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Los raterazos, a la cárcel

PAULINO CÁRDENAS

Son 88 millones y medio de pesos en efectivo que tenía escondidos en una vivienda ubicada en una ranchería de Nacajuca, José Manuel Saiz, ex tesorero de Andrés Granier, el ex mandatario de Tabasco al que se le viene señalando por un desfalco calculado en 20 mil millones de pesos durante su administración. Se cree que podría haber más dinero escondido en otros lugares, ya que más de 25 personas han declarado sobre las cantidades en efectivo que ingresaban a la Secretaría de Finanzas del estado. Trascendió que hay varias personas detenidas; se dice que Saiz, quien al parecer radica -o radicaba- en Mérida, ya trae un amparo bajo el brazo, y Granier vive en EU. Otro sospechoso es el subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras. Podrían desaparecer del mapa.

Esto sucede a unos días de que el noticiario Telereportaje difundiera unas grabaciones en las que el ex gobernador Granier presumió de viajes por el mundo y propiedades en Miami, Cancún, el Distrito Federal y Villahermosa, además de poseer mil camisas, 400 pares de zapatos, cientos de pantalones y 300 trajes. La conversación fue grabada durante una fiesta en la ciudad de México el 17 de octubre de 2012, dos meses y medio antes de que Granier dejara el cargo, cuando era manifiesta una grave crisis financiera en Tabasco por un millonario quebranto que paralizó entre otros el sector salud. Dijo que aquel día estaba en estado de ebriedad. Pero los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Otra ficha es su hijo Fabián Granier Calles.

Los mexicanos honestos, que son una abrumadora mayoría, preguntan: ¿Cuántos gobernadores y ex gobernadores, presidentes municipales y funcionarios federales en México están en las mismas que Granier? ¿Cuántos más funcionarios hay en el país que al amparo de su cargo se dedican a saquear las arcas del erario público? ¿Cuántos casos quedan impunes? Por lo pronto resulta loable el esfuerzo de las actuales autoridades de Tabasco por darle seguimiento al supuesto desfalco atribuido al ex gobernador durante su gobierno. El descarado robadero al erario de esa entidad federativa quedó demostrado con el hallazgo de las cajas de cartón que tenía escondidas el ex tesorero de Granier y en donde había millones de pesos en efectivo.

Ahora la población tabasqueña demanda celeridad en los procesos contra los funcionarios corruptos, comenzando por las sospechas fundadas que han recaído en Andrés Granier. Ojalá que no se atribuya a una legislación penal obsoleta o a la práctica perversa de algunos abogados que suelen entorpecer la buena marcha de los procesos, para que al final salgan con que no hay elementos suficientes para instrumentar jurídicamente el debido proceso en cada caso. Ojalá que tampoco se le ocurra al gobierno que encabeza Arturo Núñez del Movimiento Progresista por Tabasco, integrar una Comisión Especial de Justicia para el caso, porque eso equivaldría a que el mismo pudiera quedar impune ya que las comisiones no sirven para nada. La sociedad tabasqueña y de todo el país piden la aplicación de sanciones ejemplares a esos ladrones de cuello blanco.

Los mexicanos están interesados en conocer las medidas que habrían de ser aplicadas al ex tesorero de Granier y a éste junto con su hijo Fabián, así como al subsecretario de Egresos del gobierno anterior, Miguel Ángel Contreras, que son sospechosos de haber integrado una red criminal organizada para saquear los recursos del erario de esa entidad que padece muchas carencias. Asímismo hay un número indeterminado de denuncias de corrupción que se han venido dando en otros estados de la República, sobre los que la que la ciudadanía quisiera ver la aplicación de sanciones penales ejemplares.

Un caso que ha vuelto a retomar fuerza es el de la guardería ABC. En una entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, las madres de víctimas, Juana Luna y Julia Escalante, así como el abogado Gabriel Alvarado, sostuvieron que existen elementos que comprobarían que el incendio de la guardería se inició por la quema intencional de documentos sobre la deuda estatal de unos 10 mil millones de pesos del gobierno de Eduardo Bours, cuya documentación se hallaban en la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la guardería en donde fallecieron 49 niños y decenas más quedaron con cicatrices permanentes en sus cuerpos y con afectaciones irreversibles en su salud.

El abogado indicó que el 17 de abril la PGR abrió la nueva línea de investigación, luego de que “se le proporcionaron elementos de prueba para señalar que fue provocado el incendio”. Ojalá que este caso se reabra y se procese y condene a quienes en los más altos niveles tuvieron responsabilidad de ese drama que conmovió a la nación. Y mientras cobra vida la Comisión Nacional Anticorrupción, los mexicanos esperan que el gobierno de Enrique Peña empiece a develar los casos de corrupción, identifique a los corruptos y los procese. Eso significaría un gran paso hacia la democracia. El caso Granier abre la esperanza de que deveras en esta administración comience una nueva etapa de ir contra la corrupción de funcionarios públicos y no salgan con que no habrá cacería de brujas. El mandatario priísta podría vestirse de luces si influye para que los raterazos vayan a la cárcel.

paulinocardenas.wordpress.com

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Evidente temor presidencial

PAULINO CÁRDENAS

Temeroso de que este día el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar sea a favor de otorgarle el amparo a Florence Cassez y quede en libertad, lo que sería un duro revés para el gobierno de Felipe Calderón, el mandatario panista no dudó en meterse en el tema este lunes pese a que se había dicho que el Gobierno no iba a opinar sobre el caso sino que se esperaría al pronunciamiento de la Corte. No fue así.

Durante una gira que realizó por Papantla, Veracruz, para supervisar el avance de obra de la que dijo será la cárcel ‘mas segura’ del país, acompañado del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pieza clave del proyecto de sentencia en el caso de la francesa, en un tono beligerante, enérgico y hasta colérico declaró que primero había que defender a las víctimas de los delitos, al señalar que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, sino que sea un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.

Ese comentario presidencial no fue bienvenido en la Suprema Corte ya que Calderón pretende darle nuevamente clases al sistema judicial, cuando en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el mismo ministro Arturo Zaldívar proponía que hubiera justicia para las víctimas, pero por presiones emanadas de la principal sede del poder político, se evitó a toda costa que hubiera esa justicia que hoy tanto invoca y por la que clama el mandatario panista en el caso Cassez.

Todavía los papás de los 49 niños y niñas que fallecieron y de los otros 76 que resultaron heridos, muchos de ellos con problemas respiratorios irreversibles o con quemaduras que los marcaron de por vida, se preguntan: ¿Dónde quedó el reclamo de justicia a favor de las víctimas de ese delito? Otros cuestionan: ¿Se exige justicia sólo cuando le conviene al gobierno federal como es el caso de la ciuadadana francesas condenada a 60 años de prisión por suponer que estuvo vinculada con una banda de secuestradores?

El pasado 8 de marzo en Oaxaca, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que el gobierno de Calderón no iba a opinar sobre el caso y que respetaría las decisiones del Poder Judicial. Sin embargo no fue así. Y el hecho de que se haya metido a opinar de última hora es prueba de que Calderón no está seguro de que el fallo de la Primera Sala en la Corte sea en sentido negativo y se deseche el proyecto, sino al contrario, es síntoma de temor de que los ministros pudieran votar por mayoría hoy mismo para que la ciudadana francesa pudiera obtener un amparo y su libertad absolutoria.

Sin embargo durante la gira que realizó por Papantla dijo que la justicia debe ponderar las garantías de los procesados “pero también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia, precisamente”. Y vino el regaño al Poder Judicial cuando dijo que le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, que como su nombre lo indica, “es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí; pero también, y sobre todo, hacer justicia en México”.

Recalcó: “Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente porque no se cumplen los fines del derecho”, reclamó Calderón, golpeando a su muy personal estilo varias veces el atril con el puño cerrado. ¿Ha habido justicia en el caso de los miles de desaparecidos por la guerra de Calderón, por no hablar de los más de 70 mil muertos que lleva esa inútil lucha? Que le pregunten a Javier Sicilia que anda en Roma queriendo que el Papa se pronuncie al respecto ahora que venga a Guanajuato.

Lo cierto es que Calderón, al opinar sobre lo que deben tomar en cuenta los juzgadores de la Primera Sala en el caso Cassez, sus palabras cayeron muy mal en el Poder Judicial y entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia a quienes sigue tratando como menores de edad, al decirles que ‘nunca la interpretación de la ley’ deber ‘ser rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad’, lo que es algo muy parecido a las críticas que había venido haciendo en el sentido de que, mientras la PGR ‘detiene y detiene’ a los criminales, los jueces ‘los sueltan y los sueltan’.

Por lo pronto, el fallo del caso Cassez podría darse este día. En Francia hay una gran expectación por saber si las presiones del titular del Poder Ejecutivo podrán más que las evidencias puestas al descubierto por el ministro Zaldívar en su proyecto, de los vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia mexicanos. Hoy miércoles podría saberse.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Lo de Hank, un distractor

PAULINO CÁRDENAS

Resulta obvio que lo de la detención de Jorge Hank Rohn, hijo del fallecido profesor Carlos Hank González, quien fuera prominente figura del Partido Revolucionario Institucional, no fue otra cosa más que un distractor del panismo para hacerle ruido al segundo aniversario de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y a la marcha por la Paz y la Justicia que inició ayer y que culminará el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la firma de un pacto. ¿Por qué su detención no fue antes o después de estos eventos?

Asímismo, a unas semanas que el poeta y escritor Javier Sicilia había pedido a nombre de muchos mexicanos la renuncia del titular de la SSP federal, Genaro García Luna, el pasado jueves éste fue objeto de alabanzas por parte del presidente Felipe Calderón, quien de paso decretó el Día del Policía federal –muchos dicen que en honor del funcionario y sus muchachos–, para que no haya dudas de quién es el preferido del gabinete.

La detención del ex alcalde de Tijuana se dio horas después de que a la procuradora federal Marisela Morales los periodistas le habían preguntado si había indagatorias de la PGR contra priístas, y al respecto respondió: “No, no sé de dónde es la información, porque no; es negativo, no, no”. Le insistieron: ¿Es negativa la versión? “Sí, claro. Nosotros no tenemos ahorita nada”, aseguró la funcionaria. Esto fue el viernes pasado cuando salía de Los Pinos. Y el sábado en la madrugada fue la detención, por parte del Ejército, de Hank Rohn, en su domicilio del fraccionamiento Puerta de Hierro en donde se hallaron armas largas, según confirmaron fuentes oficiales. En el mismo operativo fueron detenidos otros once individuos, quienes también tenían en su poder armas de fuego.

Hoy domingo se están cumpliendo dos años que en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo murieron 49 niños, 104 más sobrevivieron y de éstos 24 resultaron gravemente afectados. Desde entonces, los familiares de las víctimas han venido clamando justicia y pidiendo que se finquen responsabilidades y enjuicie a los responsables de esa tragedia. En vísperas de esta fecha, se dio a conocer que dos ex funcionarios estatales y uno en activo fueron inhabilitados por 10 años por la Contraloría de Sonora.

Julio César Márquez, vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, ha resumido lo que para ellos ha sido el calvario y el dolor inenarrable que significa perder a un hijo. “Ahora nosotros sólo vivimos para obtener justicia”, dice el padre de Yeye,  uno de los 49 infantes que murieron durante y después de la tragedia. Y en la lucha por la búsqueda de la justicia, los padres y madres ABC no han dado tregua ni respiro: han llegado hasta los lugares menos sospechados, han tocado todas las puertas “hemos pedido, rogado, implorado, exigido justicia, pero esta no llega”.

A este respecto, Savador García Soto escribió ayer en su columna Serpientes y Escaleras algo que retrata de cuerpo entero al presidente Felipe Calderón, al apuntar que cuando el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, había señalado como culpables a varios funcionarios de primer nivel del gobierno federal, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont,  y le dijo: “Vengo a pedirte en nombre del Presidente que reconsideres tu dictamen”. El ministro se negó y respondió que había argumentos suficientes para sostener la responsabilidad de los funcionarios señalados. Principalmente se refiería a Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y de paso a Eduardo Bours. Eran más, pero sólo por estos tres fue a abogar Gómez Mont, por instrucciones de su jefe, refiere el columnista.

Es peligroso, siguió el funcionario, sentar un precedente sobre responsabilidades éticas y políticas que no están configuradas en las leyes, insistió. Lelo de Larrea volvió a negarse y defendió el análisis jurídico de su dictamen. Entonces Gómez Mont le recordó: “Dice el Presidente que no se te olvide quién te postuló”. Yel ministro reviró: “Dile al Presidente que, independientemente de quien me postuló, yo trabajo para otro poder”. García Soto recuerda que Calderón se comprometió públicamente desde Panamá: “Habrá justicia (en el caso ABC) caiga quien caiga y tope en lo que tope”.

Y el columnista rubricó: “¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida”. Lapidario el comentario, pero que habla de quién es y cuáles han sido los sentimientos del mandatario panista respecto de ese drama que conmovió al país.

El otro asunto que con la detención de Jorge Hank Rohn se quiere distraer la atención, es el de la marcha por la Paz y la Justicia que inició ayer y cuya caravana sobre ruedas irá haciendo diversas paradas antes de llegar a Ciudad Juárez, para insistir en el mismo reclamo que el organizador de ese movimiento, Javier Sicilia, fue a hacer a San Francisco el fin de semana, en donde el 1 de junio recibió de Global Exchange el llamado premio de la gente de Derechos Humanos. En conferencia de prensa el poeta y escritor manifestó que “las armas son peores que las drogas” y que “un cambio en la estrategia para contener su tráfico, no sólo beneficiaría a México, sino a todo el mundo”.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Silva Meza dignifica a la Corte

PAULINO CÁRDENAS

Es de esperarse que con la respetable y ganada fama de que goza Juan Silva Meza quien acaba de ser ungido como ministro presidente de la Suprema Corte, la justicia en México recupere el prestigio perdido en mayor o menor medida con el tiempo en cuanto a su rol en el análisis y resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, entre otros de sus importantes atributos.

Ha sido un clamor nacional que en materia de procuración e impartición de justicia se evite el arrasamiento del más débil por el más fuerte que indebidamente orilla a soluciones pactadas y negociadas por la autoridad juzgadora y los infractores, lo que suele dejar a las víctimas en la total indefensión o que los culpables acaben protegidos por la impunidad. La SCJN es el organismo al que corresponde decidir, obviamente cuando el caso lo amerita y está dentro de sus atribuciones, si una cosa juzgada fue justa o injusta y apegada a derecho.

Un caso que motivó muchas expectativas de la ciudadanía por parte de la Corte fue el de los 49 bebés que murieron calcinados el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Silva Meza –junto con el ministro ponente del caso, Arturo Zaldívar, y la ministra Olga Sánchez Cordero–, votó en esa ocasión a favor de que se señalaran culpables de aquella tragedia.

Sin embargo, por ocho votos contra tres el pleno determinó que el máximo tribunal se limitaría sólo a señalar si se habrían registrado o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si fuera el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas. Al final el asunto dejó mucho qué desear de cara a la nación. La opinión pública y sobre todos los padres de las víctimas siguen clamando justicia y cárcel para los verdaderos culpables porque se considera que el caso quedó en la impunidad.

Con la designación del recién ungido ministro presidente, de 66 años y una larga carrera judicial, se renueva la esperanza de todos los sectores de la sociedad para que haga frente a los retos que debe afrontar el máximo tribunal del país, privilegiando en cada caso los principios de justicia y equidad. Al asumir el importante cargo, se comprometió a encabezar una administración que colabore a garantizar la seguridad y paz social de la población y aseguró que su única misión “será con la ley”.

Considerado un hombre de inquebrantable honestidad y un juzgador crítico y liberal, el nuevo ministro presidente  fue electo por nueve votos contra uno, para el periodo que va del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. El ministro Sergio Aguirre Anguiano, considerado el más conservador de todos, le negó su voto. Desde el principio fue opositor a la designación de Silva Meza ya que sus simpatías estuvieron siempre a favor de la ministra Margarita Luna Ramos de manera abierta.

Dijo que seguirá muy de cerca el proceso de las recientes reformas en materia de amparo y de protección a los derechos humanos. Señaló que, de ser el caso y dentro de sus competencias constitucionales y legales, el Poder Judicial de la Federación participará activamente en esta reforma. En casos polémicos como los del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo o bodas gay, votó por validar las reformas que se aprobaron en este sentido en el Distrito Federal.

Silva Meza ha sido un abierto defensor de las garantías ciudadanas inscritas en la Constitución. Es un crítico importante de las autoridades. Formó parte de los ministros que votaron de manera unánime por responsabilizar de violaciones graves debido al caso de la matanza de Aguas Blancas, que sucedió en junio de 1995, al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.

Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho, pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías. En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del ex presidente Vicente Fox.

En el caso de los enfrentamientos en Oaxaca, sucedidos también en 2006, el ministro Silva Meza votó por responsabilizar por omisiones que afectaron a la población al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Entre sus votos destacan las resoluciones que permitieron la liberación de las indígenas de Querétaro, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis federales.

Durante años se descuidó la formación de los encargados de ejercer la acción penal y decir quién era inocente y quién culpable. La corrupción también ha tenido mucho que ver. Con un poder político centralizado en manos del PRI, durante décadas decidir quién era inocente o culpable de un delito no exigía mayores destrezas. Ante un extremo, bastaba una llamada telefónica de algún influyente personaje al juez, para enviar a prisión o liberar a una persona. A medida que el poder se fue distribuyendo, esto ya no resultó tan simple. En la actualidad, cada vez va siendo más cierta la separación de atribuciones entre Poderes.

Con la llegada de Silva Meza se espera que los actos de la burocracia ministerial se ajusten a lo que marca la ley y los jueces hagan su trabajo bajo el mandato, primero que nada, de los preceptos constitucionales, empezando por respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en vías de ser procesados o que ya hayan sido juzgados. El giro que se espera así lo demanda. Sin duda con su elección ganó la Corte.

 

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La disparidad de la justicia mexicana

PAULINO CÁRDENAS

El caso ABC deja claro que México está muy lejos de que la justicia resulte conforme a derecho y donde para unos resulta pronta y expedita pero para otros no. En tanto la muerte por negligencia de los 49 bebés y otros 75 que quedaron marcados de por vida en el incendio de la guardería de Hermosillo, quedó impune, en contraste está la reciente condena que sufrió un hombre acusado de participar en un asalto cometido a mano armada a un restaurante en donde no pasó del susto de los comensales, a quien en sólo quince días se le dictó sentencia de 24 años de prisión por ese hecho donde no hubo muertos ni heridos.

De acuerdo con el expediente penal el hoy sentenciado, Sergio Tello Moreno, con dos sujetos más irrumpieron en el establecimiento y tras amenazar a los comensales con armas de fuego les exigieron entregar sus pertenencias. Una de las víctimas alertó a los policías de la zona sobre lo sucedido, lo que permitió más tarde su detención. Sus dos cómplices escaparon. Los hechos se registraron el pasado 6 de junio en un conocido restaurante localizado en la delegación Alvaro Obregón.

Viene al caso la comparación porque mientras a ese sujeto le imponen en dos semanas una pena de 24 años, en el caso de la guardería ABC donde hubo 49 muertes, un año después se determina que no hubo culpables, por lo que los padres de los infantes fallecidos decidieron ocurrir a las instancias internacionales en busca de una justicia que en México no hallaron, como ha sucedido con infinidad de casos que quedan sin ser investigados ni juzgados y mucho menos sentenciados.

Como ese ejemplo de impunidad hay otros como el de Atenco, el del New’s Divine, el del Lobombo, los crímenes de Oaxaca, los de Guerrero, los de Chiapas o el lamentable caso de  la niña Paulette, sólo por mencionar algunos, o los de tanta gente inocente que casi a diario muere víctima del ‘fuego cruzado’ y que pasan a formar parte de los ‘daños colaterales’ de la guerra contra el narcotráfico, cuya cifra acumulada anda por el orden de las 6 mil muertes en tres años y medio.

Eso sin mencionar los casos de gente que ha sido secuestrada, como el más famoso de ellos, Diego Fernández de Cevallos de quien hasta hoy ni sus luces y en el que el propio gobierno federal optó por no intervenir en las investigaciones por razones que nadie entiende. Y como éste, infinidad de desapariciones forzadas que han quedado en la vil impunidad en México.

Es cierto que en los casos de muchos ilícitos como el secuestro y otros del orden común, la gente se abstiene de denunciarlos porque no cree en la justicia o porque ha sido víctima de los abusos de autoridad cuando se trata de acudir a los tribunales en donde es común que en las barandillas de los ministerios públicos descalifiquen la denuncia y al denunciante.

A sabiendas de ello, el gobierno panista en voz del Presidente ha venido insistiendo en que la gente haga denuncias de lo que sospeche que pudiera estar vinculado al crimen organizado y a las mafias de la droga. Obviamente, la gente se resiste a recoger como suyo ese pedimento presidencial por los riegos y peligros que ello entraña.

Las políticas públicas del gobierno debieran estar privilegiando un ambiente de una auténtica justicia para todos con miras a lograr un ambiente de paz y de concordia, pero no.  A diario se observa que eso en México está muy lejos de que suceda. Lo de la guardería ABC es claro ejemplo. Indolencia, negligencia, miedo, sometimiento  u obediencia, el hecho es que es un crimen sin castigo que ha quedado en la impunidad y ha  indignado a propios y extraños.

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Electoreros, los casos Villanueva y ABC

PAULINO CÁRDENAS

Resulta evidente que los casos de la extradición de Mario Villanueva Madrid y de la guardería ABC de Hermosillo, tienen visos electoreros y buscan desacreditar al priísmo, en vísperas de las elecciones de este año que arrancan este fin de semana en Yucatán, en las que el tricolor, según diversas encuestas, está a la cabeza en las preferencias de los potenciales votantes, en tanto que el PAN acusa una tendencia a perder nuevamente no sólo en aquella península, sino en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Puebla e Hidalgo el próximo 4 de julio.

Los priístas le han criticado al presidente panista Felipe Calderón y al PAN el echar a andar una estrategia electorera con el fin de poner en evidencia pública al Partido Revolucionario Institucional, en el caso de los comicios 2010 este domingo en Yucatán, en donde serán elegidos 106 presidentes municipales y 25 diputados locales de mayoría relativa y de representación proporcional. Por la alcaldía de Mérida la priísta Angélica Araujo Lara aventaja en las encuestas a la panista Beatriz Zavala Peniche.

Calderón ha sido acusado por los priístas de llevar a cabo una campaña mediática contra algunos gobernadores del tricolor en entidades en las que el blanquiazul, según las encuestas de opinión, está en riesgo de perder en las elecciones del domingo 4 de julio, particularmente en Oaxaca. Señalan que el Presidente está recurriendo a todo para tratar de evitar que su partido sufra otra desastrosa derrota como la de julio del año pasado.

Por ello, dicen dirigentes y legisladores del PRI, Calderón accedió a la petición de EU de extraditar a Mario Villanueva Madrid ex gobernador de Quintana Roo, como parte de una estrategia electorera del gobierno de Calderón y de su partido, Acción Nacional, cuya cabeza del ex gobernador priísta le obsequió como ‘trofeo’ a su homólogo Barack Obama, que espera le agradezca el próximo día 19 cuando viaje a Washington.

Villanueva Madrid será procesado en la Unión Americana por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero por los que ya lo fue en México, lo que viola el acuerdo de extradición con Estados Unidos que prohíbe que una persona sea juzgada en dos países por los mismos delitos, que es lo que sucede en este caso, amén de que se están violando sus garantías individuales y la Constitución misma de nuestro país.

Pero al parecer eso no importa. Lo relevante para el gobierno calderonista y su partido es llevar a cabo una campaña mediática contra algunos gobernadores del tricolor en entidades en las que el blanquiazul, según las encuestas de opinión, está en riesgo de perder en las elecciones de este año. Coinciden priístas y no priístas que el caso de Mario Villanueva tiene más carácter político-electoral, que estrictamente judicial.

Se dice que parte de lo mismo es la declaración que acaba de hacer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien señaló el miércoles pasado que hay indicios de que ‘actos intencionales’ habrían provocado el incendio en la guardería de Hermosillo, donde murieron 49 bebés el pasado 5 de junio y resultaron con quemaduras que los marcó de por vida a una cantidad similar de pequeños.

En conferencia de prensa celebrada en Hermosillo, el funcionario señaló como principal responsable del incendio de la guardería ABC a la anterior administración estatal que encabezó el priísta Eduardo Bours Castelo, con quien tuvo frecuentes altercados en los días subsecuentes a la tragedia.

Estableció Gómez Mont que el gobierno de Sonora “en su momento decidió abrir una fuente de riesgo cercana a la guardería, vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que inclusive podrían generar y consolidar la hipótesis de actos intencionales”.

Como sea, hay visos claros por parte del Presidente y de su partido, encaminados a poner en evidencia al priísmo ante los sectores de la sociedad, en vísperas de las elecciones de este año que comienzan el domingo próximo. La pregunta es qué pasará si aún con toda esa estrategia electoral, el PRI vuelve a ganarle al PAN, sobre todo si la mira está puesta en la sucesión presidencial del 2012.

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