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México bajo la lupa de la ONU

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto se alista a exaltar mañana en el mensaje a la nación lo que considera logros de su gobierno, y que sin duda aprovechará su tercer informe para hacer un balance general de su administración, continúa pesando sobre sus espaldas y la de su gobierno las acusaciones de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos y otros eventos similares de violencia y sangre, que es una clara muestra de que las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad continúan en el país.

Esos problemas continúan porque no hay freno a la impunidad. Hay mucha verborrea sobre el tema; se dice que harán y no hacen; prometen y no cumplen sus promesas ya que en la práctica todo sigue igual, según las quejas que familiares y asesores de las víctimas han hecho llegar al área de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Las pesquisas carecen de rigor científico, los delitos de desaparición forzada no existen para la autoridad y la responsabilidad del Ejército no se indaga.

Tampoco se investiga la cadena de complicidades que hay entre las bandas del crimen organizado y los funcionarios que en teoría deben encargarse de combatir la delincuencia. Los círculos de connivencia no se rompen por falta de voluntad política o simplemente porque hay muros de corrupción que lo impiden. El narcotráfico y la clase política parecen vivir un romance interminable. Así conviene a las partes; son como los matrimonios por conveniencia.

Pero la gente ya comenzó a organizarse ante la infame cadena de corruptelas e impunidades que prevalece en los pactos entre el crimen organizado y gobernantes, militares, partidos y empresarios. Han ido apareciendo varias agrupaciones civiles integradas por familiares de las víctimas, que asesoradas por abogados, han empezado una lucha, no solo jurídica para exigir justicia y aplicación de la ley para perseguir, detener y consignar responsables, sino incluso para iniciar una lucha civil, de ser posible sin armas.

Muchas comunidades que han ido organizándose en todo el país tienen como denominador común un enemigo común que unos lo ubican en el gobierno federal, otros en los gobiernos estatales e incluso en los mandos municipales, coludidos un gran parte de ellos con la delincuencia organizada. Por la parte de los cárteles hay ya muchos grupos que se han diversificado en todo el país repartiéndose o peleando por rutas y territorios en donde sientan sus lares a base de fuego y sangre. El recurso más frecuente es el secuestro. Lo segundo es la desaparición forzada.

Le siguen las torturas, las ejecuciones, las decapitaciones, las incineraciones, las mutilaciones, las disoluciones de cadáveres en ácido y los entierros en fosas clandestinas que siguen siendo halladas en prácticamente todo el territorio nacional. Nada menos que en Nuevo León, en el poblado rural de Salinas Victoria, hubo el hallazgo de una mega fosa en la que, se dice, encontraron 31 mil fragmentos humanos -no se sabe si son fragmentos óseos solamente- que podrían corresponder a decenas y decenas de muertos, nadie sabe en qué condiciones.

La información se había ocultado a los medios por parte de la administración saliente a cargo de Rodrigo Medina. En una reunión del gobernador saliente y su procurador Javier Flores, con el equipo de transición del mandatario entrante, Jaime Rodríguez alias El Bronco, salió a relucir la existencia de la megafosa con los 31 mil fragmentos de restos humanos. La cifra parece descomunal o equivocada pero así fue manejada.

Esto lo hizo público la activista y religiosa Consuelo Morales, titular de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) en el diario El Mañana de Nuevo Laredo. No dijo como se estableció esa cifra. Se cree que esos homicidios dolosos podrían ser parte de los crímenes relacionados con el narcotráfico.

El poblado de Salinas Victoria está ubicado a 34 kilómetros al norte de Monterrey. Esa comunidad que es uno de los principales reductos de la delincuencia organizada durante la época más violenta en Nuevo León, entre 2009 y 2012.

Tras el hallazgo, los restos fueron recogidos por las autoridades y son analizados en el anfiteatro del Hospital Universitario regiomontano, donde se les practicarán pruebas de ADN, con muestras de personas que han reportado desapariciones, afirmó la activista. Mientras, el secretario de Gobernación sigue diciendo que en México la violencia se ha reducido “a su mínima expresión”, lo mismo que afirma Peña Nieto.

Habrá que ver si ese hallazgo es un toro que El Bronco decida agarrar por los cuernos, quien en campaña había ofrecido ir tras el crimen organizado con la colaboración de la ciudadanía. Ahí está el primer reto que tiene en ese sentido el gobernador electo que ganó las elecciones como candidato independiente el pasado 7 de julio y que tomará posesión del cargo el próximo 4 de octubre.

El encontrar más y más fosas clandestinas, es prueba de que en México la violencia, los hechos de sangre y la serie de actos que atemorizan e incluso aterrorizan a muchos poblados de la República por parte de los cárteles de la droga y de las mafias del crimen organizado, siguen vigentes. Tampoco es cosa de querer echarle la culpa al de atrás.

Según la revista Zeta de Tijuana, en lo que va del sexenio de Enrique peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, van 57, 410 homicidios dolosos vinculados la mayoría con el narcotráfico y con el crimen organizado. ¿En dónde quedaron tantos muertos? Se supone que en fosas clandestinas, en cañadas, en ríos, en el mar.

Es lo que se preguntan los dolidos padres de los 43 normalistas desaparecidos: ¿Dónde quedaron sus hijos? Se acerca el primer aniversario de esas desapariciones forzadas, por lo que el país se irá cimbrando cada día con las protestas, hasta el 26 de septiembre. Y aun más allá. Mientras tanto, la ONU mantiene bajo la lupa al gobierno de México. Y no solo por los desaparecidos de Ayotzinapa.

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Criminalidad y tráfico de influencias

PAULINO CÁRDENAS

Junto con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la creciente criminalidad y el escándalo del tráfico de influencias por las que han logrado tener costosas mansiones el presidente Enrique Peña Nieto y al menos uno de sus principales delfines, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, podrían acabar con la confianza y credibilidad que ha perdido el régimen peñanietista a dos años apenas de haber iniciado el sexenio. El panorama que ven los mexicanos en materia económica y de inseguridad, de corrupción y de impunidad, podrían ser factores que dejen al PRI sin los triunfos que anhela en las próximas elecciones intermedias del 7 de junio. Y como van las cosas, para el 2018 la posibilidad de que el PRI vuelva al poder federal acabará siendo nula.

Porque en lo que resta del sexenio la violencia y los crímenes podrían seguir creciendo y no se descarta que sigan apareciendo otros casos de proveedores agradecidos con quien encabeza el poder presidencial y sus colaboradores, como el del accionista mayoritario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, con la ‘casa blanca’ de Las Lomas o la residencia de descanso de Maninalco, del titular de Hacienda, o la residencia que adquirió Peña Nieto en 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuyo propietario era el empresario Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el estado de México cuando el actual mandatario federal lo fue en esa entidad.

La noticia la dio a conocer The Wall Street Journal, a lo cual Presidencia aclaró que la compra fue legal y que la constructora a la que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y que éstos fueron resueltos conforme a la ley por servidores públicos. “El Presidente de la República adquirió legalmente su casa de Ixtapan de la Sal, misma que manifestó en sus declaraciones patrimoniales tanto como gobernador del Estado de México, como en su calidad de Presidente de la República”.

La Presidencia informó que en lo que va del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado seis mil 534 contratos a más de cuatro mil empresas, “en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”. Como sea, la desconfianza ciudadana en el presidente y su administración ha ido creciendo. Y no solo por el supuesto tráfico de influencias que se ha ejercido desde el poder para beneficio personal sacando ventaja del cargo, sino por la ineficacia e insensibilidad del gobierno peñista ante la crisis de Ayotzinapa, que tiene a México y a su presidente con la imagen hasta los suelos.

Además del caso de los estudiantes desaparecidos, el país padece un estatus de criminalidad muy alto, no obstante a que los gobiernos de entidades federativas continúan reportando cifras dudosas, si no es que manipuladas, para simular una incidencia criminal menor a la realmente registrada, según acusó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, organismo no gubernamental que aclaró que “por varios años” las cifras “no se han referido a delitos, sino a averiguaciones previas iniciadas, las cuales en ocasiones tienen que ver con más de un homicidio”, aunque observó que a partir del año pasado “esta deficiencia se empezó a subsanar”.

Dicho Consejo Ciudadano es una asociación civil, integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos. Es un organismo independiente, representativo de la sociedad civil y apartidista, que busca el dialogo y la intervención adhesiva con las autoridades, para que el gobierno mejore su actuación en seguridad pública y justicia penal a favor de la sociedad para lo cual consulta a otras asociaciones para informar a la ciudadanía.

En un estudio que acaba de presentar este martes, dio a conocer que durante el año pasado uno de cada mil habitantes del puerto de Acapulco murió asesinado, lo que convirtió a la ciudad turística en la tercera urbe –con una población superior a los 300 mil habitantes– más violenta del mundo, detrás de la hondureña de San Pedro Sula y la capital venezolana Caracas. El Consejo Ciudadano dio a conocer que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, la mayor parte de ellas en los estados del norte del país.

De esta manera, después de Acapulco aparece en el lugar 24 la capital sinaloense, Culiacán, con una tasa de homicidios de 42.17 por cada cien mil habitantes. La siguen Juárez, en Chihuahua, en el lugar 27; Ciudad Obregón, en Sonora, en el lugar 31; las tamaulipecas Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, respectivamente, en los sitios 34 y 41; seguidos de Chihuahua capital, en el 43 y, cerrando el listado, Torreón, en Coahuila, y Cuernavaca, Morelos.

Y no están todas las que son, porque no se menciona entre otras a Veracruz, Oaxaca o el estado de México en donde ha crecido la criminalidad o Michoacán en donde, pese al comisionado plenipotenciario que cogobierna en la entidad, ha renacido la violencia y la falta de control gubernamental contra el crimen es evidente en donde, como en muchos otros estados, sigue imperando la ley de los cárteles como el de Los Zetas, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, y otras bandas del crimen organizado, que viene a ser la cara maléfica del país en lo que respecta a inseguridad.

Si a esto se añade el problema de la economía que no repunta -y menos ahora que el precio del petróleo sigue yendo a la baja, que es fuente donde el gobierno sustenta principalmente los fondos del erario para sus gastos, lo que presagia, entre otras calamidades, que al corto plazo habrá recortes de personal en gobierno y empresas privadas-, coloca a los pobres y la clase media en el umbral de la desesperanza mientras que los ricos, como siempre, seguirán sin perder sus privilegios.

Y si a todo ese negro panorama se le suma el caso Ayotzinapa y el tráfico de influencias que ejercen a placer los hombres del poder, la ecuación es perfecta como para que en México las cosas vayan peor si siguen como van. ¿El presidente y sus colaboradores no deberían vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala?

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Ayotzinapa, ¿tumba del régimen?

PAULINO CÁRDENAS

Ha sido tal la ineficacia en las indagatorias del caso de los normalistas desaparecidos, que un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza Emilio Álvarez Icaza, viene a México con tres propósitos fundamentales: revisar la labor que ha tenido el gobierno federal en el caso, evitar que se desechen líneas de investigación, y que se haga énfasis en la necesidad de buscar con vida a los jóvenes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’, según dijo Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quien representa jurídicamente a los padres y madres de los normalistas desaparecidos.

Durante una conferencia que ofreció Álvarez Icaza la semana pasada, cuestionó la inacción del Estado mexicano ante el grave problema de la desaparición forzada. Sostuvo que no sorprende que haya ocurrido el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ya que desde hace varios años se ha señalado el problema que enfrenta México con las desapariciones forzadas que siguen sin ser atendidas ni resueltas. Por ello envió a cinco expertos -abogados y médicos- que asesorarán a los familiares de los jóvenes que no aparecen desde el 26 de septiembre pasado.

En la conferencia titulada “La crisis mexicana de derechos humanos: ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?”, dijo que “el problema es que los asuntos estructurales se dejaron crecer, no se atendieron”; en el seminario impartido en el Colegio de México, el secretario ejecutivo de la CIDH recordó que en 2011, tras una visita del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se denunciaron 64 mil casos conocidos, de los cuales sólo uno estaba reconocido como desaparición forzada. Aún más, dijo, se revelaron 3 mil desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, de las cuales una tercera parte se registraron en Guerrero.

Como parte de la visita, detalló, se dictaron 34 recomendaciones, incluyendo la generación de un plan nacional de búsqueda de personas y una base de datos genéticos. “Cuando las familias tenían que buscar a sus familiares, iban a otro estado, abrían el libro para ver las fotografías de cadáveres. La revictimización que eso suponía, (porque) buscando a sus familiares, tenían que echarse el compendio del horror”, indicó.

“No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, que le evite a las víctimas la pérdida de tiempo y la generación de dolor. Esto se sabía desde hace años y no se hizo nada, ¡es inadmisible!”, expresó molesto. Desde 2011, añadió, en los diálogos con el ex presidente Felipe Calderón, las víctimas alertaron que las policías municipales, entre otras corporaciones federales de seguridad, participaban en las desapariciones.

Desde entonces, afirmó, también se solicitó la creación de una Ley sobre Desaparición, así como un plan para buscar fosas clandestinas en determinados lugares. Álvarez Icaza reconoció que México ha hechos esfuerzos importantes a nivel regional para atender el problema, pero estimó que las acciones no han sido suficientes. Atender el problema de la desaparición forzada debe ser una prioridad del gasto público, añadió, de forma que las familias ya no tengan que salir a buscar a sus seres queridos, si no que haya bases de datos, protocolos de investigación y peritos capacitados para dicha tarea.

Sin embargo, es lo que han estado haciendo los padres, familiares y amigos de los estudiantes normalistas desaparecidos. Incluso en noviembre pasado, el embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa, declaró que el equipo técnico designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas tendría acceso a toda la documentación relativa al caso. “El equipo que se designe tendrá acceso ilimitado a todos los lugares que quieran visitar y también a toda la documentación, los expedientes de las investigaciones, etcétera”, dijo en entrevista. “Todo eso está garantizado, además de sus inmunidades y privilegios de acuerdo con las convenciones internacionales”, aseveró.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró la semana pasada que el gobierno federal no permitirá que se involucre al Ejército en el caso Ayotzinapa, y que solo habría acceso para asomarse al campo militar del 29 Batallón de Infantería de Iguala, en donde los padres de los normalistas desaparecidos realizaron la semana anterior una manifestación de protesta que acabó en zacapela con militares que no permitieron el acceso masivo y solo dejaron pasar a una mujer que afirmaba que ahí estaba su hijo desaparecido, a la cual acabaron sacando del recinto militar.

Como sea, si Michoacán sigue siendo un expediente abierto de criminalidad, el caso Ayotzinapa -junto con la matanza de Tlatlaya que el 30 de junio del año pasado militares acribillaron a un supuesto grupo de delincuentes cuando ya se habían rendido-, podría ser la tumba del actual régimen, si es que no se suscita otro evento igual o peor que el de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas, hecho que tiene en capilla al gobierno. Ello aniquilaría la esperanza de que el PRI repita en el poder federal en la elección presidencial de 2018.

Opinan observadores que esa posibilidad se aparta cada vez más de hacerse realidad, porque en el caso de la desaparición de los estudiantes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ no ha habido la voluntad política suficiente para desentrañar lo que hubo detrás; más bien las autoridades le apuestan al olvido de algo que, como la matanza estudiantil del 68 en Tlatelolco, nunca se va a olvidar. Las elecciones intermedias que se realizarán el primer domingo de junio próximo será la primer prueba de cara a la ciudadanía, para saber las posibilidades reales de que el priísmo continúe en el poder presidencial.

Ahí se empezará a ver si, como lo afirma el mesiánico Andrés Manuel López Obrador, el PRI tratará de imponer sus triunfos ‘a billetazos’. Por lo pronto ya comenzó la entrega de televisores dizque para potenciar y asegurar la implantación de la televisión digital abierta, como si eso fuera gran prioridad nacional. Esa entrega gratuita de televisores a gente pobre en varios estados de la República tiene más cara de vil compra anticipada de votos, que otra cosa.

 

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Peña tiene enemigos muy cerca

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Enrique Peña Nieto sabe que tiene enemigos muy cerca de él. Solo tendría que decidirse a exhibirlos, pero dicen que no lo hace porque sufriría una gran decepción y porque sería su muerte súbita políticamente hablando. No obstante, si deja que las cosas vayan como han ido, lo seguirán metiendo cada vez en más honduras de cara a la nación y su imagen se irá deteriorando cada vez más ante el mundo. Se dice que un caso que para muchos resultaría impensable que no hubiese dado la orden, es en el ámbito militar; sin embargo, es donde ha habido la sospecha de que hubo órdenes de acabar con grupos subversivos como habría sido en el caso de los estudiantes desaparecidos; órdenes que él no habría dado. Una versión de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher revelan que la Policía Federal y el Ejército habrían colaborado con agentes municipales en la desaparición forzada de los normalistas. Ese es el nuevo escándalo.

Esa versión periodística aparecida en el semanario Proceso, contradice el argumento oficial de que los estudiantes fueron entregados por policías de Iguala y de Cocula, y entregados a una célula del cártel Guerreros Unidos, quienes los condujeron a un basurero, los asesinaron y los quemaron, según testimonio de jóvenes detenidos por la PGR que participaron en esos hechos. Por supuesto que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, desmiente aquella versión, y da por buena la que él narró en la conferencia de prensa del pasado 7 de noviembre. La escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ ha sido considerada siempre cuna de estudiantes que reciben adiestramiento subversivo incluso de parte de gente vinculada a los grupos guerrilleros guerrerenses, por lo que habría la orden de exterminar a sus principales cabecillas.

Esto se ha venido manejando y se menciona incluso que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), tiene ‘fichados’, entre otros, a Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la coordinadora de maestros disidentes de Guerrero (Ceteg), quien se dice que fortalece el vínculo de esa sección ‘con la subversión’, refiriéndose a guerrillas o membretes de éstas que conviven con el estudiantado de esa escuela. Pero hay más gente que está catalogada por el Cisen como ‘Factores de riesgo en el estado de Guerrero’. Junto con Reyes Guerrero, también está el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales; Pedro Eligio Cabañas; Taurino Rojas González; Florencio Andreu Castañeda; Miniervno Morán Hernández, y Manuel Rodríguez Galávez.

La escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ fue fundada hace 87 años. Allí estudió Lucio Cabañas, el mítico dirigente guerrillero de ese estado. Egresó como profesor a los 27 años. Esas normales rurales han estado bajo el acoso gubernamental. Sus alumnos se aglutinan en la organización estudiantil más antigua de México: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Lucio fue su líder nacional en 1961, cuando todavía existían 28 escuelas de este tipo. La matrícula escolar de Ayotzinapa es de alrededor de 535 alumnos. Calzan huaraches. Todos son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra, y Costa Chica de Guerrero. Serlo y tener certificado de bachillerato son condiciones para ingresar.

Esta institución es una de las pocas opciones de movilidad social que tienen. A diferencia de otros maestros que buscan trabajar en las grandes ciudades, los que terminan sus estudios en ella desean enseñar en comunidades pobres y marginadas. Al ingresar, los jóvenes viven internados en la escuela, reciben una beca y tres comidas al día en el comedor. El presupuesto para alimentación por alumno apenas alcanza. Uno de los principales reclamos de los estudiantes ha sido lograr un mayor presupuesto. El internado cuenta con dormitorios, baños y lavaderos muy modestos. En las áreas de cultivo los alumnos siembran, crían animales y preparan alimentos. Eso habían comenzado a hacer los 43 normalistas desaparecidos ya que la mayoría era principiante.

El caso Ayotzinapa ha sido el principal detonante de los problemas que se le han ido acumulando a Peña Nieto o que le han achacado. Lo que se sospecha es que para ‘aquietar’ el ímpetu de los belicosos estudiantes de esa escuela normal rural, se le habría querido dar un ‘escarmiento’ al alumnado, y de paso enviar un mensaje a los grupos guerrilleros que se supone han estado detrás de esa beligerancia. De ahí la versión de los reporteros Anabel Hernández, de Proceso, y Steve Fisher del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, de que miembros de la Policía Federal y del Ejército -acaso soldados en retiro del 27 Batallón de Infantería de Iguala-, habrían actuado en complicidad con agentes municipales para la desaparición forzada de los jóvenes.

En todos esos hechos parecería que ‘alguien’ ha estado tomando la iniciativa de ir contra los que están considerados ‘Factores de riesgo en el estado de Guerrero’. Incluso los familiares de los normalistas se han juntado con esos grupos de La Montaña, Sierra, y Costa Chica, y creen más en ellos que en las autoridades federales. Por otra parte, se asegura que los padres de los desaparecidos han seguido siendo hostigados por parte del gobierno federal, para que ‘le bajen’ a su exigencia de que los jóvenes aparezcan vivos. Muchos supondrían que ciertas tomas de decisión le pasan de noche al jefe del Ejecutivo, por lo que el mandatario ha quedado en entredicho ante la sociedad y los hechos lo han expuesto al vapuleo, aduciendo incapacidad de su gobierno para resolver el misterio de los normalistas que a la fecha no se sabe si están vivos o muertos.

Se dice que hay quienes han estado tomando decisiones por debajo de la mesa a nombre del presidente sin que éste se haya enterado. ¿Quiénes son? ¿Qué tan cierta es esa versión de que la Policía Federal y el Ejército habrían colaborado con agentes municipales para realizar la desaparición forzada de los estudiantes en Ayotzinapa? Los sospechosistas dicen que el mandatario tiene enemigos muy cerca, gente que le quiere hacer daño, pero que él no ha querido actuar porque teme sufrir una gran decepción, y porque sería un hara-kiri político. El propio mandatario declaró hace no mucho que había quienes querían desestabilizar a su gobierno. Y sí. Todo indica que sí. Aunque eso no lo exime de culpa. Por lo pronto el caso Ayotzinapa no tiene para cuando acabar.

 

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Familiares rechazan a Solalinde

PAULINO CÁRDENAS

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya más de un mes en Ayotzinapa, no le permitieron oficiar misa este fin de semana al padre Alejandro Solalinde en la escuela normal “Raúl Isidro Burgos”. Le dijeron que era persona ‘non grata’ porque ha dicho en repetidas ocasiones a los medios e incluso a las autoridades, que los estudiantes que aún no aparecen fueron asesinados y que algunos habían sido quemados vivos. Después de un prolongado diálogo con el clérigo defensor de grupos migrantes, los afligidos e indignados progenitores de los normalistas le reclamaron, entre otras cosas, que en aras de un protagonismo rampante, afirma algo que aun no está comprobado. Lo mandaron pues, con cajas destempladas, sin que pudiera cumplir con su propósito.    

Los padres de los jóvenes desaparecidos participarían en una marcha en Chilpancingo el domingo, por lo que no estaban en Ayotzinapa. El padre Solalinde preguntó por ellos y uno de los familiares salió a su encuentro para decirle que él no tenía cabida ahí, que no era bienvenido. Él dijo que traía todos los permisos para oficiar misa en la escuela. Según la crónica de Alejandro Sánchez para Emeequis, una mujer le gritó: ¿Quién carajo se cree usted para hacerse campaña personal en los medios y luego venir a conocernos. !Nuestros hijos no están muertos!. El sacerdote se sorprendió. Un integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil habló con él a solas durante 20 minutos.

En ese inter llegaron algunos padres y madres de los desaparecidos y en uno de los salones hablaron con el sacerdote sin que nadie más entrara. Hasta afuera se escuchaban los gritos con los que fue increpado el padre Solalinde. Dijo que había ido a Ayotzinapa a solicitud de padres de familia. Se lo habían pedido en la capital. Por eso fue, comentó. Sin embargo con expresiones parcas señaló en entrevista que no había coordinación entre ellos. Reconoció que el diálogo fue duro, rasposo, pero que él de ninguna manera pretendía asumir ningún liderazgo ya que ellos tienen a su propios voceros. Se fue porque se lo pidieron. Indicó que varios padres de familia le creen al gobierno que lo que ha hecho es manipular la información.

Dijo que en las dos horas que habló con ellos, les volvió a explicar que lo que sabía de que los estudiantes habían sido asesinados y algunos de ellos quemados vivos, fue porque varios testigos se lo dijeron, y es gente en la que él confía en su palabra. Cuando salía del recinto escolar un reportero le comentó que había escuchado muy enojados a los familiares durante la charla privada que tuvieron con él. Sí, dijo. ¿Por qué? se le preguntó. Pregúntenselo a ellos, respondió el sacerdote. ¿Le pidieron que ya no intervenga? Si, porque yo no soy padre de familia de los desparecidos. Dijo que ese movimiento se está acomodando, hay partes que se están coordinando; hubo descoordinación.

Indicó que él ya no hablaría, que solo los apoyará si se lo piden; estaban desinformados, yo los apoyo, estoy de parte de ellos y de pedirle al gobierno que aparezcan los 43 estudiantes vivos. “Yo nunca he jugado con sus sentimientos, el gobierno sí”. Comentó que hay familiares muy dolidos que tienen expectativas; hay quienes creen que él está jugando con ellos, pero lo que no saben que es el gobierno el que está manipulando la información. Indicó que cuando ellos decidan que los pueda ayudar en algo, lo va a hacer. De esta forma, la presencia del padre Solalinde fue rechazada el domingo por los familiares de los 43 estudiantes normalistas que siguen sin aparecer desde el pasado 26 de septiembre y la madrugada de 27. Las autoridades federales avocadas al caso no tienen idea de por qué se habría dado esa desaparición forzada y los presuntos asesinatos de los normalistas que ya cumplieron un mes de no saberse nada de ellos.

El domingo 19 de octubre tampoco dejaron hablar al padre Solalinde en la Basílica de Guadalupe. Al encargado del recinto religioso el defensor de migrantes le pidió autorización para subir al púlpito a celebrar una misa en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos y por el consuelo de los padres, familiares y amigos de los normalistas, y no se lo permitió.  Ese día el sacerdote los esperaba en las afueras de la basílica al norte de la capital del país, junto con el poeta y escritor Javier Sicilia quien se volvió activista después de que en 2011 asesinaron a su hijo miembros del crimen organizado.

“Es lamentable lo que pasó aquí, no me dejaron celebrar (misa), me vetaron”, dijo por su parte el aguerrido sacerdote que buscaba brindar consuelo a los agobiados padres. Estas familias, que se han mantenido unidas desde que sus hijos desaparecieron, habían viajado 275 kilómetros desde la escuela normal rural ubicada en el pueblo de Tixtla hasta la capital del país. Por su parte Sicilia declaró que “la Iglesia parece que también trabaja para el lado de los criminales” ya que “no es capaz de pronunciare desde el ámbito del evangelio” en contra del crimen, no obstante que la basílica y la Virgen de Guadalupe “son el corazón de la espiritualidad del país”.

Como sea, en el caso Ayotzinapa hay más de una hipótesis en torno a las causas de esa desaparición forzada de los estudiantes normalistas. La más recurrente apunta a que fue la pareja diabólica integrada por el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Otra, que habría sido una pugna entre el cártel Guerreros Unidos a la que supuestamente pertenecía Abarca y esposa, con un de las guerrillas que operan en Guerrero. Una más, que el cacique Rubén Figueroa le habría puesto una trampa a su acérrimo enemigo el ex alcalde en fuga para barrer con él, con su esposa que aspiraba suceder la marido, y con el PRD, con miras a las elecciones del 2015.

Y otra, la menos creíble pero que tampoco se descarta: que en la zona militar respectiva, los mandos habría sabido de antemano por informes de inteligencia, no solo de la represión que vendría contra los estudiantes sino de su posible desaparición forzada y la entrega a uno de los cárteles para exterminarlos y ‘poner un ejemplo’ al estudiantado, que dejen de ser aguerridos y cesen de retar a las autoridades. Habría habido omisión. Hay quienes creen que si hubiera intervenido el Ejército se habría evitado toda esa serie de hechos que han consternado a Guerrero y a la nación entera. Pero el hubiera -tiempo del subjuntivo imperfecto- en la vida real no existe. Por lo pronto nadie sabe cuál de las hipótesis podría ser la verdadera.

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Quieren a Aguirre en la cárcel

 PAULINO CÁRDENAS

Para los estudiantes de la normal de Ayotzinapa el hecho de que el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero haya pedido licencia para dejar el cargo, no basta; lo quieren ver tras las rejas por considerarlo principal responsable de los hechos delictivos que han sucedido en Guerrero incluida la desaparición forzada de los 43 estudiantes que desde el pasado 26 de septiembre no aparecen ni vivos ni muertos. Señalan que la renuncia no es una victoria para ellos; “vamos a estar satisfechos hasta que logremos que se haga justicia sobre él” y esté “tras las rejas”. E insistieron: “Queremos vivos a nuestros compañeros”.  

El escándalo en la prensa mundial es por eso, y por la cantidad de fosas que han sido halladas en Guerrero, con motivo de la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

Se dice que María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue la responsable de ordenar la agresión en contra de los estudiantes. Ambos siguen prófugos. Otro que también logró escapar es el titular de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velázquez. Todos están presuntamente vinculados a los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. Sicarios de este último grupo criminal habrían recibido de parte de la policía de Iguala y de Cocula a los estudiantes normalistas que fueron desaparecidos de manera forzada. Fueron entregados para ser ultimados, según la versión más recurrente y enterrados en fosas clandestinas; incluso varios de ellos quemados vivos conforme ha insistido en señalar el padre Alejandro Solalinde.

Por todo ello los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y familiares de los desaparecidos, acusan al gobernador y a los funcionarios señalados de ser responsables por omisión o acción de lo sucedido a los normalistas. A la solicitud de licencia de Aguirre, el PRD, que lo había venido cobijando políticamente para evitar que dejara el cargo, quiso que lo sucediera la secretaria de Desarrollo Social, la perredista Beatriz Mojica Morga. Sin embargo, el Congreso estatal designó ayer al secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega, como gobernador interino, quien se dice tiene una buena relación con la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Al partido del sol azteca se le achaca haber retardado la salida de Aguirre del mando estatal.

De cualquier modo, los estudiantes normalistas, denunciaron que sus compañeros de Ayotzinapa han sido víctimas de un “terrorismo de Estado que busca desaparecer el normalismo rural”. Por ello culpan al ex gobernador aliancista, a quien consideran que permitió hacer y deshacer a los cotos de poder locales como fue el caso del alcalde prófugo José Luis Abarca Velázquez y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien se dice que era la verdadera gobernadora de Iguala. Dos de sus hermanos que acabaron muertos por las bandas criminales, tenían vínculos con los hermanos Beltrán Leyva y con el cártel de Los Guerreros Unidos al que pertenecen, según afirma uno de los dirigentes de esta banda, al menos ocho alcaldes de Guerrero en funciones: los de Iguala, Cocula, Taxco, Ixtapan de la Sal, Huitzuco, Tepecoacuilco, Teloloapan, y Apaxtla.

El padre Solalinde defensor de migrantes, como el obispo de la diócesis Saltillo, Raúl Vera, desde el año pasado habían advertido a la PGR tener conocimiento de que el alcalde José Luis Abarca Velázquez, estaba implicado en el asesinato de tres líderes sociales de Guerrero. Hace unos días, en el hangar de la PGR del aeropuerto de Acapulco, hubo una reunión de los titulares de Gobernación y de la PGR, con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes fueron informados sobre las pesquisas de caso. A nadie satisfizo el informe. Manifestaron que no están satisfechos con el desarrollo de las investigaciones del caso, pues hasta ahora no hay reportes ni pistas sobre el paradero de sus hijos. Esto le ha valido al presidente Enrique Peña Nieto un sin fin de críticas a nivel internacional porque parecería que hay falta de voluntad política para resolver el caso.

Por lo pronto las brigadas que se avocaron a peinar varias zonas de los alrededores de Iguala y otros municipios, lo que han encontrado son más fosas clandestinas, pero no a los estudiantes normalistas. Esos hallazgos de narcofosas -se habla de que suman 152 más las 11 descubiertas en los últimos días- se han sumado al escándalo de los normalistas desaparecidos, porque la pregunta es: ¿a quienes corresponden los restos que han sido encontrados en esas fosas? ¿De qué tamaña es, pues, el grave problema de criminalidad en Guerrero? Por ello es que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa exigen cárcel para el ex gobernador Aguirre Rivero, porque señalan que no es posible que no estuviera enterado de lo que sucedía en su feudo con los cárteles de la droga que operan en Guerrero que son alrededor de una decena.

Por ello quieren a Ángel Aguirre tras las rejas, “porque se ve claro lo que pasó en el 2011 con nuestros compañeros que fueron asesinados, al igual que ahora con los 43 desaparecidos y seis muertos la noche del 26 de septiembre pasado (…), queremos que se haga justicia; viéndolo tras las rejas es cuando nosotros vamos a sentirnos orgullosos, igual como lo pide el pueblo”, dijo Uriel Alonso Solís, integrante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Sostuvo que la renuncia de Aguirre, no es una victoria para ellos, “al contrario, nosotros vamos a estar un poco satisfechos hasta que logremos que se haga justicia sobre él, tras las rejas”. 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el estudiante aseguró que hasta que el ex gobernador esté tras las rejas y encuentren a sus 43 compañeros, será cuando canten victoria.

Por lo pronto como parte de la exigencia para que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos, las comunidades estudiantiles de todo el país realizarán una serie de actividades en próximas fechas, además de las que han venido realizando. El próximo viernes 31 planean realizar una marcha estudiantes en la ciudad de México y otras entidades, y si para entonces no aparecen los jóvenes desaparecidos, el 5 de noviembre habrá un paro nacional de actividades en los centros de estudios medios y superiores. Por su parte el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, le pidió ayuda al presidente Peña Nieto a quien le ofreció que habrá cambios en el gabinete y que evitará que haya alcaldes como el de Iguala. Habrá que ver si del dicho pasa a los hechos, ya que varias alcaldías de Guerrero están en manos de ediles coludidos con el crimen organizado.

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Entre cómplices y sarta de inútiles

PAULINO CÁRDENAS

El caso Ayotzinapa ha quedado atrapado entre una sarta de inútiles y una serie de complicidades de funcionarios con el crimen organizado. Los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural desaparecidos claman que sus hijos les sean devueltos vivos, mientras que centenares de voces de estudiantes de otros centros de estudios en el país se les han unido y han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia a las autoridades avocadas al caso. Si los familiares y amigos de los desaparecidos dudan que la federación pueda con el paquete ya que atrás de esa desaparición forzada está la mano del cártel Guerreros Unidos, de las autoridades estatales desconfían totalmente porque son señaladas como copartícipes de esos hechos al ser omisos.

Un ejemplo es que tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron ante legisladores federales que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Tan es evidente la descomposición que ha habido en Guerrero que Iguala es el botón de muestra de lo que ha estado viviendo esa entidad federativa desde hace años. En ese municipio cada día aparecen más y más fosas clandestinas con decenas de restos humanos con señales de tortura, desmembrados y calcinados. Iguala es, pues, un cementerio clandestino, señal inequívoca de que los capos de los cárteles de la droga y del crimen organizado son los que mandan en esa entidad, como ha estados sucediendo en muchos otros municipios de diversos estados de la República Mexicana. Las causas son las mismas: corrupción, impunidad e ingobernabilidad.

Resulta obvio que en el estado de Guerrero el crimen organizado está desatado y goza de impunidad, sin que autoridad alguna haya sido capaz de frenar el avance de los al menos 10 cárteles que operan en esa entidad. Tan hacen y deshacen los capos de la droga para someter a autoridades y pueblo en general, que esas fosas clandestinas son muestra de que los secuestros han ido al alza junto con las extorsiones, y quienes no se someten al juego de los criminales acaban siendo ejecutados y enterrados en fosas de los alrededores. De esos crímenes están enterados los gobernantes municipales y estatales, pero hacen como que la virgen les habla.

Pero la pregunta es: ¿cuántos Igualas existen en el país? Porque el hallazgo de fosas clandestinas, además de Guerrero, se repite en Veracruz y Tamaulipas principalmente, y en prácticamente todos los estados de la República y en los alrededores del Distrito Federal, con diferente número de narcofosas en las que echan a sus víctimas, muchas de las cuales son descuartizadas y quemadas para que no sean reconocidas. Por lo pronto, las autoridades federales no han avanzado gran cosa en las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.

Para muchos guerrerenses la voluntad política para solucionar el caso parece ser simulada, ya que entre autoridades locales, estatales y federales no dan una y resulta evidente que entre mandos y operadores de campo avocada a las indagatorias no hay coordinación, por lo que ha habido tardanza, dando la impresión que son una sarta de inútiles los que están atendiendo el caso Ayotzinapa, por lo que los familiares de las víctimas no confían en nadie.

Han preferido evitar reunirse con los integrantes de la comisión legislativa federal que pretende darle seguimiento al caso; tampoco quieren hablar con ninguna otra autoridad. Lo que piden es que regresen vivos a los jóvenes secuestrados ya que tienen la esperanza de que los tengan ocultos en algún lugar. Pese a la información que han venido dando las autoridades sobre los avances de las investigaciones, hasta ahora ha resultado infructuosa la búsqueda de los estudiantes. Por ello familiares y amigos no creen en la eficacia de las indagatorias; más bien se han acogido a las brigadas populares que de manera espontánea han ido surgiendo para sumarse a la búsqueda y dar con el paradero de los desaparecidos.

La comisión de legisladores federales que da seguimiento al caso señalaron dificultades para tener comunicación directa con los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala. El panista Guillermo Anaya Llamas, quien encabeza la comisión, señaló que los padres de los normalistas plagiados no han creído en nada ni en nadie; ‘es un grupo muy compacto que no quiere tener contacto con nosotros’, se quejó el legislador. Quienes observan el proceso de investigación señalan que a las autoridades se les está escapando la liebre por querer apegarse  estrictamente al debido proceso. Aunque algunos ven con buenos ojos la intervención federal en el caso, otros dudan que puedan dar con los autores intelectuales de ese plagio.

Por su parte José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló que hubo un “torpe” manejo por parte del presidente Enrique Peña Nieto al caso de Iguala, lo que “simplemente refleja la escasa importancia que su gobierno otorga al tema de derechos humanos pese a un discurso que sugiere lo contrario”. Vivanco reprochó que el mandatario mexicano tardara cuatro días para pronunciarse sobre Iguala y para atribuirle la responsabilidad a las autoridades locales. “Iguala está a menos de 200 kilómetros de la capital, tres horas en carro. No hay excusa” para tal retraso, señaló el experto en derechos humanos.

Mientas tanto los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada por parte de la policía municipal de Iguala y entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos entre el viernes 26 y sábado 27 de septiembre pasado, según confesión de un sicario detenido, seguirán con su propia lucha apoyados por amigos y gente que de manera espontánea ha querido colaborar en la búsqueda de los jóvenes de la escuela rural que aún no aparecen ni vivos ni muertos. De las autoridades no quieren saber nada porque consideran que son una sarta de inútiles o porque están coludidos con el crimen organizado.

 

 

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