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La Haya le dio entrada

PAULINO CÁRDENAS

La demanda interpuesta por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas en la Corte Penal Internacional de La Haya, contra el presidente Felipe Calderón, los secretarios de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y varios capos de la droga entre ellos ‘El Chapo’ Guzmán, será estudiada en todos sus términos por el fiscal general de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo, quien señaló: “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, confirmó que había recibido el pasado viernes 25 de agosto la denuncia que consta de decenas de fojas en las que se da cuenta que desde que el Presidente mexicano le declaró la guerra al narcotráfico el 11 de diciembre de 2006, “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados” . Habitualmente ese tribunal no informa públicamente de las denuncias que recibe y nunca se había pronunciado sobre estos casos. ¿Por qué lo hizo esta vez?

El fiscal general manifestó que reciben comunicaciones de todo el mundo, “incluidas hace pocos días las de Venezuela y México”, confirmó en una entrevista telefónica a EFE. Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI. Según su reglamento, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar.

En la denuncia se afirma que en México “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes, quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”. Esta situación, de acuerdo a ls demandantes, se debe igualmente “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el ocho por ciento investigados”.

Señalan asímismo que “la falta de autonomía” de la Procuraduría federal “y la impunidad” del jefe del Ejecutivo, “generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”. Se añade que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados”. Afirma  que “el ejército mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables”.

Destaca además que el ejército ha permitido y dejado impunes violaciones sexuales a mujeres durante operativos de búsqueda de delincuentes. “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos”, afirma una de las citas de los denunciantes.

Por su parte el gobierno mexicano sacó un desplegado que hizo público en el que cuestiona a quienes solicitan a ese tribunal que se investigue a Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como los narcotraficantes que atacan a la sociedad del país, en el cual señala que busca la forma de demandar jurídicamente  a quienes osaron ir a La Haya a hacer la denuncia, por lo cual ha habido diversas reacciones ya que esa advertencia del gobierno se ha tomado como una amenaza contra quienes ejercen su libertad de expresión.

Como parte de la polémica que desató la denuncia, el precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, aseveró que “no tiene sustento” esa denuncia, porque el Presidente tiene la “obligación irrenunciable” de combatir al crimen. En tanto, el aspirante presidencial panista Santiago Creel Miranda dijo que es inviable esa demanda como para pensar en contrademandar. Y el aspirante presidencial del PAN Ernesto Cordero rechazó que sea desproporcionado calificar de calumniadores a quienes presentaron la denuncia: “Así hay que tratarlos y así hay que proceder”, dijo.

Mientras tanto, horas antes de la visita que realiza el Presidente por Chihuahua, aparecieron varias mantas en la capital de ese estado y en Ciudad Juárez dirigidas al presidente Felipe Calderón, a Genaro García Luna y a Facundo Rosas. En el texto los acusan de brindar apoyo a Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa. Todas con el mismo mensaje, aunque no estaban firmadas por un cártel en específico, amenazaban a los funcionarios en armar una verdadera guerra en México si no atendían su petición.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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En puerta agarrón jurídico

PAULINO CÁRDENAS

Como respuesta a la acusación que acaba de interponer en la Corte Penal Internacional de La Haya un grupo de intelectuales, académicos y periodistas contra del presidente Felipe Calderón, los titulares de la Defensa y la Armada, el secretario de  su gabinete de Seguridad Pública y varios líderes de los cárteles entre ellos a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la Presidencia dio a conocer un desplegado que se publicó en todos los diarios del país y medios electrónicos de alcance nacional e internacional, en el que señala que el mandatario panista analiza ‘todas las alternativas para proceder legalmente’ en contra de quienes lo acusan de cometer esos delitos.

El gobierno federal asegura que esas imputaciones ‘son falsas y calumniosas’ y considera que no hay elementos para iniciar ese procedimiento penal, para lo cual esgrime tres argumentos: a) “La estrategia para combatir el crimen organizado no constituye un crimen internacional”; b) En cuanto a las violaciones de los derechos humanos afirma que “el ejército ha intervenido a petición de los Estados y Municipios”, y c) “El Estado no está en guerra permanente y no hay ataque generalizado contra la población civil”. Por tanto busca la manera de proceder contra sus acusadores.

Por su parte Netzaí Sandoval, el abogado mexicano que formuló la denuncia a nombre de varios interesados y con la firma de 23 mil ciudadanos adherentes, manifestó que resulta inaceptable la respuesta del Gobierno federal a esa denuncia interpuesta porque está fuera de lógica tratar de reprimir las voces de la ciudadanía que está ejerciendo su libertad de expresión y que de ninguna manera permitirá que el gobierno le trate de quitarle su derecho a defenderse judicialmente.

Añadió que lo que anuncia el comunicado oficial de la Presidencia de que se estarían explorando todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizaron la denuncia, lo único que pretende es conculcar un derecho que establece la Constitución, por lo que considera que al final esa demanda lo que ocasionará es “dejar solo al Gobierno mexicano”. Señala el abogado que además queda la percepción de que el Presidente parecería estar defendiendo también los actos criminales de los cárteles de la droga.

El comunicado asienta que ‘es absurdo’ equiparar las acciones de un gobierno democrático para garantizar la seguridad, con delitos de lesa humanidad que se cometen por Estados “autoritarios”. Añade que “las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”.

Afirma que las acusaciones “constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

En el documento de la Presidencia, el gobierno de Calderón justifica su guerra contra el crimen organizado: “Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

Agrega que en con esas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.

En la legislación mexicana no están tipificados los delitos de crímenes de guerra, genocidio ni de crímenes de lesa humanidad, no obstante que en la guerra de Calderón contra la delincuencia organizada y los cárteles se han dado estos casos en víctimas inocentes por parte de quienes combaten a los criminales y de agentes del gobierno que cometen abusos contra la población en general, por lo cual los acusadores asistieron a La Haya.

Como sea, el escándalo que se avecina será fenomenal, si es que de veras hay revire jurídico del gobierno federal en contra de los demandantes. Habría que ver si al gobierno le conviene, en plena época electoral, entrarle a ese toro de lidia que seguramente lo podría embestir y hacerlo quedar mal ante la afición o de plano esperar si el mencionado tribunal penal internacional le da curso o desecha la acusación.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Afinan detalles para juicio

PAULINO CÁRDENAS

Los académicos, intelectuales y periodistas que buscan acusar al presidente Felipe Calderón y sus socios de guerra por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya, siguen avanzando en la integración del dossier respectivo que será llevado el 25 de noviembre a ese tribunal. La intención es la de enderezar un proceso en contra de los principales responsables de la lucha armada contra el narco, la cual ha dejado más de 55 mil muertes en menos de cinco años, además de miles de desaparecidos y otros tantos que se han visto en la necesidad de desplazarse con sus familias de sus lugares de origen para preservar sus vidas, ya que se ubican en las zonas de conflicto.

Esa Corte es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas  encargado de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU. No obstante, este organismo mantiene una férrea confrontación con gobiernos como Estados Unidos, Rusia, China o Israel, quienes no sólo desconocen sus facultades, sino que pueden llegar a intervenir en contra de esa Corte si algún aliado suyo es juzgado.

De esta forma, la tablita de salvación de Calderón y sus aliados de guerra sería teóricamente Estados Unidos, gobierno que tiene injerencia directa en el tema de la narcoguerra mexicana, por los dineros que aporta a través de la Iniciativa Mérida. Alguna gestión desde Washington en La Haya pudiera mojar la pólvora para que esa bomba no estalle, que sin duda así sería en caso de que ese tribunal internacional le dé entrada a la acusación y se inicie un juicio que sería inédito. Eso, si Barack Obama no anda muy ocupado tratando de evitar su casi inminente derrota en los comicios del año próximo para ser reelegido otros cuatro años.

Incluso el gobierno federal panista intentó empujar la candidatura del procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez para ocupar una vacante en la Corte Internacional de La Haya, ‘tal vez a causa del riesgo de que Calderón se acusado de crímenes de lesa humanidad’, según apunta un reportaje aparecido en la revista Proceso de esta semana, firmado por Arturo Rodríguez García, quien documentó que el funcionario no pasó la prueba. De hecho los resultados de esa guerra han sido prácticamente nulos, ya que el avance y el poder de las mafias no se ha visto mermado y en cambio el número de víctimas sigue creciendo.

Además del Presidente, mencionaban en la lista de corresponsables de la acusación de crímenes de lesa humanidad a los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván y de Marina, Francisco Sáynez; a su prinicipal asesor civil bélico, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y también al capo más buscado del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, entre otros mafiosos a quienes se señala como los causantes de tanto baño de sangre e el país. Los promotores del juicio piden que sean enjuiciados todos aquellos ‘quienes resulten responsables’.

En en un documento que hicieron público a mediados de octubre pasado, manifestaban que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Añadían: “Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

Además de este recuento, señalaban que desde que el mandatario panista emprendió la lucha contra las mafias en diciembre de 2006, “ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos”. Se agregaba que tan sólo en cuatro años en México se han registrado más muertes y crímenes de guerra que en los conflictos armados emprendidos por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán.

Manifiestaban también que la lucha contra los narcos al final del año pasado había dejado alrededor de 120 mil personas desplazadas debido a la violencia generalizada en el país, y que  la situación de los jóvenes y niños era particularmente vulnerable y señalaban cifras: mil 226 de los muertos que habían perecido en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes. Obviamente que al cierre de 2011 esas cifras habrán crecido.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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