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¿Verdad real o legal?

 PAULINO CÁRDENAS

Desde hace un tiempo, a propósito de la verdad real y la verdad legal, el presidente Felipe Calderón anda con la cantaleta de cuestionar al Poder Judicial de la Federación en torno a esos dos conceptos sobre el que ni los estudiosos se ponen de acuerdo. Las críticas que ha hecho a los jueces le han valido la réplica no sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino también del Consejo de la Judicatura Federal ya que el mandatario panista ha venido pidiéndole a los ministros, magistrados y jueces que sea la verdad real la que prevalezca sobre la verdad legal o formal, en el momento de emitir sus sentencias contra los supuestos delincuentes que les toca juzgar.

¿Por qué ha venido insistiendo en el tema queriendo ver la paja en el ojo ajeno? Porque hay un hecho del cual obviamente ya se percató, que es considerado por los especialistas en materia jurídica y de derecho penal como un problema primario, de que el Ministerio Público, que depende del poder Ejecutivo, muestra serios problemas de ineficiencia en la integración de sus averiguaciones previas, por lo que las acusaciones contra presuntos culpables suelen ser desechadas por los jueces, por ser jurídicamente inconsistentes.

No obstante, aprovechando la cuestionada fama que tiene el poder Judicial, Calderón busca echarle la bolita a los juzgadores. Los culpa de que ‘uno los agarra y los agarra y ellos los sueltan y los sueltan’, en tanto el Consejo de la Judicatura le acaba de revirar diciéndole que el problema está en la ineficiencia del Ministerio Público que no integra debidamente sus acusaciones.

Exige a los jueces que ordenen las detenciones y se procese a los presuntos culpables, aunque no haya pruebas suficientes o a pesar de que éstas hayan sido obtenidas ilegalmente o que las acusaciones sean apoyadas con testigos falsos. Al menos esa es la ‘percepción’ que queda en el ánimo de la gente y sobre todo de los profesionales y estudiosos del derecho, respecto de lo que esperaría según su óptica sobre este particular, como lo ha venido diciendo desde hace semanas en foros, entrevistas y declaraciones.

Cierto es que de un lado y de otro hay constancia de que las leyes se manipulan y la justicia es lo último que se toma en cuenta a lo hora de sentenciar en México a un presunto culpable. Ha habido supuestos delincuentes que son acusados y sentenciados aún con pruebas insuficientes o conseguidas ilegalmente. Ahí está el caso presentado justamente de un ‘Presunto Culpable’ que se documentó con voz e imágenes, en el que un Ministerio Público, con testimonios falsos de policías judiciales corruptos y un testigo perjuro, pretendió condenar a un inocente.

O están los casos judiciales que el Ejecutivo ha querido politizar para exhibir a políticos del PRD o del PRI,  como sucedió con el del famoso ‘Michoacanazo’, el de Jorge Hank Rhon o el de Greg Sánchez, que han dejado en ridículo a las procuradurías General de la República y las generales de justicia de los estados, por querer demostrar su culpabilidad como supuestos criminales mediante pruebas insuficientes u obtenidas ilícitamente, por lo que acaban siendo liberados ‘por tecnicismos’ como lo ha reclamado Calderón.

Esos errores –producto de ineficiencias o corruptelas, vaya usted a saber– ha desesperado al jefe del Ejecutivo y por eso ha arremetido contra el poder Judicial. Calderón hizo una crítica contra los jueces aprovechando el foro de la reunión que sostuvo el 23 de junio pasado con el poeta Javier Sicilia en el alcázar del Castillo de Chapultepec y a los pocos días el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistió a Los Pinos y le pidió que si tenía pruebas de sus afirmaciones, que las presentara.

Y esta semana, al volver con sus señalamientos acusatorios contra los juzgadores, el Consejo de la Judicatura de la Federación le respondió al mandatario panista: “Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”. ¡Tómala!  Otro frente más que se abre el mandatario panista por ser exasperado e impositivo, tanto que desde Los Pinos quiere mandar en el Poder Judicial. Y por lo que se ve esa brecha seguirá ensanchándose porque este Poder no se va a dejar.

En México es común que en el desarrollo de un juicio acabe imperando la injusticia lo que, junto con las corruptelas y tráfico de influencias o ineficiencias que hay en medio,  da como resultado la impunidad, aunque hay los rarísimos casos en los que la ley de veras es ciega y las sentencias se aplican ciñéndose a lo justo y vedadero. Por ello es que nuestras cárceles están llenas de gente inocente y muchos criminales andan sueltos caminando libres por las calles. Verdad real o verdad legal, las injusticias con las que se aplica le ley en nuestro país han sido muchas, miles, acaso millones.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Censura, presunta estupidez

PAULINO CÁRDENAS

La mejor publicidad para ‘Presunto culpable’ será la presunta estupidez de querer quitar la proyección de ese documental de las salas cinematográficas del país, como lo ordenó la juez federal decima segunda de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México, de apellido Lobo. En primera instancia esa orden a todas luces es un flagrante golpe a la libertad de expresión. Y en segundo lugar el prurito que ha causado en el sector judicial que se ventile a la luz pública un botón de muestra de una vergonzante realidad que acontece todos los días en México, equivale a querer tapar el sol con un dedo.

Hace unos días el documental fue proyectado en función privada a mandos medios y superiores de las diferentes áreas de impartición de justicia, lo que habría provocado preocupación en todos al mirarse en ese espejo y ver la crudeza con la que los realizadores trataron el caso de un tianguista que fue acusado de homicido sin deberla ni temerla y que había sido sentenciado a 20 años de prisión siendo inocente, aunque para los juzgadores era de atemano un presunto culpable. Antonio Zúñiga, el protagonista, logró obtener su libertad por la serie de anomalías halladas por sus espontáneos defensores en el juicio.

La juez Blanca Lobo Domínguez dio entrada a la petición de amparo que según esto presentó el principal testigo de cargo, Víctor Daniel Reyes Bravo, a quien otorgó la suspensión dentro del expediente 171/2011 y cuyo efecto inmediato es el de suspender la proyección de ‘Presunto Culpable’. El argumento para lograr el amparo fue que en la película, con categoría de documental, aparecía a cuadro durante un careo con el inculpado, cosa que él no había autorizado ni le había sido consultado, lo que consideró un presunto daño moral.

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que acataría la suspensión de la exhibición del documental en todo los cines de la República, orden que entraría en vigor en un plazo no mayor a 24 horas después de que las autoridades de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) sean notificadas de la resolución de la juez federal, en tanto se resuelve el amparo, cuya fecha para el desahogo está señalada para el próximo 11 de marzo. Esto ha provocado reacciones de todos los sectores de la sociedad en el país.

Al problema de por sí grave del sistema de seguridad pública que se abate en todo el país, se ha sumado las prácticas de siempre de ineficacia y corrupción en los aparatos de justicia. Se infiere que la protección de los derechos del ser  humano es el origen, razón de ser y el fin del Estado por lo que éste debe adoptar una organización tal que promueva esos principios y no que los conculque.

De ahí la creación del Ministerio Público como la institución encargada de procurar la justicia ante el supuesto conocimiento que debería tener de la denuncia penal, junto con la policía ministerial que le presta apoyo, los tribunales en donde presuntamente se administra la justicia penal y las prisiones donde en su caso se purgan las condenas aplicadas por la comisión de los delitos.

Parece evidente que toda esa cadena estructural de justicia está más que maleada –con sus respetables excepciones que sí existen por supuesto–, y por tanto ha quedado  tergiversada la facultad sancionadora del Estado en cuanto a sus criterios de acción, por la corrupción, negligencia e impunidad que impera en ese medio. Y como dice al final la película: mientras haya inocentes dentro de las cárceles, afuera siguen los culpables.

De eso se trata ‘Presunto culpable’, la cual ha sido un indudable éxito de taquilla, no porque en ella aparezcan grandes actores dotados de talento o de belleza, sino porque el documental está protagonizado por gente de la vida real y es un caso real, lo que ha hecho explotar a las autoridades y ha provocado el debate sobre el nocivo problema de la degeneración de la justicia. Por eso ha ganado premios internacionales.

Por lo demás, ordenar judicialmente retirar la proyección en las salas cinematográficas de esa película, viene a constatar la forma arbitraria en que actúa el sistema judicial en México, ya que se estaría ante un acto de clara censura a la libertad de expresión, ya que bien pudo haberse seguido el desahogo del amparo sin quitarla de los cines. Eso abona en su favor ya que la gente que no la ha visto  la buscará hasta en los mercados de la piratería.

Como sea, el caso debe ser oportunidad para el Consejo de la Judicatura federal, de ejercer su potestad disciplinaria sobre la actividad de los jueces y corregir las desviaciones del poder público que estos tienen conferido para aplicar el derecho en casos concretos. Esto también habría de ser tema de debate público que de hecho ha quedado abierto por ese escándalo. Como si algo le faltara a México.

pcardenascruz@yahhoo.com.mx

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