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Movimiento contra “farsa electoral”

PAULINO CÁRDENAS

Delegados estatales y nacionales de la Convención Nacional Popular -que nació como un movimiento de protesta de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero-, realizaron su segunda reunión el pasado fin de semana en la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ y acordaron boicotear “la farsa electoral” que se pretende realizar el próximo 7 de junio en algunas entidades del país. Aunque no quedó establecido formalmente, los estados en los que podrían impedirse las elecciones son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de Michoacán e incluso Puebla.

En esa segunda Convención Nacional Popular se plantearon tres ejes de trabajo principales: construcción de un referente nacional, construcción de un programa político y elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la agencia EFE. En declaraciones al término de las mesas de discusión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se ratificaron los puntos bajo los que se fundamentó la primera Convención Nacional celebrada en febrero pasado:

Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala; Castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre; Derrocamiento ‘del usurpador’ Enrique Peña Nieto; Libertad a todos los presos políticos; Reversión de las contrarreformas estructurales. A estos cuatro puntos se añadió “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y la de El Charco.

Asimismo, se establecieron las fechas y lugares para las próximas movilizaciones de cara a los siete meses de la desaparición de los normalistas, a cumplirse el próximo 26 de abril, así como la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados.

“El punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”, señaló Rosales Sierra. En ese sentido, no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, sin embargo mencionó que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Aunque en ese acuerdo la decisión fue dividida, se fijó una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, para evitar una posible ruptura y mantener en todo momento la unidad del movimiento, que es lo más importante. Desde febrero pasado, al celebrarse la primera Convención Nacional Popular a más de cuatro meses de la desaparición forzada de sus hijos, en la convocatoria abierta para la celebración de ese primer encuentro, los padres de los normalistas reclamaron que el gobierno “no ha encontrado indicios de dónde puedan estar nuestros desaparecidos, por el contrario, en días pasados tomó la decisión de declarar por sentada la verdad histórica decretando el cierre del caso”.

Reclamaban también que para el gobierno “nuestros hijos fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, basándose solamente en la declaración de 4 detenidos y sin contar con prueba científica irrefutable. Simultáneamente ha desplegado un operativo de miles de policias y militares en el Estado de Guerrero, con el claro propósito de reprimir a las organizaciones sociales que luchan junto a nosotros para exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

Añadían: “Somos conscientes de que en México existen muchos dolores como el nuestro, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Existe un pacto de impunidad entre quienes son parte de la clase política y una relación de contubernio entre quienes son gobierno y quienes son delincuencia organizada. Frente a esta realidad, hemos decidido establecer condiciones para que hechos como los ocurridos el 26 de septiembre en Igual, no se vuelvan a repetir, hemos resuelto terminar con la violencia de Estado para evitar que nos sigan pisoteando.

“Con ustedes, los pueblos y comunidades, organizaciones sociales y sociedad civil en general hemos decidido organizarnos para encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad.

Así convocaban a instalar la Primera Convención Nacional Popular, como un espacio de coordinación “que nos permita crear un referente nacional, su programa político y plan de lucha a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá darle rumbo al movimiento nacional”. Y el pasado fin de semana se realizó la segunda Convención en donde participaron 214 delegados que acordaron boicotear “la farsa electoral” de junio próximo, en al menos cinco entidades federativas.

Dicha jornada nacional popular la integran diversos grupos civiles y organizaciones de distintas denominaciones, desde las que desean protestar de manera pacífica, hasta los que proponen medidas mucho más radicales, como una manera de rebelarse en contra de la negligencia gubernamental en el caso específico de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero en cuyo movimiento se han adherido grupos que protestan por diversas causas que les afectan y que culpan a los gobiernos estatales y al federal de no haber sido atendidas.

Esa advertencia de boicotear los comicios del 7 de junio será sin duda un foco rojo, no solo para la parte política federal, sino para las autoridades estatales de las entidades que han sido señaladas para evitar que haya elecciones intermedias. Otro ‘torito’ con el que tendrá que lidiar Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

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El peligroso camino de la violencia

PAULINO CÁRDENAS

¿En qué momento podría estallar una rebelión en México? Por como están las cosas en nuestros días, eso podría acontecer en cualquier momento. Eso quisieran algunos, los que están empeñados en ‘derrocar’ a Peña Nieto. A juzgar por la violencia subversiva que se ha visto en las calles casi cotidianamente, con el pretexto de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, grupos adiestrados para destruir y matar, podrían estar decididos a cambiar las bombas molotov y los fierros que utilizan para agredir, por rifles de alto poder, granadas y todo tipo de armas de ataque, para comenzar una rebelión en el país con prédicas contra el gobierno y su máximo mando.

Las izquierdas que estarían detrás de esa gesta y que sienten que tienen en exclusiva la vocación revolucionaria, son los que creen tener potencialmente el derecho a alimentar el despropósito de derrocar al presidente o que dimita ante tantas presiones que su gobierno no ha sabido manejar ni resolver, por falta de imaginación y por ausencia de un visión con altura de miras, pero sobre todo, por una falta de decisión y de voluntad política para dar un golpe de timón y enderezar la nave que cada día parece que va a zozobrar. Cierto es que hay factores que han propiciado un malestar generalizado entre la población. En primer lugar está el problema de la inseguridad que ha rebasado al gobierno federal.

La inseguridad es un problema heredado por el gobierno de Felipe Calderón -al que por cierto nadie toca en las enardecidas consignas callejeras-, quien es el culpable de que los cárteles se hayan alborotado y hayan retado a su gobierno cuando declaró que iría tras los capos de la droga y los cabecillas del crimen organizado, lo cual acabó siendo una fanfarronería ya que lo único que logró -con la ayuda de su funcionario favorito, Genaro García Luna-, fue administrar ‘su’ guerra a la que le dedicó todos los recursos habidos y por haber, la cual dejó un saldo de más de 80 mil muertos y miles de desaparecidos de manera forzada, además de cientos y cientos de familias desplazadas.

Es contra el actual mandatario la virulencia de personajes que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador -empezando por la del propio tabasqueño-, quien perdió por segunda ocasión consecutiva la presidencia, primero ante Calderón y después ante Peña Nieto. Todo el odio acumulado incluidas las dos derrotas para gobernador en Tabasco, en donde también dijo que había habido fraude en su contra, lo descargó -y sigue descargándolo- contra el mexiquense quien, ciertamente, trae consigo muchas cuitas en su haber, como el de sus cuestionados padrinos políticos, sus propiedades supuestamente heredadas, y el fraude que le achacó López Obrador, para lograr el triunfo en las urnas en 2012.

También le echan en cara los antipeñistas al desdoro presidencial ante los llamados de ayuda que le hacían muchas familias de Michoacán agobiadas por los cárteles de la droga -La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios-, porque solo le interesaba atender sus reformas; le achacan la incapacidad de su gobierno para disminuir la criminalidad organizada, el ocultamiento que se quiso hacer de los 22 fusilamientos de Tlatlaya por parte de militares, la tardanza para solucionar el caso Ayotzinapa, y de pilón el tenebroso asunto de la ‘casa blanca’, una propiedad que ha quedado en el ámbito de la sospecha por ser un aparente pago a favores recibidos por parte del Grupo Higa, asunto que la empresa Televisa terció para tratar de paliar el escándalo que alcanzó a la primera dama, la actriz Angélica Rivera, asunto que traspasó las fronteras y que ha sido motivo de críticas en el extranjero, donde la imagen de México ha quedado por los suelos.

Lo cierto es que el descontento generalizado no es solo por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que sus familiares insisten en que están vivos y quieren que Peña Nieto se los devuelva vivos, sino que han sido una serie de asuntos que se le han venido acumulando al jefe del Ejecutivo y que su gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido resolver, incluido el otro tema que también preocupa sobremanera a los mexicanos que es la del rubro económico y financiero que está en manos de otro de sus dos alfiles para la presidencia, Luis Videgaray Caso, tema sobre el cual se han lanzado cualquier cantidad de promesas y cifras de aliento, pero sin resultados.

El caso es que el coctel para que haya una rebelión generalizada tiene los ingredientes necesarios. Una revuelta se gesta precisamente con esos ingredientes, cuando todos esos factores se juntan y ponen en aprietos a los gobernantes. Hace dos días se conmemoró el 40 aniversario luctuoso de uno de los guerrilleros más conocidos de México, Lucio Cabañas. En ese evento, celebrado el pasado martes 2 en Chilpancingo, la capital, se exaltó el espíritu de lucha, la conciencia de clases y los ideales que enarboló para construir un gobierno de los pobres; luchó por un régimen que encabezara un poder que mejorara las condiciones de vida de los pobres. En ese evento participaron integrantes del movimiento magisterial y normalistas. Fue una megamarcha.

Los participantes partieron del monumento a Vicente Guerrero al norte de la capital. Carlos Botello Barrera, uno de los dirigentes de la Sección XIV Democrática del SNTE, que marchó encapuchado en la manifestación, declaró: “Nos acompaña el espíritu revolucionario de Lucio Cabañas Barrientos, porque su lucha es y seguirá siendo un referente para que nosotros ahora sigamos pugnando porque esta sociedad cambie y mejore”. Añadió que el movimiento magisterial y normalista en el país, retoman y rescatan las ideas de Lucio Cabañas, “porque la nueva clase política no representa los derechos del pueblo”. Señaló que “la conciencia de clase del comandante Lucio Cabañas Barrientos, también nos acompaña, porque aspiramos a cambiar el actual sistema de vida”.

Aseguró que al igual que el legendario guerrillero -que murió peleando en el punto conocido como El Otatal, en el municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero-, “los maestros y normalistas luchan también por instaurar una sociedad en la que no haya ni ricos ni pobres”. Sostuvo que el ideario de Lucio Cabañas, “son la raíz de nuestra Normal Rural de Ayotzinapa, de las normales del país, y del magisterio democrático en general”, y “tratamos de que la sociedad en su conjunto también sea parte de ellas; ese es el mejor homenaje que podemos hacerle”. En otros estados como Oaxaca, Michoacán, Morelos y Chiapas, los ánimos andan igual. Eso debería preocupar a Peña Nieto, a su gabinete de seguridad y a las Fuerzas Armadas. Sigue el avance por el peligroso camino de la violencia.

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Van por lucha popular

PAULINO CÁRDENAS

El conflicto magisterial sin duda está alcanzando niveles preocupantes. Los maestros de la CNTE, específicamente su célula por ahora más aguerrida, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han cambiado de objetivo, y ya no van solo porque se ajusten los términos de la ley secundaria de la reforma educativa a los usos y costumbres y a su realidad étnica y cultural, sino que han subido la mira y ahora van por una lucha popular de reivindicación social. El reto al gobierno es evidente y frontal. Están jugando con lumbre. Buscan provocar al gobierno a como dé lugar, sobre todo a Enrique Peña Nieto, para buscar acusarlo de represor y con ese pretexto se arme la grande. Las mesas de diálogo parecen no interesarles. Los acuerdos tampoco. Lo que buscan es que haya al menos un muerto. Hay impasses, pero nada más.

Las manos que mecen esa cuna parecen tener nombre y apellido. Son los mismos que pertenecen al cártel antiPeña. A ellos les importa un bledo las leyes ni lo que diga la Constitución sobre los derechos de terceros. Son los mismos que han criticado la reforma educativa. Lo que quieren es que corra la sangre. El conflicto magisterial ha tomado como pretexto su disidencia y su rechazo a la reforma educativa y al Pacto por México que la propició. Ese movimiento estaría contando ya con la suma de maestros de varios estados de la República que pudieran respaldar la lucha del magisterio guerrerense, a quienes además se les han sumado grupos de autodefensa comunitaria armados y organizaciones populares afines, muchas de ellas radicales, incluso que pertenecen a la insurgencia rebelde según ha trascendido.

Por este respaldo armado andan tan retadores quienes mueven los hilos de quienes manejan a los maestros radicales, que se dan el lujo de desdeñar el diálogo con la Secretaría de Gobernación y amenazan con realizar un paro magisterial indefinido en todo el país. Por lo pronto en el zócalo de Chilpancingo, después de realizada una megamarcha, la noche del miércoles quedó conformado el Movimiento Popular Guerrerense que será el órgano que representará a todos los sectores y personas que están por la lucha popular. De hecho quedaron atrás los propósitos de la disidencia de los maestros guerrerenses, de rechazar la reforma educativa.

Entre ellos ya hablan de ir por una lucha reivindicatoria a favor de las clases más menesterosas guerrerenses, que han estado en el olvido por parte de los distintos gobiernos estatales y federales, lo mismo que sucede con muchos otros pobladores en las regiones donde la pobreza ha privado por décadas y décadas, sexenio tras sexenio, a grados verdaderamente vergonzantes. La dirigencia de la CETEG confía en los contingentes más combativos principalmente de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Valle de México, para realizar un paro indefinido de labores a nivel nacional, en espera de que otros grupos magisteriales del país se unan a esa convocatoria, para realizar paros parciales, tomas de carreteras e instalaciones públicas e incluso ataques a partidos que consideran traidores a su causa, como fue el caso reciente de lo que sucedió en la sede del PRD en Chilpancingo donde un grupo de supuestos maestros, después de realizar un mitin contra la reforma educativa, causaron destrozos en sus instalaciones y agredieron a personal de ese partido.

La CETEG ha radicalizado sus métodos de lucha, con la toma repetida de la Autopista del Sol y el cierre de edificios públicos. Arguyen que la represión gubernamental a su movimiento ha implicado la consolidación bastante acentuada de las columnas disidentes magisteriales que hay en varios estados de la República, que pueden transformarse en baluartes de lo que ya llaman Movimiento Popular Guerrerense. La Coordinadora confía en que a su lucha se unirán los trabajadores de la educación de Chiapas, de Tabasco, de Escuelas Tecnológicas Agropecuarias de la Región Lagunera, de la Montaña de Guerrero y algunos contingentes del Valle de México, en especial del Bloque Reivindicador de los Derechos de los Trabajadores de la Educación, del DF.

Pero su mayor influencia está en la región de la montaña y la costa de Guerrero, donde el rezago social ha marcado el carácter de los líderes del movimiento. Su lucha data de hace varias décadas. Entre sus antecedentes destacan el Movimiento Revolucionario Magisterial de Guerrero, fundado por el maestro Othón Salazar, quien en 1980 fue candidato al gobierno de Guerrero por el Partido Comunista, así como los Consejos Centrales de Lucha, conformados por movimientos de izquierda proclives a ideas socialistas en los 70. Con su lucha han simpatizado grupos rebeldes armados cuya zona de influencia ha sido Guerrero. Entre ellos está principalmente el EPR, aunque hay otros grupos armados que tienen ideales y objetivos similares.

Son grupos armados que han estado en contra del reformismo gubernamental que para ellos forma parte del neoliberalismo, porque consideran que corresponde a la ofensiva estatal contra los trabajadores, ya que mientras fortalece el poder del Estado generando un mayor control sobre las masas y la izquierda, permite a la clase dominante ocultarse tras un ropaje democrático y asumir un discurso de pluralidad y modernización política. No creen en Pactos porque consideran que cualquier pacto no es más que un cúmulo de componendas entre las partes que lo suscriben. Todo ese apoyo que hay detrás, incluidas las manos que mecen esa cuna y que pertenecen al cártel antiPeña, es lo que anima a la CETEG para plantear a los suyos, ya no tanto negociaciones con el gobierno respecto de la reforma educativa, sino llegar a la realización de un Paro Cívico Nacional a través del Movimiento Popular Guerrerense. Y si no, como dicen los clásicos, al tiempo.

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Cruzada contra el Hambre

PAULINO CÁRDENAS

Nadie le advirtió al presidente Peña Nieto que tenía sus riesgos iniciar la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Pobreza Extrema en Las Margaritas, municipio insigne del oxidado movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyos compromisos quedaron incumplidos por el Legislativo y que el nuevo gobierno federal priísta está empeñado en revivir, lo que lo comprometería a hacer lo mismo con tantos y tantos indígenas en el país, que han estado en el eterno olvido por parte de las administraciones que le precedieron. Eso le valió que esa puesta en escena haya sido criticada por el sucomandante Marcos quien sigue perteneciendo a la enorme lista de engañabobos que existen en México. Pero también hubo cuestionamientos del PRD su supuesto aliado en el Pacto por México.

El ya viejo y al parecer enfermo enmascarado dizque de izquierda, criticó el arranque de esa campaña, llamando de paso al mandatario priísta y a sus aliados de gobierno, ‘Alí Babá, y sus 40 ladrones’. Les dijo en una misiva, que esa ayuda que pretenden darle a los que no tienen qué comer, son ‘limosnas’ que las tiene que ir a ofrecer en otros lados, no en esa región de la selva lacandona de Chiapas. Criticó sarcásticamente la ‘pésima coreografía y mala coordinación’ del evento, señalando que ‘ese aplauso de los acarreados estuvo completamente fuera de tiempo’. Satirizó a Peña diciendo que hasta el “preciso” se dio cuenta de esa puesta en escena (“lo que ya es decir bastante”).

En una misiva que hizo pública, el ‘sub’ –quien se sigue ostentando como portavoz del EZLN–, le manda al mandatario priísta un consejo: “Las limosnas las tienen que ofrecer en otro lado, aquí no vive ningún Jesús de apellidos Ortega Martínez o Zambrano. O pueden darlas en el Pacto por México”. Por cierto que ninguno de los mencionados perredistas fue invitado al evento. De hecho fue un acto de gobierno; un evento preparado para el especial lucimiento de los funcionarios que integran el sector social de la nueva administración.

Peña Nieto presentó este lunes la Cruzada Nacional contra el Hambre, encargada a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con la cual se busca mitigar la situación de pobreza y marginación en los 400 municipios con más bajo desarrollo humano. La dependencia dispone de un presupuesto de 4 mil 224 millones de pesos para el Programa de Apoyo Alimentario; en ese programa participan también las secretarías de Salud, de Economía, de Turismo, de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Agrícola, al que será convocado también el sector privado.

De hecho el Presidente convocó a “toda la sociedad mexicana a ser la gran protagonista en la Cruzada contra el Hambre y la Pobreza Extrema”. Dijo: Se trata de ‘mover a México’ para que esos que no tienen pan cotidianamente ni agua, ni luz eléctrica, ni vivienda, ni drenaje dejen tan inhumana condición por la vía del trabajo digno, productivo, honrado. Convocados cientos de pobrísima gente del municipio Las Margaritas, dijo conmovido que su gobierno se enrcargará de rescatar con trabajo y tesón a los millones de necesitados y desnutridos que “producen pena, laceran, lastiman, duelen e indignan”.

Mientras que esa Cruzada Nacional Contra el Hambre el presidente Peña la consideró “un deber ético” a cumplir por su gobierno en este sexenio, para Jesús Ortega, ex dirigente del PRD, “parece más un anuncio publicitario” que una cruzada contra el habre, según le confesó a Francisco Garfias en una entrevista para Excélsior. Por su parte el coordinador de los perredistas en el Senado de la República, Miguel Barbosa, exigió que la Cruzada Nacional contra el Hambre no sea sólo un “impacto mediático” del gobierno federal, y que exista una verdadera articulación con la sociedad, para terminar con la marginación que azota a millones de mexicanos.

En esto coincidió el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien dijo que es una ‘provocación’ haber hecho ese evento en Las Margaritas, y de paso le recordó al subcomandante Marcos que gracias a las gestiones de su partido en la Cocopa, el EZLN existe en el marco legal como grupo armado pacífico. El caso es que no todo mundo de la clase política ha visto con buenos ojos que esa campaña haya iniciado en territorio rebelde de la selva lacandona. Unos dicen que es una medida asistencialista al estilo de lo que intentó Salinas de Gortari sin éxito, lo que el actual mandatario priísta negó.

Como sea hay esceptisismo porque, de la Revolución para acá, todos los gobiernos han fallado en ese intento de aplacar el hambre de los pobres más pobres, que cada vez suman millones y millones en el país, ya que esos programas empiezan con mucho ímpetu y mucho entusiasmo y alharaca mediática, pero acaba siendo botín de los intermediarios que se van quedando al paso del tiempo con los enormes recursos destinados a combatir ese flagelo. Se los roban pues. Así ha sido hasta ahora. ¿Podrá ser diferente esta vez?

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!Cinco mil millones para transición!

PAULINO CÁRDENAS

El chiapaneco Juan Sabines Guerrero, postulado por el PRD, PT y Convergencia por la gubernatura de su estado que ganó en 2006 y que va de salida, pidió al pleno del Congreso del Estado autorización para gestionar ante la banca pública un nuevo crédito hasta por 5 mil millones de pesos para a transición de mando estatal que le hará a su sucesor Manuel Velasco Coello. Se dice que esto pretendía ser un madruguete porque supuestamente ninguno de los 40 diputados locales sabía nada al respecto. Sin embargo, mañana podría aprobarse esa deudota que se le dejaría a los chiapanecos. El presupuesto para el proceso de transición Calderón-Peña Nieto es de 150 millones de pesos. Nótese la diferencia.

La solicitud se denomina “Iniciativa de decreto por el que se constituye el Fideicomiso para el cierre-inicio de la administración pública estatal”, la transición pues. El miércoles de la semana pasada, el gobernador envió al Congreso del Estado un paquete de 23 iniciativas de reformas a la Constitución que incluía la aprobación de hasta 5 mil millones de pesos para la transición del mando estatal, además de la modificación de otras leyes secundarias así como decretos que han empezado a causar polémica porque pretende, a todas luces, no sólo ampliar el endeudamiento público estatal, sino prorrogar el proceso de transición gubernamental y garantizar que sigan laborando en en el próximo gobierno, servidores públicos que ocupan puestos clave en la actual administración.

Además, propuso crear un fideicomiso que afectará recursos federales de ayuntamientos para garantizar el pago del consumo de energía eléctrica a la empresa productora de energía eólica, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ubicada en el municipio de Arriaga, a principios de este año, entre otras acciones legislativas que no han sido dadas a conocer previamente, ni siquiera a los 40 diputados locales. De autorizarse el nuevo empréstito, Sabines Guerrero heredará a su sucesor, Manuel Velasco, una deuda superior a 20 mil millones de pesos, apunta un amplio reportaje de Isaín Mandujano para la agencia Apro.

También propuso crear un fideicomiso que afectará recursos federales de ayuntamientos, para garantizar el pago del consumo de energía eléctrica a la empresa productora de energía eólica, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ubicada a principios de este año en el municipio de Arriaga, entre otras acciones legislativas que no habían sido dadas a conocer previamente, ni siquiera a los diputados locales. El paquete enviado al Congreso de Chiapas estaba previsto para que se aprobara el lunes 10 de septiembre; sin embargo se pospuso para mañana viernes 14 de septiembre, en pleno puente vacacional en Chiapas que iniciará el jueves 13 de septiembre con la gesta de los Niños Héroes y que concluirá el lunes 17.

En el artículo 3 es donde se hace mención al nuevo crédito: “Se autoriza al Ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría de Hacienda para que a través del Fidecia lleve a cabo la contratación de uno o varios financiamientos por un monto de hasta $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos) más intereses, reservas, comisiones, accesorios y gastos financieros inherentes a este tipo de estructuras, por un plazo de entre 20 y hasta 30 años”, señala el reportaje de Mandujano.

Añade que el pago del principal estará garantizado, entre otros, por las aportaciones que realice el gobierno del estado al patrimonio del mismo, mediante un esquema en el que el estado pagará, únicamente los intereses durante la vigencia de los mismos, y al término se amortizará la totalidad del principal o capital con el recursos invertido en el Fideicomiso que en el presente decreto se autoriza, los cuales serán aplicados y destinados en términos de los artículos 379, 435 y 436 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”, señala el periodista.

En el artículo 6 se pide autorizar al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que través de la Secretaría de Hacienda, pueda “realizar las contrataciones y llevar a cabo las erogaciones que resulten necesarias para pagar los gastos de constitución, modificación, operación, estructuración, reservas y, en general, cualesquier otros asociados al Fideicomiso, a la contratación de los financiamientos, la calificación de los financiamientos y/o la contratación de las asesorías requeridas para la instrumentación de los actos autorizados al amparo del presente decreto”. El decreto de la autorización no ha sido aprobado por el pleno del Congreso del Estado, que podría sesionar mañana viernes 14.

Sabines, oriundio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México, es hijo del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez y sobirno del escritor Jaime Sabines. Fue priísta hasta 2006 y por el tricolor alcanzó la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ganó la gubernatura apoyado por la misma coalición (PRD-PT-Convergencia hoy Movimiento Ciudadano), a la que acaba de mandar al diablo Andrés Manuel López Obrador después de haber perdido por segunda vez consecutiva el tabasqueño la Presidencia de la República.

@Paulinocomenta

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¿Zedillo sin inmunidad?

PAULINO CÁRDENAS

El juez español Baltasar Garzón aseguró que la inmunidad no aplica para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda por crímenes de lesa humanidad tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997. El gobierno de Felipe Calderón envió en noviembre pasado una nota diplomática al Departamento de Estado norteamericano en la que solicita se reconozca la inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado para que no se le dé curso a la acusación presentada por un prestigiado bufete de abogados de Estados Unidos, invocando la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Se está en espera de una respuesta.

El magistrado –famoso por ser azote de los abusivos del poder– señaló que aunque no conoce a profundidad el caso, desde su punto de vista no es válido aplicar la “inmunidad soberana” a la que apela el ex mandatario, pues ésta no comprende a las personas que ya dejaron de ejercer el poder presidencial. Y a pregunta expresa, señaló que aunque la Corte Penal Internacional de La Haya –de la que fue miembro hasta hace poco–, tenga una denuncia en contra del presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad, no significa que vaya a poner bajo investigación al actual mandatario mexicano, al cual tampoco se le puede endilgar, dijo, el calificativo de “genocida”.

¿Por qué esa petición al Departamento de Estado norteamericano del gobierno caderonista a favor de Zedillo? ¿Fue de motu proprio? ¿Fue a solicitud del ex mandatario? ¿No osbante el deslinde que quiso hacer el juez español, no deja de preocupar a Los Pinos su opinión ya que en esa Corte de La Haya está radicada una acusación similar contra el mandatario panista por los miles de muertos, las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que ha privado en torno a su guerra contra el narco? ¿Qué pudiera pasar cuando Calderón deje el cargo a finales de noviembre, y aún después de años de haber sido Presidente?

La denuncia contra el ex mandatario mexicano fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que en ese estado de la Unión Americana reside. Supuestos familiares de algunas de las 45 víctimas de la masacre de Acteal, entre ellas 15 niños, demandaron al ex mandatario por acciones y omisiones durante los hechos sucedidos el 22 de diciembre de 1997, así como de encubrimiento de los responsables. El grupo de Las Abejas, de origen maya-tzotzil cristiano y pacifista, cuyo objetivo es promover la paz, se deslindó de esa demanda.

Como se sabe al inicio del sexenio de Zedillo se dio el llamado ‘error de diciembre’ llamado así por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, a lo que aquel respondió que éste había dejado prendido con alfileres la economía. Incluso sus abogados sugieren que la acusación en su contra en la Corte Federal estadounidense podría tratarse de una venganza. Como sea, en septiembre del año pasado un supuesto grupo de familiares de las víctimas que dizque prefirió quedar en el anonimato, interpusieron una demanda en el estado donde Zedillo es profesor en la Universidad de Yale, a través de la prestigiada y muy cara firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess.

En noviembre pasado, no se sabe si de motu proprio o a petición expresa del acusado, la cancillería mexicana solicitó oficialmente al gobierno norteamericano inmunidad soberana a favor del ex mandatario que gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000. Aunque esa dependencia se negó a proporcionar detalles sobre la petición realizada ante el Departamento de Estado, autoridades diplomáticas dijeron que la Embajada de México a cargo de Arturo Sarukhán se encargó de presentar la solicitud, entre otros argumentos, por el carácter de ex mandatario del demandado.

Trascendió que esa solicitud invocaba la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1976. No obstante, los abogados de los supuestos familiares de las víctimas señalaron que la denuncia era viable, ya que existe la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.

Después que el gobierno de Calderón solicitó en noviembre al de Estados Unidos que se aplique la inmunidad soberana a Zedillo, el 6 de enero pasado sus abogados pidieron también al Departamento de Estado pronunciarse sobre esta inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado y a rechazar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. ¿Qué pasaría si a Zedillo se le declara culpable de crímenes de lesa humanidad? ¿Se le juzgaría? ¿Iría a la cárcel? ¿Ese es el temor en Los Pinos con la acusación en La Haya contra el mandatario panista, pese al capotazo del juez Garzón? Porque su guerra lleva más de 60 mil muertos, no 45 como la masacre de Acteal.

pcardenascruz@yahoo.com.mx



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Entre don Samuel y Maciel

PAULINO CÁRDENAS

La Iglesia católica mexicana ha tenido, como en la viña del Señor, toda clase de representantes. Por un lado un prelado dedicado a proteger a los indígenas apegado a la Teología de la Liberación como lo fue don Samuel Ruiz, conocido como ‘Tatic’ por los suyos, obispo emértio de San Cristóbal recién fallecido, y por otro, un personaje siniestro como lo fue el ex  líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, amigo íntimo del Papa Juan Pablo Segundo quien está por ser beatificado por acuerdo de su sucesor Benedicto XVI en Roma el próximo 1 de mayo.

Al extinto Maciel se le acusa de abusos sexuales con niños, de haber sido casado, de tener amantes, una hija e hijos. Pero no son las únicas acusaciones en contra del diabólico personaje creador de la asociación seglar Regnum Christe y de la con gregación católica Legión de Cristo. También existen señalamientos en su contra de homosexualidad, extorsión, relación con el narcotráfico e incluso un presunto asesinato cuando era seminarista, historia que ha contado un sobrino suyo que fue abusado por el sacerdote fallecido en Naples, Florida, en 2008.

Don Samuel Ruiz fue mediador entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional luego de la aparición el 1 de enero de 1994 de este grupo integrado por una mayoría indígena maya radicada en la selva lacandona, don Samuel Ruiz con fama de indomable sacerdote nacido en Irapuato, Guanjuato en 1924 y quien durante 40 años ocupó la diócesis en cuya catedral que data del siglo XVI acaba de ser sepultado, fue un prelado afín al pensamiento de don Sergio Méndez Arceo y al arzobispo de San Salvador, Oscar Arnufo Romero, promotores de la lucha por los pobres y los indígenas.

En 1995, cuando el gobierno en turno estaba ante la disyuntiva de usar como estrategia la fuerza militar contra los zapatistas, surgió la idea de dialogar primero con un representante oficial –Manuel Camacho–, y donde Samuel Ruiz se erigía como el mediador idóneo para hablar por los indígenas y el representante del EZLN con rostro cubierto, con miras a establecer los puntos de una negociación que condujera a una paz justa y verdadera en Chiapas.

Por miedo y presiones del entonces presidente Ernesto Zedillo, el Vaticano a través de su representante Justo Mullor, de triste memoria, le impuso al obispo de San Cristóbal un coadjutor que resultó ser monseñor Raúl Vera, con plenos poderes y derecho de sucesión y quien después fue trasladado a Saltillo. El resto es historia que ha sido contada con múltiples enfoques a lo largo de los últimos quince años.

El otro rostro de la Iglesia católica es la del tétrico personaje salido de las entrañas del averno llamado Marcial Maciel, de quien se han ido descubriendo sus fechorías y que transitó por el mundo eclesiástico con la anuencia, complacencia y protección del Vaticano, a cuyas finanzas aportó suficientes diezmos como para ganarse la gracia del Papa hoy cuasi santo. Juan Pablo II  llegó a citarlo como “un ejemplo del trabajo pastoral en favor de la expansión del Reino de Dios”.

Alejandro Espinoza, sobrino de Marcial y víctima de abuso por éste, aseguró en un entrevista publicada por José Juan Reyes en el periódico El Economista en febrero de 2009, que su tío no sólo tuvo una doble vida, “tuvo cuatro”. Afirmó que el conocimiento de la amante e hija “es sólo una cortina de humo para que no se conozcan sus verdaderos crímenes”, entre los cuales se encuentra, según comentó, drogadicción, contactos con el narcotráfico, lavado de dinero y homicidio.

La acusación de homosexualidad viene desde que Marcial Maciel ingresó al seminario en Xalapa que dirigía su tío abuelo, Rafael Guízar y Valencia (tío de Maurita Degollado Guízar y madre de Maciel). Fue expulsado de la institución dada su preferencia sexual. El parentesco de Alejandro Espinoza Alcalá con Marcial se debe a que el primero fue hijo de Rafael Espinoza Maciel.

Espinoza Alcalá –autor del libro El Legionario–, menciona que la relación con el narcotráfico la corroboró en un viaje a Nueva York, pues Maciel abrió una cuenta bancaria, en la cual le depositaron 400 mil dólares. Sobre el homicidio, agregó, Marcial dio cianuro a su tío Guízar. La conclusión se debió luego que Espinoza, en reiteradas ocasiones, cuestionó a Maciel sobre su salida del seminario, “en algunas ocasiones me decía que fue por la muerte de su tío y en otras, críticas por supuesto nepotismo”.

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