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Tratan de acallar la violencia

PAULINO CÁRDENAS

Ante la avalancha de hechos delictivos que no paran en el país, el gobierno de la República ha preferido tratar de disminuir, para efectos mediáticos, los acontecimientos de sangre que se han venido dando a causa de los enfrentamientos, emboscadas y atentados sorpresivos de sicarios al servicio de las bandas criminales, contra policías federales, militares y marinos que se supone que tienen la orden de enfrentar a los cárteles de la droga y a las mafias del crimen organizado.

Los cárteles han ido cambiando; unos se han escindido y otros han surgido como nuevas organizaciones. Si en el sexenio del panista Felipe Calderón la organización preponderante fue el cártel de Sinaloa, que tuvo más privilegios que los demás, en el actual régimen de Enrique Peña Nieto, la banda criminal que más se ha expandido y ha ganado territorios a base de sangre y fuego, es el cártel Jalisco Nueva Generación (JNG). Según la DEA dicho grupo es el que ha logrado esparcirse con mayor rapidez y alcanzará los niveles del cártel de Sinaloa.

Las organizaciones que siguen teniendo la mayor preponderancia son el de Los Zetas y el cártel del Golfo. Pero están los Caballeros Templarios y el JNG que también compiten con otros grupos delictivos que ‘exportan’ su mercancía, además de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, a naciones del Lejano Oriente, África, Europa, Australia e incluso China. Las tareas a las que se dedican en territorio nacional son diversas, como todo mundo sabe.

Uno de los mercados más cotizados para la venta de cocaína es la Unión Americana y las ciudades de Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. El que controla la entrega de estupefacientes en esas plazas es el cártel de Sinaloa, eso a pesar de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se supone que está detenido, pero que es evidente que sigue haciendo grandes negocios desde la prisión.

Además del control del cultivo de estupefacientes, y el trasiego de drogas, los cárteles también se dedican a recibir cocaína y efedrina procedentes de China, Colombia y diversas regiones de Centro y Sudamérica, para ser trasladas a EU, Canadá y otras naciones del mundo. Los cárteles más conocidos, con su poderío económico, se dedican a adquirir armamento altamente sofisticado y con gran capacidad bélica.

No en balde hace poco el presidente Peña Nieto declaró de que el crimen poseía mejor armamento que los policías federales. Los grupos criminales han logrado poner en jaque a las fuerzas locales, estatales y federales, porque con la operación de sus servicios de inteligencia, además de la gente que coopera con esos grupos como ‘halcones’ y gentes dedicadas a prevenirlos de ataques, logran tenderles emboscadas y atacar sorpresivamente a instalaciones vitales de seguridad pública y a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Todo ello provoca tal grado de violencia y derramamiento de sangre, que las autoridades tratan de minimizar cada evento, señalando que el número de muertos es tal cuando en realidad es mayor. Un botón de muestra fue la matanza en Ayotzinapa del pasado 6 de enero en donde el ex comisionado Alfredo Castillo declaró que había habido seis muertos por ’fuego cruzado’, cuando en realidad, según testigos, hubo 16 muertos a mansalva por parte de policías federales que dejó además muchos heridos.

El hecho es que a diario hay balaceras, emboscadas contra policías federales, militares y marinos o ejecuciones y decapitaciones, además de secuestros, torturas y extorsiones. Esos hechos suceden en todas las entidades federativas, pero muchos medios no los publican por miedo a represalias o porque prefieren congraciarse con los gobernantes para hacer creer que en el país no pasa nada, que prevalece la santa paz y que México es un paraíso terrenal, cuando la realidad habla de otra cosa.

Si no es en Tamaulipas, es en Guerrero o Sonora, cuando no en Michoacán, Sinaloa o Veracruz, Coahuila o Tamaulipas, Chihuahua o Morelos, Hidalgo, el estado de México o Nayarit, Tlaxcala o las dos Baja Californias; el caso es que siempre hay reportes de enfrentamientos armados y actos criminales en donde participan sicarios al servicio de los cárteles de la droga. Eso sin contar los narcotúneles por donde los cárteles pasan la droga a EU.

Al acallar, distorsionar o no dar a conocer lo que sigue sucediendo en nuestro país en materia criminal, es aprovechado por los gobiernos -federal, estatal y municipal- para decir que en el país reina la calma, que los índices delictivos han disminuido y que los crímenes violentos han desaparecido del mapa. Se dice que las cosas están quizá peor que en el sexenio del panista Felipe Calderón.

Lo que sucede es que la orden en algunos medios es no hablar del tema, mientras que a nivel oficial las cosas tratan de minimizarse. Se quiere dar la impresión de que en México quedó erradicada la violencia, que el número de crímenes han descendido y poco o nada se habla de secuestros, extorsiones y ejecuciones, cuando siguen siendo el pan de cada día en el mundo criminal. El caso de los 43 estudiantes rurales desaparecidos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre y la matanza del 6 de enero que se dio en ese mismo lugar, refuta ese querer acallar oficialmente la violencia.

Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes de la delincuencia organizada siguen registrándose en diversos estados del país, con saldos de gente muerta, a veces de un bando, a veces de otro, y por supuesto heridos, todos víctimas con balas de grueso calibre salidas de armas largas. Las propias autoridades estatales o federales confirman esos reportes diariamente. Pero los medios locales o minimizan la información o de plano la omiten, por consigna o por miedo.

Y todo ese panorama se da cuando están en pleno apogeo las campañas electorales para los comicios que habrá el 7 de junio próximo. La violencia en el país existe pero la tratan de acallar o buscan distorsionarla. El gobierno ha comenzado a preocuparse en serio por el recrudecimiento de la guerra del narco contra fuerzas federales. Y esa preocupación la comparte el gobierno de Washington.

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Inseguridad: realidad vs ‘sensación’

PAULINO CÁRDENAS

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2015, la ‘sensación’ de inseguridad bajó. Al menos 20 mil habitantes esperan que los siguientes meses la situación continúe igual de bien, mientras que casi 40 mil esperan que siga igual de mal y 25 mil esperan que empeore. Sin embargo, algunos medios siguen dando cuenta diariamente de los crímenes violentos que se dan en todo el país, como emboscadas del narco contra policías federales, matanzas en diferentes zonas del país, secuestros, extorsiones y crímenes atroces por parte de organizaciones vinculadas al narco, lo cual, entre lo que reporta esa encuesta y la terca realidad, hay bastante diferencia. No checa cabalmente esa ‘sensación’ con los hechos.

Si no hubiese esa realidad no se estaría adquiriendo armamento por parte del gobierno federal, que en teoría es para dotar a las policías ministeriales, la policía federal, las estatales y federales, al ejército y la marina y de material militar, supuestamente para combatir al crimen. Está también el número de granaderos, de miembros de las corporaciones de las fuerzas armadas que han crecido en número, con un costo no revelado por la federación. Más las tanquetas, camiones de agua, equipo protector, escudos y gases lacrimógenos también tienen un costo. Eso, por no hablar de los enormes desembolsos que han hecho los gobiernos federales en los dos sexenios panistas -el de Fox y Calderón- y el actual régimen priísta a cargo de Peña Nieto-, para la compra de poderoso armamento bélico.

Ese armamento bélico se refiere a armas que se usan en una guerra, como granadas, bazucas, tanques, rifles de asalto, bombas, aviones de combate, misiles, etc., que México ha estado comprando a diversos países, no se sabe bien a bien para qué. Tampoco se cree que hayan sido compras simuladas, pero en estos tiempos de corruptelas y de impunidad, quién sabe. El hecho es que ese tipo de inversiones son descomunales en cuanto a lo que cuestan. Primero porque el pago es en dólares. Segundo porque el armamento de última generación -si es que no se ha estado adquiriendo chatarra bélica de la que se deshacen algunos países que les venden a naciones del tercer mundo a precios de ‘ganga’-, tienen costos altísimos. En todo caso el endeudamiento es fenomenal. ¿O acaso es un intercambio de armamento por petróleo?

Como sea, el hecho es que parece que de poco ha servido la adquisición de tanto armamento, si el crimen organizado y las bandas que se dedican a diversas actividades ilegales son mafias que siguen vigentes, que se han empoderado de comunidades enteras por otro factor que también cuenta, y mucho, que es la insana relación entre capos y gente de las corporaciones policiacas, militares y marinas, aduanales y gubernamentales dizque dedicadas a perseguir a los criminales: las corruptelas que existen de unos con otros, amparadas por la Santa Impunidad. ¿De qué sirve que el gobierno haga gala de detenciones de capos de primera, segunda y tercera generación, si la criminalidad sigue? ¿De veras los crímenes violentos siguen bajando en el país?

Diversos apuntes señalan que la delincuencia que de 2007 a la fecha ha ido creciendo en el país. Además del estancamiento económico, es el problema que más lacera a los mexicanos en algunas entidades federativas y específicamente en ciertas comunidades y poblados más alejados de las cabeceras municipales. Son esos lugares en donde los grupos criminales se ensañan con los pobladores. De ahí que hayan surgido los grupos de autodefensa cuya misión, ciertamente ha ido degenerando y en no pocos casos ha decantado en complicidades con el crimen. Michoacán ha sido ejemplo de ello, en donde el ex comisionado plenipotenciario envido por el presidente, Alfredo Castillo Cervantes, acabó siendo un rotundo fracaso.

De hecho la incidencia delictiva ha crecido, además del robo a transeúntes, en lo que se refiere al secuestro y a los homicidios dolosos, estos derivados del acoso de las fuerzas gubernamentales armadas, cuyas bandas criminales han respondido ferozmente realizando emboscadas donde acribillan a mansalva a policías, militares y marinos. De hecho en esos ataques no se da cuenta de detenciones ni encarcelamientos; sobre el número de detenidos y encarcelados no hay cifras; son esporádicos los casos cuando así sucede. Al final los criminales salen libres ‘por falta de méritos’, es decir, porque no se les haya culpa.

La delincuencia común realiza el robo o asalto al transeúnte, robo a casa-habitación o a negocios. Después viene el otro estrato, que ya corresponde a la delincuencias organizada, donde hay la extorsión, la trata de personas, el narcomenudeo, el lavado de dinero, la pornografía infantil y el secuestro. El peor escenario es el que componen las ejecuciones, las decapitaciones, los descuartizamientos y los colgados, muchos de los cuales acaban en fosas clandestinas. Hay por supuesto, colusión entre el crimen organizado y las autoridades en diferentes escalas gubernamentales: mandos policiales, militares y marinos, tropa, aduaneros, jueces, ministerios públicos, alcaldes, gobernadores, legisladores, etc., etc.

El dinero del narco es el recurso más poderoso que tiene el crimen organizado y los cárteles de la droga. Estos últimos utilizan dólares para convencer al más pintado de los incorruptibles. Si no acceden, es muy posible que no duren mucho para contarlo. Los traidores también causan baja. Quienes entran a ser parte de las mafias y luego se arrepienten, les toca bala mortal. Por todo eso la incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente, sobre todo del sexenio del panista Felipe Calderón para acá. Dicen los especialistas que en términos comparativos, internacionalmente las tasas delictivas en México son altas.

Acá las autoridades quieren hacer creer que las encuestas ciudadanas dicen la verdad. Habrá que ver si esa encuesta nacional del INEGI, del primer trimestre del año, la realizaron en poblados marginales de Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, la ciudad de México, Hidalgo o el estado de México, en donde, entre otras entidades federativas, el crimen sigue su marcha.

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Criminalidad y tráfico de influencias

PAULINO CÁRDENAS

Junto con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la creciente criminalidad y el escándalo del tráfico de influencias por las que han logrado tener costosas mansiones el presidente Enrique Peña Nieto y al menos uno de sus principales delfines, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, podrían acabar con la confianza y credibilidad que ha perdido el régimen peñanietista a dos años apenas de haber iniciado el sexenio. El panorama que ven los mexicanos en materia económica y de inseguridad, de corrupción y de impunidad, podrían ser factores que dejen al PRI sin los triunfos que anhela en las próximas elecciones intermedias del 7 de junio. Y como van las cosas, para el 2018 la posibilidad de que el PRI vuelva al poder federal acabará siendo nula.

Porque en lo que resta del sexenio la violencia y los crímenes podrían seguir creciendo y no se descarta que sigan apareciendo otros casos de proveedores agradecidos con quien encabeza el poder presidencial y sus colaboradores, como el del accionista mayoritario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, con la ‘casa blanca’ de Las Lomas o la residencia de descanso de Maninalco, del titular de Hacienda, o la residencia que adquirió Peña Nieto en 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuyo propietario era el empresario Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el estado de México cuando el actual mandatario federal lo fue en esa entidad.

La noticia la dio a conocer The Wall Street Journal, a lo cual Presidencia aclaró que la compra fue legal y que la constructora a la que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y que éstos fueron resueltos conforme a la ley por servidores públicos. “El Presidente de la República adquirió legalmente su casa de Ixtapan de la Sal, misma que manifestó en sus declaraciones patrimoniales tanto como gobernador del Estado de México, como en su calidad de Presidente de la República”.

La Presidencia informó que en lo que va del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado seis mil 534 contratos a más de cuatro mil empresas, “en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”. Como sea, la desconfianza ciudadana en el presidente y su administración ha ido creciendo. Y no solo por el supuesto tráfico de influencias que se ha ejercido desde el poder para beneficio personal sacando ventaja del cargo, sino por la ineficacia e insensibilidad del gobierno peñista ante la crisis de Ayotzinapa, que tiene a México y a su presidente con la imagen hasta los suelos.

Además del caso de los estudiantes desaparecidos, el país padece un estatus de criminalidad muy alto, no obstante a que los gobiernos de entidades federativas continúan reportando cifras dudosas, si no es que manipuladas, para simular una incidencia criminal menor a la realmente registrada, según acusó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, organismo no gubernamental que aclaró que “por varios años” las cifras “no se han referido a delitos, sino a averiguaciones previas iniciadas, las cuales en ocasiones tienen que ver con más de un homicidio”, aunque observó que a partir del año pasado “esta deficiencia se empezó a subsanar”.

Dicho Consejo Ciudadano es una asociación civil, integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos. Es un organismo independiente, representativo de la sociedad civil y apartidista, que busca el dialogo y la intervención adhesiva con las autoridades, para que el gobierno mejore su actuación en seguridad pública y justicia penal a favor de la sociedad para lo cual consulta a otras asociaciones para informar a la ciudadanía.

En un estudio que acaba de presentar este martes, dio a conocer que durante el año pasado uno de cada mil habitantes del puerto de Acapulco murió asesinado, lo que convirtió a la ciudad turística en la tercera urbe –con una población superior a los 300 mil habitantes– más violenta del mundo, detrás de la hondureña de San Pedro Sula y la capital venezolana Caracas. El Consejo Ciudadano dio a conocer que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, la mayor parte de ellas en los estados del norte del país.

De esta manera, después de Acapulco aparece en el lugar 24 la capital sinaloense, Culiacán, con una tasa de homicidios de 42.17 por cada cien mil habitantes. La siguen Juárez, en Chihuahua, en el lugar 27; Ciudad Obregón, en Sonora, en el lugar 31; las tamaulipecas Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, respectivamente, en los sitios 34 y 41; seguidos de Chihuahua capital, en el 43 y, cerrando el listado, Torreón, en Coahuila, y Cuernavaca, Morelos.

Y no están todas las que son, porque no se menciona entre otras a Veracruz, Oaxaca o el estado de México en donde ha crecido la criminalidad o Michoacán en donde, pese al comisionado plenipotenciario que cogobierna en la entidad, ha renacido la violencia y la falta de control gubernamental contra el crimen es evidente en donde, como en muchos otros estados, sigue imperando la ley de los cárteles como el de Los Zetas, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, y otras bandas del crimen organizado, que viene a ser la cara maléfica del país en lo que respecta a inseguridad.

Si a esto se añade el problema de la economía que no repunta -y menos ahora que el precio del petróleo sigue yendo a la baja, que es fuente donde el gobierno sustenta principalmente los fondos del erario para sus gastos, lo que presagia, entre otras calamidades, que al corto plazo habrá recortes de personal en gobierno y empresas privadas-, coloca a los pobres y la clase media en el umbral de la desesperanza mientras que los ricos, como siempre, seguirán sin perder sus privilegios.

Y si a todo ese negro panorama se le suma el caso Ayotzinapa y el tráfico de influencias que ejercen a placer los hombres del poder, la ecuación es perfecta como para que en México las cosas vayan peor si siguen como van. ¿El presidente y sus colaboradores no deberían vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala?

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¿Qué hacer con la violencia?

PAULINO CÁRDENAS

La violencia que sigue implacable en México, con todas las consecuencias sangrientas que continúan dándose a diario en una entidad federativa y en otra también, sigue siendo motivo de preocupación del gobierno peñanietista que teme que los imparables hechos delictivos del crimen organizado y de los cárteles de la droga, afecten los planes de su administración y algunos pudieran abortar o como en el caso de la reforma energética, que esa situación pueda desalentar a los hombres del gran capital y a los dueños de los emporios petroleros extranjeros que se alistan para venir a explorar, extraer y comercializar petróleo y gas de tierras y mares mexicanos, a lo que ahora tienen derecho con todas las de la ley. Pero el asunto de la inseguridad también inquieta al gobierno de Washington.

Una de las entidades que entró de hecho en la esfera de blindaje especial como fue el caso de Michoacán, es el del estado de México, en donde el gobernador priísta Eruviel Ávila había pedido ayuda al nuevo comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y de inmediato, por la influencia que tiene en Los Pinos, el secretario de Gobernación de avocó a anunciar que tendrá de inmediato la ayuda que pidió para tratar de contener el avance de los grupos delincuenciales organizados en ese estado, lo que hasta ahora no ha sucedido con el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, sin duda por ser de otro partido, el PRD, aunque la situación en esa entidad federativa quizá sea de mayor peligro al menos en materia de secuestros. Hoy habrá otra manifestación para pedir su renuncia. Y el gobierno federal dejará correr el balón.

Quizá de haber sabido el equipo de Obama que el estado en donde se celebró la reunión de líderes de América del Norte estaba señalado en color rojo en el mapa de inseguridad en México, no hubiese asistido. Y nada pasó porque el estado de México, que colinda con varios de los estados en donde la violencia está ‘a peso’, quedó blindado por tierra y aire, y siempre hubo el temor de que las cosas pudieran salirse de control. Afortunadamente no fue así. Pero volviendo al tema de reforzar la ayuda federal a un estado, como es el de la entidad mexiquense, hay que decir que el trato preferencial no es el mismo entre gobernadores amigos y los que no lo son, aunque Peña Nieto había dicho que él no tiene amigos sino aliados. Y en tema de la inseguridad no debería de ser así, pero como se ve no es así. No es coincidencia que Michoacán tenga un gobernador priísta.

Para Fausto Vallejo ese fue un hándicap a su favor; aunque también contó el temor del gobierno federal de que ese estado quedara en la total ingobernabilidad, lo que estuvo en un tris de suceder, lo que políticamente hubiese sido aprovechado por la izquierda que gobernó esa entidad federativa durante varios años. Por lo que toca a la situación que prevalece en otros estados de la República de violencia y derramamiento de sangre, si el gobernador es priísta, ya la hizo; si no, tendrá que esperar turno hasta que las cosas prácticamente se desborden. No se sabe si a Eruviel Ávila le coloque un comisionado plenipotenciario como a Vallejo con Alfredo Castillo, aunque buena falta que le haría. Lo cierto es que sigue sin definirse una estrategia clara contra los cárteles de la droga y el crimen organizado en México con el nuevo gobierno federal. Prueba y error ha sido la táctica hasta ahora.

El caso es que desde que inició de la actual administración, en la Casa Blanca se habían disgustado porque el nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto cambió las reglas del juego en la política de cooperación bilateral contra el crimen organizado, al crear una ventanilla única que quedó a cargo del secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, lo que al gobierno de Barack Obama no le quedó de otra que apechugar la decisión del gobierno mexicano. Por ello se ha tardado en reaccionar la ayuda franca del lado americano a nuestro país a través de la llamada Iniciativa Mérida, rellenando el vacío que ha habido con declaraciones de que ambas naciones van en la misma dirección y que todo marcha de maravilla en la lucha anticrimen que se da en nuestro territorio. Pero los hechos dicen otra cosa. Han habido discrepancias.

En la captura por ejemplo, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se sabe que hubo la participación de varias áreas de inteligencia de Estados Unidos, lo que en los discursos oficiales aquí esa ayuda se omitió. Hay declaraciones de que en esa operación militar que se realizó en un condominio de Mazatlán, Sinaloa, la madrugada del sábado 22 de febrero pasado luego de permanecer 13 años prófugo tras escapar de prisión en 2001, fue gracias a la ubicación que proporcionó la DEA a la Marina mexicana, obtenida gracias a la vigilancia aérea que había realizado durante varias semanas un ‘drone’ norteamericano -un avión de pequeñas dimensiones no tripulado cuya misión era dar con el escondites del capo más afamado del orbe-, cosa que no fue reconocido en México.

Lo cierto es que al actual gobierno le ha costado mucho trabajo afinar una estrategia eficaz para la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga. Al inicio se pensó que el asunto era resolver la descoordinación que había en el gobierno de Felipe Calderón, ya que los mandos de las agencias de seguridad en México y Estados Unidos tenían que pasar por el filtro de la Secretaría de Seguridad Pública federal a cargo de Genaro García Luna, antes que ninguno otro de las Fuerzas Armadas, por lo que como primera medida se creó una ventanilla única que quedó a cargo del titular de Gobernación. Sin embargo, pronto se percató el sistema de seguridad peñanietista que el problema era mucho más intrincado.

Uno de los grandes problemas que había, y que de hecho sigue habiendo, es la colusión que hay entre el mundo criminal y los mandos policiales y militares. Las mafias han actuado con más rapidez y eficacia que las autoridades que deberían combatirlas. Su poder es el dinero. Y quien no queda convencido lo sacan de la jugada o lo eliminan. Habrá que ver los resultados en el estado de México, porque en Michoacán las cosas no han mejorado mucho que digamos. Y habría que ver si cada entidad solicitará ese mismo blindaje militar del gobierno federal, si habrá dinero suficiente y soldados suficientes que cubran la cuota que se requiere para asistir a los gobernadores en la lucha anticrimen. Lo cierto es que si así siguen las cosas, el país se militarizará antes que el gallo cante. Y el gobierno peñanietista podría acabar peor que el de Calderón en esa materia.

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Rubido, especialista en seguridad

PAULINO CÁRDENAS

Quien hasta ayer fue Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, fue designado titular de la Comisión Nacional de Seguridad, cargo al que renunció el pasado fin de semana Manuel Mondragón y Kalb. Aunque es apartidista, siempre recibió el apoyo del Grupo Atlacomulco desde la época en que el actual secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, fue titular de Gobernación de 1995 a 1998 en la administración de Ernesto Zedillo, dependencia donde Rubido fue director de Investigación y Análisis cuya creación había sido a propuesta suya. Su especialidad ha sido desde entonces el espionaje político. Durante la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa, estuvo al frente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En marzo de 2013, apenas iniciado el sexenio de Peña Nieto, asumió el cargo que ayer dejó.

Rubido García contribuyó a diseñar el Cisen, cuyo director fundador fue Jorge Carrillo Olea en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue en el sexenio de Zedillo, cuando a propuesta del nuevo comisionado, se creó el área de Investigación y Análisis en la Secretaría de Gobernación, que tenía fines y propósito muy específicos. Se recordará que a Zedillo le endilgaron la matanza de Acteal cuando el titular de Gobernación era Chauyffet Chemor. El proceso de la información, el análisis y el ordenamiento de temas de los dimes y diretes del momento, fueron atribuidos a Rubido García. En esa época lo acusaron de haber creado una estructura de espionaje para su jefe el titular de la Segob, pero la PGR acabó exculpándolo y deslindándolo de esas acusaciones. Lo cierto es que es un funcionario que como pocos conoce los intríngulis de las actuaciones de los grupos criminales.

En su larga carrera en las instancias de investigación y seguridad le achacaron varios asuntos, como la acusación en su contra de una presunta red de espionaje político que operaba el gobierno mexiquense encabezado por Arturo Montiel. entre 2001 y 2003, caso que fue investigado por la Procuraduría General de la República, instancia que lo deslindó de responsabilidad. También, partidarios de Elba Esther Gordillo le atribuyeron la autoría y difusión del texto ‘Elba de Troya o Lady Mcbeth Gordillo’, que contenía la transcripción de 45 conversaciones telefónicas de la maestra con algunos de sus aliados políticos entre ellos, el ex canciller Jorge G. Castañeda, y el dirigente magisterial Rafael Ochoa Guzmán.  Otra autoría que le atribuyen es la de un informe sobre el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que sirvió de referencia para la publicación de dos libros sobre ese movimiento.

Ademas de haber ocupado diversos puestos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hasta llegar a ser secretario ejecutivo de ese órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, también fue titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública. A últimas fechas, al pasar Eduardo Sánchez a la instancia de vocería de Los Pinos, Rubido asumió el papel de vocero del gobierno federal para asuntos de seguridad que tenía aquel, sin dejar este la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. A últimas fechas ha sido el encargado de dar a conocer a la opinión pública los resultados de las operaciones de las fuerzas gubernamentales armadas contra los cárteles de la droga, entre ellas las aprehensiones de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y de Nazario Moreno apodado ‘El Chayo’, quien ‘ahora sí’, fue muerto en un escarceo a tiros al enfrentarse con algunos de los suyos  con el Ejército.

El 16 de enero de 2012 Rubido García tomó posesión como secretario ejecutivo del Cisen, en sustitución de Gustavo Mohar. En marzo de 2013, asumió el cargo de Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ayer dejó para encargarse de la Comisión Nacional de Seguridad. El presidente Enrique Peña Nieto habrá de enviar al Senado la propuesta para que el funcionario sea ratificado en su nuevo cargo. Mientras tanto, Monte Alejandro habrá de ordenar la estrategia de trabajo, en donde tendrá como reto principal coadyuvar con la Policía Federal que queda a su cargo, a las tareas que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles de la droga y a los capos del crimen organizado.

Su sobrada experiencia podría permitirle a Peña Nieto pero sobre todo a su jefe nominal, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los elementos necesarios para que la lucha contra la criminalidad organizada tenga ahora sí una mayor dosis de inteligencia que se complemente con la fuerza de las armas en cuanto a oportunidad y precisión de las operaciones coordinadas con el Ejército, la Armada y la Policía Federal. Tendrá, entre otros pendientes, la depuración verdadera de las policías a su cargo. La Comisión Nacional de Seguridad, viene a ser el culmen de su carrera. Su designación ha sido tomada con beneplácito por quienes lo conocen y con reserva por quienes consideran que fue un error deshacerse de Manuel Mondragón y Kalb.

Quienes lo conocen señalan que su mejores atributos son la experiencia acumulada en cuatro décadas, así como su disciplina y lealtad. Tiene fama de hombre probo y con profunda visión y conocimiento de su materia, además de buen trato y sobre todo carácter para la compleja misión que le han asignado. Sin embargo, las fracciones partidistas de izquierda parece que no comulgan con los atributos que muchos le ven a Rubido García; sin duda serán quienes cuestionen al nuevo funcionario en el Senado de la República donde tendrá que  ser ratificada su designación.

Monte Alejandro habrá de encargarse de darle una sacudida fuerte y de fondo a la Policía Federal, además de fortalecer los sistemas de inteligencia, así como implantar una estrategia eficaz que cumpla con el propósito de erradicar la corrupción de las corporaciones, acabar con la colusión que sigue persistiendo entre mandos y subordinados policiacos, y las mafias criminales, y ver la mejor forma de que la Policía Federal coordine acciones con las Fuerzas Armadas. Un pendiente es unificar en un solo mando a las policías por estado, y concluir la conformación y puesta en marcha de la Gendarmería Nacional programada para que arranque en junio, entre otras cosas.

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Deja a Peña el general Naranjo

PAULINO CÁRDENAS

El controvertido general colombiano Oscar Naranjo, dejará de ser asesor del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Así lo anunció el pasado viernes en Davos, Suiza el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Dijo que el general se dedicará a trabajar por la paz y por la reelección del propio mandatario de aquella nación. Desde que llegó a México el llamado ‘superpolicía’, a quien se atribuye haber ideado la estrategia de formar grupos paramilitares de autodefensa para ir acorralando a Pablo Escobar quien finalmente fue asesinado el 2 de diciembre de 1993 que acabó con su imperio criminal, se desató la polémica por la asesoría que prestaría al nuevo gobierno mexicano. A pocas semanas de la presentación que hizo el 14 de junio de 2012 el entonces candidato priísta del afamado general, comenzaron a circular en la prensa documentos de la DEA que lo señalaban como uno de los involucrados en actividades de tráfico de drogas durante el gobierno del mandatario colombiano Álvaro Uribe.

Según la Agencia Antidrogas norteamericana varios de los colaboradores de Uribe apoyaron las actividades de los narcotraficantes de drogas de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, del grupo criminal Oficina de Envigado y del Cártel del Norte del Valle. Uno de ellos era el general Naranjo. No obstante esas referencias de la DEA, al llegar a la Presidencia, Peña Nieto lo ratificó como su asesor para la lucha contra los cárteles de la droga que operan en México. Se ha dicho que Naranjo tiene excelentes relaciones  con los titulares de casi todas las agencias que combaten el crimen organizado en Estados Unidos. Le atribuyen una especial relación de amistad con quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el gobierno anterior, Genaro García Luna.

Naranjo, según trascendió, regresaría a su país en los primeros días de marzo. Al general colombiano le atribuyen la caída del cártel de Medellín, la muerte de Pablo Escobar, la captura de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, de Helmer ‘Pacho’ Herrera, las acciones contra el cartel del Norte del Valle, de la Costa, la recaptura de ‘Don Berna’, el hallazgo de las caletas de Juan Carlos Ramírez, alias ‘Chupeta’, entre otras operaciones antidroga. Asímismo 
Naranjo también participó de los golpes más importantes contra la guerrilla colombiana, las FARC, en los últimos años, como la muerte de jefes guerrilleros como ‘Alfonso Cano’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Raúl Reyes’. La pregunta entonces es: ¿Por qué en México no brillo como en Colombia? Lo cierto es que sus éxitos como policía le valió ser el consentido de agencias internacionales de inteligencia, como la DEA, el FBI o la CIA. y al mismo tiempo el enemigo número uno de las organizaciones ilegales.

Se dice que fue idea suya la creación de grupos paramilitares de autodefensa para que sirvieran de escudo y de punta de lanza en la lucha anticrimen en Colombia, lo que llevó al director de la Policía Nacional de aquella nación sudamericana a acreditarle el mérito de haber acotado al famoso narco Pablo Escobar que acabó siendo asesinado. Uno de los representantes de la izquierda en México, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, culpó hace unos días al general Naranjo de haberle vendido la idea al mandatario mexicano de que el gobierno debía asirse de los grupos de autodefensa y mandarlos por delante para enfrentar a la delincuencia, y evitar así las confrontaciones directas del Ejército con los grupos comunitarios.

Otra versión habla de que el asesor de cabecera presidencial en materia de seguridad, le pudo haber recomendado a su virtual jefe, Peña Nieto, desarmar cuanto antes a los colectivos civiles, en virtud de que el apoyo gubernamental a éstos se salió de madre y la única forma de contener su proliferación era ordenar su desarme. El propio dirigente del PRD, Jesús Zambrano, dijo este fin de semana que no había mucha necesidad de pagarle a un general de otro país para que informara al presidente Peña Nieto de lo que ya sabemos: que las autodefensas no deben existir y que el gobierno debe controlar la situación.  De esta manera se explicaría de por qué la decisión del Comandante de las Fuerzas Armadas, de desarmar a los que solo han querido defenderse de los Caballeros Templario, ya que ni el gobierno local ni el federal se ocuparon de ello.

Se dice que el gobierno federal habría echado mano del cártel jalisciense Nueva Generación, por interpósitas personas –se dice que el principal personero para esa misión habría sido el doctor José Manuel Mireles Valverde, el principal líder de las autodefensas de Michoacán, quien ha venido siendo arropado por el gobierno federal desde antes del accidente aéreo que sufrió el pasado 5 de enero–, con la intención de reforzar a los grupos comunitarios armados que buscan acotar a los Templarios, ya que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal han sido capaces de hacerle frente a ese cártel, el cual ha estado respondiendo con ataques con armas de alto calibre contra los grupos comunitarios y supuestos miembros del mencionado cártel de Jalisco que los quieren exterminar.

Ha corrido la versión que el gobierno federal podría haber convenido con los Templarios y los demás cárteles que operan en el país, un pacto de no agresión. De ahí que los militares no se meten con ellos y más bien las fuerzas de seguridad han enfocado sus baterías a desarmar a los civiles que se defienden de los Templarios en el caso de Michoacán, cuya orden podría desatar una ola de violencia de civiles contra militares. De ahí que los grupos comunitarios armados ya estén hablando de que pronto podría estallar una ‘nueva revolución’ popular en México. Por lo pronto es un hecho que esos grupos de autodefensa han proliferado de manera exponencial en casi todo el país. ¿Por ello habrá decidido el general Naranjo regresar a su natal Colombia? ¿Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió?

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Michoacán, tema en Davos

PAULINO CÁRDENAS

Sin ninguna duda, Michoacán será tema en Davos. Si bien el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Suiza a promover a México y a posicionarlo como un país que “está cambiando”, en el Foro Mundial al que asiste, el cual reúne a representantes de las naciones más poderosas del planeta y de países emergentes, impartirá una conferencia magistral y sostendrá encuentros bilaterales con presidentes de organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. “Es una buena oportunidad de promoción para nuestro país, que se conozca lo que se está haciendo”, apuntó antes de su llegada a Suiza. Pero además de hablar de las ‘bondades’ de las reformas petrolera y eléctrica que ya fueron aprobadas y que permitirán en ambas ramas la participación de capitales extranjeros, el mandatario mexicano tendrá que dar sus puntos de vista en esa cumbre mundial de lo que está sucediendo con las confrontaciones armadas que se siguen registrando en Michoacán y en otros estados del país.

En la escala que realizó en Gander, Canadá, antes de proseguir su viaje a Davos, el presidente Peña Nieto rechazó que durante su primer año de gobierno se hayan dejado crecer las denominadas autodefensas en Michoacán. Entonces habría que explicarle al pueblo de México qué es lo que ha pasado. Porque un asunto no crece y se multiplica por generación espontánea. Advirtió que el Estado mexicano es el único responsable de mantener la seguridad, y aseveró que se observa una disminución real en los niveles de violencia en el país, pues lo más crítico se generó en 2011. Le echó la bolita a Felipe Calderón. Aún así, el comentario es que el Estado está obligado constitucionalmente a garantizarle a la ciudadanía que haya paz y seguridad para ellos y sus familias. Y eso no lo ha habido. Ni en el sexenio pasado ni ahora.

Aunque es un tema que al que le incomoda referirse, tendrá que hablar claro en Davos sobre esa circunstancia, porque no bastará con ir a decir que México, con las reformas recientemente aprobadas, comenzará una nueva etapa para competir, atraer inversiones, generar empleo y volverse más productivo. Ciertamente lo que quieren oír los inversionistas extranjeros que buscan participar en las explotación y comercialización de nuestros recursos energéticos, es cómo quedarán las reglas de operación y si el nuevo marco normativo les dará certeza y garantía jurídica a sus inversiones. Pero también quieren escuchar de viva voz del mandatario mexicano, las garantías que habría de que no llegarán a un país en un virtual estado de guerra, con los riesgos que ello implicaría para la integridad física de sus CEOS, especialistas y empleados que habrán de trabajar en nuestro país.

Porque las noticias de lo que ha estado sucediendo en México a lo largo de la actual administración, en torno al avance de los cárteles de la droga y la manera en que éstos han actuado, casi de manera impune en muchos estados de la República por la dejadez de los gobiernos locales y la inacción por más de un año del gobierno federal, ha trascendido nuestras fronteras. Los medios internacionales más importantes hablan con frecuencia de los crímenes, secuestros, extorsiones, pagos de paso y de piso, cobros de impuestos y ejecuciones contra gente inocente que han venido cometiéndose en México por parte de los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado que operan en más de la mitad del territorio nacional.

De ahí que también los medios se ocupen del surgimiento de los colectivos civiles conocidos como autodefensas, integrados por policías comunitarios, es decir, gente de los poblados en donde los cárteles y sus sicarios los han tenido azuzados a base se sangre y fuego, que se han tenido que armar sacando de sus escopetas y armas rústicas de caza, y que se han ido pertrechando con las armas que les quitan a los criminales, quienes han violado, matado y ejecutado a decenas de pobladores de distintas comunidades de diversos municipios, entre ellos Michoacán y Guerrero principalmente, en donde han proliferado esos grupos de defensa civil, sobre todo en la zona de Tierra Caliente.

 Si bien a su antecesor Felipe Calderón, lo acusaron de hacer uso excesivo de las fuerzas gubernamentales armadas para combatir a los narcos, a Peña Nieto le critican la falta de decisión para enfrentar a la criminalidad organizada que personifican los cárteles de la droga a los que ni siquiera gusta de llamar por su nombre. Son los innombrables. Como si con eso quisieran que no existieran. Pero ahí han estado. El nuevo gobierno ni los oye, ni los ve, ni los pela. Ese ha sido el problema. Por ese dejar hacer y dejar pasar, el problema ha ido creciendo.

Incluso hace unos días el Departamento de Estado norteamericano lanzó una advertencia de viaje a sus connacionales, para que eviten en lo posible viajar a varios estados de la República Mexicana que tienen marcados como de alta peligrosidad, a causa de los enfrentamientos armados. El gobierno mexicano no puede hacer mutis sobre lo que acontece en nuestro país con ese vergonzoso flagelo que desde el sexenio pasado se ha acentuado y que en este sigue afectando la paz y el orden en muchos estados de la República Mexicana, mucho de lo cual obedece lo que no han hecho los gobiernos locales y el gobierno federal. El ejemplo es que, mientras las autoridades afirman que la mayor parte de los municipios de Michoacán están bajo el control del Ejército y de la Policía Federal, la inseguridad en gran parte de ese estado sigue siendo evidente.

Lo bueno es que, de pronto, como si hubiera habido una orden venida del cielo, el gobierno peñanietista se puso las pilas y ha dispuesto entrarle de frente al conflicto armado que está desatado en esa entidad de la República. Busca recuperar el tiempo perdido, más que nada porque están por llegar a México capitales privados de los emporios extranjeros que vendrán a explotar nuestros recursos energéticos y que, por lógica, exigirían garantías de seguridad para establecer sus oficinas corporativas y sus áreas de planeación y de operación en los estados en donde habrán de establecerse. Pero en Davos el mandatario mexicano no podrá evitar hablar de lo que pasa en México en materia de crimen organizado. Habrá que esperar lo que dice. A los inversionistas que vendrán a México a explotar nuestros recursos energéticos, les preocupa el tema.

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