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Que Hacienda recorte excesos

PAULINO CÁRDENAS

Se da por hecho que el Jefe del Ejecutivo federal va a volver a imponer su ley otra vez en la Cámara de Diputados en el tema del llamado Presupuesto Base Cero, por la mayoría que tendrá su partido con los votos de sus satélites en la próxima Legislatura. Desde ahora se está comenzando a discutir en San Lázaro si habrá la eliminación o modificación de programas con bajo impacto en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; si se aprueba la fusión de aquellos donde se ha detectado duplicidad; si se resectorizan algunos de ellos o si se fortalecen los que a juicio del gobierno son prioritarios para el desarrollo.

La causa del recorte que viene es que no se vislumbra la recuperación del precio del petróleo a nivel internacional. Y pese al handicap que llevará Peña Nieto ante los partidos de oposición a la hora de que se envíe a San Lázaro la propuesta presidencial para saber qué deberá sacrificarse y que no, éstos  querrán, entre tras cosas, que Hacienda recorte los excesos del gasto del Gobierno y de los gobernadores. O al menos eso es lo que habrán de manejar en la Cámara baja para presionar a los priístas y sus adláteres, a ver qué raja sacan.

El famoso Presupuesto Base Cero (PBC) a nadie acaba de convencer porque para implementarlo, dicen los expertos, se requiere de un análisis profundo del costo-beneficio de cada programa, para determinar aquellos que tengan mayor y mejor impacto sobre la sociedad. De ahí que se avizoran discusiones fuertes entre panistas y perredistas contra priístas sobre ese tema.

Un tema que será motivo de ello de inicio, son los criterios para determinar cuáles son los gastos superfluos del Gobierno federal que habría que eliminar, porque cada partido traerá su lista sobre los que Hacienda debería recortar para el ejercicio presupuestal 2016, los que sin duda discreparán con los que para el Gobierno federal serían prioridad, y por ende, intocables. El propio Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reconoce que lograr un Presupuesto como lo plantea el gobierno peñanietista, presentará importantes retos a la hora de los debates y que su armado tendrá dificultades.

Advierte el mencionado Centro que “específicamente, es difícil su implementación”, ya que para su elaboración requiere gran cantidad de tiempo y de papeleo y que si bien el presupuesto vigente depende mucho del de años anteriores o es muy rígido, el mencionado Presupuesto Base Cero podría ser poco efectivo en la reducción del gasto, opinan especialistas. Al final de cuentas, añaden, dicho Presupuesto de 2016 quizá no logre tener realmente una base cero y acabe siendo una reingeniería del gasto que puede arrastrar vicios de años anteriores.

Por lo pronto ayer Hacienda entregó a la Cámara baja el catálogo de programas presupuestarios para el próximo año con los rubros que sobrevivieron al análisis y recorte de las autoridades, aunque no se revelaron los montos por programa ya que éstos se conocerán, dicen, hasta septiembre próximo, cuando se de a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero el gran pleito, si es que va en serio la advertencia de la oposición -PAN y PRD-, será la eliminación de los gastos superfluos del Gobierno federal.

El pasado 20 de marzo, durante la 78 Convención Bancaria, el Primer Mandatario aseguró que el presupuesto gubernamental ya no corresponde a las necesidades del México actual. Había dicho que el próximo año habría un rediseño del presupuesto federal, así como una modernización de la administración pública federal. Indicó que para 2016 se haría un rediseño integral del Presupuesto de Egresos.

De hecho, aseguró, el proyecto de presupuesto del próximo año se construirá desde cero, lo que implicará una revisión a fondo, en lugar de una mera modificación inercial como ha ocurrido desde hace más de una década. “Esta evolución presupuestal necesariamente irá acompañada de una evolución de la administración pública federal”, dijo.

Desde entonces instruyó a todos los integrantes del Gabinete para que realizaran un análisis profundo de sus dependencias, con el fin de evitar duplicidades y encontrar áreas de oportunidad. “También dentro del Gobierno habremos de romper inercias y paradigmas. Vamos a cambiar y ajustar políticas públicas, programas gubernamentales que ya no corresponden a la realidad del país, ni a las nuevas demandas de la sociedad”, había advertido. “Se trata justamente de construir el Gobierno que merecen los mexicanos, un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de hacer más con menos”, señaló.

Para ciertos analistas es complicado dar cuerpo a un Presupuesto Base Cero, porque existen las obligaciones irrenunciables que tiene el Gobierno como las nóminas de maestros y médicos. Es una nómina comprometida, lo mismo sucede con las obligaciones financieras del costo de la deuda y el gasto administrativo de renta. Son gastos que forman parte del costo fijo y partir de allí se puede decidir dónde se puede reducir, dónde se debe incrementar. Si este ejercicio es el que está haciendo el Gobierno, es adecuado; pero si no lo está haciendo, y simplemente se va a reducir parejo, entonces simplemente se cambia el nombre del presupuesto, pero seguiría siendo inercial.

De cualquier modo, el manejo de la baraja la tendrá el PRI con el Verde Ecologista y el Panal en la Cámara de Diputados, de manera que el Ejecutivo Federal podrá instrumentar a su gusto y a su modo el proyecto de presupuesto 2016, a partir de base cero o no. A final de cuentas el presupuesto lo hace la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Luis Videgaray Caso, el presidente Peña Nieto le tiene toda la confianza del mundo. Una muestra fue el cuasi destape que hizo del funcionario hace unos días, que dejó sin aliento a muchos soñadores.

Sobre el  el tema del llamado Presupuesto Base Cero, que se discutirá en la próxima Legislatura, desde ahora han comenzando los dimes y diretes. No es más que el inicio del ruido que se irá intensificando conforme se acerquen las fechas en que hayan que discutirse, analizarse y aprobarse el Presupuesto de Egresos 2016. Una de las banderas de la oposición, empezando por Morena y su dueño, es que a causa de ese recorte, habrá inminentes despidos. Bajo ese nuevo esquema de apretarse el cinturón, habrá, políticamente, perdedores y ganadores. Pero muchos, millones de mexicanos, serían los que más perderían en ese delicado tema que se avecina.

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Se afianza el PRI en el poder

PAULINO CÁRDENAS

Conforme el avance de los primeros resultados del conteo rápido dado a conocer desde el domingo por la noche por el INE y cuya captación de datos continúa, el PRI, junto con el Verde y Nueva Alianza, estarían cerca de lograr la mayoría simple en la Cámara de Diputados para los trabajos que se iniciarán en septiembre correspondiente a la LXIII Legislatura. El conteo rápido señalaba como óptimo escenario que Revolucionario Institucional tendría 203 diputados, seguido del PVEM con 48 y 12 de Nueva Alianza, lo que lo llevaría a la suma de 263 curules. Pero no es suficiente para garantizar una mayoría de votos por curul.

Por su parte el PAN sería la segunda mayoría en San Lázaro, con una bancada de entre 105 y 116 diputados. Actualmente tiene 114 legisladores. El PRD seguiría como tercera fuerza, con un grupo de entre 51 y 60 diputados, aunque en esta legislatura logró tener 101 curules. El PVEM, el partido más denunciado en este proceso electoral, contaría con una fracción parlamentaria de entre 41 y 48 diputados, de 28 que tiene hoy, y Morena, en su primera participación electoral, tendría un grupo de entre 34 y 40 legisladores.

El punto es que con el virtual triunfo del PRI en las elecciones intermedias de ayer, respecto de la composición en la Cámara de Diputados en donde contará con el apoyo del partido Verde y del Panal, tendría que hacer alianza, supuestamente con el PAN, para garantizar un amplio margen de maniobra a la hora de las votaciones en San Lázaro durante la próxima legislatura, sobre todo en lo que respecta al tema del presupuesto que implicará recortes para el ejercicio 2016, además del recorte que supuestamente ya se habría dado para este año.

Junto con esos recortes al presupuesto gubernamental vendrían severas medidas de austeridad que se habían detenido porque venían las elecciones celebradas el domingo. De hecho también se aplazaron los despidos masivos en la burocracia que traerían esas medidas. Hay quienes dicen que esos ajustes al presupuesto podrían afectar incluso a los pensionados. Los recortes presupuestales disminuirán los recursos para las inversiones de gobierno en obras y servicios, y afectará también a las empresas privadas de todos los tamaños en prácticamente todo el país. Los insumos dolarizados son los que comienzan a pesar a las empresas e industrias que los requieren.

El primer ‘ajuste preventivo’ del gasto por la caída del precio del petróleo fue anunciado en enero pasado por el titular de Hacienda, Luis Videgaray, el cual fue de 124 mil millones de pesos, lo cual permitiría al gobierno federal, dijo, cerrar el año en línea con las metas de balance aprobadas por el Congreso para este año. Y a finales de marzo, el Ejecutivo federal, a través de Hacienda, presentó al Congreso el documento ‘Pre-criterios 2015’, en el que prevé un ajuste de gasto adicional para 2016 por 135 mil millones de pesos ‘para mantener el compromiso con la trayectoria de déficit decreciente’.

El proyecto de presupuesto del próximo año, con un enfoque ‘Base Cero’, será el que se discuta en la LXIII Legislatura. Dicho recorte permitirá, dizque, determinar los ajustes concretos para cumplir con la trayectoria del ajuste fiscal sea gradual y ordenada al mantener el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Se dijo entonces que ese otro recorte presupuestal al gasto federal ‘es una condición indispensable para lograr un crecimiento económico sostenido en favor del bienestar de todos los mexicanos’.

Eso en llano español quiere decir que la economía mexicana sufrirá un fuerte impacto que afectará prácticamente a todos los sectores productivos del país. Esos recortes al presupuesto y al gasto dificultarán la vida de millones de personas, en especial a los grupos menos favorecidos que existen en el país cuya economía doméstica se ha visto deteriorada, ya que por otro lado los aumentos en los precios de la canasta básica y de insumos para la industria, así como los aumentos en el costo de productos y servicios, y hasta de multas y servicios públicos.

Eso sin contar que pudieran aprobarse más impuestos a los ingresos de por sí deteriorados como medida adicional a los ajustes a la economía, por la baja de los precios internacionales del petróleo. Se teme, pues, que nuestro país seguirá padeciendo situaciones iguales o peores que en los primeros años de gobierno. Si la gente que se animó a votar lo hizo más como un acto de conciencia que con conocimiento de causa. La realidad es que quienes cruzaron la boleta electoral por tal o cual partido o candidato la mayoría no supo por quién lo hicieron. Incluso el propio INE aceptó que el porcentaje estimado de participación en las votaciones del domingo fue solamente de entre 47.25 y 48 por ciento.

La razón de quienes se abstuvieron de votar es bastante simple. Saben de antemano que ningún priísta vendrá a propiciar cambios de ninguna naturaleza. La gran mayoría de quienes alcanzaron el triunfo por ese partido -lo mismo que por otros partidos- están convencidos de que vendrán a hacer lo mismo que los que dejaron el cargo: a esquilmar al erario y a hacer negocios privados con dinero público. Eso, para quienes no votaron, no tiene remedio.

Si los que sí fueron a votar y lo hicieron por el partido en el poder y sus candidatos, ven que con el virtual triunfo del PRI en las elecciones intermedias, las cosas seguirán igual o peor, eso motivará mucho descontento popular, más violencia generalizada, mas grupos de inconformes que irían surgiendo a todo lo largo y ancho del país y quizá una represión ya más abierta. Si con ese afianzamiento del partido en el poder será mas de lo mismo, el país podría caer en una verdadera emergencia social y el gobierno federal, que no ha atinado a dar una en materia económica y financiera, no podrá a cambiar el curso de las cosas.

Si quienes llegaron van con la misma tendencia de robar y hacer negocios al amparo del cargo, podría enardecer a quienes votaron por ellos y surgirían más grupos de inconformes de los que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Un movimiento nacional que podría escalar de manera inédita el gobierno peñanietista tendría que apagarlo por la fuerza ya no solo con medidas disuasivas. Faltan tres años de administración y la carrera para el 2018 ya comenzó.

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Reforma de ley telecom

PAULINO CÁRDENAS 

La famosa ley telecom se ha tornado en una encarnizada lucha de intereses a la que le falta todavía mucho camino por andar. En la Cámara de Diputados, los reclamos de quienes vieron frustrados su intento de que fueran debatidas los puntos en reserva de dicha ley sin lograrlo, contra aquellos que hicieron bloque para aprobar los puntos que benefician a ‘la clase más favorecida del país’, fueron duros y quedaron resumidos en una frase lapidaria: la supuesta reforma fue ‘una tomadura de pelo’. Las reservas al dictamen presentadas por integrantes de las bancadas de PRD, Movimiento Ciudadano y PT fueron desechadas sin siquiera haber sido debatidas. Para el dos veces ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su aprobación no garantiza que dará voz a todos los opositores y dijo que lo que se aprobó fue otra ‘ley Televisa’.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto celebró la aprobación de la mencionada reforma en la Cámara de Diputados. “Es una excelente noticia para el país”, escribió en su cuenta de Twitter. La propuesta de modificación a los artículos sexto y vigésimo octavo de la Constitución para dar acceso a los pueblos y comunidades indígenas a concesiones de radio y televisión con objeto de fomentar el respeto, el pluriculturalismo y la multietnicidad en el país, fue obstaculizada en la mayoría del pleno cameral en San Lázaro, compuesta por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.

La negativa para que ese sector de la población cuente con un servicio de radiodifusión local, fue porque el mencionado bloque de partidos políticos consideró que esos instrumentos de comunicación ‘podrían ser fuente de subversión o rebeldía’. A los diputados de esos partidos les preocupó más esto que propiciar una auténtica apertura democrática y defender un derecho en vez de conculcarlo. Es obvio que trabajan para ‘la clase más favorecida del país’. Un sector del PRD y de la bancada de Movimiento Ciudadano habían propuesto que las comunidades y pueblos indígenas tuvieran la opción de proponer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Con ello, la democratización de los medios quedó cancelada de facto.

El diputado por Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo Montaño, se quejó que la influencia de los principales intereses –de Carlos Slim Helú y de Emilio Azcárraga Jean– se haya impuesto sobre los legisladores que hicieron bloque, cada uno para defender sus propios intereses, “y eso es una pena para nosotros como diputados y una decepción para los mexicanos”. Calificó al Congreso de “irresponsable y agachón”. Y preguntó: ¿Cómo sustentar que es un Congreso responsable si en unas cuantas horas pretendemos dejar la Constitución como colcha navideña: llena de parches, sin debatir?

Por su parte Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), salió a defender a su patrón. Consideró que la ley telecom aprobada en la Cámara de Diputados, tiene “dedicatoria” en contra de Teléfonos de México. El también dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana indicó que aunque era necesaria una reforma en el sector, la aprobada en San Lázaro no es la mejor. Confió en que en el Senado puedan ser recibidos los trabajadores para aprobar esta ley, y criticó el hecho de que en la Cámara de Diputados no se haya incluido un artículo transitorio en el citado ordenamiento para resguardar los derechos de los trabajadores del sector.

Otra que pocos saben para quien trabaja fue la diputada Purificación Carpinteyro, del PRD; sus propios compañeros de bancada la acusaron de haber promovido el linchamiento contra quienes plantearon cambios de redacción. Al parecer su papel fue el de reventar cualquier acuerdo perredista. Diputados del sol azteca a través de sus diferentes corrientes habían promovido observaciones al dictamen, que no fueron tomadas en cuenta. A la diputada sus propios compañeros la tacharon de nefasta, ya que la final se sumó a las votaciones que en bloque hicieron priístas, panistas, pevemistas y aliancistas para que quedara aprobada la reforma en los general y en lo particular. Las posibilidades de que la población obtenga información plural sobre la realidad del país fue un tema que quedó al garete, por darle prioridad a las discusiones para reglamentar cuestiones de mercado y competencia.

Para algunos pues, la reforma de la ley telecom no se trata tanto de compartir el propósito de ampliar los derechos de los mexicanos, sino de velar mas bien por sus intereses muy particulares. Eso quedó visto la semana pasada. De ahí que la supuesta reforma para algunos fue ‘una tomadura de pelo’. Por lo pronto César Camacho, dirigente del PRI, mandó decirle a los legisladores del Senado que le apuren a aprobar la reforma de ley telecom. Pero el presidente de esa instancia legislativa, el panista Ernesto Cordero, declaró que los senadores no llevan ninguna prisa. El caso es que para algunos apenas pasó de panzazo la nueva ley de telecomunicaciones. A nadie se le dio gusto, aunque para todos hubo. Hubo indignados y satisfechos. Ahora habrá que ver lo que sigue. A ver si  el Senado no resulta también ‘agachón e irresponsable’, como dijo el diputado Durazo Montaño de la Cámara baja.

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Elba Esther impuso su regla

PAULINO CÁRDENAS

Cuando anunció el presidente Peña que haría llegar al Congreso de la Unión una reforma que quitaría privilegios a quienes venían manejando a su antojo las plazas del magisterio, los asistentes a Palacio Nacional se desbordaron en aplausos y hasta las cámaras afocaron al nuevo secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quien esbozó una sonrisita a la Mona Lisa. Pero al parecer todo estaba fríamente calculado y planchado de antemano. En el juego de las simulaciones incluso muchos creyeron lo mismo que creyó el diputado perredista Víctor Nájera quien, una vez que la Cámara había reculado en la disposición de que los maestros que reprobaran la evaluación a cargo del autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no podrían continuar dando clases, declaró: “El Ejecutivo no se quiso echar un tirito con el SNTE, pero tampoco con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación”, la CNTE.

Al final los partidos aceptaron que en la redacción del artículo 3º se incluyera que la permanencia en el servicio profesional sea “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”. Con esa frase quedó abierta la posibilidad de que los maestros, aunque reprueben la evaluación para el ingreso y ascenso en la carrera magisterial, no sean despedidos, de manera que el nuevo modelo de selección que los legisladores que la aprobaron calificaron de una decisión ‘revolucionaria’, quedó mocha. De hecho eso fue considerado un triunfo de la maestra Elba Esther Gordillo, quien se apoyó en los legisladores de la oposición para incluir la frase que no aparecía originalmente en el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Durante una reunión con los medios en la celebración de la 35 asamblea del SNTE, lamentó que las fracciones parlamentarias en el órgano legislativo hubiesen calificado como ‘revolucionaria’ la aprobación en lo general de la iniciativa presidencial, por lo que rechazó tajantemente el nuevo modelo de selección.

En dicho artículo 3º se incluyó que la ley reglamentaria fijará criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Pero los legisladores acabaron cediendo ante las presiones del SNTE, aceptando que los maestros que ya poseen una plaza no serán despedidos, aun cuando no aprueben la evaluación. Esto de paso benefició también a la CNTE, la disidencia magisterial, que con los mismos términos aprobados en San Lázaro, quedan exentos de cualquier intento de despido, ya que sus derechos quedan a salvo con la frase añadida de que la permanencia en el servicio profesional sea “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”. Muchos se preguntan si ese fue el arreglo entre la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y el presidente Enrique Peña Nieto, durante la prolongada reunión que sostuvieron el pasado viernes 7 y que duró cuatro horas.

Eso de que el Estado mexicano recuperará el control del otorgamiento de plazas para que su manejo no dependa más de intereses particulares, será muy relativo poque la verdad se verá en los hechos. El SNTE seguirá teniendo privilegios. Y de paso la CNTE también. Después de la aprobación de la reforma educativa que quedó mocha, ufanándose como siempre, la maestra Gordillo habló con los medios para decir que los maestros no aceptarán presiones que lesionen “la dignidad y los derechos” de los docentes. A sabiendas de su virtual triunfo sobre el Legislativo, por la noche señaló que con amenazas y coerción no se van a obtener mejores resultados a favor de la calidad de la educación, señalando que no se trata de “defender a una persona” o a un mando sindical. Y oronda retó: “Si estorbo, hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no”.

El hoy titular de la SEP fue quien en 2003 tuvo un encuentro frontal con la dirigente plenipotenciaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En una jugada en la intervino Manlio Fabio Beltrones, fue obligada entonces a renunciar al PRI. Sus diferencias con Roberto Madrazo, precandidato a la Presidencia de la República, y con Mariano Palacios Alcocer, presidente del CEN del PRI, la llevaron a tomar esa determinación. Gordillo Morales recriminó en aquel entonces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su actuación, al fallar en contra de su petición de declarar ilegal la asunción de Palacios Alcocer a la presidencia nacional del tricolor.

En aquellos tiempos de enloquecedores arrebatos políticos, la maestra Gordillo le preguntó a Emilio Chuayffet: “¿Qué quieres que diga tu epitafio?
” Hoy queda claro que la maestra no come lumbre, mientras que el titular de Educación dice que ambos son ‘profesionales’ y que pronto se reunirán. Quienes apostaron a que en el magisterio se avecinaba una época de pronóstico reservado, se equivocaron. Lo cierto es que la mandamás del SNTE sigue teniendo mucho más peso político de lo que muchos creían. Para el gobierno es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Puede ser que el diputado Nájera tenga razón. Por otra parte y sobre el mismo tema, se da por hecho que el Senado de la República apruebe la minuta que le envió la Cámara de Diputados.

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Habrá austeridad gubernamental

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Enrique Peña Nieto había anunciado que el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se presentó el viernes en la Cámara de Diputados, contemplaría recortes a varios rubros, que serían reasignados a otras áreas prioritarias de su programa de gobierno, reiterando en los criterios económicos que se comenzaría con déficit cero fiscal. Las buenas noticias del decreto del gobierno federal firmado por el jefe del Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se refieren a que no habrá incremento de impuestos y que sí habrá austeridad y reducción del gasto público, con la intención de redireccionar recursos para programas sociales, como lo anunció en su discurso inicial el sábado 1 de diciembre. La campaña contra el hambre será prioridad.

Ordenó que los servicios personales de la Administración Pública Federal se reduzcan 5 por ciento en el concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores, mientras que las dependencias y entidades se abstendrán de contratar personal eventual y por honorarios para funciones no sustantivas. El decreto establece ajustar estructuras orgánicas de las dependencias, eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas; eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación; establecer evaluaciones de desempeño para los servidores públicos; disminuir el gasto en contratación de personal eventual; y restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios.

Para el campo mexicano se destinarían 291,602 millones de pesos, según la propuesta del Ejecutivo, que se entregó al Congreso nueve días antes del plazo. Para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, que es una de las prioridades de la nueva administración, se destinarían 64,291 millones de pesos, ya que 42,379 millones de pesos se destinarán al programa carretero con la finalidad de destinar más recursos a zonas rurales. El gasto destinado a educación será de 587,379 millones de pesos según propone el paquete económico que se presentó el viernes al Congreso.

Para salud, el gasto propuesto es de 443,244 millones de pesos, que representa un incremento real de 3.4 por ciento respecto del PEF 2012. Se pondrá énfasis en el fortalecimiento del Seguro Popular. 326,323 millones de pesos es el gasto de inversión propuesto para Petróleos Mexicanos, que representa un incremento en términos reales de 4.7 por ciento con respecto al Proyecto de Presupuesto del 2012. Al sector energético en el 2013se destinarán 400,607 millones de pesos, 6.3 por ciento más que en el presupuesto aprobado en el 2012 por los diputados. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, confirmó lo anterior al referirse a los criterios de política económica 2013 que expondría en la Cámara de Diputados.

Señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla un gasto total de 3.9 billones de pesos, 4.1 por ciento más sobre el PPEF del 2012 y 2.1 por ciento superior al aprobado para este año. De ese monto, 76.9 por ciento es gasto programable y 23.1 por ciento, participaciones federales, adeudos fiscales contraídos con anterioridad y costo de la deuda. El subsidio a gasolinas será de 44 mil millones de pesos en 2013; se estima que el PIB crecerá 3.5 por ciento; los ingresos públicos crecerían 4.4 por ciento; se mantiene el IETU, mientras que la llamada Pensión Universal costará alrededor de 26 mil millones de pesos. El crudo mexicano de exportación se estableció en 84.90 dólares por barril. En el Proyecto los gastos correspondientes a las secretarías de Hacienda y de Gobernación, en conjunto, representan un recorte de poco más de 8,000 millones de pesos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 entregado a los legisladores contempla recursos por 2,104 millones de pesos más para la Presidencia, lo que representa un incremento de unos 117.9 millones de pesos. En el rubro Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del Presidente de la República, para el próximo año se plantean alrededor de 1,111 millones de pesos, es decir, 80 millones 133,831 pesos más que lo autorizado para este año. Para Seguridad Nacional también se propone un aumento de recursos por 27.8 millones de pesos, al pasar de 849.5 millones a 877.4 millones de pesos. La bolsa de presupuesto para el Estado Mayor Presidencial también crecería; para el próximo año se proponen 493 millones, mientras que en este 2012 se aprobaron 479.6 millones de pesos.

Los recursos que se transferirán a los gobiernos locales por concepto de participaciones, aportaciones, convenios de coordinación y subsidios serán del orden de 1’290,791 millones de pesos. Esto es 1.4 por ciento real más, con respecto al PEF del 2012. Para este año se destinaron 150,358 millones de pesos, 3.2 por ciento menos. Para el gasto de inversión física se programaron 669,263 millones de pesos, lo que representa en términos reales 5.7 por ciento más con respecto al Proyecto 2012. De toda esa amplia gama de rubros enunciados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que más destaca es el decreto de austeridad del gobierno federal. Parece un buen comienzo equilibrar los gastos, tomando en cuenta las prioridades reales, antes que lo superfluo.

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Esfuma Pemex 400 mil millones

PAULINO CÁRDENAS

La Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación pedirá que la Secretaría de la Función Pública investigue la desaparición contable de casi 400 mil millones de pesos en Pemex Exploración y Producción (PEP), que en una ‘maroma’ administrativa esa pérdida habría sido traspasada como ‘cuenta por cobrar’ a Pemex Corporativo. Dicha pérdida corresponde a instrumentos financieros colocados en el extranjero durante 2009.

La comisión legislativa resaltó que, posteriormente, Pemex Corporativo registró el quebranto –detectado en la cuenta pública 2010– como un incremento de inversiones a organismos subsidiarios, pero sin que existiera una aportación específica, ni fundamento técnico, ni autorización del consejo de administración de la paraestatal.

Se encontró que hubo una maniobra contable por parte de la dirección general de Petróleos Mexicanos a cargo de Juan José Suárez Coppel, para tratar de justificar una pérdida de 389 mil 564.7 millones de pesos de Pemex Exploración y Producción, correspondientes a instrumentos financieros colocados en el extranjero en 2009, monto que fue traspasado como cuenta por cobrar,  a cargo de Pemex Corporativo en 2010.

Esta maroma administrativa para hacer desaparecer el quebranto de casi 400 mil millones de pesos fue dada a conocer esta semana por la presidenta de dicha comisión legislativa, la perredista Esthela Damián Peralta, quien solicitará a la Comisión Permanente la comparecencia del director de la empresa, para que explique por qué se recurrió a “una maniobra contable” que permitiera a la empresa paraestatal ocultar los movimientos.

Al referirse a la auditoría que se realizó a las cuentas por cobrar y cartera vencida de Pemex Exploración y Producción, dijo que es necesario que el director de la paraestatal explique a los legisladores por qué se quiso evitar que los estados financieros de la subsidiaria de Pemex mostraran la pérdida de tan cuantioso monto y prefirió hacer la maroma contable con la que se ha querido encubrir esa aparente pérdida que afecta las finanzas de la principal industria del país.

 La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación apenas empieza a caer en la cuenta de cómo opera el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien desde que era director corporativo de Finanzas de la paraestatal ha actuado de la misma forma pragmática, asumiendo altos riesgos que sabe que con el escudo de sus influyentes padrinos políticos siempre saldrá bien librado o al menos en esa creencia ha vivido desde que fue Director Adjunto de Derivados de Banamex, Tesorero Corporativo de Televisa y Coordinador de Asesores del Secretario de Hacienda, entre otros cargos.  

El nombramiento como director general de Pemex del doctor en Economía Monetaria y Comercio Internacional de la Universidad de Chicago, quien se ha desempeñado como profesor del ITAM y de la Brown University, fue cuestionado en su momento por la Comisión de Energía del Senado.

Cuando se dio su nombramiento, Graco Ramírez, entonces secretario de esa comisión, dijo: “No entendemos cómo Felipe Calderón decide nombrar a Juan José Suárez Coppel como director de Pemex, cuando él como director corporativo de finanzas fue el autor de la quiebra financiera de Pemex”. Y añadió: fue “una pésima señal”.

Incluso recordó que cuando se le mencionó para ser Consejero de Administración de Pemex “nos negamos, porque pasaría por la aprobación del Senado, y ahora resulta que lo nombran director cuando esto es contradictorio, absolutamente, con el espíritu de la reforma que se hizo, porque va a pensar en los intereses de Hacienda, y no en los intereses de la empresa”.

Sin posibilidades de recibir inversión extranjera directa y con el declive de la explotación de los yacimientos someros, el director general de Pemex fue en pos de Repsol por su envidiable portafolio, que abarcaba una producción anual de 125 millones de barriles (34 por ciento es de crudo, condensados y gases licuables, mientras que el resto es gas natural) y sus reservas probadas, que ascienden a 1,100 millones de barriles más.

La empresa española tiene actividad en 27 países, pero ha proyectado el crecimiento de sus actividades en Brasil y la parte estadounidense del Golfo de México para los próximos tres años. Su actividad exploratoria, además, se extiende a Alaska, Canadá, África Oriental y Noruega.

Esa incursión la hizo el director de la paraestatal sin autorización del consejo de administración. Recientemente, cuando la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, decretó la nacionalización de la filial YSF de Repsol, el presidente Calderón casi casi la tildó de loca. A juzgar por esa extraña reacción del mandatario panista habría que preguntarse qué intereses pudiera tener en Repsol vía Suárez Coppel.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Subsanan vergonzante omisión

PAULINO CÁRDENAS

La grave y vergonzante falta en la que ha permanecido el Estado al ser omiso ante la violación a los derechos humanos e incluso asesinatos a mansalva de gente inocente ocasionados por la guerra que el presidente Felipe Calderón le declaró a los cárteles de la droga desde diciembre de 2006 con el Ejército mexicano por delante, fue subsanada en primera instancia el pasado miércoles en el Senado de la República al aprobarse por unanimidad la Ley General de Víctimas. Ahora falta que la Cámara de Diputados también le dé para adelante, la apruebe y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación en su momento para luego intentar lo más difícil: que las nuevas disposiciones se cumplan en el terreno de los hechos.

Tardíamente como suele suceder en México, cuando están por terminar los trabajos legislativos, cuando empieza a declinar el sexenio, y cuando el número de muertos, desaparecidos, abusos, secuestros, torturas, violaciones y graves daños morales que ha dejado esa inútil lucha, son de escándalo mundial, esa nueva Ley pretende ponerle coto a tanta negligencia e impunidad, buscando ahora darle  nombre y apellido a quienes pierdan la vida en esa guerra, ver las causas de su muerte, indemnizar a los deudos e incluso ir más allá para investigar responsables.

Con miras a cerrar el abismo entre justicia e impunidad que ha prevalecido a lo largo de la guerra de Calderón, el nuevo ordenamiento señala el derecho a la reparación integral del daño, asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en garantías individuales por las autoridades; prevé la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral, quedando su instrumentación bajo control de un Sistema Nacional de Víctimas en el que estarían representadas las organizaciones de la sociedad civil. De hecho esta aprobación es un logro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Pese a que de cualquier modo no habría retroactividad, la serie de disposiciones contenidas en la Ley General de Víctimas buscará frenar la impunidad con la que se han venido manejando las fuerzas gubernamentales armadas en el combate a la delincuencia, dándole un asidero a las víctimas civiles y sus deudos, para exigirle al gobierno federal, encargado de combatir a la delincuencia organizada, responder por las violaciones de los derechos humanos de la población y obligue a las autoridades a que rindan cuentas de por qué matan, a quienes ultiman y por qué razones, obligado por el Poder Judicial.

Es verdaderamente lamentable que hayan pasado cinco años para que el Poder Legislativo respondiera a hechos que se han venido celebrando a ojos de todo el mundo y haya reaccionado sólo por las presiones del movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia y a cuyo vocero y gestor ante las instancias de gobierno y cabildeo de ante las instancias legislativas, Emilio Álvarez Icaza, al que se debe gran parte del avance para empezar a resarcir esa ominosa omisión que ha sido vergüenza nacional, sin que al gobierno federal le haya preocupado mientras. Para el jefe supremo de las fuerzas armadas, las muertes que ha cobrado la guerra que ha promovido, han sido por los enfrentamientos entre sicarios de las mismas mafias rivales y que, como son criminales, que queden en el olvido. ¿Y las viudas? ¿Y los huérfanos? ¿Y los deudos? ¿No tienen derecho a saber de sus muertos?

Nadie sabe por qué el presidente Calderón ha insistido señalar que su gobierno es ‘humanista’ cuando ha permitido la aberrante omisión de dejar regados tantos miles de muertos por donde quiera en todo el país, a causa de su guerra contra las mafias, sin que nadie se ocupe de saber quiénes eran, en qué condiciones murieron, ni dónde quedaron, tal vez olvidados en campo traviesa para ser devorados sus cadáveres por aves carroñeras o acaso enterrados masivamente en fosas comunes localizadas nadie sabe en qué lugar del territorio nacional.

Lo indiscutible es que la negligencia con la que se ha comportado su gobierno respecto de esa vergonzante omisión, ha sido atentatoria contra los más elementales derechos de miles de mexicanos que, echándole culpas al también desidioso cuerpo Legislativo, juntos le han dado largas a asuntos tan relevantes que debieron ser de pronta resolución, como la ley contra la trata de personas que también fue dejada para la última hora, no obstante que ha sido de las principales actividades del crimen organizado en nuestro país.    

Lo mismo sucedió con los llamados ‘protocolos’ con los que debieron actuar siempre las fuerzas armadas militares y civiles en el combate al crimen, que también ‘al cuarto para las doce’ voltearon a ‘estudiarlos’ para supuestamente ponerlos en práctica, cuando eso debió de haberse hecho hace al menos cinco años. Pero bueno, así se las gastan el gobierno federal que inició la guerra contra los cárteles de la droga sin decir agua va y sin consultarle a nadie desde que comenzó el sexenio, y los legisladores que apenas parecen estarlo descubriendo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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