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Por hartazgo, muchos no votarán

PAULINO CÁRDENAS

Se calcula que del padrón electoral, que es de poco más de 80 millones registrados, más de la mitad de los ciudadanos mexicanos con derecho a votar, podrían estar dispuestos a no hacerlo en las próximas elecciones intermedias, por hartazgo, para que no les sigan viendo la cara y para no seguir haciéndole el caldo gordo a un sistema que ya no funciona. Los candidatos por los que votan no cumplen lo que prometen en sus campañas y amparados en la impunidad cometen un sinnúmero de actos de corrupción. Llegan a robar, no a gobernar. La inseguridad y la deteriorada economía son otros factores. En el próximo proceso electoral renovarán la titularidad de sus gobiernos los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Además de que se renovarán en esa jornada nueve gubernaturas, cambiará la totalidad de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, se elegirán 903 presidentes municipales y 639 diputados locales. Será un gastadero de dinero de escándalo para esos comicios con fondos, no solo provenientes del INE, sino de los programas de ‘desarrollo social’ que para eso fueron inventados hace sexenios. Pero también habrá dinero de los capos del narcotráfico y del crimen organizado que cada vez que hay elecciones aportan buena cantidad de dinero y ayuda en especie para convencer a los votantes de que lo hagan por tal o cual candidato.

De toda esa bolsa multimillonaria, que incluye impuestos de los mexicanos, salen los gastos para las campañas, que alguien se va quedando con una parte de ese dinero en el camino, por lo que se ven ‘obligados’ a aceptar las aportaciones del narco por parte de algunos candidatos, a pesar del dizque ‘blindaje’ para que eso no suceda. Los grupos criminales quieren seguir teniendo el privilegio de operar en donde suelen hacerlo y de ser posible expandir sus actividades criminales a otras zonas geográficas para sentar sus lares, su influencia y su poder, como lo han hecho hasta ahora. De hecho, muchas veces los capos de esas mafias son los que acaban imponiendo a los que proponen los partidos políticos.

En prácticamente todos los estados en los que habrá elecciones intermedias el 7 de junio próximo, el esquema de ‘selección’ se está dando en la misma forma. Los caciques que tienen años dominando la plaza y que están coludidos con los tres niveles de gobierno, son los que están poniendo a su antojo a los que habrán de gobernar en cada entidad. Son los que protegerán los negocios de esos caciques, muchos de los cuales hechos al amparo de sus vínculos con el narco. En los nueve estados en donde habrá cambio de titular está operando el mismo esquema de ‘selección’ de candidatos, aunque dicen que se hace en forma ‘democrática’. Cuentan además con la bendición del ‘centro’.

A esas mafias del pode pertenecen gobernadores, ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes quienes han estado coludidos con los capos de la droga y del crimen organizado durante décadas, sin que nadie haga cambiar el esquema de corrupción del que ya la gente está harta. Pero en esa red de corruptelas están también los más altos mandos del país en turno y los que han pasado a saborear esas mieles de mando del país, que mueven sus influencias y todo lo que está a su alcance, para seguir teniendo injerencia en los grandes negocios que emanan del poder.

Todo parece indicar que los ciudadanos de a pie de las zonas urbanas y semiurbanas, que suman millones en todo el país, ya no está dispuesta a seguir eligiendo a candidatos que acaban siendo unos corruptos, ladrones cínicos que salen millonarios del cargo, sin que haya castigo para ellos, porque las autoridades que los protegen están coludidos con esas mafias del poder.

Por eso es que la impunidad es la reina que impera en México. Los actos de corrupción saltan por aquí y por allá, casi a diario y prácticamente en todas las latitudes del país, y nadie paga las consecuencias. La aplicación de la ley no existe para ellos. Existe solo para los jodidos, para los que no tienen padrinos ni dinero que compre voluntades en los ministerios públicos. Los actos de corrupción son cometidos por gente emanada del PRI, del PAN o del PRD o de los partiditos que les hacen el caldo gordo a cambio de migajas millonarias. En todos los partidos hay potenciales corruptos. Para eso quieren llegar al poder. Para darse vuelo robando.

Cada vez que se acercan fechas electorales, como la que viene el primer domingo de junio próximo, los candidatos de dedican a hacer campañas pagadas con los dineros públicos, ofreciendo el oro y el moro, es decir ofreciendo muchos más de lo que cumplen. Esto, aunque al fragor de su campaña estampen su firma de que sí cumplirán sus promesas, lo cual está visto que no es así. ¿Cuántas veces Peña Nieto estampó su firma donde se comprometía a cumplir promesas y no las ha cumplido?

Si quien debería predicar con el ejemplo no lo hace, ¿qué puede esperarse de los demás? Pero ese juego de prometer y no cumplir se queda chico, al lado de los actos de corrupción de los funcionarios que cuando llegan al cargo se despachan con la cuchara grande. Casi a diario surgen casos de actuales o ex funcionarios que terminan millonarios, y cuya riqueza les permite comprar lujosas propiedades en los lugares más caros del orbe o tener en cuentas bancarias en el extranjero millones de dólares que se habrían robado del erario público o de negocios hechos al amparo del cargo. Eso a la gente la purga. Y la tiene harta.

Y más le revienta tratándose de quien se supone iba a gobernar con honestidad, combatiendo la corrupción, y dando ejemplo de rectitud. Pero no. La tentación fue mucha. Y sucumbió a ella. Con eso ha perdido toda credibilidad y confianza. Porque si eso hizo antes de asumir el cargo, ¿qué pasará a lo largo de su mandato? ¿Cuántas otras cosas al amparo del poder no habrán de cometerse todavía? Por esos y muchas otras cosas la gente ya no quiere votar. De hecho los mexicanos, tendrán que ir viendo otra forma de elegir a sus gobernantes. El sistema actual ya no funciona. Por lo pronto, el ‘nuevo PRI’ es el que más resentirá ese embate de los votantes.

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Entre cómplices y sarta de inútiles

PAULINO CÁRDENAS

El caso Ayotzinapa ha quedado atrapado entre una sarta de inútiles y una serie de complicidades de funcionarios con el crimen organizado. Los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural desaparecidos claman que sus hijos les sean devueltos vivos, mientras que centenares de voces de estudiantes de otros centros de estudios en el país se les han unido y han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia a las autoridades avocadas al caso. Si los familiares y amigos de los desaparecidos dudan que la federación pueda con el paquete ya que atrás de esa desaparición forzada está la mano del cártel Guerreros Unidos, de las autoridades estatales desconfían totalmente porque son señaladas como copartícipes de esos hechos al ser omisos.

Un ejemplo es que tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron ante legisladores federales que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Tan es evidente la descomposición que ha habido en Guerrero que Iguala es el botón de muestra de lo que ha estado viviendo esa entidad federativa desde hace años. En ese municipio cada día aparecen más y más fosas clandestinas con decenas de restos humanos con señales de tortura, desmembrados y calcinados. Iguala es, pues, un cementerio clandestino, señal inequívoca de que los capos de los cárteles de la droga y del crimen organizado son los que mandan en esa entidad, como ha estados sucediendo en muchos otros municipios de diversos estados de la República Mexicana. Las causas son las mismas: corrupción, impunidad e ingobernabilidad.

Resulta obvio que en el estado de Guerrero el crimen organizado está desatado y goza de impunidad, sin que autoridad alguna haya sido capaz de frenar el avance de los al menos 10 cárteles que operan en esa entidad. Tan hacen y deshacen los capos de la droga para someter a autoridades y pueblo en general, que esas fosas clandestinas son muestra de que los secuestros han ido al alza junto con las extorsiones, y quienes no se someten al juego de los criminales acaban siendo ejecutados y enterrados en fosas de los alrededores. De esos crímenes están enterados los gobernantes municipales y estatales, pero hacen como que la virgen les habla.

Pero la pregunta es: ¿cuántos Igualas existen en el país? Porque el hallazgo de fosas clandestinas, además de Guerrero, se repite en Veracruz y Tamaulipas principalmente, y en prácticamente todos los estados de la República y en los alrededores del Distrito Federal, con diferente número de narcofosas en las que echan a sus víctimas, muchas de las cuales son descuartizadas y quemadas para que no sean reconocidas. Por lo pronto, las autoridades federales no han avanzado gran cosa en las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.

Para muchos guerrerenses la voluntad política para solucionar el caso parece ser simulada, ya que entre autoridades locales, estatales y federales no dan una y resulta evidente que entre mandos y operadores de campo avocada a las indagatorias no hay coordinación, por lo que ha habido tardanza, dando la impresión que son una sarta de inútiles los que están atendiendo el caso Ayotzinapa, por lo que los familiares de las víctimas no confían en nadie.

Han preferido evitar reunirse con los integrantes de la comisión legislativa federal que pretende darle seguimiento al caso; tampoco quieren hablar con ninguna otra autoridad. Lo que piden es que regresen vivos a los jóvenes secuestrados ya que tienen la esperanza de que los tengan ocultos en algún lugar. Pese a la información que han venido dando las autoridades sobre los avances de las investigaciones, hasta ahora ha resultado infructuosa la búsqueda de los estudiantes. Por ello familiares y amigos no creen en la eficacia de las indagatorias; más bien se han acogido a las brigadas populares que de manera espontánea han ido surgiendo para sumarse a la búsqueda y dar con el paradero de los desaparecidos.

La comisión de legisladores federales que da seguimiento al caso señalaron dificultades para tener comunicación directa con los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala. El panista Guillermo Anaya Llamas, quien encabeza la comisión, señaló que los padres de los normalistas plagiados no han creído en nada ni en nadie; ‘es un grupo muy compacto que no quiere tener contacto con nosotros’, se quejó el legislador. Quienes observan el proceso de investigación señalan que a las autoridades se les está escapando la liebre por querer apegarse  estrictamente al debido proceso. Aunque algunos ven con buenos ojos la intervención federal en el caso, otros dudan que puedan dar con los autores intelectuales de ese plagio.

Por su parte José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló que hubo un “torpe” manejo por parte del presidente Enrique Peña Nieto al caso de Iguala, lo que “simplemente refleja la escasa importancia que su gobierno otorga al tema de derechos humanos pese a un discurso que sugiere lo contrario”. Vivanco reprochó que el mandatario mexicano tardara cuatro días para pronunciarse sobre Iguala y para atribuirle la responsabilidad a las autoridades locales. “Iguala está a menos de 200 kilómetros de la capital, tres horas en carro. No hay excusa” para tal retraso, señaló el experto en derechos humanos.

Mientas tanto los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada por parte de la policía municipal de Iguala y entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos entre el viernes 26 y sábado 27 de septiembre pasado, según confesión de un sicario detenido, seguirán con su propia lucha apoyados por amigos y gente que de manera espontánea ha querido colaborar en la búsqueda de los jóvenes de la escuela rural que aún no aparecen ni vivos ni muertos. De las autoridades no quieren saber nada porque consideran que son una sarta de inútiles o porque están coludidos con el crimen organizado.

 

 

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Como avestruces ante el crimen

PAULINO CÁRDENAS 

Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales prefieren hacerle al avestruz en cuanto al tema de la criminalidad y los hechos de violencia que cada vez aumentan en México, como sucedió con el caso de la matanza de 22 presuntos sicarios en Tlatlaya, estado de México, y con el caso de los muertos, heridos y desaparecidos de los estudiantes de la escuela rural de Iguala, Guerrero, por solo mencionar dos de los múltiples casos en que las autoridades optan no informar sobre los hechos violentos, sino hasta que los medios hacen pública la información lo que obligan al gobierno a anunciar que los hechos serán investigados y que se llegará ‘hasta las últimas consecuencias’, lo que nunca sucede o si acaso sucede a medias.

Resulta evidente que las autoridades están rebasadas por el crimen, lo que no se quiere reconocer. Acaso algún atisbo salta de repente, como fue el caso del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre quien reconoció que la policía estatal está cooptada por los capos de la droga y el crimen organizado. Fue parte de la respuesta que se le ocurrió dar, después de que el presidente Enrique Peña Nieto le reclamó públicamente que no atiende como es debido los asuntos que compete resolver en su entidad, dejándole en claro que el gobierno federal no atenderá los problemas que deben resolver los gobiernos estatales. Aún así, la información inicial que dio a conocer Aguirre sobre los estudiantes desaparecidos fue falsa.

El pasado martes afirmó que 13 de los desaparecidos habían sido hallados, situación que fue desmentida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que explicó que 12 los estudiantes aludidos por el Ejecutivo estatal no habían participado en las manifestaciones que precedieron a los hechos y que uno más había sido identificado por sus familiares en el Servicio Médico Forense. O no tenía a la mano la información correcta o quiso pasare de listo con esa declaración. Familiares de los estudiantes que hasta ayer no habían sido hallados, han comenzado a realizar diversos actos de protesta para exigirle al gobierno de Guerrero que se avoque a dar con el paradero de los estudiantes. Ha habido confusión respecto de las cifras.

Según el mencionado Centro de Derechos Humanos, en un inicio se habló de 58 estudiantes desaparecidos en los hechos de violencia suscitados en Iguala, pero después se dijo que eran 57. Sin embargo, al final, después de cotejar con los propios familiares de los desparecidos, la cifra quedó en 43 alumnos que no han sido hallados. Dice ese organismo que hubo cámaras de video que captaron la desaparición forzada de entre 20 y 25 estudiantes que fueron llevados por la policía hacia rumbo desconocido. Incluso reportaron las matrículas de las patrullas en las que se los llevaron : 017, 018, 022, 027 y 028. Además de las cámaras de video, se dice que hubo testigos que vieron esas detenciones forzadas.

En cuanto al caso de los ejecutados de Tlatlaya, estado de México, hecho sucedido el pasado 30 de junio, fue hasta que la revista Esquire, en su edición en español, publicó una entrevista con una supuesta testigo que asegura que los presuntos delincuentes vinculados con el narco, fueron sometidos en una bodega y aún cuando se habían rendido, les dispararon a mansalva los soldados que se encargaron del operativo en el que supuestamente había gente secuestrada, lo cual no ha quedado claro que haya habido gente privada de su libertad por los supuestos delincuentes que acabaron siendo ejecutados por los militares. Luego de que la revista y la agencia AP se encargaron de difundir la declaración de la supuesta testigo, el asunto cobró visos de escándalo nacional que trascendió las fronteras.

Por ello fue que hasta entonces, el gobierno federal reaccionó, aunque con la estocada mediática tuvo que salir a dar explicaciones y realizar detenciones de supuestos soldados involucrados y un teniente, a toro pasado, lo que ha suscitado infinidad de críticas que han puesto al gobierno peñanietista en el banquillo de los acusados, ya que resulta evidente que el Ejército no respeta los derechos humanos como reiteradamente asegura el jefe del Ejecutivo federal, quien a pesar de esos hechos ha salido a defender una vez más a las Fuerzas Armadas, aunque sigue habiendo muestras de que la actuación de las tropas castrenses ha dejado mucho que desear en el caso de la lucha contra los capos del narco y del crimen organizado.

Pese a que ha habido aciertos que nadie podría pichicatear, como fue el caso de la detención del ‘H’, Héctor Beltrán Leyva, el último hermano de la dinastía de ese grupo criminal, el asunto es que en el tema de la criminalidad en general, los gobiernos federal y estatales han preferido la política del avestruz, escondiendo lo más que pueden la cabeza, como si con esa actitud se fueran a resolver los problemas de violencia, ejecuciones, extorsiones, secuestros y encuentros a fuego abierto entre elementos militares y marinos, contra los sicarios al servicio de los capos cuya actuación sigue agobiando a muchas entidades del país.

Los problemas que dan origen a ese clima de inseguridad están vinculados a las colusiones que hay entre autoridades y mafiosos, y en la impunidad que sigue siendo el as que llevan bajo la manga los delincuentes organizados y del fuero común. De poco sirve las órdenes que tienen las Fuerzas Armadas de su jefe supremo, si sus planes no fructifican, por tanta corrupción que hay y que es el camino por el que transitan los jefe de los cárteles de la droga, a quienes los recursos económicos les sobran, lo mismo que el armamento de utilizan contra quienes se oponen a sus veleidades criminales.

Mientras que siga esa política del avestruz, con la que se pretende hacer creer que la inseguridad va en descenso, las cosas seguirán yendo a la inversa como ha sucedido en los 22 meses que lleva el actual régimen, que empieza a parecerse en cuanto al clima de violencia y hechos de sangre cotidianos que prevalecen en el país, a la administración del panista Felipe Calderón. Y apenas va para su segundo año el gobierno peñanietista. Hasta la Iglesia ha venido criticando al gobierno federal por el clima de inseguridad y la falta de justicia que hay en prácticamente toda la República Mexicana.

 

 

 

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Peligro latente en Pemex

PAULINO CÁRDENAS

La tarea que tiene el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, es simplemente titánica. Se trata de reintegrarle a Pemex su integridad y su dignidad de primera industria de México, lo que conlleva la irrenunciable necesidad de acabar con la corrupción que impera en la paraestatal. Tendría en primera instancia que depurar los cuatro organismos subsidiarios –Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica Básica, y Petroquímica–, así como el Corporativo que él encabeza. El titular de la paraestatal ha venido reiterando que encontró mucha corrupción en la empresa. Y es esa corrupción que corroe a la primera industria del país y que impera en la paraestatal desde hace sexenios, lo que será un obstáculo serio para que pase la reforma petrolera en el Congreso de la Unión, ya que la oposición se encargará de exigir que se haga una limpia a fondo y se desactiven las redes de corrupción y colusiones, que el propio funcionario reconoció que existe en Pemex.

Incluso se habla de que al menos uno de los cárteles del narcotráfico que han decidido expander sus tentáculos a otras actividades, usa prestanombres para obtener contratos por adjudicación directa. Por otro lado hay versiones de que el estallido que sufrió el edificio corporativo de la Torre de Pemex el jueves 31 de enero pasado, fue un ‘aviso’ de alguna de las mafias que tienen copado a Petróleos Mexicanos, al enterarse de que la nueva administración trae la instrucción de entrar de lleno a hacer una limpia verdadera y de fondo. El propio director señaló recientemente que Pemex será reestructurado y declaró que cada uno de los organismos subsidiarios con los que opera la paraestatal, tiene una percepción distinta de cómo debe trabajar y cada una jala por su lado, “y eso no puede ser; tiene que tener una imagen corporativa fuerte y todos tienen que tener la camiseta puesta”.

Dijo que al llegar al cargo, entre los principales temas que tenía que enfrentar era un pago por 450 millones de dólares por una demanda que la administración anterior había perdido en una corte internacional. Pemex tenía que firmar un cheque por 450 millones de dólares. Comenzó entonces una investigación “a fondo” y “hallamos elementos serios y preocupantes que indican que hay corrupción y colusión” entre Pemex y proveedores, e inmediatamente lanzamos una demanda en Estados Unidos”. Se trata de la empresa Siemens, que involucra al consorcio Conproca, relacionada con un caso de sobrepagos en torno a la refinería de Caderey
ta.

El funcionario aceptó lo anterior en una reciente entrevista con colaboradores de El Universal. Pero no es el único tema; también están los convenios con Mexicana de Lubricantes (MexLub) que también requirió una investigación de parte del Órgano Interno de Control para verificar si son legales. Y un tema delicado, expresó Lozoya Austin, es la relación de Pemex con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y los adeudos que tiene la empresa, recursos que terminaron en un Fideicomiso y que espera que la paraestatal cumplirá con la vigilancia de su buen uso, pero sobre todo de su recuperación. “Si no nos pagan están las garantías que son las propias cuotas de los trabajadores”, explicó. ¿Romero Deschamps está en capilla?



La difícil tarea de modificar la estructura de la empresa se complica porque se trata, primero, de sacar a funcionarios corruptos de varios niveles que hay en la paraestatal. Además Lozoya Austin tendrá que emprenderla contra los proveedores deshonestos. Pero lo más gorilón será que, de una manera u otra, tendrá que lidiar al menos con uno de los más poderosos cárteles de la droga, que busca hacer de Pemex otro importante nicho para sus actividades. Esto, independientemente del cotidiano robo de combustible. Hay suficientes señales de que Los Zetas han querido presionar a la empresa para someterla a sus designios. Por lo pronto es un hecho que el corredor Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, en donde la paraestatal tiene instalaciones estratégicas, está en su agenda.

Independiente de las hipótesis que hubo alrededor de lo pudo originar la explosión en la planta criogénica de gas en la Cuenca de Burgos a mediados de septiembre pasado, hubo una preocupación de que ese evento de alto impacto pudo tratarse de un ataque de uno de los cárteles del crimen organizado contra el gobierno federal. Están también los acosos y agresiones por parte de grupos de la delincuencia organizada contra trabajadores de Pemex en la refinería de Cadereyta, Nuevo León. No se ha sabido de los 38 trabajadores de la sección 49 que fueron secuestrados por un comando armado en 2007 en ese centro de trabajo, después de una reunión de empleados petroleros disidentes.

Aunque el gobierno de Peña Nieto ha querido abstenerse de hablar directamente de combate a la delincuencia organizada que sigue a cargo del Ejército, la Marina y la Policía Federal, hay preocupación por esos hechos sucedidos contra la paraestatal, y más por la explosión que hubo a finales de enero en el edificio B2 de la Torre de Pemex. ¿Fue un aviso de que las cosas no quieren que cambien? ¿De parte de quién? Lo cierto es que Pemex está bajo la amenaza de las mafias que lo tienen atrapado. Y eso podría ser un serio obstáculo para la pretendida reforma petrolera. Es a lo que tendrá que enfrentarse el nuevo director de la primera industria del país en donde se percibe un peligro latente.

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!Ajá! ¿Y el cadáver dónde está?

PAULINO CÁRDENAS 

El caso de ‘El Lazca’, fundador y líder de Los Zetas, se ha convertido en cosa de juego. Nadie sabe, por supuesto ni las autoridades que siguen el caso, si el que dicen haber matado en un enfrentamiento con marinos el pasado domingo 7 de octubre en Progreso, Coahuila, es Heriberto Lazcano, ya que tuvo que ser exhumado el padre del también conocido como ‘El Z-3’, para saber con certeza, con pruebas de ADN, si el muerto es él. Para rematar el numerito, como si tuviera bola de cristal, William Brownfield, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, dijo que “hay cerca de 100 por ciento de certeza que está muerto” el capo hidalguense, cuando aún no se dan a conocer los resultados por parte de la PGR donde un alto funcionario aseguró que la idea de la exhumación es para no dejar ninguna duda de que el supuesto líder de Los Zetas fue abatido. !Ajá! ¿Y el cadáver dónde está?

Hay voces que coinciden en que quizá pudiera haberse simulado su muerte y que en realidad ‘El Lazca’ está vivo y se haya convertido en testigo protegido del FBI, brazo operador del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Uno de los que creen eso es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el priísta Omar Fayad, quien señaló que corre incluso la hipótesis de que Lazcano acaso se convertiría en un testigo protegido y por eso su cadáver desapareció “en condiciones tan singulares”. En su momento, trascendió la versión de que Miguel Angel Treviño Morales alias ‘El Z-40’, habría sido el que sustrajo el cadáver de ‘El Lazca’ de la funeraria García ubicada en Sabinas, Coahuila, en la que se hallaba después de haber sido supuestamente muerto, en un rápido operativo que realizó encabezando personalmente a un comando.

La otra noticia que comenzó a circular ayer es que Alejandro Treviño Morales, alias ‘El Z-42’, hermano de ‘El Z-40’’, habría sido abatido por efectivos de la Marina-Armada de México en un enfrentamiento registrado en Zacatecas.

Una fuente del Gobierno federal dijo que a raíz de las versiones que circularon en redes sociales respecto a que uno de los abatidos sería “El Z-42”, hermano de “El Z-40”, hoy líder de Los Zetas, la dependencia se ha avocado a tratar de verificar la muerte del criminal, señaló una nota del diario Reforma. Treviño, conocido también como ‘Omar’, es uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos, por cuya captura se ofrecen recompensas de 30 millones de pesos y 5 millones de dólares; había estado a cargo de las operaciones del trasiego de droga en Tamaulipas durante más de un lustro y también se le atribuyen, junto a su hermano Miguel Angel, el secuestro de más de 30 personas en Nuevo Laredo durante 2005. Es obvio que hay una campaña del gobierno de Calderón centrada específicamente en acabar con Los Zetas, tarea que ha sido encargada al más alto mando de la Secretaría de Marina, el almirante Mariano Francisco Sáynez Mendoza.

Lo que ha habido hasta ahora en el caso de ‘El Lazca’ ha sido signo distintivo a lo largo del sexenio. Ahí esta el otro caso, este correspondiente a la SSP federal, de la emboscada de Tres Marías a un vehículo de la embajada norteamericana con placas diplomáticas en el que viajaban dos agentes supuestamente de la CIA y un marino que los guiaba, quienes estuvieron a punto de ser masacrados supuestamente por varios sicarios y policias federales cómplices, nadie sabe hasta ahora por qué. Las pifias, los errores, la descoordinación y las complicidades han sido las características principales de la ‘estrategia’ que presume el presidente Felipe Calderón en la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado.

Lo que es cierto es que en el último tramo de su gobierno, el mandatario mexicano tiene como gran promotor de su ‘exitosa’ lucha contra los capos, al zar antidrogas norteamericano, William Brownfield, quien también aseguró esta semana en una entrevista al diario digitial El Tiempo, que los cárteles que operan en México ‘han colapsado’ y que en nuestro país ‘se ve el comienzo del fin de la industria del narcotráfico’. Comentábamos ayer que lo que dijo resulta ser más un mito genial que otra cosa. Y que parecería que esa declaración es para que el presidente Calderón se pare el cuello en alguno de sus discursos antes de que deje el cargo, en busca de que los mexicanos le aplaudan. Aunque esa declaración suena más a complacencia, en México las cosas se ven muy diferentes.

El caso es que a la Marina-Armada de México le han asignado la difícil tarea de acabar con Los Zetas. Sólo que parece que hay una ‘mano negra’ que lo que quiere es hacer quedar mal a esa corporación, de cara a la nación. Igual que sucedió con el Ejército Mexicano al que ‘alguien’ se ocupó de hacerlo quedar en ridículo haciendo que cometiera pifias en la lucha contra los capos de la droga, mala fama que llegó a las más altas esferas del Departamento de Estado norteamericano, por notas diplomáticas enviadas por la embajada norteamericana a Washington, lo cual se supo por los documentos de WikiLeaks que fueron publicados en su momento por The New York Times.

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Lucha anticrimen con otra visión

PAULINO CÁRDENAS 

Hasta donde se sabe, ya está en vías de integración el Gabinete de Seguridad del próximo gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, aunque los nombres quedarían reservados hasta la medianoche del 30 de noviembre próximo o el día siguiente. Se habla de que, sin desdoro de ser atendidos los delitos del fuero común, se crearía la Gendarmería Nacional, similar a la que opera en Francia, una fuerza creada con efectivos emanados del Ejército, comandos de elite que serían los policías responsables de atender las misiones especiales contra el crimen organizado y eventuales actos terroristas. Existiría también la Policía Nacional, que se encargaría del orden en las zonas urbanas y que deberá estar coordinada con la Gendarmería Nacional.

Se dice que cada fuerza tendría un área de responsabilidad y sus mandos habrían de estar en la misma frecuencia de operación que determine la superioridad. Bajo el nuevo esquema, se supone que sus mandos dependerían del titular de la Secretaría de Gobernación. Pero mientras eso se pudiera concretar, el hecho es que desde ahora los miembros del Gabinete de Seguridad trabajan a paso acelerado, tanto en la confección de una estrategia integral con una visión multisectorial, como en los trazos del mapa de ruta policial y miltar que se requerirán para seguir librando la guerra contra los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. Habría un periodo de ajuste y muy probablemente a miembros del Ejército y la Armada se les seguiría viendo en las calles por un tiempo.

Los servicios de inteligencia del Ejército, la Armada, de la Gendarmería Nacional y la Policía Nacional –o como se lleguen a llamar esas corporaciones de nuevo cuño– así como el Cisen que depende de Gobernación, serán herramientas primordiales en esa lucha para que trabajen coordinadamente, convirtiendo todo ese recurso disperso y su cúmulo de costosa tecnología de punta que tienen los dos institutos armados y la actual SSP federal, en una sola organización de inteligencia estratégica, acaso tan poderosa como la CIA o el Mossad por solo mencionar dos de las más famosas, lo que sí adaptadas a las necesidades y circunstancias para el combate frontal al crimen organizado en México.

Todo mundo sabe que la proliferación de los grupos mafiosos se ha dado por la complacencia, el soslayo y colusiones que existen entre los capos y las autoridades que deberían ir tras de ellos. En México alrededor del 78 por ciento de los sectores están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no suele reportar casos de desmantelamiento de la estructura patrimonial de los cárteles. Acaba de aprobarse una Ley Contra el Lavado de dinero, sobre la cual el especialista en asuntos de narcotráfico Edgardo Buscaglia, manifestó que llama la atención que ésta se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo de una expansión exponencial de los grupos criminales. Esa ley ‘es una vacilada’ dijo. Hay un pacto de impunidad, sintetizó.

Por su parte, William Brownfield, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos y ex embajador de ese país en Colombia, señaló que en México se está viendo ‘el comienzo del fin de la industria del narcotráfico, con el colapso de los cárteles de la droga’. Añadió que en EU ha disminuido el consumo de drogas. No obstante, para nadie es un secreto que la Unión Americana ocupa el primer lugar mundial en consumo de estupefacientes, marihuana y cocaína principalmente. Mientras así siga y se continúe soslayando el trasiego de armas, dinero y drogas por aire mar y tierra, de nuestro país al suyo y viceversa, ese negocio seguirá floreciendo, por lo que representa en ganancias, no sólo para los capos del crimen, sino para quienes como autoridad han acabado de socios coludiéndose con las mafias.

Ha quedado de manifiesto el ‘interés’ de Felipe Calderón de que Peña Nieto siga sus pasos contra los cárteles de la droga e incluso con su mismo esquema –que ha sido todo un fracaso por las más de 80 mil muertes que lleva en su haber su guerra, mientras las mafias siguen avanzando en sus actividades como si nada–, porque, según él, “no hay otra alternativa”, como lo dijo en Washington ante el Consejo de Relaciones Exteriores el pasado 24 de septiembre, en donde comentó que de no continuar su guerra –refiriéndose sin mencionarlo a Peña Nieto– “sería hacerse para atrás, darle la mano libre (a los criminales) y decirles: ‘ya no voy a luchar más (…) les gusta este gobierno, tómenlo, ¿le gusta esta ciudad?, está muy bonita, me gusta mucho, pero tómenla, no voy a luchar”.

El próximo Presidente de México ha sido en verdad muy tolerante con esas insolencias de quien le dejará el cargo, como eso que también dijo de que el próximo gobierno debe mantener la lucha anticrimen “con un nuevo manejo transparente y eficaz de recursos, a pesar de que en el pasado inmediato no siempre fue así”, sin percatarse que ese pasado inmediato es su propio gobierno. ¿Por qué el asunto de los recursos para la lucha contra el narcotráfico le preocupa tanto? Se cree que su sucesor vendrá con una mentalidad y una visión diametralmente distinta en esa lucha y que, entre otras muchas cosas, habrá de escudriñarse sobre los manejos de dineros de la llamada guerra de Calderón.

@Paulinocomenta

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Se avecina una tormenta

PAULINO CÁRDENAS

Respecto a las sospechas de que hay colusiones entre autoridades y criminales organizados, mucho dará de qué hablar lo que acaba de publicar The New York Times sobre la infiltración de agentes estadounidenses de la Drug Enforcement Administration en México que se dedican a lavar dinero y a traficar droga, dizque para dar con las mafias de este lado de su frontera, refiriendo un documento que tiene en su poder la revista Emeequis, la cual publica esta semana un interesante y preocupante reportaje, “El cártel de la DEA”, sobre oscuras actividades de esa agencia la cual viene operando turbiamente en territorio nuestro, sin duda con la anuencia de nuestras autoridades.

No es la primera vez que el diario neoyorquino afirma que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, se ha dedicado a lavar miles de millones de dólares para los cárteles mexicanos y a traficar cocaína hacia Europa, Asia y Oceanía desde territorio nuestro. Pero lo que publica la revista mexicana pone los pelos de punta. Señala que declaraciones juradas de agentes encubiertos revelan cómo usaron suelo azteca para traficar cocaína de Amércia a Europa, transportar millones de dólares a granel, y lavar dinero en bancos de Estados Unidos, China y Hong Kong.

Después de leer estos dos reportajes queda la percepción que lo más probable es que autoridades nuestras que tienen contacto frecuente con esa agencia antidrogas, estén coludidas con esas actividades criminales, lo cual, de llegarse a corroborar plenamente –y no es nada difícil–, sería un gran escándalo para el gobierno de Calderón. Acaso por ello la guerra contra el narcotráfico está perdida de antemano y sólo se administra, aunque su estrategia siga siendo del que ‘vamos ganándole’ a los capos del narcotráfico y a las mafias criminales y que es una guerra por el bien de México, lo cual dista mucho de ser cierto.

Por lo pronto, en cada lugar que va o en foro que se le atraviesa, el Presidente sigue machacando la idea de que la guerra es por el bien de los mexicanos, pese a los miles de muertos que ha cobrado esa lucha armada cuya cifra sigue en aumento. En Escobedo, Nuevo León, presidió ayer una presentación de los cuerpos policiacos estatales que están listos para el ataque contra los comandos al servicio de los capos en aquella entidad feerativa. No obstante, en el campus del Tec de Monterrey lo abuchearon los estudiantes, quienes no olvidan los asesinatos de los alumnos de posgrado, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, muertos en marzo de 2010 por parte de militares.

La animosidad presidencial sobre todo lo bélico resulta preocupante. En el Campo No. 1 de la llamada Nueva Fuerza Civil de Nuevo León, volvió a hacer la apología de su guerra y dijo que en materia de seguridad, “hemos enfrentado a los criminales con toda determinación, sin titubeos, como debe ser”. Dijo que la sociedad ha sido testigo de la serie de detenciones de delincuentes, incautación inédita de armas, alrededor de 140 mil en cinco años, sin dejar de darle un raspòn al priísmo al señala que en la administración de Miguel de la Madrid, en todo el sexenio se decomisaron algo así como 700 armas.

Sólo que entonces no había el soslayo que hay en este sexenio para dejar pasar armas de forma deliberada e ilegal por las fronteras con Estados Unidos, como en el caso de la operación Rápido y Furioso –por las aduanas que se supone están a cargo de la Secretaría de Hacienda de donde salió quien Calderón quiere que sea el candidato para enarbolar al panismo en las elecciones del 2012–, dizque para seguirle la huella a las guaridas de los narcotraficantes en territorio nuestro. Sobre ese vergonzoso plan operado por la ATF norteamericana, para no dar explicaciones su gobierno ha preferido decir que, al respecto, nada sabía.

Su obsesión bélica lo tiene atrapado. De visita al campo neoleonés de operación y adiestramiento policial civil armada, señaló que se tiene que hacer en el corto plazo lo que los anteriores regímenes dejaron de hacer en materia de lucha contra la delincuencia organizada, refiriéndose sin mencionarlo, a las administraciones federales del PRI. Explicó de nueva cuenta que la espiral de violencia generada por los criminales no es un problema que haya surgido de la noche a la mañana ni por arte de magia. Volvió a afirmar que esa espiral es un mal que se vino gestando e incubando durante muchos años.

Es decir, insiste en voltear al pasado para echar culpas a otros de algo que no ha podido resolver desde que le declaró la guerra a los cárteles de la droga hace cinco años. Por ello gran parte del país está militarizado. Pero ni aún así cede la violencia. Un caso es Michoacán, donde acaban de hallar 13 cadáveres en Zitácuaro con signos de tortura y con el tiro de gracia. Ello pese a que la entidad está tapizada de militares. ¿Luego entonces? Pero lo que revela The New York Times de la DEA y lo que publica la revista Emeequis sobre esta agencia norteamericana, seguramente preocupará no sólo a Los Pinos sino a la Casa Blanca.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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