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Justicia para los muertos

PAULINO CÁRDENAS

Justicia es lo que le han estado pidiendo al gobierno mexicano los organismos de derechos humanos y las familias de tantos miles de caídos por la lucha armada contra las mafias a la que está aferrado el Presidente, en torno a la cual no se sabe si pasarán años para que pudiera llegar a hacerse, como sucedió en alguna medida con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 o la masacre de Acteal donde el 22 de diciembre de 1997 el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 indígenas. Lo que sucede es que la guerra de Calderón lleva más de 60 mil muertos, hasta ahora.

De hecho el recurso legal metido en la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que ahí va avanzando, también trata de clamar justicia e imponer castigo a quienes resulten responsables de tantas muertes que ha habido en México por esa inútil guerra gubernamental contra los cárteles, cuyos resultados han sido muy decepcionantes. Muchos en el país y fuera de él se preguntan: ¿Qué fue de tantos muertos? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo murieron? Hasta ahora son muertos sin nombre, sin rostro, sin tumba.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado machacando a lo largo del sexenio sobre el tema, poniéndole énfasis a los abusos de los militares contra gente inocente, a lo que las autoridades han puesto oídos sordos o respondido que en México sí se hace justicia, lo cual todos saben que en la gran mayoría de los casos eso no dista de ser verdad. Incluso HRW acaba de dar a conocer la proporción de asuntos atendidos por el gobierno en relación al número de quejas, y la diferencia es abismal. Pero el caso de los muertos por la guerra es aún peor.

La gran mayoría de los más de 60 mil muertos que lleva la guerra del Presidente están en el anonimato. Nadie sabe en dónde quedaron. No existe un acta ministerial de prácticamente ningún caso. Si como dice al cabo que son muertos de los mismos grupos criminales en conflicto, pocos son los que logran ser identificados. Si tienen suerte llegan al forense de algún pueblo para ser enterrados por sus familiares, aunque siempre hay miedo de que pueda haber venganzas y acaben matando a más gente.

A nivel económico esa guerra ha arruinado la vida de miles de mexicanos. Se dice que cuando las familias abandonan sus casas por el temor a la violencia, obligadas a emigrar a otros lados, hay quienes van y acaparan de inmediato esas propiedades abandonadas en operaciones hormiga de las que casi nadie se percata. ¿Quiénes están quedándose con tantas propiedades? ¿Para qué? Las autoridades hacen mutis sobre ese asunto, como si no existiera.

Mucha gente inocente ha quedado a expensas de los abusos de los militares sin escrúpulos, policías federales e incluso grupos paramilitares que dicen andar en busca de cómplices de los grupos armados que trabajan para los jefes de los cárteles y las mafias criminales, cometiendo graves abusos contra los derechos ciudadanos. Ha habido quejas de que se cometen desapriciones forzadas, torturas, violaciones e incluso asesinatos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ante tales atrocidades, miles de ciudadanos huyen a diario con sus familias a otras ciudades y varios miles de desplazados acaban yéndose a diversos poblados o ciudades urbanas. La situación es mucho peor de lo que la gente conoce a través de los medios porque incluso varios de ellos no se atreven a publicar lo que acontece en sus poblaciones o entiades por temor a represalias. La gente se entera de crímenes y masacres diríase que a la antigüita; de oídas, de boca en boca. Eso es un hecho.

Lo cierto es que miles y miles de muertos producto de la narcoguerra, sin nombre, sin rostro, desconocidos pues, en el mejor de los casos pudieron haber quedado en la morgue de alguna de las instancias judiciales de algún poblado donde casi nunca son reclamados, y tal vez hayan acabado, preservados en formol, en alguna universidad para ser usados en las clases de medicina forense.

Lo paradójico es que hay zonas del país que a pesar de que estar militarizadas, existe un vacío de autoridad civil, policial y militar. El cohecho o el miedo a morir es lo que impera en muchos poblados del país. Nadie se explica cómo, en Michoacán por ejemplo, tierra natal de Calderón, a pesar de que hay miles y miles de soldados y de policías federales destacados en la entidad, sigue habiendo atrocidades por parte de las mafias que no acaban de ser controladas. No es lógico.

Como tampoco es lógico para Human Rights Watch y Amnistía Internacional que haya abusos de militares contra gente inocente además de tantas muertes que se están dando en México por una guerra contra los cárteles que ni fu ni fa, en tanto miles de familiares de gente caída en esa guerra no tiene idea en dónde pudieron quedar sus muertos o si están desaparecidos. Ellos claman justicia. Y para los mexicanos su clamor es que haya castigo para los responsables de esa inútil guerra.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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“¡Queremos paz!”, el clamor

PAULINO CÁRDENAS

El silencio de la Marcha por la Paz y la Justicia hoy convertida en movimiento civil pacífico, puede transformarse en un estruendoso alarido social que sin duda irá creciendo por todas partes, si el presidente Felipe Calderón, la clase política, los tres niveles de gobierno y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no le prestan atención a las protestas por el baño de sangre en el país, la ausencia de justicia para los muertos y por la impunidad que priva en la guerra emprendida contra las mafias organizadas. En todo el país el clamor es: “¡Queremos paz!”.

Ayer, en plena Plaza de la Constitución, el promotor y líder de la marcha, el poeta, escritor y articulista Javier Sicilia pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, principal ‘asesor’ de guerra del presidente Calderón quien por mandato constitucional funge como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas e insiste en no cambiar su fallida estrategia en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, con el Ejército por delante haciendo labores policiacas.

Sintetizadas en la frase “¡Estamos hasta la madre!”, quedaron de manifiesto las recriminaciones sociales contra los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a la clase política en general contra la narcoguerra que fue calificada por la multitud de ‘inútil’ y ‘fallida’ y que desde 2006 a la fecha ha cobrado unas 40 mil muertes, muchas de ellas de gente inocente. El evento finalizó con un acto multitudinario y cerró con un mítin en el que diversos oradores acordaron realizar actos de resistencia civil en todo el país, si no se cumplen los resolutivos acordados para frenar las matanzas.

Los acuerdos fueron: Suscribir un Pacto Nacional con la sociedad civil y no con las autoridades porque “la sangre de los muertos no se negocia”; desmilitarización inmediata, justicia para las y los asesinados y desparecidos; rechazo a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral; que el Estado garantice el respeto de los derechos de las mujeres para tener una vida libre de violencia; democratización de la propiedad y el contenido de los medios de comunicación; “no” a la privatización del arte y la cultura; educación pública, laica y gratuita para todos; vida digna con respeto a los derechos humanos, y acuerdo de organización y movilización, con cierre de calles y carreteras, la próxima vez que un luchador social sea asesinado. El Pacto será firmado en Ciudad Juárez en fecha próxima.

Asímismo explicaron el estado que guarda el país ante la emergencia nacional provocada por la violencia, y las razones, los objetivos, así como las acciones a realizar, para obligar a que los gobernantes cumplan con sus obligaciones para poner fin a la impunidad, la corrupción y el goce de privilegios que privan en el país. Hubo oradores que dolidos por la pérdida de un ser querido, denostaron a los gobernantes y a la clase política del país. Fue donde más se sintió el “¡Estamos hasta la madre!”.

A su paso por carreteras y poblaciones hubo expresiones de apoyo de la ciudadanía ofreciéndoles agua, comida, frutas, refrescos y sobre todo su solidaridad manifestada por aplausos y pintas en cartones y mantas en las que se leían, entre otras muchas, ¡No más sangre!, ¡Ya basta!, ¡Ni uno más!. La marcha fue en silencio, el cual fue roto cuando un grupo de habitantes de Atenco gritó “¡Zapata vive, la lucha sigue!”.

Algunos padres de los niños muertos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, también le expresaron su solidaridad a Sicilia. Lo mismo sucedió en San Crsitóbal las Casas, Chiapas, con miles de indígenas, bases de apoyo del EZLN. Hasta la Iglesia le envió su reconocimiento al poeta, escritor y articulista, quien en sus años mozos quiso ser sacerdote y en su caminata de Cuernavaca al Distrito Federal enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe. México, que es un país netamente guadalupano podría estar estrenando líder.

Ojalá que cuando menos el propósito de Sicilia acabe en un despertar social que sacuda conciencias. Ojalá también que como respuesta no vuelva a esgrimirse la necedad de que la estrategia seguirá siendo la misma porque dizque es muy buena, como si de veras hubiera funcionado a pesar de los miles de muertos que ha cobrado esa aventura bélica. Lo evidente es que hay un despertar social. Y parece ser apenas el principio, ya que el enardecimiento por tantas muertes y tanta impunidad es mucho.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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“A luchar por la justicia”

PAULINO CÁRDENAS

“A luchar por la justicia” es el clamor y el exhorto que hacen a todos los mexicanos los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar, panaderos de oficio y luchadores sociales por convicción, de los que han sido asesinados cuatro hijos, una nuera y un nieto de doña Sara Salazar, quien expresó que estudian las ofertas de refugio en algún país porque “ya no podemos más”, en tanto que su hija Marisela señaló que seguirán defendiendo los derechos de la gente a través de su movimiento Por la Defensa de la Vida.

No saben si un grupo criminal o alguien que a sangre y fuego se ha hecho del Valle de Juárez con la ayuda de mercenarios y la colusión de las autoridades o ante la impasibilidad de éstas, pretende exterminar a todos los miembros de esa familia por haberse dedicado a defender los derechos de gente inocente que ha sufrido vejaciones, desapariciones, torturas y muerte en el estado de Chihuahua. Hasta ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno se han mostrado negligentes en torno a los asesinatos de los hermanos Reyes y no hay detenidos.

Ojalá estos crímenes hubiesen tenido la inmediata respuesta por parte de las autoridades federales y estatales que se tuvo con el agente de Inmigración norteamericano Jaime Zapata, ejecutado hace unos días en la carretera a Monterrey y que ha tensado las relaciones entre México y Estados Unidos, en vísperas del viaje del presidente Calderón a Washington. Quizá habría que pedirle a Janet Napolitano que le exija al gobierno de México que atienda el caso, a ver si así reaccionan las autoridades estatales y federales.

Mientras tanto, el profundo dolor, la rabia y la desesperación que le han causado los asesinatos de sus hermanos llevaron a Marisela Reyes a exigirle al mandatario panista, “terminar con su pinche guerra que el pueblo no pidió” y a añadir: “Este señor que dice ser presidente nada más nos vino a militarizar y a poner federales. Es un asco; aquí es una muestra de lo que está pasando. Es una mierda; pronto va a acabar con todo. Exigimos que ya retire las tropas federales y que ya termine con esta pinche guerra sucia; el pueblo no la pidió”.

Quien hasta hace unos días realizaba una huelga de hambre para exigir que las autoridades actuaran para dar con los asesinos y las desapariciones de sus hermanos que aparecieron muertos después de ser torturados, dijo: “Esto no termina aquí. Vamos a seguir luchando para que no vuelvan otras familias a pasar lo que estamos pasando ahora. Es un gran dolor, esto no se apaga con nada; por eso como pueblo nos vamos a unir y luchar para que esto no siga pasando para que otras familias no tengan que sufrir la muerte de su madre, de su padre y de su hijo”.

Finalmente fueron encontrados los tres cuerpos sin vida cerca del poblado de Guadalupe que correspondían a los miembros de la familia Reyes Salazar, quienes habían sido privados de su libertad desde el pasado 7 de febrero. Las autoridades confirmaron que habían sido torturados antes de ser ejecutados. Se hallaron dos mensajes, en el que, según trascendió, en uno decía: “Aquí está su justicia”.

Los cadáveres fueron sepultados junto a sus hermanos Josefina y Rubén, asesinados el año pasado. Desde agosto de 2009 han sido asesinados cuatro de los hermanos Reyes Salazar, una esposa y un hijo de ellos. Hasta ahora no ha sido capturado ningún responsable de los homicidios. Este hecho, como muchos otros, ha significado otra afrenta contra la sociedad juarense por la vergonzante impunidad que impera en aquella región el norte del país, en donde la violencia y la muerte son la ley.

El pasado sábado que sepultaron en el municipio de Guadalupe a otros dos de los hermanos asesinados, Elías y Malena Reyes Salazar, y a la cuñada Luisa Ornelas Soto, rodeados por unos 500 elementos estatales y federales que prestaron seguridad desde Juárez hasta el cementerio, al tiempo en que los féretros descendían a las fosas, y la madre desconsolada defallecía sostenida por brazos de sus parientes, familiares, allegados y activistas lanzaban gritos de “¡Que vivan los Reyes Salazar y muera el gobierno criminal¡”.

El próximo sábado 5 se llevará a cabo la manifestación en el Valle de Juárez “Por la Vida y la Justicia en la Región” que encabezarán los sobrevivientes de la familia Reyes Salzar, con otros activistas.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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