estado con la ayuda de grupos radicales. Se dice que el mandatario perredista, quien por segunda vez gobierna la entidad –fue gobernador sustituto por el PRI de 1966 a 1999 cuando Rubén Figueroa solicitó licencia para separarse de su cargo a consecuencia de la matanza de Aguas Blancas–, es gente de Marcelo Ebrard y que a la crisis magisterial no le da solución porque quieren llevarla hasta los linderos de la federación para que el gobierno de Peña Nieto intervenga en el conflicto. Aguirre le juega al ensarapado.

Hay funcionarios como Humberto Benítez Treviño, procurador federal del consumidor, a quien su hija Andrea lo metió en un brete cuando estando convaleciente el funcionario de una intervención quirúrgica de la cadera, el pasado 26 de abril la ya conocida como ‘Lady Profeco’ ordenó a la subprocuraduría de Verificación y Vigilancia clausurar el restaurante Máximo Bistrot, porque no le dieron la mesa que pedía. Eso se llama usurpación de funciones y debería ser castigada. El PRD está exigiendo la renuncia del funcionario, quien fue titular de la PGR en el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El argumento es sencillo. Dicen que si no es capaz de controlar a su hija, menos podrá controlar la escalada de precios que está llegando a niveles de escándalo en todo el país.

Otro caso es el del rector de la UNAM, José Narro Robles, quien no ha sido capaz de hacerle frente a la andanada de violencia contra la máxima casa de estudios que delincuentes embozados han venido realizando actos de vandalismo, poniéndolo contra la pared. Los vándalos no aceptan diálogo y al rector le da miedo enfrentarlos con la ley en la mano. En fin que el pobre México está como está por gobernantes y funcionarios como estos, igual que el jefe de gobierno del DF Miguel Ángel Mancera a quien le valió madres respetar la contigencia ambiental el sábado pasado, autorizando a más de 5 mil motocilistas transitar del zócalo al autódromo. ¿Con ese tipo de gobernantes, funcionarios y académicos que dicho sea de paso gastan hasta lo que no, quiere Peña Nieto que avance el país?

paulinocardenas.wordpress.com

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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