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Teoría del ‘arbol envenenado’

PAULINO CÁRDENAS 

Se dice que el proyecto que le fue encargado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la revisión del caso solicitada por la defensa de la acusada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual propone la libertad de Florence Cassez condenada a 60 años de prisión por participar supuestamente en varios secuestros cometidos por las banda de Los Zodiaco a la que las autoridades dicen que ella pertenecía, se basa en lo que se conoce jurídicamente como la teoría del ‘árbol envenenado’.

Esa teoría señala que si se viola o lesiona un derecho fundamental, extiende sus efectos a las demás pruebas aunque éstas pudieran ser lícitas, ya que ‘una hoja envenenada afecta a todo el árbol’ el cual configura el proceso judicial en su conjunto, lo que puede llevar a que éste quede invalidado en su totalidad. Esta teoría dejó de ser utilizada como referente en varios países en lo que respecta a procesos judiciales.

Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban en su mayoría el proyecto de Zaldívar el próximo miércoles 21 de este mismo mes, eso sería un severo golpe para el gobierno de Felipe Calderón. Pero también lo sería para el gobierno de Vicente Fox, ya que fue durante su gestión cuando se dieron los hechos que inculpan a la joven ciudadana francesa.

Y en medio queda como principal figura de reclamo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien en el 2005, año en que se suscitó esa telenovela jurídico-policaca contra la joven francesa, era el mandamás de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Quedarían también en evidencia el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

Fue la AFI la que ejecutó entonces  el montaje con el que se pretendió hacer creer a los televidentes que los agentes entraron al rancho ‘Las Chinitas’ dizque a rescatar a los secuestrados y a detener a los plagiarios, cuando el hecho había sido un día antes. Se sabe que la acusada no estaba en ese lugar el día de los hechos e que incluso ni lo conocía ya que ella vivía provisionalmente en la casa principal del rancho propiedad de Israel Vallarta, con quien sostenía una relación sentimental y quien confesó, este sí, ser parte de la banda.

El proyecto plantea primordialmente diversas violaciones contra los derechos humanos de la acusada a quien le fue negada la posibilidad de darle aviso inmediato de su detención a su embajada, no haberle puesto un intérprete para su defensa, no haber sido llevada de inmediato al ministerio público a declarar y en cambio se le obligó a participar en una escena para repetir su supuesta detención porque Televisa no tenía la imagen, y una serie de inconsistencias y hoyos negros hasta la fecha sin resolver.

A esto se aúna otra serie de contradicciones y argumentos confusos los que, después de revisarlos en el enorme expediente del caso, el ministro Zaldívar, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, elaboró su proyecto el cual señala que durante el juicio se acreditaron diversas violaciones a los derechos básicos y al proceso mismo de la acusada, con pruebas y testimonios con las que fue sentenciada, que “carecen de fiabilidad”. Pero la hisrtoria es más complicada de lo que parece.

En su libro ‘A la sombra de mi vida’ que escribió en la cárcel y en el que narra los hechos desde su captura del 9 de diciembre de 2005, la joven francesa afirma que ella fue víctima de una venganza contra su hermano Sèbastiane, quien descubrió que su socio Eduardo Margolis, con quien importaba material para salones de belleza en México, se dedicaba al blindaje de vehículos y a proteger personajes importantes, también se dedicaba a negociar la liberación de personas secuestradas a cambio del pago de rescates.

Cuenta la acusada que su hermano le reclamó que por no haberle contado la verdad rompía la sociedad, lo que enervó al socio y la ruptura fue muy violenta. Florence presume que Margolis pudo haber jugado un papel preponderante en el caso que la tiene en la cárcel, por venganza, ya que guardaba muy buena relación con la AFI. Fue cuando Israel Vallarta, involucrado con la banda Los Zodiaco, apareció en su vida. Señala la francesa que, según versiones, el ex socio de su hermano habría sido agente del Mossad, la agencia de inteligencia isaraelí.

Habrá que ver en qué para el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, sobre el cual algunos vaticinan que empezará a provocar una ola de virulentos reproches y presiones para que no se apruebe. Por lo pronto se afirma que el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya empezó a recibir amenazas por proponer la libertad de la joven francesa. En tanto el presidente francés Nicolás Sarkozy confía en que habrá justicia para su conciudadana.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Guardería ABC, otro crimen sin castigo

PAULINO CÁRDENAS

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.

Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.

A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las  garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.

En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.

Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.

Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de  padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.

Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.

Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.

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