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No quieren Policía Única

PAULINO CÁRDENAS

La semana pasada, en la reunión de gobernadores celebrada en Chihuahua, el presidente Peña Nieto designó a doce enlaces de la administración federal que fungirán como interlocutores del gobierno de la República con los estados para, aparte de atender su propio changarro, ‘couchear’ a los gobernadores en mil y una tareas. Será el rubro de la inseguridad en donde se reflejará de inmediato si no acabará siendo uno más de los ensayos fallidos con los que los mandatarios inician su gestión. Recién iniciada su administración, en febrero de 2001, Vicente Fox integró a un grupo de empresarios en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con el cargo de “consejeros propietarios representantes del Estado”, quienes no tardaron en renunciar ante las presiones de distintos sectores sociales y políticos del país, por querer inventar el agua tibia. ¿Pasará lo mismo con los doce ‘padrinos’ de la Conago?

Entre otros puntos, en esa reunión se aprobó la creación formal de una Policía Única con un mando nacional, que está en proceso de ser aprobado por el Senado y cuya responsabilidad recaería en Manuel Mondragón y Kalb. Pero mientras el nombramiento queda formalmente aprobado, quienes en primera instancia no quieren que haya una Policía Única en cada estado de la República son los capos de los cárteles de la droga y de las mafias del crimen organizado. Prueba de ello fue el tiroteo que se dio hace unos días en Morelos, en donde se acababa de instaurar ese nuevo modelo, por lo que se habría dado el encuentro a tiros entre policías federales y agentes que custodiaban al procurador de este estado. Con ello queda claro que otro problema que sigue privando es la descoordinación y rivalidades entre las corporaciones y sus mandos, no solo en ese entidad federativa sino en muchas otras.

En Cuernavaca, en el lugar donde se registró el ataque contra el procurador estatal y sus escoltas, al gobernador Graco Ramírez le dejaron un mensaje, junto con una corona de flores, según reportaron fuentes policiacas. “Señor Gobernador, esto no fue un accidente, sabemos que los acreditables y estatales trabajan para Antonio Román Miranda, alias La Moña y Los Rojos”, se leía en el texto escrito en una cartulina, según el reporte. Para acabarla, el gobernador afirmó que el ataque a balazos contra la camioneta en la que viajaba el procurador general de Justicia de la entidad, Rodrigo Dorantes, ‘es una conspiración desde adentro’. La lectura de esa declaración es que la policía trabaja en complicidad con la delincuencia organizada. Signo innegable de los tiempos que vive México.

Otro ejemplo fue el caso de Luis Enrique Granillo Martínez, dirigente del Frente Popular y Campesino Francisco Villa, quien horas después de haber anunciado que se estaban creando varias policías comunitarias en el sur del estado de México para defenderse por propia mano de la delincuencia organizada, y que los pobladores de 37 lugares ubicados en el Edomex, en Guerrero y Michoacán en la zona de Tierra Caliente, pretendían integrar un gobierno autónomo que llevaría por nombre “Calentano”, fue ‘levantado’ hace dos semanas por un comando armado en la comunidad de Santiago Amatepec, junto con cinco personas más, sin que haya aparecido hasta ahora.

Uno de los casos que más ha conmovido a Michoacán y a México fue el del crimen cometido contra el joven Alan Milán, de apenas 15 años de edad, campeón de la Olimpiada Nacional de Atletismo, quien fue abatido a balazos en la unidad habitacional Carmelinas del Infonavit de Morelia, al intentar defender a su madre de unos asaltantes que le querían robar su coche; sus vecinos valoran seguir el ejemplo de organizar brigadas de autodefensa, por muy incostitucional que eso sea, porque más inconstitucional, dicen, es la impunidad con la que actúan los delincuentes, sin que la policía ni las autoridades hagan algo.

Por lo pronto el meollo está en el cambio de estrategia anticrimen. La disyuntiva está en si ésta se opera bajo la mística de una actitud conciliadora o si resulta más funcional abogar por una vía de endurecimiento y rigor autoritario. Poner en marcha el nuevo modelo de ua Policía Única por estado, bajo un solo Mando Nacional, es un proceso complejo y tardado que tiene –y tendrá– como principal obstáculo, el propio desorden que dejó la administración policial calderonista con Genaro García Luna a la cabeza, quien procuró la brutal descoordinación que prevaleció entre la Secretaría de Seguridad Pública federal a su cargo de la que dependía la Policía Federal, y los mandos del Ejército y de la Marina.

No es garantía que las fuerzas castrenses estén haciéndole de policías antinarcóticos y anticrimen, poniendo en riesgo muchas vidas inocentes, a quienes los uniformados, e incluso sus mandos, suelen violar, mancillar, torturar o matarlos a ellos o a sus familias, cuando no les atropellan sus derechos más elementales sin que haya justicia ni castigos para los infractores, quedando muchos casos en la impunidad como sucedió a lo largo del sexenio anterior. Hasta la fecha, entre las corporaciones priva la rivalidad y la descoordinación, además de la colusión de las policías con el crimen organizado que se ha generalizado en todo el país. Ante ese panorama, ¿funcionará de veras la Policía Única bajo un solo mando nacional? Por lo pronto, los mexicanos siguen sintiendo su vida amenazada por la violencia y la inseguridad.

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Los abusos de militares siguen

PAULINO CÁRDENAS

En su toma de posesión, el presidente Enrique Peña Nieto había prometido que el primer eje de su mandato sería “lograr un México en paz” y dijo que las familias de este país se colocarán “en el centro de las políticas de seguridad”. Señaló que el Estado ha cedido importantes espacios al narcocrimen. El nuevo gobernante manifestó que la inseguridad y la violencia han robado la paz y libertad de diversas comunidades del territorio nacional. Y en su mensaje a los jefes del Ejército y de la Marina, afirmó que los militares seguirán prestando labores de seguridad en el país, como “factor de estabilidad y confianza social”, e indicó que su retirada a los cuarteles será gradual.
 El jefe del Ejecutivo instruyó a los jefes castrenses a “conducirse con absoluta lealtad” y dijo que los militares “deberán ser escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos”. Sin embargo, los abusos de los militares siguen.

Noticias venidas del norte señalan que en Chihuahua por ejemplo, la violencia sigue imparable por la guerra contra los cárteles de la droga, en la sierra y la ciudad, y los abusos de los militares contra la ciudadanía continúan, igual que sucedía en el recién concluido régimen calderonista. Los alcaldes de los municipios de Matachí, Temósachic y Guerrero, Roberto Loya Antillón, Oscar Manuel Molinar Bencomo, y Águeda Torres Varela, solicitaron respectivamente y de manera conjunta, a través de oficios fechados los días 6 y 7 del presente mes, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su urgente intervención a fin de que se detengan presuntos abusos cometidos por personal del Ejército Mexicano y de la Marina, en perjuicio de ciudadanos de esos municipios. La violencia ha repuntado en la capital y de manera más acentuada en la región sur del estado, ya no se diga en la zona serrana.

Comandos armados de los cárteles de la droga sitian constantemente las cabeceras municipales, como sucedió el pasado fin de semana en Guadalupe y Calvo. Las policías municipal, no pueden hacerle frente a los criminales que poseen mejor armamento, por lo que los sicarios van y matan a sangre fría a quienes se les dá la gana. Por otra parte los alcaldes refieren que los elementos de las fuerzas castrenses continuamente están abusando de su autoridad, entrando a viviendas sin órdenes de aprehensión;  maltratan e intimidan a la ciudadanía en general y arremeten contra la población, en lugar de actuar en contra de los grupos criminales. De hecho los grupos delictivos prácticamente controlan todas las actividades en muchas poblaciones chihuahuenses. 
Los sicarios no encuentran resistencia por parte de la Policía Municipal y Ministerial. ¿Qué pueden hacer si sus elementos están mal armados?

Miles de habitantes de decenas de municipios, más aún quienes habitan en la sierra de Chihuahua, prefieren huir de sus lugares de origen o al menos encerrarse en sus viviendas, escuchando las ráfagas de los rifles de asalto, temerosos de que alguno de los grupos armados irrumpa en sus casas.
 Decenas de jóvenes, mujeres ancianos y niños, son asesinados por grupos de la delincuencia organizada, quienes prácticamente han tomado el control de varios municipios, para cometer los homicidios en distintos sectores e incendiar viviendas.
 La Fiscalía General del Estado se concreta a reportar que grupos fuertemente armados, a bordo de varios vehículos realizan diversas acciones dirigidas y específicas para privar de la vida a las víctimas. Como es evidente, la población está asustada, aterrada diríase mejor, por la imparable violencia y los baños de sangre. Por ello varios alcaldes piden la urgente intervención de las autoridades de Derechos Humanos que vayan a atestiguar lo que está pasando en sus municipios, porque el gobernador César Duarte no oye sus reclamos. ¿Y los altos mandos del Ejército Mexicano y de la Marina, sabrán de esa terrible situación?

Ante las críticas recibidas por el ex presidente Felipe Calderón, de poner a los militares a hacerle de policías, Peña Nieto durante su campaña proselitista prometió regresar el ejército a los cuarteles y devolver a los mexicanos la paz que perdieron en los últimos seis años. Desde fines del 2006 las Fuerzas Armadas mexicanas participan en la lucha contra los cárteles de la droga y otros grupos del crimen organizado, y ya en su campaña el priísta anunció que seguirían temporalmente con ese papel si ganaba la Presidencia,  “en tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia, que permita su gradual regreso a los cuarteles”. ¿Pero el llamado que  hizo a los militares de que “deberán ser escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos”, dónde quedó?

¿Cuántos casos hay en el país, como los que siguen sucediendo en Chihuahua, donde la población pasa días y noches de terror, no solo por los enfrentamientos armados sino por los abusos de criminales y de militares? ¿Acaso los nuevos altos mandos castrenses no están enterados de lo que pasa en Chihuahua y en otras entidades federales? ¿Acaso no saben que la violencia ha repuntado en el país y de manera más acentuada en las zonas serranas, donde, a pesar de la declaracionitis de las autoridades, los grupos delictivos siguen controlando prácticamente todas las actividades en muchas poblaciones del territorio nacional? ¿Hasta cuando empezarán a ser sometidos los grupos de la delincuencia organizada que operan en México? Porque los cárteles siguen matando gente y sometiendo poblados y autoridades, y los militares cometiendo abusos.

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La Haya le dio entrada

PAULINO CÁRDENAS

La demanda interpuesta por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas en la Corte Penal Internacional de La Haya, contra el presidente Felipe Calderón, los secretarios de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y varios capos de la droga entre ellos ‘El Chapo’ Guzmán, será estudiada en todos sus términos por el fiscal general de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo, quien señaló: “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, confirmó que había recibido el pasado viernes 25 de agosto la denuncia que consta de decenas de fojas en las que se da cuenta que desde que el Presidente mexicano le declaró la guerra al narcotráfico el 11 de diciembre de 2006, “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados” . Habitualmente ese tribunal no informa públicamente de las denuncias que recibe y nunca se había pronunciado sobre estos casos. ¿Por qué lo hizo esta vez?

El fiscal general manifestó que reciben comunicaciones de todo el mundo, “incluidas hace pocos días las de Venezuela y México”, confirmó en una entrevista telefónica a EFE. Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI. Según su reglamento, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar.

En la denuncia se afirma que en México “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes, quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”. Esta situación, de acuerdo a ls demandantes, se debe igualmente “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el ocho por ciento investigados”.

Señalan asímismo que “la falta de autonomía” de la Procuraduría federal “y la impunidad” del jefe del Ejecutivo, “generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”. Se añade que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados”. Afirma  que “el ejército mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables”.

Destaca además que el ejército ha permitido y dejado impunes violaciones sexuales a mujeres durante operativos de búsqueda de delincuentes. “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos”, afirma una de las citas de los denunciantes.

Por su parte el gobierno mexicano sacó un desplegado que hizo público en el que cuestiona a quienes solicitan a ese tribunal que se investigue a Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como los narcotraficantes que atacan a la sociedad del país, en el cual señala que busca la forma de demandar jurídicamente  a quienes osaron ir a La Haya a hacer la denuncia, por lo cual ha habido diversas reacciones ya que esa advertencia del gobierno se ha tomado como una amenaza contra quienes ejercen su libertad de expresión.

Como parte de la polémica que desató la denuncia, el precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, aseveró que “no tiene sustento” esa denuncia, porque el Presidente tiene la “obligación irrenunciable” de combatir al crimen. En tanto, el aspirante presidencial panista Santiago Creel Miranda dijo que es inviable esa demanda como para pensar en contrademandar. Y el aspirante presidencial del PAN Ernesto Cordero rechazó que sea desproporcionado calificar de calumniadores a quienes presentaron la denuncia: “Así hay que tratarlos y así hay que proceder”, dijo.

Mientras tanto, horas antes de la visita que realiza el Presidente por Chihuahua, aparecieron varias mantas en la capital de ese estado y en Ciudad Juárez dirigidas al presidente Felipe Calderón, a Genaro García Luna y a Facundo Rosas. En el texto los acusan de brindar apoyo a Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa. Todas con el mismo mensaje, aunque no estaban firmadas por un cártel en específico, amenazaban a los funcionarios en armar una verdadera guerra en México si no atendían su petición.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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La falsedad como estrategia

PAULINO CÁRDENAS

La semana pasada en Las Vegas, el presidente Felipe Calderón dijo que los turistas que vienen a México sólo reciben ‘shots’ de tequila –disparos de tequila-, en un afán de hacer creer a los gringos que en México no pasa nada con el crimen organizado y que todo ha sido un problema de ‘percepción’, tratando de minimizar la escandalosa cifra de más de 40 mil muertos que lleva la terca e infructuosa guerra contra las mafias que le decretó desde su llegada al cargo, y que lejos de haber sido aniquiladas por su gobierno, en los casi cuatro años y medio que lleva los cárteles se han empoderado más y tienen sometidos a muchas poblaciones del territorio nacional.

Esa aseveración del ‘shot’ de tequila que relacionó con las visitas de los ‘springbreakers’ resultó jocosa, vana, falsa y chocante, al estilo de los chistoretes de mal gusto que hacía sin ninguna gracia el ex presidente Ernesto Zedillo. Para muchos quedó la ‘percepción’ de que Calderón lo que busca es promover el turismo etílico, en lugar de ofertar las bellezas naturales que tiene México, las bondades de sus climas, la variedad de su historia, la riqueza culinaria, etc. No, prefirió irse por la frase vana que sabía que mediáticamente era la pegadora.

En el paraíso de la vida alegre ubicado en el desierto de Nevada a donde asisitió para ‘promover’ el turismo mexicano, habló de estadísticas comparando los índices delicitivos de México contra los de otros países, cantaleta con la que ha querido convencer de que en nuestro país la guerra contra los cárteles de la droga son puros cuentos chinos que sólo existe en las mentes perversas de algunos malvados enemigos del gobierno que tergiversan la realidad de las cosas. Se está llegando al extremo de hacer creer que en México no hay guerra, y si la hay nadie sabe en dónde está, y respecto de los narcos, que estos ya fueron aniquilados por las fuerzas gubernamentales. Es el mensaje en el que el gobierno insiste dentro y fuera del país, pero que nadie cree.

Unas cuantas horas después afirmó en Chihuahua que en Ciudad Juárez la incidencia delictiva ha disminuído en un año un 60 por ciento, gracias a la participación de las fuerzas federales que comanda Genaro García Luna y a la coordinación que, ahora sí, dizque, existe entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno. ¿Alguien le creyó? Al menos los juarenses no. Lo que se dijo en esa visita ya empezó a tener respuestas sobre las ‘falsedades’ que fueron a decir de Ciudad Juárez el Presidente y su vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré. Habría que ver el artículo de Luis Javier Valero publicado ayer en Diario.mx titulado ‘¿Cómo creerle’? en el que hace quedar mal a ambos con las cifras comparativas que da el articulista.

El hecho es que, desesperado porque el tiempo avanza y su infructuosa lucha contra los cárteles de la droga y el crimen no ha dado los resultados que esperaba, el presidente Calderón anda en busca de compartir responsabilidades exigiéndole a todos los sectores de la sociedad, a la clase política, a los partidos y a los poderes Legislativo y Judicial, que se adhieran a la fallida estrategia de su aventura bélica la cual, sigue insistiendo, es una lucha de todos los mexicanos. Y no. Busca corresponsabilidades que difícilmente obtendrá.

Incluso en una especie de acto de contrición reconoció por fin que un Estado desorganizado no puede enfrentar ese flagelo, por lo que hizo un llamado de unidad y clamó que, sin regateos, los políticos olviden los colores partidistas y se dejen de recriminaciones y ‘señalamientos absurdos’ contra su estrategia, y se decidan a enfrentar juntos a las mafias organizadas, como lo dijo en  Chihuahua. Lo que hace cuatro años y medio no hizo, se decidió hacerlo al cuarto para las doce, cuando ya el tiempo se le está viniendo encima.

Hoy, él sabe que acabar con las mafias no era ‘pan comido’ como le hicieron creer sus consejeros bélicos. El poderío de los cárteles lo ha puesto contra la pared, de cara a la nación. ¿Qué hacer ahora? Por lo pronto tendrá que esperar el inexorable juicio adelantado de la sociedad mucho antes de que finalice sexenio. Mientras, habrá que ver lo que sucede después del pacto de paz con dignidad y justicia y la abolición de la impunidad que se suscribirá en Ciudad Juárez el proximo 10 de junio. Pudiera ser el principio de una revolución social pacífica para México, como el que vive el pueblo español con su 15-M, en donde también están ‘¡hasta la madre!’ de sus políticos y de su gobierno.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Empeora inseguridad en México

PAULINO CÁRDENAS

El panorama de inseguridad que ha privado durante todo este año en México se ha visto agravado en los últimos días por diversos acontecimientos de sangre, como el asesinato a mansalva de la activista Marisela Escobedo, la fuga de 151 reos en Tamaulipas, el estallido de un coche-bomba en Nuevo León y una fuerte explosión de un ducto en Puebla que dejó al menos 28 muertos y más de 50 heridos, sólo por mencionar algunos que son producto de la negligencia de autoridades, la corrupción que impera entre éstas y la delincuencia organizada y por supuesto la impunidad que permite la comisión de tantos hechos delictivos que vive el país.

Tal fue el abominable caso de doña Marisela acaecido la semana pasada frente al palacio de gobierno de Chihuahua, quien protestaba desde hacía días por el asesinato inenarrable de su hija en esa plaza pública y quien fue ultimada después de que ninguna autoridad escuchara sus súplicas y con una historia muy semejante a la de Isabel Miranda de Wallace, quienes hicieron más en las indagatorias de quienes asesinaron a su hija e hijo respectivamente, que lo que evidentemente no pudieron o no quisieron hacer las autoridades en ninguno de los dos casos.

Justo cuando cumplía nueve días de exigir la recaptura del asesino de su hija y la ultimaban la noche del jueves de un balazo en la cabeza, el titular de Gobernación, José Francisco Blake Mora, en una reunión que sostuvo en Morelia con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, decía que los ciudadanos ‘debían sacudirse el miedo’ y ‘denunciar’ a los criminales. ¿Para morir como doña Marisela?, pregunta la ciudadanía.

Al otro día, a la pareja sentimental de la señora Escobedo le quemaron su negocio de venta de madera en Ciudad Juárez y su hermano fue ‘levantado’ por un grupo de sicarios ante la impasibilidad de las autoridades municipales, estatales y federales, lo cual habla de la ineficiencia, ineficacia y las evidentes colusiones que existen entre los que supuestamente deberían velar por la seguridad ciudadana, y el crimen organizado.

A esa otra vergüenza nacional, en la que que las autoridades estatales y federales se jactaron absurdamente que el cadáver de la señora Escobedo fue sepultada –un día antes de lo programado– ‘en medio de un fuerte dispositivo de seguridad’, vino el lamento presidencial sobre la impunidad que privó en ese caso después de que la víctima había suplicado ser escuchada por el titular de la PGR, el chihuahuense Arturo Chávez, ni por el propio Felipe Calderón quien no la quiso recibir en Los Pinos, lo mismo que el actual gobernador César Horacio Duarte quien hasta la regañó y tampoco la recibió.

Otro hecho sucedido la semana anterior fue la fuga de 151 reos de una cárcel de Nuevo Laredo, Tamaulipas –que está por entrar al récord Guinness por la cantidad de prisioneros que han escapado de prisión lo que es un botón de muestra de lo que sucede en las cárceles de México–, justo cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, coincidía en señalar que la política penitenciaria ‘ha mejorado’. ¿Quién le va a creer esto al funcionario cuando sus declaraciones coinciden con la fuga masiva de reos?

Y por si algún hecho de sangre  le faltara al cierre de la semana anterior, ayer domingo se registró una fuerte explosión en un ducto de Pemex en un tramo de San Martín Texmelucan, Puebla, que tuvo un saldo de al menos 22 muertos y más de 30 heridos. Las autoridades locales y federales estiman que la causa de la explosión pudo haber sido la fuga de una toma clandestina realizada por el crimen organizado. ¿Y si no?

Sólo habría que recordar el comunicado que hizo público la semana pasada ‘La Familia Michoacana’ si no cesaban los hostigamientos de las fuerzas gubernamentales armadas contra esa organización criminal en la tierra natal del Presidente, encuentros armados que en días pasados supuestamente habrían provocado la muerte de su líder, Nazario Moreno alias ‘El Chayo’. Por como van las cosas, este fin de año se podría marcar un nuevo récord de acontecimientos delictivos en México.

 

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Entre truculencias y verdades

PAULINO CÁRDENAS

Bien no acababa Patricia González Rodríguez, ex procuradora de Chihuahua, de hacer declaraciones a la revista Proceso sobre la forma en que encontró las cosas desde su llegada al cargo y lo que trató de hacer para disminuir la corrupción imperante, cuando a los tres días fue secuestrado su hermano Mario, quien había sido colaborador suyo.

Antes de que se diera el plagio el pasado jueves 21, la ex funcionaria, en entrevista a Patricia Dávila reportera del mencionado semanario, habló del ex alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien de plano se hizo rosca para entrarle de frente a la lucha contra los capos, y señaló también que el cambio del Ejército por elementos de la Policía Federal para combatir a las mafias del narcotráfico en aquella ciudad fronteriza no ha dado resultado.

Dio su versión sobre lo que falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admitió que haya sido un fracaso total, dijo que “está agotado” y criticó el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Advirtió que a su juicio, si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles.

Dijo a la revista que la violencia asesina “no ha podido ser combatida” porque la policía está infiltrada por los capos que se pelean la plaza. Puntualizó para Proceso que fue un error haber sacado de Ciudad Juárez al Ejército y poner en su lugar y al mando operativo a la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad federal. Esto fue una crítica directa al titular de esta dependencia, Genaro García Luna.

En la misma entrevista señaló que la Policía Judicial del Estado y la Policía Federal estaban infiltradas. Dijo que si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles. Y a tres días de salir a la luz sus declaraciones, fue plagiado su hermano Mario González Rodríguez, por un comando que vestía ropa militar camuflajeada.

El secuestrado dice en el video que su hermana la ex procuradura es quien respaldaba y ordenaba mandar a asesinar a gente que le estorbaba en sus operaciones delictivas a La Línea, grupo armado con el que dice que colaboraban ambos.

Nadie sabe si lo que declaró éste de la ex procuradora en el video que le ha dado la vuelta al mundo –aparecido ayer en YouTube– es cierto o no, ya que las denuncias las hizo amagado por seis hombres encapuchados y armados con fusiles Ak-47 y rifles R-15.

En el video parece hablar con la verdad por la fluidez, coherencia  y lujo de detalles que respondió calmadamente a quien le formulaba las preguntas fuera de cuadro. Lo extraño son las imputaciones contra su hermana de tener vínculos con el cártel de Juárez y ordenar matar a varios personajes, entre ellos a dos periodistas. Hasta ayer se descnocía su paradero.

En el video reveló muchas cosas. Habló de los recientes feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez y de la masacre de Creel; ambos hechos se los atribuye  al cárte del Juárez, pero también vincula a la hermana. Su brazo armado, La Línea, en los últimos meses y semanas ha recibido varios golpes de las autoridades con la detención de algunos de sus líderes y presuntos sicarios.

Lo que dice Mario González parece tener visos de verdad. Pero también lo que expresa en la entrevista la ex procuradora, quien ya pidió a la PGR y a la SSP federal que le ayuden a encontrar a su hermano. ¿A quien creerle? De cualquier modo habría que investigar.

La lucha por la importante plaza que significa aquella ciudad fronteriza, entre los cárteles de Sinaloa que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el de Juárez cuyo líder es Vicente Carrillo Fuentes, empieza a cobrar sus primeras víctimas al alto nivel, por ahora de ex funcionarios.

Por lo pronto los nombres que andan en la cuerda floja son el del ex gobernador José Reyez Baeza, por supuesto el de la ex procuradora Patricia González, también el del ex alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz y el del ex secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Raúl Grajeda Domínguez.

 

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Juárez: ¿Cascos azules o verdes?

PAULINO CÁRDENAS

Sin hacer alusión a la grave situación de inseguridad que priva en Chihuahua y en Ciudad Juárez, en donde grupos de comerciantes establecidos han pedido a la ONU el envío de los ‘cascos azules’ para contrarrestar el avance del crimen organizado, el presidente Felipe Calderón realizó hace dos días un viaje relámpago a la capital de esa entidad, bajo un fuerte dispositivo de seguridad pocas veces visto y que cada vez es más frecuente en los sitios a los que asiste.

El jefe del Ejecutivo inauguró nuevas instalaciones de la Ford, las cuales se vieron fuertemente custodiadas por militares, policías federales y estatales; se trató de un dispositivo de seguridad que abarcó no sólo la planta automotriz sino varias manzanas alrededor. Por la movilización que se vio desde temprana hora los lugareños creyeron que se trataba de uno más de los opertativos que se dan a diario en ese estado contra los carteles de la droga.

Y es que el temor está a flor de piel en esa entidad. Ante el incremento de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, los empresarios locales pidieron la semana pasada que la ONU envíe a esa población fronteriza sus fuerzas militares de paz conocidas como ‘cascos azules’, pero el representante de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, descartó la petición para combatir el crimen organizado en Chihuahua.

Pero de eso, ni una palabra por parte del Presidente en su visita a Chihuahua. Él iba a otra cosa y no quiso espantar a los inversionistas de la Ford con nimiedades ni catastrofismos. Para Héctor González, presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, la visita del presidente Calderón pareció una “tomadura de pelo”.

Añadió: “Esto es una burla. Vivimos en un clima de terror y el responsable es el presidente Felipe Calderón. No está funcionando la estrategia contra el crimen organizado, porque no hay operaciones de inteligencia y la fuerza pública sólo aparece como reacción a los crímenes”, según dijo a BBC Mundo.

Uno de cada cuatro homicidios violentos se cometen en esa localidad, a causa de enfrentamientos entre los más poderosos cárteles de la droga, que se disputan el control de un punto como es Ciudad Juárez que colinda con El Paso, Texas, clave en el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos, según fuentes oficiales.

La inseguridad ha transformado la vida comercial de Ciudad Juárez al grado que muchos empresarios están huyendo y optan por invertir al otro lado de la frontera, en El Paso, donde las autoridades estadounidenses les ofrecen garantías de seguridad que de este lado no encuentran. Las estadísticas hablan de que Juárez -poblada con 1.3 millones de habitantes- es la ciudad más violenta de México y tiene un índice de más de 150 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Más de 2,400 ejecuciones en lo que va del año han convertido a ese estado norteño en uno de los lugares más violentos del planeta. A los homicidios se suman los altos índices de secuestros y extorsiones, que han aumentado especialmente en la fronteriza Ciudad Juárez, pese a la presencia de más de 8.000 militares desplegados por el gobierno para enfrentar al crimen organizado.

Pero el Ejército mexicano no está hecho para realizar ese rol policial contra las mafias del narco, que deben enfrentar a los ejércitos de los carteles de la droga. Menos las policías municipales que son bastante susceptibles a la corrupción. La estela de muertes por esos enfrentamientos rebasa ya los15 mil decesos según coinciden diiversas fuentes, desde que el jefe del Ejecutivo le declaró la guerra a los capos de la droga al inicio de su mandato.

Por lo pronto, los juarenses y quienes habitan en entidades donde hay guerra de fuerzas gubernamentales contra el narcotráfico, tendrán que olvidarse de los ‘cascos azules’ de la ONU. Habrán de conformarse con la presencia de los cascos verdes que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, que con gran estoicismo han tenido que jugarse la vida teniendo que realizar una labor que constitucionalmente no les corresponde.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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