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Michoacán, a punto del estallido

PAULINO CÁRDENAS

Por la situación de inseguridad y el acoso de los cárteles en Michoacán podría darse un levantamiento armado en ese estado, aventuró el líder de autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora. Cree que el apoyo que tiene del gobierno federal y estatal su rival, Luis Antonio Torres alias “El Americano”, podría provocar matanzas. Por lo pronto esas rivalidades ya cobraron otra vida ayer, la de Aurelio Gómez Barocio, ‘La Coquena’, un personaje afín a Torres.

La gente ya esta harta de tanto crimen y abusos contra la población. Todo esa descomposición podría motivar un alzamiento popular armado como lo está advirtiendo el líder de La Ruana y fundador de los grupos civiles de autodefensa que se han ido multiplicando por la ineficacia e ineficiencia de las fuerzas policiales del orden y las fuerzas armadas, por colusión con los cárteles que operan en la región.

De nada sirvió que el presidente Peña Nieto haya enviado a Michoacán a un comisionado plenipotenciario por un año, si las cosas en ese estado están tan convulsionadas como antes de que llegara Alfredo Castillo Cervantes dizque a velar por la seguridad e impulsar el desarrollo en ese estado, ya que ninguna de las dos misiones se cumplieron.

“Se le ha instruido no escatimar esfuerzo alguno a fin de recuperar la confianza de los michoacanos, a fin de entregarles resultados concretos”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, cuando dio a conocer el nombramiento el 16 de enero de 2014.

El comisionado tendría dentro de sus facultades promover la coordinación de las autoridades locales y municipales en el estado  de Michoacán con las autoridades federales, en los ámbitos político, social, económicos y de seguridad pública”, dijo el titular de la Segob.

Se supone que Castillo Cervantes iba por los criminales, por quienes transgreden la ley en esa entidad; tendría la tarea de garantizar la coordinación entre autoridades y con base en resultados se iría recuperando la confianza de la población. Nada de eso sucedió.

Al contrario. Salió por peteneras de Michoacán después del desastre que armó coludiéndose con las mafias asesinas y que hoy han vuelto a asolar a esa región del país. Por lo pronto se han recrudecido los odios entre el grupo de Luis Antonio Torres, “El Americano”, y el que encabeza Hipólito Mora.

El líder de La Ruana afirmó tener pruebas de que Luis Antonio Torres tiene apoyo de algunos funcionarios del gobierno, “creo que de los dos (estatal y federal)”, dijo en entrevista con Grupo Imagen Multimedia. Y aventuró que vislumbra un peligro latente de levantamiento armado en todo el estado.

Pero esa rivalidad no es el único factor. Están los ataques de Cártel Jalisco Nueva Generación, al que el gobierno acusa de protagonizar la masacre en el rancho El Sol, en donde hubo 42 muertos pese a que familiares de las víctima dicen que fueron alrededor de sesenta.

Ese ataque fue el 22 de mayo pasado. El masivo asesinato fue en Tanhuato, Michoacán, en un área limítrofe con Jalisco. Fue, según plantearon las autoridades federales, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”.

El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), describió la reportera Sanjuana Martínez.

Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.

Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen.

Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar, según testimonios de sus familiares. Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema.

Aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre. Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos.

Desde hace tiempo ha habido en ese estado mucho derramamiento de sangre. Pero en los últimos seis meses se ha enconado la violencia, ha habido al menos tres masacres de civiles en las que los familiares de las víctimas culpa a la Policía Federal, al Ejército Mexicano y Fuerza Rural en Michoacán de ser los autores con el pretexto de que van por delincuentes.

¿De que sirvió enviar al comisionado Castillo Cervantes a Michoacán? ¿De qué ha servido el supuesto despliegue de acciones federales en coordinación con el gobierno de ese estado? ¿Y tanto dinero del erario en medio? El hecho es que ese ensayo no sirvió para combatir a la delincuencia, al crimen organizado ni a los cárteles en esa entidad. Y puede haber un levantamiento armado en esa entidad federativa.

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Ante crimen, gobiernos negligentes

PAULINO CARDENAS 

Desde siempre ha habido pruebas de que al gobierno federal no le preocupa el crimen. De hecho nunca le ha preocupado. No ha sido su prioridad. No de ahora sino desde anteriores regímenes. Anuncian que lo combatirán, pero acaba siendo un cuento. Un ejemplo es lo que sucede en Veracruz en donde podría decirse que lejos de combatirlo, el gobierno lo fomenta. El crimen organizado y la creciente violencia armada son las mayores amenazas para los mexicanos. Ante el crimen hay gobiernos negligentes… o complacientes.

No tanto la amenaza es para el gobierno en donde parece que existe un contubernio permanente que ha permitido el crecimiento y expansión de las bandas criminales y de los cárteles de la droga a prácticamente toda la República Mexicana. La complacencia de los gobiernos ante el crimen es evidente. La segunda “fuga” de Joaquín El Chapo Guzmán es la prueba más fehaciente. La mezcla de corrupción e impunidad volvieron a hacer posible su escape. Claro, con muchos millones de dólares de por medio.

Y hay que ver para creer lo que sucedió en la casa del crimen múltiple en la Narvarte contra el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril -quien por diversas amenazas huyó de Xalapa donde vivía, colaboraba en la revista Proceso y con las agencias Cuarto Oscuro y Ave Noticias-, y cuatro mujeres -una de ellas presunta activista del YoSoy132- que fueron hallados ejecutados con signos claros de violencia y el tiro de gracia final.

Una de las víctimas era Nadia Vera Pérez, originaria de Chiapas, igual que Espinosa Becerril tenía como centro de sus actividades el estado de Veracruz son sede en Xalapa. Se dedicaba a la producción de programas para las redes sociales, y era integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa y del movimiento #YoSoy132. Nadia fue de las estudiantes golpeadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública durante el desfile del 20 de noviembre del 2012, por protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales.

En conferencia de prensa, Migue Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF, reiteró que la Procuraduría capitalina mantiene abiertas todas las líneas de investigación del caso; entre ellas, se incluyen las amenazas que sufrió Espinosa Becerril –como él mismo lo denunció– directamente del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Se teme que el caso pudiera ser clasificado como robo a mano armada, pese al antecedente del fotoperiodista de que había sido amenazado varias veces; la última incluso ya estando en el DF.

Mancera dijo que no ha tenido comunicación con el mandatario estatal sobre el caso. “Desde el Gobierno de la ciudad reiteramos que no debe haber impunidad y que daremos las garantías de seguir todas las líneas de investigación del caso” comentó. Luego de la manifestación de cientos de periodistas en el Ángel de la Independencia, reconoció que el GDF “tiene la obligación de resolver” el múltiple homicidio de la colonia Narvarte “lo antes posible”. Menos mal que no dijo la trillada frase de que ‘se actuará hasta las últimas consecuencias’.

El crimen organizado domina el mapa del país por encima de las fuerzas armadas. Eso es un hecho. Se habla constantemente de las bandas del narcotráfico como el cártel de Sinaloa, el del Golfo, Los Zetas, de Juárez, el de Tijuana, del Pacifico Sur, la Familia Michoacana, de los Caballeros Templarios, de Jalisco Nueva Generación, etc., etc. Pero hasta hace poco, con motivo de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se comenzó a hablar de cárteles controlados por el gobierno local y un alcalde, como fue el caso de Guerreros Unidos.

En Veracruz parece haber una banda similar de exterminio que pudiera estar controlada desde el gobierno, sobre todo para secuestrar y ejecutar periodistas ‘que se portan mal’ ya que el gobernador Duarte de Ochoa le ha pedido a los reporteros ‘que se porten bien’. Son varios casos de periodistas asesinados -14 es la cifra hasta ahora- incluida la ejecución de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Xalapa, además de ataques que han sufrido instalaciones periodísticas como fue el caso hace dos días de un diario de Poza Rica.

El gremio periodístico es uno de los que más bajas ha sufrido en varis latitudes del país, pero especialmente en Veracruz. En una entrevista con Sinembargo, el hoy ejecutado fotoperiodista señaló: “Yo me especializo en movimientos sociales. Tengo una portada en la revista Proceso con el gobernador (Duarte de Ochoa); esa portada lastimó mucho, de hecho la compraron a granel… Es una fotografía donde el gobernador sale con una gorra de policía y de perfil que va caminando. Nosotros en Xalapa nos hemos manifestado siempre que asesinan a un compañero”.

Comentó: “Fui golpeado en el desalojo de maestros en 2013, en la plaza Lerdo, junto con otros compañeros, a raíz de eso tuvimos que ir a marchar. Hicimos que el Congreso hiciera la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas, que no sirve de nada. Estuve en la colocación de la placa en la plaza Lerdo, donde le pusimos Regina Martínez. He dado cursos de seguridad para los fotógrafos y me han hecho saber que soy un fotógrafo incómodo para el Gobierno del Estado”.

–¿Cómo te hacen saber eso?

“No me dejan entrar a los eventos oficiales. En una ocasión cuando fue lo de los 35 cuerpos que encontraron en el Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río, el entonces Procurador Reynaldo Escobar Pérez iba a dar una conferencia. Entonces me dice una persona encargada de prensa, Edwin, no recuerdo su apellido, que yo qué hacía ahí, que yo no tenía nada que hacer y que estaba estorbando. Entonces de ahí comenzaron a tomarme fotos por parte de la gente de Gobierno del Estado”.

–¿Sólo te acosan a ti?

“A mí y al grupo de los periodistas en los que estoy”.

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Ve el Gobierno elecciones pacíficas

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno federal ve unas elecciones pacíficas para este domingo 7 de junio. El secretario de Gobernación dijo el viernes en conferencia de prensa que existen ‘dificultades’, no ‘alarmas’, de cara a los comicios que habrá en varias entidades del país. Sin embargo, son varias las entidades federativas en donde pudieran darse sorpresas en algunos de sus municipios porque hay comunidades consideradas ‘focos rojos’ por inseguras a causa de la acechanza de los cárteles de la droga y el crimen organizado, como son los casos de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco entre otros estados de la República.

También hay organizaciones que han manifestado que impedirán que los comicios se lleven a cabo, entre los que están principalmente los grupos que apoyan a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y agrupaciones como el CNTE a quienes apoyan grupos radicales en varios estados, lo mismo que agrupaciones sindicales disidentes que están contra el gobierno, que quieren impedir que haya elecciones. Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que se dialoga con opositores para convencerlos a que no se opongan a que haya elecciones.

Aunque no habló del tema, se sabe que para tranquilidad de los votantes, fuerzas federales y estatales estarán vigilando que la jornada se lleve en paz. Es sabido por el gobierno y por muchos mexicanos, que hay plazas y sobre todo comunidades muy inseguras, pese al optimismo oficial. Hay grupos criminales que sigan agobiando poblaciones enteras. Para el efecto serían destacados elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y Estatales así como y el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, que estarán vigilando que las votaciones se lleven a cabo en calma y en paz.

No se ha hablado del número de efectivos que serán destacados para esa misión, pero serán miles. Ese operativo se implementará para evitar que sicarios del narcotráfico y el crimen organizado pudieran infiltrarse el próximo domingo y provocar algún incidente, lo mismo que los grupos que pretenden oponerse a que haya comicios. Especial atención habrá al menos en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Habrá coordinación entre las diferentes corporaciones militares y civiles para estar pendientes de que pudieran suscitarse conflictos, robo de urnas o amagos en las casillas de cada comunidad, poblado y municipio. De esta manera quedarán blindados los estados en donde habrá la renovación de nueve gubernaturas, elegirán a 500 nuevos legisladores para la Cámara de Diputados, 641 diputados locales y 993 presidentes municipales, así como los titulares de 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales.

En total habrá elecciones locales en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, y Yucatán. Habrá observadores que vigilarán ese proceso, lo mismo que entidades no gubernamentales de derechos humanos que estarán atentas a las incidencias que pudieran serles reportadas.

Para garantizar que los votantes lo hagan sin temor estarán desplegadas fuerzas del orden y militares para aplacar cualquier asomo que pudiera implicar su actuación, lo que las autoridades electorales y del propio gobierno ven como remota esa posibilidad. El hecho es que tanto el Gobierno como el INE creen en un estatus de paz y tranquilidad para el próximo domingo día de las llamadas elecciones intermedias del sexenio. Ojalá que ese optimismo esté cifrado más en datos de inteligencia seguros, que en mero deseo de que la jornada se celebrará sin sorpresas mayores.

Pero en la vida real las cosas no están tan tranquilas. Ahí están de prueba los cinco asesinatos de gente vinculada al proceso electoral: una precandidata que buscaba una regiduría y otros dos que buscaban una alcaldía, así como un coordinador delegacional de campaña, en el Distrito Federal. Es un problema serio que se quiere minimizar y ver con optimismo. Es lo políticamente correcto para no ‘hacer olas’ antes de los comicios. Ojalá que no haya más eventos de violencia y sangre como los que hubo el pasado 1 de mayo cuando fuerzas del estado se enfrentaron al Cártel Jalisco con las consecuencias ya conocidas.

O que haya tiroteos como el de Tanhuato, Michoacán del viernes 22 de mayo en la madrugada, en donde aún no quedan claras muchas cosas. Una versión habla de venganza por lo que pasó el primero de mayo en Guadalajara, ya que en este ultimo tiroteo se dice que las víctimas fueron del cártel Nueva Generación. Las autoridades señalan que fueron muertos en enfrentamiento. Los hechos fueron en el Rancho del Sol, de 112 hectáreas, donde se cultiva alfalfa. Los criminales lo invadieron el lunes 18 de mayo para usarlo de escondite y descansar, según información que recopiló el corresponsal del periódico El País, Luis Pablo Beauregard.

El capataz de la finca anunció a la dueña, que vive en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, que un grupo de hombres armados se había apoderado del lugar. Los criminales ofrecieron un pago simbólico para apropiarse del rancho. La dueña del lugar denunció el delito ante la Fiscalía local, lo que detonó un operativo para investigar el despojo, que al final devino en la matanza de Tanhuato. Ese hecho alcanzó notoriedad mediática a escasos días de las elecciones intermedias.

Incluso sobre el caso, surgen nuevas versiones de parte de familiares de las víctimas. Aseguran que no todos eran sicarios del Cártel Jalisco, y que los torturaron, los mutilaron, los arrollaron y algunos recibieron el tiro de gracias, según testimonios recopilados por reporteros del semanario Proceso. Aseguran que incluso la humillación a los familiares que viajaron a Morelia a reclamaron los cuerpos, escriben los reporteros F. Castellanos, J. Covarrubias y M. Ramírez.

Ojalá que el optimismo gubernamental esté en lo correcto y sobre todo que esté basado en información de inteligencia y no en supuestos. Habrá que ver lo que pudiera suceder de aquí al próximo domingo. Lo deseable es que las elecciones se celebren en la más completa calma.

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Que no hubo ejecuciones: Rubido

 PAULINO CÁRDENAS

Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad, salió al paso de versiones sobre si lo de la matanza de Tanhuato, Michoacán fue o no una ejecución masiva. Manifestó que el operativo inició en la misma madrugada del pasado viernes, y que fueron los elementos de las fuerzas federales quienes resultaron agredidos por los delincuentes, mismos que después buscaron resguardarse en el rancho El Sol y que luego de tres horas de enfrentamiento hubo bajas de ambos lados.

Una primera versión que se difundió por las redes sociales señalaba que elementos del Ejército y agentes de la Procuraduría General de la República, sorprendieron dormidos a un grupo de 45 delincuentes en el rancho El Sol, que al ser atrapados, repelieron con armas de fuego el operativo, registrándose la masacre de 42 presuntos delincuentes, y tres detenidos. Por parte de las fuerzas federales, hubo solo un policía muerto. Lo que llama la atención es tan desigual cifra. Se dijo que el grupo que fue abatido pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rubido reiteró que los sucesos de Tanhuato no fue una ejecución extra judicial: “Definitivamente no. Desde el mismo viernes y a petición de nosotros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) estuvieron presentes en el lugar”. ¿Habrían presenciado el enfrentamiento que duró tres horas? Más bien habrían estado a buen resguardo o habrían llegado después de los hechos. Sin duda que otros organismos internacionales querrán venir a constatar lo dicho por el comisionado Nacional de Seguridad. Y ojalá que no vengan con algunos ases bajo la manga.

Ya con los casos del presunto fusilamiento de otro ‘supuesto’ grupo de delincuentes -al parecer dedicados al secuestro- sucedido en Ttlatlaya, estado de México el 30 de junio del año pasado, en donde un comando militar habría ‘fusilado’ a la mayoría de los 22 sospechosos ya sometidos, que también se dijo que habían muerto en un enfrentamiento a tiros, pero que una testigo tiró esa versión porque dijo que ella había visto cómo los mataban aún después de haberse rendido, es un asunto en el que ha dejado en evidencia el buen nombre del Ejército mexicano.

Y sigue estando el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que siguen en calidad de desaparecidos y muchos se preguntan si acaso no habría sido una ejecución masiva. Está también la masacre de Apatzingán, Michoacán del pasado 6 de enero, donde policías federales dispararon a sangre fría, contra un grupo de manifestantes ya sometidos de la Fuerza Rural, a las afueras del Palacio Municipal. Y está la masacre de Tanhuato, Michoacán, la madrugada del pasado viernes, en donde hubo un saldo de 42 muertos y tres detenidos por parte de los ‘malos’ y un solo policía fallecido; una versión que para muchos resulta un tanto fantasiosa.

Ojalá sea mero sospechosismo la nueva estrategia de exterminar sicarios con ejecuciones extrajudiciales, lo que para Peña Nieto resultará otro asunto de verdadero cuidado. Habrá que ver qué sigue y las reacciones que pueda haber en los medios extranjeros que estarán monitoreando a ver si no se presenta el mismo modus operandi en próximas operaciones antinarco. Habrá quienes aplaudan la medida, pero de ser así saldrían a relucir las banderas de quienes velan por los derechos humanos, aún tratándose de delincuentes.

El caso es que la violencia ha resurgido en varios estados de la República, lo cual resulta evidente, pero eso para el gobierno federal y los estatales es más que preocupante, sobre todo porque están en puerta las próximas elecciones llamadas intermedias en torno a las cuales es preferible un clima de paz en todas las entidades, aunque los estados en donde se celebren tengan que estar bajo la vigilancia de las fuerzas militares y la Policías Federal y las estatales. Las áreas de inteligencia del sistema federal deberán estar muy coordinadas al menos de aquí al próximo domingo 7, día de las elecciones.

Habrá comicios en varias entidades federativas. Se renovará la titularidad de sus gobiernos en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Además, cambiará la totalidad de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, se elegirán 903 presidentes municipales y 639 diputados locales. Las operaciones militares se han intensificado a solo once días de las votaciones. Hace unos días policías de la agrupación Fuerza Tamaulipas acaba de desmantelar en el municipio de Reynosa un sistema de video-vigilancia clandestina de un cártel.

La sofisticada red contaba con aparatos en 52 puntos fijos llamados de ‘alto impacto’ desde los cuales vigilaban a través de internet -como su propio ‘Big Brother’-, las acciones de las fuerzas estatales y federales de seguridad, así como de la sociedad civil. La mayoría de las cámaras fueron instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México. ¿Cuántas de esas redes de vigilancia no tendrán en cada estado de la República los diversos cárteles que operan en México, para los mismos fines delincuenciales?

Además de contar con sofisticados armamentos bélicos y de tener infiltradas a la Policía Federal estatal y municipal, así como con espías en las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del propio Cisen, pone en desventaja al gobierno de Enrique Peña Nieto en la lucha que se supone lleva a cabo contra los cárteles de la droga y grupos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. De ahí que con los métodos que sean necesarios, la lucha contra el narco por parte del actual gobierno, parece ir tomando un cariz serio.

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Avergüenza el México bárbaro

PAULINO CÁRDENAS

La inseguridad, la violencia y los hechos de sangre que se registran cotidianamente en el país, han colocado a México entre uno de los peores sitios a nivel mundial en el mapa de hechos criminales cometidos por la delincuencia organizada. Horroriza que el territorio nacional se haya ido convirtiendo en un cementerio clandestino, en donde son echados los cadáveres que son ejecutados, descuartizados e incinerados, como sucedió con el caso de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que el presidente Enrique Peña Nieto lamentó ayer en un breve mensaje a la nación. Esa práctica criminal se viene repitiendo en Tamaulipas y Veracruz, entre otras entidades federativas. Esos hechos forman parte del México bárbaro que avergüenza al país.

En Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo federal dijo sentirse consternado y profundamente indignado y anunció que su gobierno atenderá la situación de manera coordinada con el gobierno estatal y dentro del ámbito de sus atribuciones para evitar que haya impunidad en torno a la masacre de estudiantes en Iguala. “Como presidente, me encuentro profundamente indignado y consternado. Lamento la violencia que se ha dado y que sean jóvenes estudiantes afectados y violentados en sus derechos” expresó.

Aunque se refirió de forma reiterada a esos hechos, Peña Nieto evitó mencionar detalles de la masacre de estudiantes por parte de la policía local que ya trabaja con la federal como mando único, y sicarios del cártel Guerreros Unidos. En su mensaje, señaló que mantendrá la cooperación con el gobierno de Guerrero e instruyó al gabinete de seguridad a tomar acciones que permitan conocer la verdad y se aplique la ley a los responsables. Dijo que será el gabinete de seguridad el que mantendrá informada a la sociedad mexicana sobre el caso Ayotzinapa.

Desde mayo pasado el gobernador Ángel Aguirre firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60 por ciento del total de elementos del estado e incluye a Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala. Las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal.

Según el gobernador, con dicho acuerdo se buscaba combatir la inseguridad y la delincuencia “con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley”. El caso es que el nuevo esquema no ha funcionado por la colusión de efectivos policiacos con uno de los cárteles que opera en la región, Guerreros Unidos, cuyos sicarios participan con policías-delincuentes estatales y municipales en la masacre de estudiantes.

Por su parte, con un retraso de diez días, la PGR anunció que encabezará la investigación de la masacre de los estudiantes rurales de Ayotzinapa, levantados por la policía y sicarios de manera forzada, torturados, ejecutados y enterrados en fosas clandestinas, entre el viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre, después de un encuentro con efectivos de Seguridad Pública que agredieron a tiros un camión donde viajaba un equipo de futbol, en donde hubo tres muertos y 43 alumnos desaparecidos. La Procuraduría General de la República reforzó el equipo de peritos, ministerios públicos y expertos en diversas materias que se encargarán de la investigación, ya que por el momento se cuenta con indicios suficientes para considerar que miembros del crimen organizado son los responsables de los hechos.

Los cárteles de la droga han expandido sus métodos de hostigamientos a escuelas privadas. Uno reciente fue el del colegio Montessori American School de Tampico, que hace unos días cerró sus puertas debido a amenazas del crimen organizado. Personal en el colegio que estuvo recibiendo varias llamadas con intentos de extorsión y amenazas presuntamente de Los Zetas, lo que obligó a los directivos a cerrar el plantel, después de operar durante 22 años. Personal del colegio sufrió amenazas para pagar una cuota a un grupo del crimen organizado. Bajo esas circunstancias decidieron el cierre de actividades, para no exponer la seguridad e integridad de los niños. Este es uno de tantos ejemplos de lo que está sucediendo en México con la amenaza criminal.

Otros centros escolares han sufrido amenazas de extorsión, como la escuela privada William Shakespeare, también en Tampico, que optó por cerrar sus puertas por amenazas de muerte a los directivos y al personal si no accedían a sus exigencias. La Universidad del Valle de México en Reynosa, también cerró debido a amenazas e intentos de extorsión. Los grupos del crimen organizado han venido realizando extorsiones en diversas facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde cobran cuotas a maestros y a los alumnos los obligan a comprar boletos de rifas cuyos premios jamás son entregados.

Pero lo peor que le ha sucedido a Tamaulipas es el caso de la gente que ha sido levantada, ejecutada y enterrada en fosas clandestinas. Hasta ahora suman 272 restos encontrados en narcofosas en ese estado. Lo mismo ha sucedido en otras entidades. Según cifras recientes, en Veracruz han sido hallados 144 cadáveres, en Jalisco 119, Hidalgo 112, Guerrero 101, Sinaloa 89, Chihuahua 59, Nuevo León 56, Tlaxcala 42, Coahuila 40, Colima 39, Durango 32, estado de México 30, Baja California Sur 28, Zacatecas 27, Morelos 21, Distrito Federal 20, Oaxaca 19, Baja California 19, Sonora 10, Chiapas 3, y Nayarit 1. Del resto de las entidades no hay reportes de hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas.

Este esquema criminal de restos encontrados en narcofosas, aunado al acoso, crímenes, decapitaciones y ejecuciones como los de Tlatlaya, estado de México, integran el panorama de horror que vive el país y que ha colocado al gobierno de México en el ojo del huracán. Ese México bárbaro avergüenza a todos los sectores de la población que siguen esperando que el gobierno federal frene el avance de los capos de la droga y de las mafias criminales, antes de que el crimen acabe imponiéndose y gobierne al país.

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México tiende a militarizarse

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en materia de seguridad se trabaja de manera coordinada con todas la entidades del país, sin distingo de origen partidario, para que los mexicanos tengan mayor seguridad, porque lo importante, dijo, es actuar de manera eficiente y eficaz para brindar resultados. Aseguró que se continuará laborando en esa materia y en específico con el Estado de México, para hacerlo de una mejor manera como se está haciendo en otras entidades como Michoacán, la cual no mencionó por su nombre. Es obvio que le preocupa que en su estado natal las cosas no se salgan de madre en materia de inseguridad, ya que se convertiría en tema de críticas por parte de la oposición, cercanas las elecciones intermedias del 2015. Aunque la ayuda federal contra el narcocrimen no quiere que se politice, es evidente que no lo podrá evitar.

Como escribió hace un par de días el titular del portal Pulso Político, Francisco Cárdenas Cruz, que si en lugar de promover su imagen en los medios de comunicación, impresos y electrónicos, con gastos millonarios, los gobernadores dedicaran esos recursos a preparar a sus cuerpos policíacos e intentar hacer algo para combatir a la delincuencia en vez de lloriquearle ayuda del Presidente de la República, otra cosa sería. De cualquier forma, lo que declaró Peña Nieto en una reunión en San José del Rincón en el estado de México a donde acudió a un evento para darle su espaldarazo al gobernador que lo sucedió en el mando del gobierno de esa entidad, Eruviel Ávila, se convierte en un compromiso público.

A partir de ahora se infiere que si un gobernador de cualquier estado de la República, aún sin ser priísta, le pide ayuda a la Federación para coadyuvar en la lucha contra los cárteles de la droga y del crimen organizado, ésta se otorgará de inmediato. Hasta ahora son dos entidades federativas, Michoacán y el estado de México, ambas con gobernadores que pertenecen al PRI, que ya tienen una importante ayuda militar y policial federal por parte del gobierno que encabeza Peña Nieto. Lo que sucede es que si se comienza a dar ayuda a los 24 estados de la República que están señalados en rojo en el mapa de inseguridad provocada por los cárteles de la droga y las organizaciones criminales, a ese paso pronto el país quedará prácticamente militarizado.

La pregunta es si eso será bueno para la imagen de México ante el mundo, cuyo gobierno insiste en hacer creer que la violencia y la criminalidad están comenzando a estar bajo control. Pero el problema es que ciertamente estarían bajo control, pero de las fuerzas militares y pronto México quedaría teñido de verde olivo, con vigilancia de tanquetas y camiones militares, y con rondines de la Policía Federal, lo que daría una imagen de ciudad en alerta de guerra. Eso, de cara a la llegada de los emporios petroleros que vendrán a participar con todas las de la ley en la explotación y el usufructo de la riqueza de hidrocarburos reales y potenciales que posee México, podría no ser positivo para el país. ¿O será más bien por eso que se quiere militarizar a la mayor parte del territorio?

Eso sería paradójico para el propio Peña Nieto, ya que desde que anduvo en campaña trató de evitar el tema de los cárteles de la droga y la lucha anticrimen; incluso al comenzar su administración prohibió a los suyos mencionar por su nombre al crimen organizado, a los cárteles de la droga, a los capos de esas mafias, quedando proscritas del lenguaje oficial palabras como narcotráfico, narco, ejecuciones, matanzas, levantones, secuestros y extorsiones, entre otras muchas que componen el argot del mundo criminal. Se trataba de querer tapar el sol con un dedo, creyendo que excluyendo del discurso y las declaraciones oficiales las palabrotas relacionado con el tema, el problema se acabaría o al menos se modificaría la percepción de la sociedad sobre los cárteles y sus matanzas. Pero no.

Hoy, pasados 16 meses del nuevo gobierno federal, se ha tenido que aceptar que la realidad es otra; que la estrategia del silencio no surtió efecto y que hay que enfrentar las cosas con la crudeza que ello implica. No es con actitudes de escamoteo como podrán obtenerse resultados positivos en esa lucha. El combate a los cárteles de la droga y al crimen organizado debe ser un trabajo conjunto, no solo coordinando esfuerzos entre las instancias de las fuerzas armadas y policiacas federales que participan en esa lucha, sino aceptando que otras áreas, como las de inteligencia, resultan vitales, si se les utiliza para apoyar esa guerra contra los cárteles en lugar de dedicarlas a realizar labores de espionaje político. En ese sentido, los mandos de la Marina-Armada de México -quizá hasta desatendiendo órdenes por un afán de servir- han entendido que la cooperación es básica.

Por ello dede el sexenio pasado los mandos navales han seguido la relación intercambio de datos de inteligencia con diversas áreas anticrimen de Estados Unidos. Su discreción, su disciplina y la alta preparación de los grupos de élite entrenados en Estados Unidos, han logrado los éxitos con los que el gobierno se ha venido parándose el cuello en la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado. Cierto que hay que acotar la participación en territorio mexicano de agentes especiales norteamericanos avezados en perseguir criminales, que pertenecen a diversas agencias anticrimen como la DEA, FBI, CIA, ICE, ATF, etc., etc. Pero no hay que irse al otro extremo. Hay que recordar que, según lo expresó el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en México operan entre 60 y 80 cárteles de diversas potencialidades.

Si bien a lo largo de los seis años del régimen de Felipe Calderón éste le consintió todo a su funcionario predilecto, Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal -quien aprovechó el cargo para darle vuelo a su afán protagónico y armar montajes para hacer creer que había avance en la guerra anticrimen, exhibiendo noche a noche a supuestos criminales por televisión-, que eso no sea motivo para cerrarse a que agencias avezadas en la persecución de criminales organizados, cooperen con la que tiene el gobierno federal, las Fuerzas Armadas y la propia Policía Federal. Si bien antes el preferido de Calderón llevaba la batuta de la guerra contra el narco -fracasada por cierto- rebasando a los entonces titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, hoy las cosas según parece son diferentes. Pero la inquietud sigue porque al parecer México tiende a militarizarse.

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Autodefensas se subordinan

PAULINO CÁRDENAS

Al menos hay dos tipos de autodefensas. Los que han decidido subordinarse al gobierno federal y que quedarán bajo el mando del Ejército, y los que se niegan a someterse a las instancia institucionales que por años los tuvieron abandonados y en el olvido. Pero sin duda hay otro grupo de comunitarios armados más radical: los que están dispuestos a seguir en su lucha contra los cárteles que los tienen sometidos y contra la delincuencia organizada que los extorsiona, porque dudan que el gobierno peñanietista pueda con el reto de exterminar a los capos y sus sicarios en el país. La tarea de exterminio, dicen, duraría años, ¿y mientras? ¿seguiremos expuestos a los criminales? Además –se quejan– el gobierno advierte que las armas que tenemos hay que registrarlas y si son de uso exclusivo del Ejército hay que entregárselas, nos las quitan, mientras que los sicarios seguirán en posesión de armamento de alto poder e incluso cohetes autopropulsados conocidos como RPG que se usan en las grandes guerras.

Pero no todas las autodefensas están dispuestas a quedar subordinadas al gobierno federal ni bajo el mando del Ejército. Un nuevo grupo de estos colectivos civiles, por ejemplo, comenzó este martes a operar en el Municipio de Yurécuaro, en los límites de Michoacán y Jalisco. Lo mismo sucede en otros municipios de otros estados de la República. Las razones son dos: una, que no están dispuestos a quedar a expensas de los cárteles ni del crimen organizado ya que los gobiernos no hacen más que tirar discursos mentirosos en los que exaltan cosas que en la realidad no suceden, y dos, que de plano no creen en las promesas del gobierno federal de que acabarán con los cárteles de la droga y sus redes de explotación, violencia y crimen en contra de la población que desde hace años ha estado desamparada.

Así las cosas, entre los diversos grupos de autodefensa armada no todos están dispuestos a deponer las armas reglamentarias y subordinarse al Ejército. En Chihuahua, Morelos, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Veracruz, además de Chiapas y Oaxaca, entre otros estados de la República, hay grupos civiles armados que se niegan a sumarse al gobierno federal y quedar subordinados bajo las órdenes de los militares en su lucha contra los criminales, ya que militares y policías locales y federales, gozan de la mala fama entre la población, de estar coludidos con los cárteles de la droga y las mafias criminales que tienen asoladas a muchas comunidades y poblados en decenas de municipios del país. Aparejado con los problemas de violencia y fuego que hay en varios estados, existen otro tipo de causas que podrían convertirse en otro dolor de cabeza para el gobierno federal.

Un caso es el que está sucediendo en Guerrero, en donde Policías ciudadanos y pobladores del Valle Ocotito se congregaron sobre la carretera Acapulco-México para impedir el ingreso del Ejército a su población. Entre los límites de la comunidad de Ocotito y Mohoneras, la policía ciudadana compuesta por hombres y mujeres así como pobladores está a la expectativa en caso de que el Ejército ingrese a su pueblo colocando un retén sobre la carretera federal. Gonzalo Torres, coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, denunció que se tienen amenazas y hostigamiento “brutal” por parte de las fuerzas federales de que los van a replegar.

Dijo que les han informado que convoyes del Ejército Mexicano se encontraban agrupados en la entrada de Chilpancingo, Las Cruces, en Acapulco, y en la salida de Cuernavaca para llegar a la comunidad de Ocotito. Los policías ciudadanos realizaron sobre la carretera federal Acapulco-México “ejercicios militares” en caso de que ingresen vía terrestre como acostarse en el piso para impedir su paso. Dieron a conocer que para anunciar a la población de la llegada del Ejército tocarán las campanas de la iglesia y los claxon de los carros. Los pobladores mostraban sobre la vía federal a los automovilistas pancartas y mantas con leyendas como “Luchemos por un Ocotito con Paz”, “No más inseguridad”, “No más violencia”, “Ocotito a favor de la comunitaria” y “Debemos estar unidos y no dejar que nadie nos pisotee”.

Está el otro caso de San Gabriel, Chilac, Puebla, donde un grupo de pobladores ha decidido levantarse en armas y tomar los cuatro módulos de Seguridad Pública de la localidad para impedir que tome posesión el nuevo alcalde del Partido del Trabajo (PT), Rigoberto David Martínez, el próximo 14 de febrero. A diferencia de las autodefensas de Michoacán y de Guerrero, los habitantes del pequeño poblado de San Gabriel no buscan combatir al crimen organizado por cobro de cuotas, por derecho de piso o por violación a sus mujeres. Los poblanos quieren combatir a sus políticos que acusan de corruptos y de fraude electoral. Otro tipo de problemas, como el abandono de los gobiernos de gente que vive en la pobreza y la miseria, es otro factor que podría estarse sumando al descontento social y hacer, junto con las autodefensas civiles, un caldo de cultivo muy peligroso para el país y un nuevo reto para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto el gobierno federal anunció su primera detención importante en Michoacán, la de Dionisio Loya Plancarte alias ‘El Tío Nicho’, quien era el encargado de la distribución de droga en Morelia. Fue hallado por miembros del Ejército y la Policía Federal encerrado en un clóset. En un mensaje ofrecido en la Secretaría de Gobernación, acompañado de representantes de la Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal, Monte Alejandro Rubido García señaló que con esa detención se dio un duro golpe al crimen organizado en Michoacán. “El gobierno de la República refrenda su compromiso de reforzar el Estado de derecho, promover acciones para vigilar que se respete el marco legal aplicable y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señaló. Aunque varios líderes de los grupos comunitarios estuvieron de acuerdo en quedar subordinados al Ejército en su tarea de autodefensa, hay otros grupos de civiles armados que no están de acuerdo en subordinarse dócilmente a la propuesta del gobierno federal.

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