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Temas de crimen opacarán Informe

PAULINO CÁRDENAS

Los temas relacionados con la inseguridad y el crimen organizado que se han dado en el país opacarán cualquier logro o cifra que pretenda presumir el presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de gobierno, el cual será entregado por escrito el próximo 1 de septiembre al Congreso; al día siguiente, el miércoles 2, el jefe del Ejecutivo federal dará un mensaje del estado que guarda su administración, en Palacio Nacional. Porque el estado que guarda la nación los mexicanos lo saben de sobra.

Ni decir que pudiera dar a conocer logros en la economía ya que no estarían soportados por hechos tangibles; es otro de los rubros en los que la actual administración le ha quedado muy mal a los mexicanos. Lo que se diga será sacado de la manga y se le querrá presentar como uno de los asuntos nacionales que van por buen camino. El tema de las reformas volverán a ser enunciadas y serán recicladas como la panacea que vendrá a cambiar las cosas para los mexicanos. Ya aprobadas van por buen camino. Por tercer año se dirá lo mismo.

Ahí estarán vueltas a referir la reforma educativa, la energética, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la laboral, la de telecomunicaciones, el nuevo código nacional de procedimientos penales, la nueva ley de amparo, la reforma política-electoral y la reforma en materia de transparencia. Todas merecerán el elogio y la ponderación de sus supuestas bondades por parte de mandatario federal, dentro de una semana.

Quizá le dedique una línea a decir que quedó exonerado de haber cometido algún conflicto de interés junto con su esposa y su secretario de Hacienda por la adquisición de inmuebles auspiciadas por empresas contratistas de su gobierno. Acaso diga que fueron figuraciones de gente mal pensada que solo trata de ver lo malo donde no existe ni maldad ni dolo ni abuso de poder ni tráfico de influencias. Virgilio Andrade lo exoneró.

Tenía cartas de recomendación. Su padre, del mismo nombre, fue quien defendió como abogado a Carlos Romero Deschamps, en el espinoso asunto de corrupción institucional conocido como el Pemexgate del que fue acusado por presunto desvío de recursos a la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, durante las elecciones del 2000, en las que el panista Vicente Fox resultó ganador.

A Peña Nieto se le ha achicado el panorama de presunciones. A finales de 2013 estaba viviendo el ensueño de ser reconocido como un visionario, un estratega, un transformador. Era, según los expertos a sueldo, el ‘Mexican Moment’, y el mandatario era catalogado como el artífice, el ‘Salvador de México’ reconocido por la comunidad económica internacional. Sucedió que ese embeleso lo empezó a trastornar.

Lo mismo que a su secretario de Hacienda quien incluso promovió que lo reconociera como ‘el financiero del año 2014’ la revista The Banker., como impulsor de las reformas estructurales. Los gastos de aquella fiesta del embeleso fueron multimillonarios en dólares, pero no importaba.

Había que festejar por anticipado lo que vendría; había que prepararse para administrar la riqueza porque para eso estaban las reformas, sobre todo la energética que nadie se había atrevido a tocar y decidirse a proponer al Congreso los cambios constitucionales necesarios para abrirle las puertas a las megaempresas petroleras y a los grandes capitales que quisieran invertir en la riqueza petrolera de México.

Hoy, nada queda de aquellos paradisíacos días. Los logros que quisiera dar como relevantes de su gestión administrativa Peña Nieto, habrán quedado rebasadas por temas de crimen, por hechos de sangre, por actos atrabiliarios de su gobierno violatorios de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas a su mando, y del área de seguridad a cargo del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tan mal le ha ido con el encargo de seguridad pública que le adhirieron en este sexenio a la dependencia a su cargo.

En el gobierno han querido dar por olvidado el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el fusilamiento de al menos 15 civiles de un grupo de 22 en Tlatlaya por parte del Ejército aún después de haberse rendido; los muertos a mansalva de Apatzingan del pasado 6 de enero, los más de 40 asesinados en Tanhuato, y la masacre de Santa María Ostula contra la población civil nahua, por parte de la Policía Federal, elementos de la Marina y del Batallón 86 del Ejército mexicano.

El Ejecutivo federal inició su administración el 1 de diciembre de 2012 con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia e inseguridad, y que por lo tanto, habría una hipotética “disminución” en los delitos que más aquejan a los mexicanos, como es el caso de los homicidios tanto dolosos como culposos.

A partir de entonces se echó a andar una estrategia extraña -como el no mencionar términos como ‘crimen organizado’, ‘cárteles de la droga’ ni nombrar a los líderes de las bandas criminales, ni usar en los discursos palabras como ‘masacre’ ni otras vinculadas con el argot criminal-; quedó prohibido a los funcionaros decirle a las cosas por su nombre en los discursos públicos.

Desde entonces se ha venido insistiendo, por parte del presidente Peña Nieto y de su secretario de Gobernación, que ha habido una disminución ‘real’ en el, número de homicidios que se cometen en el país, vinculados al crimen organizado. Sin embargo, los hechos cotidianos de violencia y sangre desdicen su optimismo.

Toda esa sombra de criminalidad y de conflictos de interés que pesan sobre la administración peñanietista es lo que opacará las buenas intenciones con las que habrá de informar el mandatario federal del país el estado que guarda su administración en su tercer mensaje a la nación del próximo 2 de septiembre en Palacio Nacional.

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Elecciones estarán bajo acechos

PAULINO CÁRDENAS

Habrá que ver si el optimismo del gobierno federal y del Instituto Nacional Electoral para que haya elecciones pacíficas el próximo domingo, resulta como lo tienen contemplado. Porque además de estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco, hay focos rojos en Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Yucatán, Colima y Guanajuato e incluso en la capital de la República, porque en algunos las acechanzas podrían estar a cargo del narco y otros porque hay grupos opositores al gobierno que no quieren que haya elecciones porque las consideran una ‘farsa’ y ‘más de lo mismo’.

Incluso los partidos de oposición están que trinan por el soslayo del INE y del Tribunal Electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, al negarse a cancelarle el registro por las reiteradas violaciones a la ley y a la Constitución. Como se sabe, el Verde es un partido testaferro-satélite del PRI. La demanda para que se le cancelara el registro que habían venido exigiendo los partidos de oposición y un sector ciudadano, nunca se dio.

Por ello muchos dan por hecho que el racista consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, pretende ayudar al partido en el poder para que gane la mayoría de las votaciones que habrá el domingo, aunque se diga que no es posible porque hay candados y una tecnología de punta que lo impide. Pero en la lucha electoral toda trampa es posible. No sería la primera vez.

Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que de hecho ningún partido político cumplió con las disposiciones constitucionales y reglamentarias del actual proceso electoral. Por otra parte, aunque no todos los potenciales votantes lo saben, el domingo habrá una jornada electoral. Una nota de Arturo Ruiz para el Sol de México, tomada de una encuesta, ofrece algunos datos.

Señala que a unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral para elegir a nueve gobernadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales, el 22 por ciento de los mexicanos desconoce que el próximo domingo 7 haya votaciones, contra un 42 por ciento que dijo estar enterado que ese día hay elecciones, y un 27 por ciento que aceptó estar al tanto que son en junio pero sin saber el día.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública: “Proceso Electoral 2015” realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el 57 por ciento de los ciudadanos entrevistados respondió que “definitivamente sí votará”.

En tanto que el 22 por ciento dijo que “probablemente sí votará”; un siete por ciento señaló no saber si votará; un seis por ciento “probablemente no votará”, y un seis por ciento reconoció que “definitivamente no votará”. Dicha encuesta se elaboró con el propósito de conocer la percepción ciudadana con miras a los comicios del domingo. Habrá que ver que tanto se apega esa encuesta finalmente a la realidad.

Hay riesgo de que no pudieran instalarse casillas en algunas comunidades y poblados, pero el asunto va más allá. Nadie descarta que pudieran suscitarse hechos violentos, incluso con uso de armas. El domingo anterior se dio el caso en Peto, Yucatán. Cuando participaban en una marcha previa al mitin de cierre de campaña de sus candidatos se suscitó un zafarrancho entre priístas y panistas el domingo con un saldo de dos muertos y siete lesionados.

Eso sin contar los crímenes cometidos contra varios aspirantes en el lapso del actual proceso electoral en diversos estados el país. De acuerdo con un recuento que realizó el diario El Universal, del 19 de febrero al 14 de mayo, al menos 41 personas han sido víctimas de la violencia, con siete muertos y 34 agredidos, desde recibir amenazas de muerte hasta atacar sus casas o quemar sus vehículos; entre ellos, cuatro lesionados incluido un ciudadano que participaba en un mitin en Yurécuaro, Michoacán.

Estos hechos delictivos se han dado en estados como Guerrero, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y San Luis Potosí, donde se han registrado los crímenes, pero hay otras entidades, como Morelos, que sólo las amenazas de muerte provocaron que siete panistas abandonaran la contienda. Están también los recientes cinco asesinatos de varios aspirantes de gente vinculada al proceso electoral: una precandidata que buscaba una regiduría y otros dos que buscaban una alcaldía, así como un coordinador delegacional de campaña, en el Distrito Federal.

Se teme que no haya tregua en esa ola de crímenes y baños de sangre vinculados al proceso electoral donde habrá la renovación de nueve gubernaturas, 500 nuevos legisladores para la Cámara de Diputados, 641 diputados locales y 993 presidentes municipales, así como los titulares de 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales. Habría que insistir que aunque el secretario de Gobernación señaló el fin de semana que se prevé una jornada electoral pacífica, nadie podría descartar que pudiera estar exenta de sorpresas, incluso con actos violentos y hechos de sangre. Ojalá y no. Es lo deseable.

Por lo pronto varias comunidades y poblados considerados ’focos rojos’ quedarán bajo vigilancia policial y militar. Para vigilar los comicios desde ahora estarán desplazándose miles de efectivos del Ejército, Marina, Policía Federal y Estatales, así como del Grupo de Armas y Tácticas Especiales especializados en realizar operativos contra el crimen organizado y operaciones de vigilancia de alto riesgo. Desde hace semanas más de siete mil efectivos del Ejército resguardan el material electoral que ha sido repartido en los estados donde habrá comicios.

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Ve el Gobierno elecciones pacíficas

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno federal ve unas elecciones pacíficas para este domingo 7 de junio. El secretario de Gobernación dijo el viernes en conferencia de prensa que existen ‘dificultades’, no ‘alarmas’, de cara a los comicios que habrá en varias entidades del país. Sin embargo, son varias las entidades federativas en donde pudieran darse sorpresas en algunos de sus municipios porque hay comunidades consideradas ‘focos rojos’ por inseguras a causa de la acechanza de los cárteles de la droga y el crimen organizado, como son los casos de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco entre otros estados de la República.

También hay organizaciones que han manifestado que impedirán que los comicios se lleven a cabo, entre los que están principalmente los grupos que apoyan a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y agrupaciones como el CNTE a quienes apoyan grupos radicales en varios estados, lo mismo que agrupaciones sindicales disidentes que están contra el gobierno, que quieren impedir que haya elecciones. Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que se dialoga con opositores para convencerlos a que no se opongan a que haya elecciones.

Aunque no habló del tema, se sabe que para tranquilidad de los votantes, fuerzas federales y estatales estarán vigilando que la jornada se lleve en paz. Es sabido por el gobierno y por muchos mexicanos, que hay plazas y sobre todo comunidades muy inseguras, pese al optimismo oficial. Hay grupos criminales que sigan agobiando poblaciones enteras. Para el efecto serían destacados elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y Estatales así como y el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, que estarán vigilando que las votaciones se lleven a cabo en calma y en paz.

No se ha hablado del número de efectivos que serán destacados para esa misión, pero serán miles. Ese operativo se implementará para evitar que sicarios del narcotráfico y el crimen organizado pudieran infiltrarse el próximo domingo y provocar algún incidente, lo mismo que los grupos que pretenden oponerse a que haya comicios. Especial atención habrá al menos en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Habrá coordinación entre las diferentes corporaciones militares y civiles para estar pendientes de que pudieran suscitarse conflictos, robo de urnas o amagos en las casillas de cada comunidad, poblado y municipio. De esta manera quedarán blindados los estados en donde habrá la renovación de nueve gubernaturas, elegirán a 500 nuevos legisladores para la Cámara de Diputados, 641 diputados locales y 993 presidentes municipales, así como los titulares de 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales.

En total habrá elecciones locales en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, y Yucatán. Habrá observadores que vigilarán ese proceso, lo mismo que entidades no gubernamentales de derechos humanos que estarán atentas a las incidencias que pudieran serles reportadas.

Para garantizar que los votantes lo hagan sin temor estarán desplegadas fuerzas del orden y militares para aplacar cualquier asomo que pudiera implicar su actuación, lo que las autoridades electorales y del propio gobierno ven como remota esa posibilidad. El hecho es que tanto el Gobierno como el INE creen en un estatus de paz y tranquilidad para el próximo domingo día de las llamadas elecciones intermedias del sexenio. Ojalá que ese optimismo esté cifrado más en datos de inteligencia seguros, que en mero deseo de que la jornada se celebrará sin sorpresas mayores.

Pero en la vida real las cosas no están tan tranquilas. Ahí están de prueba los cinco asesinatos de gente vinculada al proceso electoral: una precandidata que buscaba una regiduría y otros dos que buscaban una alcaldía, así como un coordinador delegacional de campaña, en el Distrito Federal. Es un problema serio que se quiere minimizar y ver con optimismo. Es lo políticamente correcto para no ‘hacer olas’ antes de los comicios. Ojalá que no haya más eventos de violencia y sangre como los que hubo el pasado 1 de mayo cuando fuerzas del estado se enfrentaron al Cártel Jalisco con las consecuencias ya conocidas.

O que haya tiroteos como el de Tanhuato, Michoacán del viernes 22 de mayo en la madrugada, en donde aún no quedan claras muchas cosas. Una versión habla de venganza por lo que pasó el primero de mayo en Guadalajara, ya que en este ultimo tiroteo se dice que las víctimas fueron del cártel Nueva Generación. Las autoridades señalan que fueron muertos en enfrentamiento. Los hechos fueron en el Rancho del Sol, de 112 hectáreas, donde se cultiva alfalfa. Los criminales lo invadieron el lunes 18 de mayo para usarlo de escondite y descansar, según información que recopiló el corresponsal del periódico El País, Luis Pablo Beauregard.

El capataz de la finca anunció a la dueña, que vive en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, que un grupo de hombres armados se había apoderado del lugar. Los criminales ofrecieron un pago simbólico para apropiarse del rancho. La dueña del lugar denunció el delito ante la Fiscalía local, lo que detonó un operativo para investigar el despojo, que al final devino en la matanza de Tanhuato. Ese hecho alcanzó notoriedad mediática a escasos días de las elecciones intermedias.

Incluso sobre el caso, surgen nuevas versiones de parte de familiares de las víctimas. Aseguran que no todos eran sicarios del Cártel Jalisco, y que los torturaron, los mutilaron, los arrollaron y algunos recibieron el tiro de gracias, según testimonios recopilados por reporteros del semanario Proceso. Aseguran que incluso la humillación a los familiares que viajaron a Morelia a reclamaron los cuerpos, escriben los reporteros F. Castellanos, J. Covarrubias y M. Ramírez.

Ojalá que el optimismo gubernamental esté en lo correcto y sobre todo que esté basado en información de inteligencia y no en supuestos. Habrá que ver lo que pudiera suceder de aquí al próximo domingo. Lo deseable es que las elecciones se celebren en la más completa calma.

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Inseguridad: realidad vs ‘sensación’

PAULINO CÁRDENAS

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2015, la ‘sensación’ de inseguridad bajó. Al menos 20 mil habitantes esperan que los siguientes meses la situación continúe igual de bien, mientras que casi 40 mil esperan que siga igual de mal y 25 mil esperan que empeore. Sin embargo, algunos medios siguen dando cuenta diariamente de los crímenes violentos que se dan en todo el país, como emboscadas del narco contra policías federales, matanzas en diferentes zonas del país, secuestros, extorsiones y crímenes atroces por parte de organizaciones vinculadas al narco, lo cual, entre lo que reporta esa encuesta y la terca realidad, hay bastante diferencia. No checa cabalmente esa ‘sensación’ con los hechos.

Si no hubiese esa realidad no se estaría adquiriendo armamento por parte del gobierno federal, que en teoría es para dotar a las policías ministeriales, la policía federal, las estatales y federales, al ejército y la marina y de material militar, supuestamente para combatir al crimen. Está también el número de granaderos, de miembros de las corporaciones de las fuerzas armadas que han crecido en número, con un costo no revelado por la federación. Más las tanquetas, camiones de agua, equipo protector, escudos y gases lacrimógenos también tienen un costo. Eso, por no hablar de los enormes desembolsos que han hecho los gobiernos federales en los dos sexenios panistas -el de Fox y Calderón- y el actual régimen priísta a cargo de Peña Nieto-, para la compra de poderoso armamento bélico.

Ese armamento bélico se refiere a armas que se usan en una guerra, como granadas, bazucas, tanques, rifles de asalto, bombas, aviones de combate, misiles, etc., que México ha estado comprando a diversos países, no se sabe bien a bien para qué. Tampoco se cree que hayan sido compras simuladas, pero en estos tiempos de corruptelas y de impunidad, quién sabe. El hecho es que ese tipo de inversiones son descomunales en cuanto a lo que cuestan. Primero porque el pago es en dólares. Segundo porque el armamento de última generación -si es que no se ha estado adquiriendo chatarra bélica de la que se deshacen algunos países que les venden a naciones del tercer mundo a precios de ‘ganga’-, tienen costos altísimos. En todo caso el endeudamiento es fenomenal. ¿O acaso es un intercambio de armamento por petróleo?

Como sea, el hecho es que parece que de poco ha servido la adquisición de tanto armamento, si el crimen organizado y las bandas que se dedican a diversas actividades ilegales son mafias que siguen vigentes, que se han empoderado de comunidades enteras por otro factor que también cuenta, y mucho, que es la insana relación entre capos y gente de las corporaciones policiacas, militares y marinas, aduanales y gubernamentales dizque dedicadas a perseguir a los criminales: las corruptelas que existen de unos con otros, amparadas por la Santa Impunidad. ¿De qué sirve que el gobierno haga gala de detenciones de capos de primera, segunda y tercera generación, si la criminalidad sigue? ¿De veras los crímenes violentos siguen bajando en el país?

Diversos apuntes señalan que la delincuencia que de 2007 a la fecha ha ido creciendo en el país. Además del estancamiento económico, es el problema que más lacera a los mexicanos en algunas entidades federativas y específicamente en ciertas comunidades y poblados más alejados de las cabeceras municipales. Son esos lugares en donde los grupos criminales se ensañan con los pobladores. De ahí que hayan surgido los grupos de autodefensa cuya misión, ciertamente ha ido degenerando y en no pocos casos ha decantado en complicidades con el crimen. Michoacán ha sido ejemplo de ello, en donde el ex comisionado plenipotenciario envido por el presidente, Alfredo Castillo Cervantes, acabó siendo un rotundo fracaso.

De hecho la incidencia delictiva ha crecido, además del robo a transeúntes, en lo que se refiere al secuestro y a los homicidios dolosos, estos derivados del acoso de las fuerzas gubernamentales armadas, cuyas bandas criminales han respondido ferozmente realizando emboscadas donde acribillan a mansalva a policías, militares y marinos. De hecho en esos ataques no se da cuenta de detenciones ni encarcelamientos; sobre el número de detenidos y encarcelados no hay cifras; son esporádicos los casos cuando así sucede. Al final los criminales salen libres ‘por falta de méritos’, es decir, porque no se les haya culpa.

La delincuencia común realiza el robo o asalto al transeúnte, robo a casa-habitación o a negocios. Después viene el otro estrato, que ya corresponde a la delincuencias organizada, donde hay la extorsión, la trata de personas, el narcomenudeo, el lavado de dinero, la pornografía infantil y el secuestro. El peor escenario es el que componen las ejecuciones, las decapitaciones, los descuartizamientos y los colgados, muchos de los cuales acaban en fosas clandestinas. Hay por supuesto, colusión entre el crimen organizado y las autoridades en diferentes escalas gubernamentales: mandos policiales, militares y marinos, tropa, aduaneros, jueces, ministerios públicos, alcaldes, gobernadores, legisladores, etc., etc.

El dinero del narco es el recurso más poderoso que tiene el crimen organizado y los cárteles de la droga. Estos últimos utilizan dólares para convencer al más pintado de los incorruptibles. Si no acceden, es muy posible que no duren mucho para contarlo. Los traidores también causan baja. Quienes entran a ser parte de las mafias y luego se arrepienten, les toca bala mortal. Por todo eso la incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente, sobre todo del sexenio del panista Felipe Calderón para acá. Dicen los especialistas que en términos comparativos, internacionalmente las tasas delictivas en México son altas.

Acá las autoridades quieren hacer creer que las encuestas ciudadanas dicen la verdad. Habrá que ver si esa encuesta nacional del INEGI, del primer trimestre del año, la realizaron en poblados marginales de Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, la ciudad de México, Hidalgo o el estado de México, en donde, entre otras entidades federativas, el crimen sigue su marcha.

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Narco mejor equipado que Policía

PAULINO CÁRDENAS

Hay cierta incongruencia entre lo que se sabe, incluso con datos, de que el gobierno de México ha ido comprando armamento a distintos países -EU, Francia o Italia, y a naciones como Rusia, Israel, e incluso China, entre otras-, y la reciente declaración presidencial de que las corporaciones de seguridad pública están en desventaja de armamentos y preparación estratégica, con respecto a las organizaciones delictivas que operan en México. El reconocimiento que hizo hace unos días el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de que hoy el crimen organizado está “lamentablemente, mejor preparado, equipado” y que “tiene armas mucho más sofisticadas con las cuales delinque y con las cuales enfrenta a las corporaciones de seguridad pública” del país, no es buena noticia.

Eso a pesar de que desde el gobierno del panista Felipe Calderón y ahora del priísta Enrique Peña Nieto, se han invertido millones de dólares del erario para comprar armamento a varios países. Se dirá que esas compras son para seguridad nacional, pero el caso del narco y su avance entonces dónde queda. Esa declaración abre nuevamente el debate de si las corporaciones policiacas deberían ser las que deben combatir a la delincuencia organizado y al narcotráfico y no los miembros del Ejército y la Armada a los que por órdenes de su jefe supremo les toca esa tarea, aunque constitucionalmente no sea su responsabilidad, porque el Ejército no es policía; su misión es defender la seguridad nacional.

Esa distorsión existe desde que el panista Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y cuya inercia, herencia de sangre y número de muertos por miles y miles, le heredó al priísta Peña Nieto, cuyo gobierno no ha podido dar pie con bola ante el avance del crimen organizado y de las mafias. Pero volviendo al tema, el mandatario priísta aseguró que su gobierno busca armar a las policías de manera adecuada para combatir al crimen organizado, pues reconoció que dichos grupos tienen un mejor armamento. Durante una reunión con policías del estado de México, en la cual les entregó equipo de seguridad, aseguró que los cuerpos policiales deben ser equipados y tener mejores estrategias.

Esto “será más fácil”, señaló, si se crean “32 policías sólidas, bien preparadas y homogéneas en lugar de las 1,800 que actualmente existen”. Esta propuesta tendría un mando único y que está bajo análisis en el Senado y del Congreso, agregó. La iniciativa propone la desaparición de las policías municipales, para lo que Peña Nieto plantea reformar el artículo 21 constitucional y establecer que esa labor sea exclusiva del gobierno federal y de las 32 entidades federativas. De aprobarse las propuestas, los ayuntamientos únicamente participarán en el diseño y la ejecución de políticas no policiales para la prevención del delito.

Ante esa disparidad de fuerzas entre narco y policías, de armamento y preparación en cuanto a estrategias -independientemente de las colusiones que por años se han dado entre mandos policiacos, tropa y delincuentes-, es que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se optó por habilitar al Ejército en el combate al narcotráfico, además de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana, emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país para garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población en casos de necesidades públicas Desde entonces, las Fuerzas Armadas, han tenido como misión adicional el combate permanente contra el tráfico de narcóticos.

Pero con el panista Felipe Calderón esa orden al Ejército se acendró y fue en el sentido de luchar frontalmente contra los sicarios del narcotráfico. Con el gobierno de Peña Nieto sigue estando vigente la misma orden. Ejército y Armada han hecho una tarea policiaca porque a quienes corresponde hacerlo, las policías, no están preparadas ni habilitadas ni pertrechadas para ello. Hay malos elementos militares que abusan de su poder. Y ni decir de los malos policías que se coluden con el narco por dinero. ‘Son casos aislados’ dijo Peña Nieto en el estado de México el mismo día que entregó equipos de seguridad. Y cada vez que hay abusos de esa naturaleza, la excusa es la misma: ‘Son casos aislados’.

Pero son las consecuencias las que cuentan. Ahí están Atenco y Ayotzinapa como ejemplos. Y de acuerdo con la Procuraduría General de la República, policías municipales de Iguala fueron responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ sucedida el 26 de septiembre de 2014, quienes los habrían entregado al grupo criminal Guerreros Unidos. Este es uno de los últimos casos confirmados de que el crimen organizado y la policía están coludidos.

El mandatario aprovechó el evento para hablar sobre las capturas de integrantes del crimen organizado realizadas durante su administración, y mencionó que 90 de 122 delincuentes buscados por el gobierno mexicano, ya han sido detenidos y ahora son procesados judicialmente. Por primera vez mencionó por su nombre a delincuentes: “Hoy el Chapo, la Tuta y el jefe de los Beltrán están enfrentando procesos, muchos otros más están enfrentando procesos y están fuera de la sociedad a la que estaban lastimando”, expresó sobre los arrestos de Joaquín Guzmán Loera, Servando Gómez Martínez y Héctor Beltrán Leyva.

Sin embargo, pese a la captura de figuras conocidas y no tanto, del narco, las actividades de las bandas criminales siguen propiciando violencia, hechos sanguinarios, extorsiones, secuestros, torturas que provocan miedo y terror en comunidades y poblaciones de varios estados de la República en donde el gobierno federal no ha podido acotar a las bandas que desde el sexenio pasado, el panista de Calderón alborotó la gallera de la criminalidad y que lejos de ganar la ‘guerra’ al crimen, los cárteles se fortalecieron y aunque hubo escisiones de algunos cárteles, también se dio el nacimiento de nuevas asociaciones criminales que ahí están, vivitas y coleando.

Esa declaración emitida por el presidente de que el narco cuenta con mejor armamento que las corporaciones policiales, fue más bien desafortunada. Si es cierto, por sabida se calla. Esa desventaja la celebran las bandas criminales y le agradecen a Peña Nieto que lo reconozca. La noticia vendrá con críticas muy duras de rebote desde el exterior, en donde alcanzó a escucharse ese reconocimiento que para muchos es signo de debilidad ante el poderío de los narcotraficantes, no solo económico sino en materia de armamento. Y es lógico cuando, por un lado, se sabe que la delincuencia organizada compra armas al otro lado de la frontera y las introduce a nuestro país por tierra o por mar, con la anuencia de personal oficial.

Lo que también sale a relucir con esa declaración presidencial de que el crimen está mejor armado que las corporaciones de seguridad pública, es una triste realidad: que para lo que sí están bien pertrechadas las corporaciones civiles y militares, es para violar las garantías individuales. Una, por la improcedencia de desplegar instituciones militares en el combate al narcotráfico. Otra, por las colusiones que existen entre no pocos miembros de las corporaciones policiacas con las bandas del narcotráfico y del crimen organizado, convirtiéndose así en parte de la criminalidad que se supone deberían combatir.

Lo que no queda claro es que si, por una parte el gobierno gasta millones de dólares en la compra de armamento militar, por otro lado se habla de que hay un déficit de pertrechos de armas y equipo actualizado por parte de las corporaciones de seguridad pública, ante la superioridad reconocida por el mandatario federal que posee el narco y el crimen organizado como lo dijo en el estado de México -que ha sido de un tiempo para acá su lugar preferido para hacer algunas declaraciones-, en donde aseguró que su gobierno busca dar mejores armas a las policías para combatir al crimen organizado ya que estos grupos tienen mejor armamento.

“Porque hay que reconocer, hoy el crimen organizado está, lamentablemente, mejor preparado, equipado, tiene armas mucho más sofisticadas, con las cuales delinque y con las cuales enfrenta a las corporaciones de seguridad pública”, dijo Peña Nieto durante la reunión con policías del Estado de México donde les entregó equipo de seguridad. Se ratifica así que la balanza en cuanto a armamento de mejor calidad y de alta tecnología está a favor del crimen organizado y de los cárteles de la droga, con relación a quienes deben combatirlos.

Por otra parte, ante la improcedencia según algunos de desplegar instituciones militares en el combate al narcotráfico, se pone de manifiesto la incongruencia del gobierno y de su argumento central para justificar el uso de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada: la necesidad de hacer respetar la ley y sancionar a quienes la quebrantan. Dentro y fuera de México ha habido quejas sobre esas violaciones, que no han sido atendidas a cabalidad por el gobierno peñanietista. Por otro lado, la pregunta es: ¿Y las compras de armamento a varios países que le han costado al erario millones y millones de dólares? ¿En dónde están? ¿Para qué han sido compradas?

Otro tema que surge ante la declaración presidencial de que el narco y el crimen cuentan con mejor armamento y están mejor preparados que las policías es, dónde están las adquisiciones de armamento militar que incluye material altamente sofisticado de distinta naturaleza como fusiles, armas cortas, ametralladoras y otros tipos de armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12.7 milímetros o inferior, y accesorios, además de aeronaves, drones y equipo de aviación militar, así como el pago por concepto de “tecnología” necesaria para el desarrollo, producción, funcionamiento, instalación, mantenimiento, reparación o revisión de los materiales.

Hay, por tanto, cierta incongruencia entre las compras de armamento que ha hecho el gobierno de México a países como EU, de la Unión Europea como Francia o Italia, y a naciones como Rusia, Israel, e incluso China, entre otros, y la declaración presidencial de que las corporaciones de seguridad pública están en desventaja de armamentos y preparación estratégica que las organizaciones delictivas que operan en México, como los cárteles de la droga que tienen en nuestro país un paraíso para el cultivo de enervantes como la marihuana o para elaborar estupefacientes más sofisticados que son enviados a diferentes partes del mundo, primordialmente a Estados Unidos.

Si las estimaciones y datos que se tienen de que el gobierno mexicano ha comprado armamento de todo tipo a diversas naciones con costos multimillonarios, las preguntas entonces son varias: ¿dónde están? ¿los tiene el Ejército y la Armada? ¿son para qué? ¿para una eventual guerra contra el narcoterrorismo? Porque según informaciones provenientes de un reporte del general Kenneth Tovo, subcomandante del Comando Sur estadounidense, se afirma que el grupo terrorista Hezbolá, hermanado a Al Qaeda, se encuentra asentado en diversos puntos de Latinoamérica vinculado con grupos del narcotráfico, “entre ellos los cárteles mexicanos”. Así, en plural. Eso lo apuntaba hace tiempo Janet Napolitano. Pero ese es otro tema.

 

 

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Presionado, Peña urge a un Pacto

PAULINO CÁRDENAS 

Presionado por la opinión pública nacional e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas que no se sabe si siguen con vida, el presidente Enrique Peña Nieto ha convocado con carácter de urgente a la firma de un pacto por la seguridad y el respeto irrestricto al estado de derecho, en el que participarían los 31 gobernadores, el jefe de gobierno del DF, dirigentes de partidos y líderes de la sociedad civil, para firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho, muy probablemente este fin de semana. Dicho pacto incluiría el compromiso de los gobiernos estatales contra el crimen, reformas legislativas y participación de la sociedad civil contra la corrupción, para evitar que hechos como el caso Ayotzinapa se vuelvan a repetir, señaló el mandatario federal.

Añadió que el compromiso es el emprender “cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y sobre todo asegurar la vigencia plena del Estado de derecho”, aseveró. Señaló que el gobierno de la República prepara la firma del mencionado Acuerdo Nacional, muy posiblemente mañana mismo. Muchos se preguntan si ese acuerdo lo suscribirán gobernadores que están señalados por dejar hacer y dejar pasar hechos delictivos en sus entidades, casos que no atienden si son protagonizados por el crimen organizado, porque se sacan el bulto diciendo que son asuntos que compete resolver a la Federación.

Otros presumen de lo que adolecen, como son los casos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, estado de México y Morelos, entre otros, en donde el aumento de la criminalidad ha sido evidente, pese a que en los discursos los mandatarios de esos estados tratan de minimizar el incremento de la inseguridad en sus entidades, maquillando cifras. En varios casos hay una abierta colusión con las mafias. ¿A ellos se les convocará para que firmen el Pacto de Seguridad? Otro caso es el de los dirigentes de los partidos de oposición como el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, coalición que apoyó la candidatura de José Luis Abarca Velázquez para llegar de alcalde a Iguala.

Ellos nunca quisieron ver los antecedentes que tenía el edil preso. Aún a sabiendas, estuvieron de su lado y prohijaron su llegada a la alcaldía de Iguala. Incluso a Jesús Zambrano lo corrieron de CU porque se supo de una reunión que tuvo en la ciudad de México con el edil ahora preso, donde habrían planeado dónde esconderse. ¿Alguno de los perredistas, incluido el actual dirigente perredista Carlos Navarrete, amigo también de Abarca, serán convocados a suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad? Otro que sería convocado es el actual gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, quien ha venido siendo señalado como ex guerrillero y ex secuestrador, vinculado a varios de los grupos rebeldes que existen en esa entidad.

Ortega se la ha pasado elogiando a su antecesor Ángel Aguirre Rivero de una manera que ha asombrado a muchos por el tono y melosidad con que lo ha hecho. Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos quisieran ver en la cárcel al ex gobernador. Se dice que el mandatario era amante de la esposa de Abarca, quien era señalada por los igualtecos o igualnenses como ‘la alcaldesa’ porque era la que llevaba las riendas del municipio. Ella era la presidenta del DIF y se dice que para evitar que los estudiantes hoy desaparecidos, boicotearan el informe de labores que realizaría, fue que ordenó que le dieran con todo a los normalistas. Lo primero que sucedió fue el ataque al autobús en que regresaba el equipo de futbol Los Avispones, de la tercera división profesional, sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

El primer pacto que firmó Peña Nieto fue por México, al inicio de su administración. Fue un logro político muy reconocido. Participaron las principales fuerzas políticas, pero el gusto no duró más que lo necesario que para que salieran adelante las reformas estructurales que el jefe del Ejecutivo envió al Legislativo. Prácticamente durante un año y medio no hubo otro tema en la agenda presidencial que el de las reformas, sobre todo la madre de todas ellas, como fue la reforma energética o petrolera por mejor decirlo. Sin embargo, quizá a los dirigentes de la oposición que suscribieron ese primer pacto no se les cumplió lo prometido o se les negó lo que ambicionaban adicionalmente, a cambio de los favores otorgados a la gestión peñanietista. El caso fue que el Pacto por México por angas o mangas, sucumbió.

Ahora, cuando el tema de la inseguridad debió ser atendido desde el comienzo de su sexenio y se fue dejando y dejando crecer, fue que Peña Nieto y sus asesores reaccionaron, cuando las cosas llegaron a colmar el plato Fue cuando comenzó a reaccionar el mando federal, enviando refuerzos militares y federales a entidades en donde la violencia se fue haciendo cada vez más evidente. Por órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas el Ejército y la Marina reforzaron sus operativos en varias partes del país, asolado por la ola de violencia atribuida al narcotráfico que fue creciendo; también hubo paquetes de ayudas económicas a los gobiernos.

 El número de batallones creció, lo mismo que el de efectivos armados que fueron desplegados por varios estados de la República. Pero también crecieron las violaciones a los derechos humanos por parte de militares.

Ni siquiera el envío del comisionado plenipotenciario a Michoacán ha tenido los resultados positivos que le contaron a Peña Nieto que podría tener. ‘La Tuta’ sigue operando como si nada en esa entidad e incluso ya anunció que crearía otro cártel dedicado solo a la explotación minera en ese estado y al envío de mineral de hierro a China, por encima de las barbas de Alfredo Castillo. En Guerrero, estado tradicionalmente conflictivo, siempre a punto de arder, ardió por fin con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada y que nadie sabe donde están y si aún viven. Esa fue la gota que derramó el vaso.

El mundo se le vino encima a Peña Nieto y por eso la urgencia de suscribir un pacto por la seguridad del país que el mandatario llamó Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho que sería suscrito esta mima semana. Ojalá pudieran excluirse de esa firma a los que tienen ligas con el crimen organizado. ¿Cómo saberlo? Los costosos aparatos de inteligencia deben tener esa información, si de veras han trabajado en lo suyo. En unas horas se verá si a ese acuerdo asisten quienes se sospecha que tienen ligas con el narco. Sería buen momento para detenerlos e investigarlos. Eso mejoraría enormemente la imagen presidencial.

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El narco en el proceso electoral

PAULINO CÁRDENAS

Los dirigentes de los principales partidos políticos y el titular de la secretaria de Gobernación, junto con la dirigencia del INE, difícilmente podrán impedir que en el proceso electoral que se avecina en 2015, participen de lleno las organizaciones criminales, ya que contarán con aliados de la clase política, empezando por los que voluntariamente quieren la ayuda económica de los capos para ganar las elecciones. Por ello será casi imposible que pueda ser blindado dicho proceso del año próximo, aunque se haya anunciado que como una primera medida, a los que aspiren a un cargo de elección popular se les investigará de pe a pa. Esto no bastará para que las mafias del crimen organizado participen.

La razón es que los capos deben de garantizar que sus actividades no sean trastocadas una vez que vengan los cambios en 9 gubernaturas, la renovación de 500 diputados federales, 641 diputados locales, 993 presidentes municipales así como el cambio de titulares de 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales en los comicios del 7 de junio del año próximo. En total habrá elecciones en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, y Yucatán. Para las mafias esas elecciones significan la oportunidad de renovar lazos con los funcionarios que llegan al poder.

Por ello es que desde ahora estarán echando sus redes para conseguir que muchos de los aspirantes a cargos de elección popular, acepten su ‘ayuda’ para sus campañas y, una vez obtenido el triunfo, puedan empezar a cobrar el favor para seguir realizando sus operaciones criminales sin tantos problemas. Habrá quienes se resistan, pero ya saben que tarde o temprano podrían ser víctimas de los cárteles por negarse a colaborar. La muerte estaría rondando en sus vidas y en esa ruleta podrían acabar ejecutados, como se ha estado viendo a lo largo de los años. Esto no podrá ser impedido con discursos y pronunciamientos oficiales de que el proceso electoral quedará blindado contra la mano negra del narco y del crimen organizado.

Los capos de la droga saben cómo hacer que los funcionarios acaben estando a su servicio. Los datos que ha dado el especialista y consultor en asuntos del narcotráfico y crimen organizado, Edgardo Buscaglia, dan cuenta de ese sometimiento. Señala que el 72 por ciento de los más de 2 mil 500 municipios del país está infiltrado por células operativas del narcotráfico, y de éstos el 8 por ciento está totalmente “feudalizado” por la delincuencia organizada. Ha insistido en que la piratería, la prostitución infantil, el tráfico de personas y el comercio de drogas es evidente en 70 de cada 100 ayuntamientos, lo que exhibe el alto grado de corrupción de autoridades municipales, estatales y federales.

Explica que, con la fuerza y la influencia que le dan las armas y el dinero, el narcotráfico no sólo opera al interior de las policías, sino que también está infiltrado en las fuerzas armadas. El crimen organizado, agrega, interviene en las elecciones de nuestro país y tiene “importante presencia” en las instancias gubernamentales. Asegura que la corrupción municipal ha avanzado de forma dramática pues las cifras arrojaban que aproximadamente el 63 por ciento de los ayuntamientos del país estaban controlados por el narco. “El 72 por ciento de las comunidades lo está”, subraya. Además ha destacado que “mediante cañonazos de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptados a los gobernadores, legisladores locales y federales, así como a los alcaldes, pues en muchos casos se contribuyó con ese dinero para sus campañas políticas”.

Buscaglia ha resaltado que en algunas regiones del país el narcotráfico ha desplazado la presencia gubernamental porque también actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político. Además de todo, el especialista asegura que el 78 por ciento de los sectores económicos del país han sido infiltrados por los cárteles del narcotráfico, principalmente el minero, agropecuario, farmacéutico, químico y el área de fideicomisos, que ni siquiera están regulados, afirmó,

El especialista en crimen organizado destacó que los cárteles han establecido un patrimonio a partir de 23 ilícitos, los cuales se vinculan al 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Asimismo, Buscaglia apuntó que esta base patrimonial, “con enorme protección política en México”, se ha expandido a otras regiones y los cárteles se han involucrado en delitos que van desde la piratería hasta el tráfico de personas. El propósito es “esconder” el dinero proveniente de actividades ilícitas y diversificar su colocación en muchos sectores de la economía, a través de empresas ‘fantasma’ o fideicomisos. “Eso lo vienen haciendo los grupos criminales mexicanos de gran envergadura”, sostuvo.

Ha referido que los grupos criminales mexicanos se dedican a delitos patrimoniales en 47 países. Sin embargo, hasta ahora no existe en México un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores económicos afectados, ni por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Función Pública. Tampoco hay un solo funcionario de alto nivel sentenciado por corrupción ligada al narcotráfico. Es decir, que mientras el narco cuente con la ‘enorme protección política’ que comenta el especialista, muy poco se podrá hacer aunque si mucho se podrá decir, por parte de las autoridades que se supone están para combatir las mafias que agobian a México desde hace décadas, y que cada vez parecen estar mejor pertrechadas para realizar sus actividades criminales.

De esta manera, el decir de los dirigentes de los principales partidos políticos, del titular de Gobernación y de la dirigencia del INE, de que el proceso electoral de 2015 quedará blindado para que la mano negra de las mafias no intervenga, es solo eso, un decir y un buen deseo. La necia realidad sin duda dará cuenta de que los narcopolíticos estarán participando junto con los capos del narco en el juego electoral que se avecina. Esto irá aflorando con el curso de los días, las semanas y los meses venideros, hasta el domingo 7 de junio de 2015. Y más allá de esa fecha sobre todo, se verá hasta dónde se habrían infiltrado las mafias para seguir operando en el país.

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