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La sombra de la Casa Blanca

PAULINO CÁRDENAS

En virtud de que nadie le creyó a Virgilio Andrade, titular de la Función Pública, sus argumentos con los que dio por exonerados al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, del conflicto de interés por la adquisición de la Casa Blanca, la de la ex actriz y la del titular de Hacienda, con el auspicio del dueño del Grupo Higa, posiblemente hoy el primer mandatario explique la verdad de las cosas, cuando informe a la nación del estado que guarda su administración en los casi tres años que lleva su gobierno.

Sería entre otras cosas lo que más interesaría a los mexicanos en lugar de escuchar lo mismo de siempre. Resultaría lo más pertinente, si de veras el jefe del Ejecutivo federal pretende empezar a recobrar la confianza perdida de quienes votaron por él y por los que no lo hicieron. También sería interesante que aprovechara para explicar lo que en realidad ha sucedido con el caso de los 43 normalistas desaparecidos y los demás eventos que han colocado a México como un país en donde priva la violencia, el crimen y la impunidad como lo ven desde fuera y más dentro del país.

Es muy importante que Peña Nieto aproveche la oportunidad para reivindicarse de cara a la nación; aún sería tiempo. Está de hecho obligado a transparentar su gestión que ha sido opacada por hechos que ponen en duda el discurso de democracia, justicia para todos, estado de Derecho, aplicación de la ley y guerra a la impunidad. No hay visos de que en lo que resta del sexenio se haga lo que hasta ahora su gobierno no ha sido capaz. El caso del desarrollo y crecimiento es otro ejemplo. Y de Seguridad ni se diga.

Los negativos hechos vendrán a ensombrecer cualquier intención de exaltar logros que nadie los va a reconocer, por encima de las violaciones a los derechos humanos, las injusticias, los abusos de poder y el cinismo que ha imperado en los casi tres años de gobierno. La gente ya no quiere seguir escuchando promesas ni que ‘ahora sí’ está por llegar la tierra prometida. Más bien la gente está harta de seguir siendo engañada. Lo que quiere son hechos tangibles, soluciones, no más promesas incumplidas.

Habrá grupos que estén conformes con lo que ha pasado, pero son los menos, los que gozan de privilegios. La mayoría, millones de mexicanos, están que trinan. Y los más jodidos son los que están al borde de descarrilar el tren, porque ya están hartos. Son las víctimas de los abusos del poder, de las injusticias, de los cacicazgos, de los delincuentes de cuello blanco, de que el crimen organizado y los cárteles de la droga sigan dominando regiones aunque oficialmente se diga que todo está bajo control.

Hay grupos que se han estado organizando y que están dispuestos a encarar de frente al gobierno, por ahora sin armas. Y hay grupos de la oposición, como el que encabeza López Obrador, que están dispuesto a capitalizar ese malestar social que cada vez se profundiza más. Tan preocupa al régimen que tanto el presidente Peña Nieto como el dirigente del PRI han arremetido contra el tabasqueño porque saben de lo que es capaz. Ya le andan endilgando otra vez el ‘sanbenito’ de que es ‘un peligro para México’, misma frase con la que ha revirado el sempiterno aspirante a la presidencia, refiriéndose a las reformas de Peña.

Entre los grupos de descontentos están los grupos del magisterio disidente de la CNTE y grupos que han sido víctimas de marginación, violencia y abusos de poder, como la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, así como las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanahuato, entre otras, además de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa cuyos familiares preparan varios eventos con motivo del primer aniversario de los graves hechos sucedidos en esa región de Iguala, Guerrero.

En Nuevo León, en el poblado rural de Salinas Victoria, hubo el hallazgo de una mega fosa en la que, se dice, encontraron 31 mil fragmentos humanos -no se sabe si son fragmentos óseos solamente- que podrían corresponder a decenas y decenas de muertos, nadie sabe en qué condiciones. La información se había ocultado a los medios por parte de la administración saliente a cargo de Rodrigo Medina.

En una reunión del gobernador saliente y su procurador Javier Flores, con el equipo de transición del mandatario entrante, Jaime Rodríguez alias El Bronco, salió a relucir la existencia de la megafosa con los 31 mil fragmentos de restos humanos. La cifra parece descomunal o equivocada pero así fue manejada. Lo que es cierto es que el número de narcofosas halladas crece y es síntoma de que la criminalidad en México ha estado incontrolable, aunque el gobierno de Peña Nieto insista en hacer creer que la cifra de los homicidios han ido a la baja.

No solo habría que explicarle a la nación el por qué los negativos resultados de la estrategia económica que mantiene estancado al país y por qué tan pésimas cuentas ha entregado el sistema de seguridad al cumplirse casi tres años de gobierno. Sus titulares, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong siguieron en sus puestos luego de los cambios en el gabinete que hizo Peña Nieto. Lo que los mexicanos se preguntan es ¿por qué? si debieron ser los primeros en ser relevados. Las razones están a la vista de todos.

Eso sin contar con el argumento, por ejemplo, de Videgaray, quien dice que pagó su casa de descanso de Malinalco con obras de arte, pinturas que nadie sabe de qué autores son ni en cuánto están cotizadas o si fueron valuadas por Sothebys o Christies. ¿A quién le quieren ver la cara? A los mexicanos ya no. Los enredos para justificar lo injustificable cada vez hunde más a sus protagonistas. Y de paso el tal Virgilio quedó como un pelele. ¿De eso tratará en alguna parte de su mensaje a la nación hoy el presidente Peña Nieto?

El cambio de miembros del gabinete alcanzó a quien fuera comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien fue sustituido por Renato Sales Heredia. El nuevo comisionado dijo que se hará todo lo posible por recapturar al Chapo. Si es que sigue vivo, porque una versión no confirmada habla de que pudo haber sido ultimado por un comando de mercenarios extranjeros, como lo sabía de antemano el capo y su abogado. ¿Explicará hoy Peña Nieto a la nación la neta sobre la increíble “fuga” del Chapo?

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Entre inseguridad y descontento

 PAULINO CÁRDENAS

Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Jalisco son de los estados en donde la situación de inseguridad sigue prevaleciendo en mayor medida, lo que podría provocar que haya problemas bastante serios para que se lleven a cabo las elecciones programadas para el domingo 7 de junio en varios poblados y comunidades de esas entidades federativas. La violencia no sólo no ha disminuido en ciertos puntos de esos estados, sino que se ha recrudecido. No obstante, el gobierno federal ha reiterado que los índices han bajado en cada una de los apartados criminales que van desde el robo con violencia hasta decapitados y colgados, pasando por otro tipo de delitos como las extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y torturas.

Por ejemplo, los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen al INE suspender elecciones en Guerrero. “Si no hay solución, no hay elección”, han venido reiterando. Hay una mezcla, pues, entre inseguridad y hartazgo social, que pudieran afectar las elecciones en algunos estados, por el descontento acumulado durante más de dos años de promesas incumplidas por parte de un gobierno que se la ha pasado gobernando a base de retórica más que con hechos tangibles, y hablando de un México que solo está en la imaginación de quien conduce los destinos de la nación. Ahí está el decálogo de acciones que propuso el presidente Peña Nieto a raíz de la crisis del caso Ayotzinapa del que solo se han cumplido a medias dos de los diez mandamientos, mientras que otros ocho han quedado en el limbo.

Dada la premura con la que se elaboró el decálogo de acciones prioritarias, la mayoría llevaba problemas de origen, por lo que en el Congreso no pasaron. Una de ellas fue la ley contra la infiltración del crimen en municipios, en donde se proponía la aprobación para que la Constitución diera facultades a la Federación para intervenir en los municipios donde se tuvieran indicios de una infiltración del crimen organizado. Incluso podría pedirse la destitución misma del alcalde. Esa iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi inmediatos, sobre todo en el sentido de que se rompía con el pacto federal y podría ser objeto de abusos.

La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de justicia, puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta, aunque se dijo que en abril será revisada y modificada, señala un recuento que hizo Arturo Ángel para el sitio de noticias Animal Político. Apunta que a 120 días de que el presidente Peña Nieto diera a conocer el famoso decálogo de acciones en seguridad tras la crisis desatada por el caso Ayotzinapa, ocho de los puntos anunciados no se han materializado, y los otros dos apenas se cumplieron parcialmente. Entre los pendientes hay algunos atorados en el Senado o con los diputados, pero también están iniciativas o programas que el mismo gobierno no ha presentado.

Uno de ellos es la línea de emergencia 911 cuy anuncio causó gran impacto y polémica al principio pero meses después es poco lo que se ha dicho. De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan era vital para que México cambiara, pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta hace cuatro meses era insuficiente para revertir las condiciones de violencia y deterioro en varios sitios del país.

“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo el 27 de noviembre. Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI calificaron como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero hasta ahora, el balance deja muchos más pendientes que objetivos consumados. En el recuento sobre el incumplimiento del decálogo que buscaba abatir los índices de inseguridad, violencia y crímenes en el país, se señala que el presidente planteó establecer nuevas ‘Leyes de Concurrencia y Competencia’ con el objetivo de agilizar la investigación de delitos con independencia del fuero al que pertenecen.

Por ejemplo, se propuso que fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada. Esta iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas de las otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del paquete de reformas que está parado en el Senado de la República y por ende, no se ha concretado. También propuso eliminar definitivamente las más de mil 800 policías municipales que existen en el país y que la operación y mando se trasladase a 32 corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según se dijo, de dificultar que permee la corrupción. A las fuerzas de los ayuntamientos se les dejará únicamente labores de vialidad.

Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores sino también la oposición de otros sectores. Otras de las propuestas tampoco han transitado en el Congreso como Peña hubiese querido. Una de ellas es la expedición del 911 que no está concretada. Tampoco la Clave Única de Identidad. Los operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco se han concretado parcialmente. La Agenda de reformas en justicia cotidiana es tema no concretado. Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo que denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no solo penal. Para ello pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas la elaboración de recomendaciones en la materia en un plazo de 90 días.

En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos temas y también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál es la propuesta definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el gobierno tampoco ha presentado las iniciativas de reformas que se requerirán al Congreso. También el presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la protección de los derechos humanos y en especial de las víctimas. La mayoría de ellas eran pendientes que se venían acarreando desde meses atrás, y otras un reclamo de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General de Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del daño, y la integración de un consejo consultivo para reformas en derechos humanos. Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de información genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen estos pendientes.

Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el nacimiento de un tribunal imparcial para sanciones administrativas y de una fiscalía especializada. Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar adelante esta iniciativa, pero el tema se estancó en el Senado donde ya adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha designado a un fiscal en la materia, como se pretendía hacer desde diciembre pasado.

El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. El objetivo es que los ciudadanos pudieran conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia o de cada empresa. El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “casa blanca” del presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron noticias. En fin, que entre la inseguridad y las promesas incumplidas -además de la corrupción de los funcionarios-, hay malestar que podría manifestarse en las urnas en junio próximo.

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Parece que México no tiene remedio

PAULINO CÁRDENAS

Lo que señalan los medios extranjeros de que México es un país “abundante en corrupción, criminalidad y abuso” como lo apunta el semanario británico The Guardian, apenitas se acerca a la realidad. Lo que ha venido sucediendo en el país bajo gobiernos federales priístas y panistas o gobiernos locales perredistas, no de ahora si no desde tiempos inmemorables, es que ha privado una nefasta mezcla de esos factores, pero no hay gobierno que llegue y sea capaz de resolverlos. Esto, además de la imbatible impunidad que es tan venerada por funcionarios deshonestos, que hasta veladoras le prenden. Mucho gañanes ya le llaman la Santa Impunidad.

El tráfico de drogas, el contrabando, las extorsiones, la torturas, la explotación de menores, la trata de personas, las ejecuciones, los descabezamientos, el cobro de derecho de piso y de paso, los acribillamientos, las ejecuciones de exterminio delincuencial, y muchísimos otros hechos criminales, han tenido contra la pared al régimen actual, por no hablar de los anteriores en donde, como en el caso del panista Felipe Calderón, dejó como legado a su sucesor un horroroso saldo de miles y miles de muertos, por querer jugar al soldadito y declararle la guerra al narco, lo que no tenía idea de lo que hacía, por lo que al final esa aventura bélica acabó en un rotundo fracaso.

Tan fue un fracaso que habría que los cárteles se reagruparon y se fortalecieron. Habría que preguntarle al mexiquense Peña Nieto lo que opina de la herencia negra que recibió del ex mandatario panista. Los encabezados de los medios extranjeros dan cuenta de lo que sucede en México. Además de The Guardian, otros medios han venido hablando de la situación tan agobiante por la que pasan los mexicanos, que sienten que el ‘nuevo’ PRI vino a hacer las mismas cosas que solía hacer durante su largo periodo de poder, que el escritor peruano y Premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, describió ese etapa de dominio partidista absoluto como ‘la dictadura perfecta’.

No son nuevas las críticas de la prensa extranjera contra el régimen peñanietista. Cuando no es el diario londinense Financial Times que desde hace meses sacó a relucir “la mala gestión” del gobierno del presidente Peña Nieto destacando que la corrupción es el peor de los males en el país, hasta lo que publicó la revista estadounidense Foreing Policy bajo el título “La desaparición de 43 estudiantes universitarios sólo demuestra lo que todos en México ya se sabe: Las autoridades no son de fiar”. El Times y otros influyentes diarios norteamericanos, han hecho hincapié en el caso Ayotzinapa que ha sido símbolo de debilidad para el gobierno.

El diario inglés destacaba también un doble escándalo mexicano: la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero y los contratos ganados por el dueño del grupo Higa que auspició la casa de la pareja presidencial y la de la primera dama en las Lomas de Chapultepec, así como la mansión de descanso del titular de Hacienda en Maninalco, estado de México. Según diversos diarios extranjeros, ambos casos están directamente relacionados y se deben, el caso Ayotzinapa, a “la debilidad del Estado de Derecho” y en el segundo caso de los inmuebles, “a la impunidad” y abuso del poder.

Otro asunto que ha puesto en evidencia al gobierno mexicano que encabeza Peña es el de las violaciones de los derechos humanos que continúan en México por parte de militares, policías y agentes federales y estatales, así como el caso que se sigue dando con impunidad contra supuestos delincuentes que son detenidos y son torturados ‘para sacarles la verdad’. Se afirma que esa práctica habría sido utilizada por agentes para que algunos testigos y delincuentes que supuestamente participaron en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, confesaran y narraran cómo habían sido detenidos de manera forzada, asesinados y quemados, según ‘la verdad histórica’ que manejó el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Los diarios extranjeros también se han encargado de ventilar lo que ha estado sucediendo con el tema de la baja del precio del barril del petróleo que ha ido a la baja y eventualmente se recupera, lo que habría ocasionado el primer recorte en el presupuesto que utiliza el gobierno para sus programas, ya que de la renta petrolera se surte la administración federal en turno para completar el ‘chivo’ del erario. Otro tema que empieza a tener repercusión seria en algunos sectores es la paridad del eso frente al dólar, que para algunos no es otra cosa que una devaluación, lo que las autoridades del Banco de México y de Hacienda niegan.

Otro dilema para el gobierno federal es el hecho que la economía mexicana no repunta. Por más rollos imaginarios de que México ‘va bien’, acaban siendo buenos deseos declaratorios. Las proyecciones que han hecho las áreas de Hacienda acaban siendo apabulladas por la realidad. Esto ha sido un hecho desde que comenzó el sexenio. Por más que se den cuerda solos de que las reformas serán las que vengan a cambiar las cosas en el país, la realidad es que los pronósticos no acaban de comenzara concretarse. Otro rubro que el gobierno no ha podido resolver es el de la inseguridad y la violencia que sigue prevaleciendo en varios estados de la República.

Se teme que incluso las elecciones del 7 de junio próximo, podrían no celebrarse en poblaciones y comunidades de varias entidades federativas. Ello por el clima de inseguridad que existe por una parte, y por otra, porque la gente de muchas poblaciones están hartas de los cacicazgos, de los abusos de poder, de las violaciones a los derechos humanos y de la pobreza que agobia a miles de familias en muchas partes del país. A esto se suman los abusos que cometen quienes son votados y ganan los comicios, que llegan a servirse del cargo en lugar de servir a la ciudadanía. Ese hartazgo podría convertirse en que el día de las elecciones muchos votantes anulen su sufragio como protesta al clima que se vive en el país.

El hecho, pues, es que parecería que México no tiene remedio y que la crisis que padece no tiene para cuando acabar. No se sabe si el presidente Peña Nieto tenga la capacidad de reconocer esos hechos, ese clima y valorar la necesidad de que empiece a realizar cambios en su gabinete para que las cosas mejoren. Van más de dos años de gobernar el país a base de discursos, de lo que millones de mexicanos ya están cansados. Están hasta la coronilla. Por cierto, ¿hoy se celebrará el día de la expropiación y se dirá que el petróleo es nuestro?

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Criminalidad y tráfico de influencias

PAULINO CÁRDENAS

Junto con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la creciente criminalidad y el escándalo del tráfico de influencias por las que han logrado tener costosas mansiones el presidente Enrique Peña Nieto y al menos uno de sus principales delfines, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, podrían acabar con la confianza y credibilidad que ha perdido el régimen peñanietista a dos años apenas de haber iniciado el sexenio. El panorama que ven los mexicanos en materia económica y de inseguridad, de corrupción y de impunidad, podrían ser factores que dejen al PRI sin los triunfos que anhela en las próximas elecciones intermedias del 7 de junio. Y como van las cosas, para el 2018 la posibilidad de que el PRI vuelva al poder federal acabará siendo nula.

Porque en lo que resta del sexenio la violencia y los crímenes podrían seguir creciendo y no se descarta que sigan apareciendo otros casos de proveedores agradecidos con quien encabeza el poder presidencial y sus colaboradores, como el del accionista mayoritario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, con la ‘casa blanca’ de Las Lomas o la residencia de descanso de Maninalco, del titular de Hacienda, o la residencia que adquirió Peña Nieto en 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuyo propietario era el empresario Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el estado de México cuando el actual mandatario federal lo fue en esa entidad.

La noticia la dio a conocer The Wall Street Journal, a lo cual Presidencia aclaró que la compra fue legal y que la constructora a la que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y que éstos fueron resueltos conforme a la ley por servidores públicos. “El Presidente de la República adquirió legalmente su casa de Ixtapan de la Sal, misma que manifestó en sus declaraciones patrimoniales tanto como gobernador del Estado de México, como en su calidad de Presidente de la República”.

La Presidencia informó que en lo que va del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado seis mil 534 contratos a más de cuatro mil empresas, “en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”. Como sea, la desconfianza ciudadana en el presidente y su administración ha ido creciendo. Y no solo por el supuesto tráfico de influencias que se ha ejercido desde el poder para beneficio personal sacando ventaja del cargo, sino por la ineficacia e insensibilidad del gobierno peñista ante la crisis de Ayotzinapa, que tiene a México y a su presidente con la imagen hasta los suelos.

Además del caso de los estudiantes desaparecidos, el país padece un estatus de criminalidad muy alto, no obstante a que los gobiernos de entidades federativas continúan reportando cifras dudosas, si no es que manipuladas, para simular una incidencia criminal menor a la realmente registrada, según acusó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, organismo no gubernamental que aclaró que “por varios años” las cifras “no se han referido a delitos, sino a averiguaciones previas iniciadas, las cuales en ocasiones tienen que ver con más de un homicidio”, aunque observó que a partir del año pasado “esta deficiencia se empezó a subsanar”.

Dicho Consejo Ciudadano es una asociación civil, integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos. Es un organismo independiente, representativo de la sociedad civil y apartidista, que busca el dialogo y la intervención adhesiva con las autoridades, para que el gobierno mejore su actuación en seguridad pública y justicia penal a favor de la sociedad para lo cual consulta a otras asociaciones para informar a la ciudadanía.

En un estudio que acaba de presentar este martes, dio a conocer que durante el año pasado uno de cada mil habitantes del puerto de Acapulco murió asesinado, lo que convirtió a la ciudad turística en la tercera urbe –con una población superior a los 300 mil habitantes– más violenta del mundo, detrás de la hondureña de San Pedro Sula y la capital venezolana Caracas. El Consejo Ciudadano dio a conocer que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, la mayor parte de ellas en los estados del norte del país.

De esta manera, después de Acapulco aparece en el lugar 24 la capital sinaloense, Culiacán, con una tasa de homicidios de 42.17 por cada cien mil habitantes. La siguen Juárez, en Chihuahua, en el lugar 27; Ciudad Obregón, en Sonora, en el lugar 31; las tamaulipecas Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, respectivamente, en los sitios 34 y 41; seguidos de Chihuahua capital, en el 43 y, cerrando el listado, Torreón, en Coahuila, y Cuernavaca, Morelos.

Y no están todas las que son, porque no se menciona entre otras a Veracruz, Oaxaca o el estado de México en donde ha crecido la criminalidad o Michoacán en donde, pese al comisionado plenipotenciario que cogobierna en la entidad, ha renacido la violencia y la falta de control gubernamental contra el crimen es evidente en donde, como en muchos otros estados, sigue imperando la ley de los cárteles como el de Los Zetas, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, y otras bandas del crimen organizado, que viene a ser la cara maléfica del país en lo que respecta a inseguridad.

Si a esto se añade el problema de la economía que no repunta -y menos ahora que el precio del petróleo sigue yendo a la baja, que es fuente donde el gobierno sustenta principalmente los fondos del erario para sus gastos, lo que presagia, entre otras calamidades, que al corto plazo habrá recortes de personal en gobierno y empresas privadas-, coloca a los pobres y la clase media en el umbral de la desesperanza mientras que los ricos, como siempre, seguirán sin perder sus privilegios.

Y si a todo ese negro panorama se le suma el caso Ayotzinapa y el tráfico de influencias que ejercen a placer los hombres del poder, la ecuación es perfecta como para que en México las cosas vayan peor si siguen como van. ¿El presidente y sus colaboradores no deberían vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala?

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El gobierno de Peña está a prueba

PAULINO CÁRDENAS

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México está a prueba con los acontecimientos que han rebasado a su gobierno, es éste el que realmente está a prueba, ya que el anuncio que hizo ayer, bastante tardío, es lo mismo de lo que se venía hablando desde el principio de su gobierno y que hasta ahora se decidió a iniciar, incluso enviando iniciativas de ley al Congreso en materia de seguridad y estado de Derecho. Las novedades son que habrá un 911 para emergencias como se estila en EU y Canadá entre otras naciones; clave única de identidad, y una iniciativa de ley que permitiría que, en caso de colusión de autoridades con el crimen, la federación asuma el control de seguridad en los municipios e incluso con facultades de la Federación para disolver un ayuntamiento, por órdenes del presidente de la República.

“Después de Iguala, México debe cambiar”, dijo en su discurso ante representantes de todos los sectores de la sociedad y la clase política. Más bien después de Michoacán debió de haber cambiado, no México, sino la estrategia de su gobierno que está por cumplir apenas dos años y que en ese tiempo se le han acumulado problemas de inseguridad del tamaño del mundo, además de su carga personal con temas como el de la ‘casa blanca’. Enfatizó que el grito “Todos somos Ayotzinapa” demuestra el dolor colectivo y es un llamado a transformar a México. Diríase mejor que es un llamado a su gobierno para que cambie de estrategia ante el crimen organizado. Y no solo es Ayotzinapa. Está el caso de Tlatlaya, estado de México, y otros muchos que se han dado en diversas entidades del país

En Cocula, por ejemplo, un medio televisivo francés -France 24- reportó que en ese municipio del estado de Guerrero, hubo el secuestro y desaparición de 31 estudiantes de secundaria que, por miedo al crimen organizado, sus familiares de abstuvieron de denunciar. Esto fue el pasado 7 de julio, al término del ciclo escolar. Los estudiantes es la hora que no aparecen, y nadie del gobierno ha dicho nada o más bien, dicen que no han tenido ninguna queja de esa desaparición masiva. Cocula es el municipio vecino de Iguala a donde fueron trasladados en septiembre los 43 estudiantes normalistas hasta ahora desaparecidos.

Así sucedió de alguna forma en el caso de Tlatlaya, en donde e pasado 30 de junio un comando militar ejecutó a 22 presuntos delincuentes aún cuando ya se habían rendido, hasta que un medio estadounidense, la revista Esquire, lo dio a conocer tres meses después. La noticia la replicó la agencia AP. Fue hasta entonces que reaccionó el gobierno mexicano. A eso se le han sumado otros hechos como en el caso de la búsqueda de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que han encontrado más fosas con restos humanos, pero que no son de sus hijos.

Todo eso ha venido a complicar aún más las cosas para el gobierno peñanietista. Por si no fuera suficiente, en las marchas y protestas de familiares y amigos para que aparezcan los normalistas, se infiltraron vándalos criminales del cártel antiPeña que causaron destrozos y se enfrentaron con las fuerzas del orden en un franco reto abierto al gobierno. En medio de esa circunstancia de pronto el presidente Peña Nieto declaró que tenñia la sospecha de que había intenciones de desestabilizar al gobierno y a México, lo que preocupó a muchos por venir de quien venía esa declaración. Y la cereza del pastel fue el surgimiento a la luz publica del caso de la ‘casa blanca’ de las Lomas de Chapultepec, que en el fondo parece haber un conflicto de intereses que huele a corrupción, ya que en medio de esa lujosa propiedad está el Grupo Higa que ha recibido contratos desde que el presidente era gobernador de su estado, hasta la fecha.

Todo eso llevó al mandatario federal a tomar decisiones que parecen ser de fondo, aunque muchos mexicanos creen que son solo de forma. Además de implantar a futuro el 911 de emergencias, imponer la clave única de identidad y una iniciativa de ley que permitiría que, en caso de colusión de autoridades con el crimen, la federación asuma el control de seguridad en los municipios e incluso se pueda disolver un ayuntamiento, propuso una reforma al sistema de competencias penales o lo que eso signifique, implantar policías estatales únicas, más operativos en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, acceso a la justicia (¿¿??), acciones para fortalecer los derechos humanos, combate a la corrupción y transparencia y rendición de cuentas.

Es decir, todo lo que debe ser una obligación constitucional, lo convierten en programas de gobierno como si fuera la gran innovación. Más de los mismo dirán muchos. Más que nada porque no es con nuevas medidas supuestamente innovadoras, sino aplicando la ley con rigor, como se van a solucionar las cosas en México. ¿De qué servirá que se anuncien medidas si al final de cuentas el problema es que no se cumplen? ¿De veras con ese anuncio de los diez puntos que dio a conocer el jefe del Ejecutivo, acaso se cree que se acabará la corrupción e impunidad, que han sido los eternos problemas de México? Habrá que ver si esas diez medidas para seguridad y estado de Derecho que anunció ayer Peña Nieto, será la fórmula para que la situación de peligrosidad, violencia y avance del crimen organizado, de veras logran ser erradicados.

Dos botones de muestra bastan para hacer ver que esas medidas son relativas para acometer la ferocidad de los criminales. Uno es la aparición de diez cadáveres desnudos en la plena carretera a Chilapa, Guerrero, y otro es el cadáver que le fueron a echar al alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso, con une recado del cártel enemigo al que no pertenece. Y con respecto de que Todos somos Ayotzinapa que quiso hacer suyo el presidente Peña solo hay que ver lo que acaba de suceder sucedió en Jalisco: elementos de la Fuerza Única de ese estado desalojaron con lujo de violencia a un grupo de campesinos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza que protestaban en la carretera Santa Rosa-La Barca.

Como se ve, no es con retórica ni promesas como su gobierno podrá doblegar a las fuerzas oscuras que si no tratan de desestabilizar a su gobierno, si hay un constante reto para hacer quedar muy mal a su administración, sobre todo en lo que respecta a la seguridad, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y respeto al estado de derecho. La situación que padece el país en materia de inseguridad y violencia no tiene para cuando acabar. Peña Nieto dijo que México está a prueba. Más bien es su gobierno el que lo está.

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Y las promesas siguen

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que las cosas tienden a empeorar, empezando por la pronunciada cuesta de enero que lleva la pesada carga de más impuestos para millones de mexicanos, y los problemas de inseguridad que no paran en Michoacán y otros estados donde siguen las matanzas, junto con la violencia callejera que propician las huestes del magisterio disidente que insisten en seguir retando a los gobiernos capitalino y federal, más los actos vandálicos del cártel antiPeña y eventos que se han vuelto cotidianos como el robo de combustible que sigue en aumento en todo el país, igual que los robos a  casas habitación y joyerías mas la corrupción e impunidad que son el pan nuestro de cada día, el presidente Enrique Peña Nieto sigue prometiendo más y más sueños a los gobernados, ahora con que pronto lanzará una reforma ‘profunda’ para reactivar el siempre olvidado campo mexicano, además de las promesas de una mejor vida que insiste vendrá a partir de este año para el país y sus habitantes, derivada de la reforma energética.

Como el prometer no empobrece, habría que recordar que el jefe del Ejecutivo, en su primer mensaje como presidente constitucional de México anunció lo que sería el eje del gobierno que iniciaba: recuperar la paz del país, atender a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y emprender una cruzada nacional contra el hambre. En realidad fueron 13 las promesas que hizo en su primer discurso. Pero el primer eje de su gobierno, dijo, “es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad”. A diferencia de su antecesor, el presidente Peña Nieto dijo que el delito no puede combatirse sólo con acciones de fuerza. “Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia”. Pero todo quedó en promesa, porque muchos mexicanos en diferentes estados del país siguen padeciendo de inseguridad y de injusticias.

¿Qué ha sucedido con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico? De hecho nada. La batalla que inicio el poeta Javier Sicilia para dignificar a los muertos de la guerra de Calderón e indagar detalles de los decesos y saber dónde fueron a parar tantos cadáveres, hasta ahora ha sido una lucha infructuosa. La promesa del gobierno de Peña Nieto de atender a las víctimas e indagar lo sucedido con cada muerto, ha quedado en el intento. Habría que preguntarle a la periodista Marcela Turati, autora del libro ‘Fuego cruzado’ (editorial Grijalbo), lo que opina al respecto. Ella se dio a la tarea de relatar la guerra contra el crimen organizado desde la visión de las víctimas. Señala que un número frío, indiferenciado, suma a los caídos por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el gobierno de Calderón.

Pero en la periferia de la contabilidad oficial, señala, se esconden las historias de cientos de niños, mujeres y hombres, nuevos huérfanos (de padres y autoridades), viudas, familias en la indigencia, personas desaparecidas, pueblos exiliados por el miedo o que lidian con sus pesadillas, así como jóvenes que no tienen más opciones que engrosar las filas del crimen organizado o campesinos convertidos por hambre en productores de cultivos ilegales, entre otras expresiones anónimas del llamado “daño colateral”. Las historias relatadas en ‘Fuego cruzado’ hablan de las sombras del mayor conflicto armado de los años recientes en México: por un lado, las penumbras de la desinformación (más allá de las muertes contabilizadas), y por otro, el ocultamiento de las propias víctimas debido al estigma que las convierte en sospechosas de su desgracia. Los damnificados de esta guerra suman ya en cientos de miles, dispersos en pueblos perdidos o habitando en las grandes ciudades: muchos de ellos son victimas azarosas de los grupos delictivos, otros tantos, de las fuerzas que pretenden sofocar la violencia con más violencia, señala la autora.

Y en cuanto el combate a la pobreza, como todos los presidentes lo han hecho, Peña Nieto dijo que los programas sociales deben evolucionar para arrojar mejores resultados, al afirmar que la Cruzada Nacional contra el Hambre ‘no es una medida asistencialista, sino una estrategia integral de combate a la pobreza de nueva generación’. Desde Las Margaritas, Chiapas, el mandatario federal afirmó que la cruzada no trata sólo de repartir alimentos entre quienes carecen de ellos, sino de poner en marcha una estrategia integral. El priísta mexiquense indicó que en los últimos años se avanzó contra la pobreza, pero no es suficiente, ya que no se han tenido avances mayores. Y de hecho, el programa no ha avanzado en su gobierno  como estaba proyectado. El ambicioso programa le fue encargado a la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, pero está atorado.

Y como ese tema, hay otros que han quedado en promesas mas que en realidades. No obstante, hay dos lápidas muy pesadas con las que los mexicanos tendrán que transitar a lo largo de este año y quizá más allá. Una es la económica por la carestía que ya se disparó por los aumentos de las gasolinas y con el pretexto de la nueva carga fiscal que le pega a todas las actividades y personas físicas y morales, y la otra es la inseguridad que lejos de aminorar ha ido aumentando en diversas entidades federativas del país. El presidente Peña Nieto sigue confiado en que con la reforma energética que ya alcanzó rango constitucional, y con sus leyes reglamentarias que habrán de ser analizada y aprobadas en el próximo periodo de sesiones en el Congreso, México será otro.

Y en la celebración del 99 aniversario de la primera Ley Agraria, efectuada este lunes en Boca del Río, Veracruz,  Peña Nieto dijo que este año su gobierno impulsará una “profunda reforma” del campo, que lo ponga al día y lo haga más competitivo. La iniciativa, que ya está en revisión, será presentada al Congreso en el próximo periodo legislativo. Ojalá no se quede en promesa ya que ese sector ha sido tradicionalmente el maás olvidado de todos por cada presidente de la República que ha tenido México. Hacen mucha alharaca mediática de que ayudarán a los hombres del campo, pero al final de cuentas todo queda en cuentos. Ahí está la historia para comprobarlo. Para contar con su voto en época de elecciones, para eso sí sirven los campiranos.

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La corrupción, sin castigo

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto sigue haciendo su lucha para ser convidado a participar en foros internacionales comúnmente restringido a mandatarios y jefes de estado de naciones de clase alta, queriendo vender a México como un país con un potencial muy amplio para inversiones en virtud de que, desde su punto de vista, hay condiciones y garantías para ello, los hechos cotidianos que suceden en el país hacen desmerecer ese loable esfuerzo,  ya que vicios como la corrupción y la impunidad ponen en evidencia ante propios y extraños, que el nuestro es un país con poca vocación democrática. Una de las principales amenazas sigue siendo el crimen organizado y la herencia de violencia que se desbordó en el sexenio pasado la guerra de Calderón que dejó una estela sangrienta de más de 80 mil muertos.

Un ejemplo de lo que es el México real, es que en unas cuantas semanas ha comenzado a emerger del sótano una serie de corruptelas de gobernantes y funcionarios públicos que han esquilmado las arcas públicas para su provecho en varios estados de la República, en tanto en el Distrito Federal los ciudadanos están a expensas de un grupúsculo de pandilleros a sueldo que ejercen la violencia a placer, protegidos por la adecuación a su favor del Código Penal capitalino gracias a la aprobación que hizo en ese sentido la Asamblea Legislativa, lo que ha hecho quedar como un cero a la izquierda al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera al tratar de frenar y castigar el desbordamiento criminal y el vandalismo vil, cuyos protagonistas gozan de cabal salud. Es un hecho que en la capital del país prevalece el derecho a la violencia por encima de la ley.

Por otra parte, en México rara vez se castiga la corrupción. Son contados los casos cuando algún servidor público del más alto nivel es procesado por algún delito de peculado, desviación de recursos, ejercicio indebido del servicio público, responsabilidad oficial como en el caso de la guardería ABC o por los descarados robaderos de dinero público como en el caso de Tabasco, de Coahuila o de cualquier otro en donde ni siquiera son acusados los actos ilícitos y mucho menos procesados ni castigados. Humberto Moreira hasta fue ‘becado’ por el SNTE para estudiar una maestría en educación en España. Otro anda dizque dando clases en Harvard, y muchos otros pasean su cinismo en México y en otras latitudes sin que nadie les diga nada. Cuando mucho la sociedad mexicana se las mienta, pero de ahí no pasa. ¿Por qué ese mal endémico? Por razones políticas. Pero no sólo por eso.

Además de las razones políticas, es porque los que llegan a formar parte de la mafia del poder, con todos los privilegios que ello significa, nadie se quiere salir de esa red por lo que sin ser ley escrita, establecen una suerte de promesa, de ‘omertá’, que implica guardar silencio ante cualquier acto ilícito entre sus iguales, mientras que en los discursos siguen dándole atole con el dedo a la ciudadanía de que habrá castigo a quienes infrinjan las blandengues normas que deben ser observadas por los servidors públicos, aplicándose castigos administrativos solo a los de abajo no a los de arriba, como ha quedado demostrado sexenio tras sexenio. Los de arriba pertenecen a la clase alta. Son los intocables, esos que dizque ya no iba a haber este sexenio.

Sobre el caso de Andrés Granier, al saberse entibado por las autoridades de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, después de un careo que duró más de 20 horas en la SEIDO dizque le dio un principio de infarto y  fue internado en el hospital Ángeles. Fue ahí donde el mismo viernes le notificaron que estaba arraigado por 30 días y que tendrá que ir a declarar a su tierra natal, por acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito. Pocos creen que el asunto vaya al fondo. Se dice que podría ser encarcelado pero que su estadía en prisión sería breve.

Pero como ese hay muchos otros casos de gobernadores corruptos que deberían recorrer ese mismo camino. Pero mientras no se castigue la corrupción y ésta quede protegida por la impunidad, las cosas seguirán igual: seguirá habiendo funcionarios que lleguen al cargo a servirse y no a server; seguirán llegando a hacerse millonarios. Eso es lo que hay que acabar y castigar con la ley en la mano. Este México real el que lleva a cuestas Peña Nieto en sus giras de trabajo como la que realiza en estos momentos, donde va en busca de alianzas para hacer crecer al país.

Y es que el país tiene cosas qué ofrecer como petróleo, minería, pesca, y mano de obra barata y de calidad. Aún con la pesada carga que significa la corrupción, la impunidad, la violencia y el derramamiento de sangre que siguen vigentes en el país, el mandatario priísta anda sembrando en el exterior con la esperanza de levantar buenas cosechas más adelante. La disyuntiva es que no puede haber un México lleno de virtudes hacia afuera y otro lleno de perversidades hacia dentro. Si la nación vive un proceso de cambio, para que haya credibilidad en el nuevo régimen urge limpiar la casa.

paulinocardenas.wordpress.com

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