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Movimiento contra “farsa electoral”

PAULINO CÁRDENAS

Delegados estatales y nacionales de la Convención Nacional Popular -que nació como un movimiento de protesta de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero-, realizaron su segunda reunión el pasado fin de semana en la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ y acordaron boicotear “la farsa electoral” que se pretende realizar el próximo 7 de junio en algunas entidades del país. Aunque no quedó establecido formalmente, los estados en los que podrían impedirse las elecciones son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de Michoacán e incluso Puebla.

En esa segunda Convención Nacional Popular se plantearon tres ejes de trabajo principales: construcción de un referente nacional, construcción de un programa político y elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la agencia EFE. En declaraciones al término de las mesas de discusión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se ratificaron los puntos bajo los que se fundamentó la primera Convención Nacional celebrada en febrero pasado:

Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala; Castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre; Derrocamiento ‘del usurpador’ Enrique Peña Nieto; Libertad a todos los presos políticos; Reversión de las contrarreformas estructurales. A estos cuatro puntos se añadió “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y la de El Charco.

Asimismo, se establecieron las fechas y lugares para las próximas movilizaciones de cara a los siete meses de la desaparición de los normalistas, a cumplirse el próximo 26 de abril, así como la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados.

“El punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”, señaló Rosales Sierra. En ese sentido, no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, sin embargo mencionó que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Aunque en ese acuerdo la decisión fue dividida, se fijó una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, para evitar una posible ruptura y mantener en todo momento la unidad del movimiento, que es lo más importante. Desde febrero pasado, al celebrarse la primera Convención Nacional Popular a más de cuatro meses de la desaparición forzada de sus hijos, en la convocatoria abierta para la celebración de ese primer encuentro, los padres de los normalistas reclamaron que el gobierno “no ha encontrado indicios de dónde puedan estar nuestros desaparecidos, por el contrario, en días pasados tomó la decisión de declarar por sentada la verdad histórica decretando el cierre del caso”.

Reclamaban también que para el gobierno “nuestros hijos fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, basándose solamente en la declaración de 4 detenidos y sin contar con prueba científica irrefutable. Simultáneamente ha desplegado un operativo de miles de policias y militares en el Estado de Guerrero, con el claro propósito de reprimir a las organizaciones sociales que luchan junto a nosotros para exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

Añadían: “Somos conscientes de que en México existen muchos dolores como el nuestro, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Existe un pacto de impunidad entre quienes son parte de la clase política y una relación de contubernio entre quienes son gobierno y quienes son delincuencia organizada. Frente a esta realidad, hemos decidido establecer condiciones para que hechos como los ocurridos el 26 de septiembre en Igual, no se vuelvan a repetir, hemos resuelto terminar con la violencia de Estado para evitar que nos sigan pisoteando.

“Con ustedes, los pueblos y comunidades, organizaciones sociales y sociedad civil en general hemos decidido organizarnos para encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad.

Así convocaban a instalar la Primera Convención Nacional Popular, como un espacio de coordinación “que nos permita crear un referente nacional, su programa político y plan de lucha a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá darle rumbo al movimiento nacional”. Y el pasado fin de semana se realizó la segunda Convención en donde participaron 214 delegados que acordaron boicotear “la farsa electoral” de junio próximo, en al menos cinco entidades federativas.

Dicha jornada nacional popular la integran diversos grupos civiles y organizaciones de distintas denominaciones, desde las que desean protestar de manera pacífica, hasta los que proponen medidas mucho más radicales, como una manera de rebelarse en contra de la negligencia gubernamental en el caso específico de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero en cuyo movimiento se han adherido grupos que protestan por diversas causas que les afectan y que culpan a los gobiernos estatales y al federal de no haber sido atendidas.

Esa advertencia de boicotear los comicios del 7 de junio será sin duda un foco rojo, no solo para la parte política federal, sino para las autoridades estatales de las entidades que han sido señaladas para evitar que haya elecciones intermedias. Otro ‘torito’ con el que tendrá que lidiar Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

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Criminalidad y tráfico de influencias

PAULINO CÁRDENAS

Junto con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la creciente criminalidad y el escándalo del tráfico de influencias por las que han logrado tener costosas mansiones el presidente Enrique Peña Nieto y al menos uno de sus principales delfines, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, podrían acabar con la confianza y credibilidad que ha perdido el régimen peñanietista a dos años apenas de haber iniciado el sexenio. El panorama que ven los mexicanos en materia económica y de inseguridad, de corrupción y de impunidad, podrían ser factores que dejen al PRI sin los triunfos que anhela en las próximas elecciones intermedias del 7 de junio. Y como van las cosas, para el 2018 la posibilidad de que el PRI vuelva al poder federal acabará siendo nula.

Porque en lo que resta del sexenio la violencia y los crímenes podrían seguir creciendo y no se descarta que sigan apareciendo otros casos de proveedores agradecidos con quien encabeza el poder presidencial y sus colaboradores, como el del accionista mayoritario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, con la ‘casa blanca’ de Las Lomas o la residencia de descanso de Maninalco, del titular de Hacienda, o la residencia que adquirió Peña Nieto en 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuyo propietario era el empresario Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el estado de México cuando el actual mandatario federal lo fue en esa entidad.

La noticia la dio a conocer The Wall Street Journal, a lo cual Presidencia aclaró que la compra fue legal y que la constructora a la que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y que éstos fueron resueltos conforme a la ley por servidores públicos. “El Presidente de la República adquirió legalmente su casa de Ixtapan de la Sal, misma que manifestó en sus declaraciones patrimoniales tanto como gobernador del Estado de México, como en su calidad de Presidente de la República”.

La Presidencia informó que en lo que va del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado seis mil 534 contratos a más de cuatro mil empresas, “en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”. Como sea, la desconfianza ciudadana en el presidente y su administración ha ido creciendo. Y no solo por el supuesto tráfico de influencias que se ha ejercido desde el poder para beneficio personal sacando ventaja del cargo, sino por la ineficacia e insensibilidad del gobierno peñista ante la crisis de Ayotzinapa, que tiene a México y a su presidente con la imagen hasta los suelos.

Además del caso de los estudiantes desaparecidos, el país padece un estatus de criminalidad muy alto, no obstante a que los gobiernos de entidades federativas continúan reportando cifras dudosas, si no es que manipuladas, para simular una incidencia criminal menor a la realmente registrada, según acusó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, organismo no gubernamental que aclaró que “por varios años” las cifras “no se han referido a delitos, sino a averiguaciones previas iniciadas, las cuales en ocasiones tienen que ver con más de un homicidio”, aunque observó que a partir del año pasado “esta deficiencia se empezó a subsanar”.

Dicho Consejo Ciudadano es una asociación civil, integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos. Es un organismo independiente, representativo de la sociedad civil y apartidista, que busca el dialogo y la intervención adhesiva con las autoridades, para que el gobierno mejore su actuación en seguridad pública y justicia penal a favor de la sociedad para lo cual consulta a otras asociaciones para informar a la ciudadanía.

En un estudio que acaba de presentar este martes, dio a conocer que durante el año pasado uno de cada mil habitantes del puerto de Acapulco murió asesinado, lo que convirtió a la ciudad turística en la tercera urbe –con una población superior a los 300 mil habitantes– más violenta del mundo, detrás de la hondureña de San Pedro Sula y la capital venezolana Caracas. El Consejo Ciudadano dio a conocer que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, la mayor parte de ellas en los estados del norte del país.

De esta manera, después de Acapulco aparece en el lugar 24 la capital sinaloense, Culiacán, con una tasa de homicidios de 42.17 por cada cien mil habitantes. La siguen Juárez, en Chihuahua, en el lugar 27; Ciudad Obregón, en Sonora, en el lugar 31; las tamaulipecas Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, respectivamente, en los sitios 34 y 41; seguidos de Chihuahua capital, en el 43 y, cerrando el listado, Torreón, en Coahuila, y Cuernavaca, Morelos.

Y no están todas las que son, porque no se menciona entre otras a Veracruz, Oaxaca o el estado de México en donde ha crecido la criminalidad o Michoacán en donde, pese al comisionado plenipotenciario que cogobierna en la entidad, ha renacido la violencia y la falta de control gubernamental contra el crimen es evidente en donde, como en muchos otros estados, sigue imperando la ley de los cárteles como el de Los Zetas, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, y otras bandas del crimen organizado, que viene a ser la cara maléfica del país en lo que respecta a inseguridad.

Si a esto se añade el problema de la economía que no repunta -y menos ahora que el precio del petróleo sigue yendo a la baja, que es fuente donde el gobierno sustenta principalmente los fondos del erario para sus gastos, lo que presagia, entre otras calamidades, que al corto plazo habrá recortes de personal en gobierno y empresas privadas-, coloca a los pobres y la clase media en el umbral de la desesperanza mientras que los ricos, como siempre, seguirán sin perder sus privilegios.

Y si a todo ese negro panorama se le suma el caso Ayotzinapa y el tráfico de influencias que ejercen a placer los hombres del poder, la ecuación es perfecta como para que en México las cosas vayan peor si siguen como van. ¿El presidente y sus colaboradores no deberían vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala?

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Quieren que Peña se los entregue

PAULINO CÁRDENAS

Mientras se despejan las dudas que han generado las detenciones por parte de la PGR de los Abarca y una supuesta cómplice, que para algunos fue una puesta en escena la madrugada del martes pasado ya que aseguran que desde hacía varios días tenían capturado a la pareja infernal, los familiares, amigos y compañeros de los 43 estudiantes desparecidos, a quienes se han unido las voces de miles de estudiantes de todo el país y fuera del mismo, siguen reclamándole al presidente Enrique Peña Nieto que les entregue a los 43 estudiantes desaparecidos porque, afirman, ‘el sabe dónde están y sabe que están vivos”.

Aunque ambas versiones carecen de mucho fundamento, al menos es lo que se ha comenzado a decir respecto a la detención del ex alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, mientras que el clamor popular dentro y fuera del país es que el mandatario federal entregue vivos a los estudiantes normalistas que siguen sin aparecer desde el pasado 26 de septiembre. Primero fue en una manta aparecida hace unos días en Iguala, dirigida a Peña Nieto, donde un tal ‘Gil’ le afirma que los normalistas “están vivos”.

El Gil’ o ‘El cabo Gil’, fue identificado el pasado 22 de octubre por la Procuraduría General de la República como el lugarteniente del supuesto líder del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarubias, quien está detenido en el penal de Almoyola. En la manta le asegura también a Peña, que tiene los nombres de los funcionarios coludidos con ese cártel, al que le atribuyen haber recibido a los estudiantes por parte de las policías de Iguala y de Cocula la noche que desaparecieron de manera forzada entre la noche del pasado 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente.

A la versión del padre Alejandro Solalinde, quien asegura que los estudiantes fueron asesinados y algunos quemados vivos, se contrapone la del gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, quien asegura que, por comentarios que ha recibido, los normalistas ‘están vivos’. Esta última versión es la que alienta a los padres de los desaparecidos y es en la que creen, esperanzados a que sus hijos aparezcan con vida, como también lo sugiere en un comunicado el Ejército Popular Revolucionario que opera básicamente en esa entidad federativa.

También, dos diputados guerrerenses del PRD, Catalino Duarte, y María del Rosario Merlyn García, coincidieron en señalar que el gobierno federal sabe dónde están los estudiantes. Y demandó que ya los entregue. “A nombre de los estudiantes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la República nos los entregue, él tiene la información y sabe dónde están. Porque la Gendarmería le informa de cada momento que actúa, cada momento que se mueve”.

La diputada manifestó que entre los 600 civiles desarmados que han participado en las búsquedas, le han comentado que por lo menos en tres lugares donde se les ha dicho que pudieran estar los jóvenes, a punto de arribar al lugar los elementos de la Gendarmería truncan la búsqueda bajo el argumento de que “ya es tarde”. Reveló que en una ocasión en que no quisieron llegar al punto final, al siguiente día que regresaron y lograron por fin arribar al lugar, encontraron por lo menos 20 colchonetas y comida recién comprada. Lo anterior supone que “ya habían sido movidos los jóvenes”.

La perredista Merlyn García declaró. “Aquí hago un llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública para que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, en lugar de ayudar, está previniendo, o parece ser, avisando que ya van a encontrarlos”. Respecto a la detención de la pareja infernal que integran el ex alcalde Abarca Velázquez y su esposa, gente de Iztapalapa -territorio perredista, ojo- ha comenzado a especular que hay cosas raras en los datos que fueron dándose a conocer desde la madrugada del pasado martes y en el curso de esa mañana, respecto al lugar en que fue supuestamente encontrado el matrimonio que andaba prófugo.

Según las autoridades, dicen los vecinos, hubo una aparente confusión sobre el lugar donde fueron detenidos, ya que primero se habló de una vivienda, luego de otra e incluso de una tercera en donde habría detenido a una supuesta cómplice acusada de encubrimiento. La mañana del martes, decenas de medios de comunicación -entre ellos la principal cadena de televisión del país- llegaron a la casa ubicada en el número 27 de la calle Jalisco, en la colonia Santa María Aztahuacán, de Iztapalapa. Comenzaron a fotografiarla y se dieron cuenta que no estaba resguardada.

Ya adentro fueron fotografiados varios perros de raza pequeña en la vivienda supuestamente abandonada. Lo que se dijo entre los vecinos es que cómo era posible que personas que andaban prófugas se dieran tiempo de atender seis perros. Se dijo incluso que ese lugar se encuentra a quince minutos del centro de mando de la Policía Federal. También llamó la atención que el ex alcalde estuviera de traje, aunque algunas crónicas dijeron que los federales les permitieron vestirse. Tampoco fueron esposados como suele suceder en casi todo los casos de presuntos criminales peligrosos.

Sin embargo, el lugar donde en realidad fueron detenidos los Abarca se encontraba a varias cuadras de la calle Jalisco, en la calle de Cedro número 50, colonia Tenorios. El asunto de la detención, pues, no convence a muchos, ya que una nota publicada por Eje Central el pasado 23 de octubre, señalaba que el ex edil prófugo y su esposa habían sido detenidos en Xalapa, Veracruz. Esa información no fue desmentida por las autoridades lo que para muchos la dan como buena ya que tampoco hubo aclaración por la parte editorial del medio.

Lo cierto es que esa detención, donde quiera que haya sido, ha puesto a temblar a muchos funcionarios entre ellos del PRD, PT y Convergencia, cuya coalición apoyó a Abarca para ser alcalde de Iguala y hasta su detención recibió apoyo del perredismo chuchista e incluso del actual líder del partido del sol azteca. Lo otro es que todo mundo quiere que Peña Nieto entregue vivos a los 43 estudiantes normalistas “porque sabe que están vivos”. ¿Será?

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¿Y Ángel Aguirre cuándo apá?

PAULINO CÁRDENAS

Después de la detención de la pareja infernal integrada por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, para los guerrerenses y mexicanos el turno debe ser ahora para el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien incluso se dice que es amante de la esposa del ex edil detenido, lo cual sería lo de menos. Los familiares, amigos y compañeros de estudios de los 43 normalistas desaparecidos, han dicho que no basta con que haya pedido licencia, sino que lo quieren ver tras las rejas, por considerarlo principal responsable de los hechos delictivos que han sucedido en Guerrero, incluida la desaparición forzada de los 43 estudiantes que desde el pasado 26 de septiembre no aparecen ni vivos ni muertos. Incluso se afirma que Aguirre dejó que escapara el ex alcalde.

Ello no obstante que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que un día y medio de la desaparición de los normalistas, pidió expresamente al entonces gobernador de Guerrero que pusiera vigilancia al alcalde de Iguala para que no se le escapara. El funcionario federal dijo que si la Federación no puso dicha vigilancia a Abarca ni al ex secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, quien también es buscado por las autoridades, fue porque en ese momento el caso estaba en el ámbito del fuero común. Osorio calificó como lamentable que dichos personajes estuvieran libres y afirmó que se estaba haciendo todo el esfuerzo por localizarlos y detenerlos. Al menos en el caso de Abarca y su esposa así acaba de suceder.



El escándalo en México y fuera del país a través de la prensa mundial por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, ha tenido un impacto negativo superlativo, que de hecho ha afectado la imagen de reformador que había cobrado el presidente Enrique Peña Nieto en el exterior; esos hechos, junto con otros que han calado en la sociedad relacionados con el crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, han echado abajo esa imagen y la de la nación, la cual es señalada como una de las más dominadas por los capos de los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. La inseguridad es el distintivo de México en el exterior.

La cantidad de fosas clandestinas que han sido halladas en no solo en Guerrero sino en muchos estados de la República, es señal de las masacres que han tenido lugar a lo largo de los años en nuestro territorio, sin que autoridad alguna haya puesto freno al avance de la criminalidad organizada y del fueron común en México. Las cifras que periódicamente dan a conocer las autoridades, siempre están maquilladas y no reflejan la realidad de la situación que viven muchas entidades, pueblos y sobre todo comunidades alejadas de las cabeceras municipales y zonas serranas y alejadas de la civilización como son las regiones indígenas, como la tarahumara en donde la inseguridad llegó para quedarse.

Si bien es un punto a favor de la Federación la detención de la pareja diabólica que acaba de ser detenida y a la que se atribuye haber ordenado la agresión del camión que trasladaba a un equipo de beisbol y a un grupo de estudiantes, en donde hubo 6 muertos y alrededor de 15 heridos entre la noche el 26 de septiembre pasado y madrugada del día siguiente, y que también habrían ordenado la desaparición forzada que sufrieron los 43 estudiantes normalistas que fueron entregados al cártel Guerreros Unidos por las policías de Iguala y de Cocula, queda mucho camino por andar para el gobierno federal, para dar con todos los involucrados en esos hechos. Una pieza clave sin duda es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Y hay más funcionarios que deben saber cómo han venido operando las mafias del crimen en Guerrero, como son los alcaldes que han participado con el cártel Guerreros Unidos y con otras organizaciones rivales. Ahora toca investigar si los normalistas rurales desaparecidos aún viven. Una versión más, de las tantas que han surgido a manera de hipótesis desde que se dieron los hechos a la fecha, es que los estudiantes desaparecidos podrían estar en su mayoría vivos y que habría sido llevados a trabajar de manera obligada en la pizca de amapola en distintas zonas de Guerrero de donde es levantada y luego acopiada en Iguala, de donde es distribuida hacia Estados Unidos.

La detención de Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa -a quien vinculan con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y que dos de sus hermanos, se dice, formaban parte de Guerreros Unidos, pero que sicarios de este grupo criminal los ejecutaron-, fue en una vivienda muy modesta de Iztapalapa -delegación que gobierna el perredista Jesús Valencia Guzmán-, ubicada en la avenida Jalisco de la colonia Santa María Aztahuacán, donde habían pagado cuatro meses de renta por adelantado. Se informó que hasta ahí llegó un comando de la Policía Federal luego de ser ubicados por llamadas telefónicas y movimientos bancarios, cerca a la sede del Centro de Mando de la Policía Federal.

Por cierto que el jueves 23 de octubre pasado, Eje Central había publicado bajo la firma de María Idalia Gómez e Itzel Reyes, que el ex edil y su cónyuge que andaban prófugos, habían sido detenidos en Xalapa, Veracruz, y que ya declaraban en la Seido. La nota no fue aclarada, de manera que se da por hecho que desde entonces estaban detenidos lo que de esa fecha para acá habría permitido a las autoridades ‘sopear’ a la pareja. Si fue así ¿por qué la PGR se guardó la nota? ¿Fue para que los medios no hicieran alharaca? Si bien esa detención viene a reivindicar a la Federación ante tantas críticas de dentro y de fuera por la tardanza en hallar a los 43 estudiantes desparecidos, ahora falta saber si siguen con vida.

La otra pregunta que se hacen los guerrerenses y mexicanos, y sobre todo los padres, familiares, amigos y compañeros de estudios de los normalistas desaparecidos, es si el gobierno federal se atreverá a ir por el ex gobernador Ángel Aguirre, quien además de saber muchas cosas que han pasado del mundo criminal en su estado, existe la firme creencia de que fue partícipe de muchos acontecimientos que se han dado en Guerrero a lo largo de su mandato que ocupó por segunda ocasión al frente de esa entidad. Uno que sin duda se abstendrá de pronunciarse para que encarcelen al ex gobernador, es su sucesor, Rogelio Ortega, quien ha hecho comentarios de apología a favor de Aguirre. Comentarios que incluso algunos juzgan sobrepasados de halagos, alabanzas, lisonjas, zalamerías, elogios y loas. Han sido de sospechosa adulación.

 

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Que los entregaron a militares

PAULINO CÁRDENAS 

Una nueva versión acaba de surgir sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta proviene del Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo guerrillero cuyo mando afirma a través de un comunicado que los normalistas fueron entregados a militares ‘en misión contrainsurgente’. Los “misteriosos civiles a los que supuestamente les fueron entregados los normalistas, son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo, para fabricar el crimen perfecto endosado a los delincuentes, el cual a estas alturas se les desdibuja y aflora tal cual es: un crimen de Estado con motivaciones políticas”. El EPR sostiene que eso confirma que el caso Ayotzinapa es “un crimen de Estado con motivaciones políticas, dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM)”.

El grupo rebelde considera que la verdad histórica de este abominable caso debe conocerse; se deben saber cuáles fueron los motivos, ya sean políticos o sociales, respecto de las decenas de restos humanos encontrados. También debe ser una exigencia más del pueblo conocer las identidades y exigir castigo a los responsables de estos crímenes. El EPR recalcó que el gobierno insiste en imponer una burda maniobra para sostener contra viento y marea la tesis de la autoría del crimen organizado. Y es que “desde la posición perversa del Estado ahora se pretenden diluir los motivos políticos y revertir la acción de la justicia hacia los 43 detenidos-desaparecidos y normalistas en general, al revictimizar y criminalizar, desde la PGR, a los normalistas de Ayotzinapa vinculándolos con el narcotráfico”.

Esto coincide de alguna forma con la denuncia que hizo el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, quien dijo que ante la premura de salir del problema el gobierno federal busca criminalizar a los estudiantes desparecidos, y que con base a declaraciones del principal cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, pretende hacer pasar como cierto el argumento de que de los 43 normalistas secuestrados entre el pasado 26 de septiembre y la madrugada del 27, supuestamente iban infiltrados 17 miembros de la banda de Los Rojos, célula rival del cártel que habría desaparecido a los estudiantes, luego de habérselos entregado vivos por las policías de Iguala y de Cocula, Guerrero.

Declaró que ante la presión nacional e internacional por el caso de los jóvenes normalistas desaparecidos, y como parte de una política anticipada de control de daños del gobierno federal, la PGR pretende ligar a un grupo de los jóvenes con criminales del grupo de Los Rojos que disputan territorio con otros cárteles para el acopio y distribución de mariguana, cuyo punto neurálgico de recopilación desde hace años ha sido Iguala, ya que es sabido que el estado de Guerrero es el mayor proveedor de amapola cuyo cultivo se realiza en esa entidad federativa. Habrá que ver si esta otra hipótesis resulta cierta, aunque parece que hubiese un hilo que de alguna forma relaciona la aseveración del EPR con la del abogado Rosales.

El EPR consideró que todas las instituciones están involucradas en los crímenes de lesa humanidad, ya que llama la atención la “celeridad y efectividad” al encontrar fosas clandestinas, lo que confirma que eran de su conocimiento y control, desde policías-militares hasta el generalato. Los insurgentes también acusaron al gobierno mexicano de saber perfectamente el paradero y situación no sólo de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos. De ahí es que comienza a trascender la hipótesis de que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada siguen con vida. Uno de los que eso afirman es el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega. Aseguró que los desaparecidos ‘están vivos’, según supo.

Dice el grupo rebelde que no basta con la ‘científica localización-detención’ del denominado ‘A5’ y su cónyuge, (refiriéndose al ex alcalde José Luis Abarca y MarÍa de los Ángeles Pineda Villa), “con la licencia a modo del gobernador figueroísta Ángel Aguirre y las renuncias de funcionarios menores, porque el cerebro y la mano criminal permanecen intactos y protegidos por el estado de derecho oligárquico que les da fuero e impunidad a los criminales de Estado”.

Por otra parte, tras reunirse durante cinco horas con el presidente Peña Nieto, en una conferencia en el Centro Pro de Derechos Humanos, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos reclamaron que los compromisos del Gobierno no bastan, ya que sólo considerarán que hay resultados si presentan con vida a los estudiantes normalistas. “Creemos que esos compromisos del Presidente no son suficientes. No hay resultados para nosotros”, expresó a nombre de los padres Melitón Ortega. Después tomaron la palabra más familiares de los normalistas y todos coincidieron en que no confían en lo que les prometió el mandatario federal en Los Pinos.

Muchos de ellos sienten que las autoridades les están dando atole con el dedo, incluido el gobernador interino, Rogelio Ortega, quien ahora salió con que unos estudiantes le dijeron que sus compañeros desaparecidos ‘están vivos’. Ciertamente ese es el clamor de familiares y amigos de los normalistas, que se los entreguen vivos, por lo que varias cuadrillas de agentes siguen buscándolos en diversos lugares cercanos a Iguala, incluido un río en el municipio de Cocula en donde el dirigente de los Guerreros Unidos dijo que habían echado las cenizas de 17 de los estudiantes desaparecidos después de haber sido incinerados.

Esta es la versión que ha venido manejando el padre Alejandro Solalinde, quien ha criticado al gobierno federal porque dice que sigue manipulando la información y dándole largas al asunto, cuando sabe cuál fue el destino final de los jóvenes desaparecidos. Incluso después de su comparecencia la semana anterior con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el clérigo dijo que ‘él (Murillo) y yo tenemos la misma información’. Así pues, todo parece indicar que en cosa de horas podría saberse la verdad sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 estudiantes normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos”. La otra es que el caso quede impune, con las consecuencias de repudio que se desataría en contra del gobierno mexicano, peor del que ya existe.

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Entre cómplices y sarta de inútiles

PAULINO CÁRDENAS

El caso Ayotzinapa ha quedado atrapado entre una sarta de inútiles y una serie de complicidades de funcionarios con el crimen organizado. Los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural desaparecidos claman que sus hijos les sean devueltos vivos, mientras que centenares de voces de estudiantes de otros centros de estudios en el país se les han unido y han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia a las autoridades avocadas al caso. Si los familiares y amigos de los desaparecidos dudan que la federación pueda con el paquete ya que atrás de esa desaparición forzada está la mano del cártel Guerreros Unidos, de las autoridades estatales desconfían totalmente porque son señaladas como copartícipes de esos hechos al ser omisos.

Un ejemplo es que tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron ante legisladores federales que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Tan es evidente la descomposición que ha habido en Guerrero que Iguala es el botón de muestra de lo que ha estado viviendo esa entidad federativa desde hace años. En ese municipio cada día aparecen más y más fosas clandestinas con decenas de restos humanos con señales de tortura, desmembrados y calcinados. Iguala es, pues, un cementerio clandestino, señal inequívoca de que los capos de los cárteles de la droga y del crimen organizado son los que mandan en esa entidad, como ha estados sucediendo en muchos otros municipios de diversos estados de la República Mexicana. Las causas son las mismas: corrupción, impunidad e ingobernabilidad.

Resulta obvio que en el estado de Guerrero el crimen organizado está desatado y goza de impunidad, sin que autoridad alguna haya sido capaz de frenar el avance de los al menos 10 cárteles que operan en esa entidad. Tan hacen y deshacen los capos de la droga para someter a autoridades y pueblo en general, que esas fosas clandestinas son muestra de que los secuestros han ido al alza junto con las extorsiones, y quienes no se someten al juego de los criminales acaban siendo ejecutados y enterrados en fosas de los alrededores. De esos crímenes están enterados los gobernantes municipales y estatales, pero hacen como que la virgen les habla.

Pero la pregunta es: ¿cuántos Igualas existen en el país? Porque el hallazgo de fosas clandestinas, además de Guerrero, se repite en Veracruz y Tamaulipas principalmente, y en prácticamente todos los estados de la República y en los alrededores del Distrito Federal, con diferente número de narcofosas en las que echan a sus víctimas, muchas de las cuales son descuartizadas y quemadas para que no sean reconocidas. Por lo pronto, las autoridades federales no han avanzado gran cosa en las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.

Para muchos guerrerenses la voluntad política para solucionar el caso parece ser simulada, ya que entre autoridades locales, estatales y federales no dan una y resulta evidente que entre mandos y operadores de campo avocada a las indagatorias no hay coordinación, por lo que ha habido tardanza, dando la impresión que son una sarta de inútiles los que están atendiendo el caso Ayotzinapa, por lo que los familiares de las víctimas no confían en nadie.

Han preferido evitar reunirse con los integrantes de la comisión legislativa federal que pretende darle seguimiento al caso; tampoco quieren hablar con ninguna otra autoridad. Lo que piden es que regresen vivos a los jóvenes secuestrados ya que tienen la esperanza de que los tengan ocultos en algún lugar. Pese a la información que han venido dando las autoridades sobre los avances de las investigaciones, hasta ahora ha resultado infructuosa la búsqueda de los estudiantes. Por ello familiares y amigos no creen en la eficacia de las indagatorias; más bien se han acogido a las brigadas populares que de manera espontánea han ido surgiendo para sumarse a la búsqueda y dar con el paradero de los desaparecidos.

La comisión de legisladores federales que da seguimiento al caso señalaron dificultades para tener comunicación directa con los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala. El panista Guillermo Anaya Llamas, quien encabeza la comisión, señaló que los padres de los normalistas plagiados no han creído en nada ni en nadie; ‘es un grupo muy compacto que no quiere tener contacto con nosotros’, se quejó el legislador. Quienes observan el proceso de investigación señalan que a las autoridades se les está escapando la liebre por querer apegarse  estrictamente al debido proceso. Aunque algunos ven con buenos ojos la intervención federal en el caso, otros dudan que puedan dar con los autores intelectuales de ese plagio.

Por su parte José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló que hubo un “torpe” manejo por parte del presidente Enrique Peña Nieto al caso de Iguala, lo que “simplemente refleja la escasa importancia que su gobierno otorga al tema de derechos humanos pese a un discurso que sugiere lo contrario”. Vivanco reprochó que el mandatario mexicano tardara cuatro días para pronunciarse sobre Iguala y para atribuirle la responsabilidad a las autoridades locales. “Iguala está a menos de 200 kilómetros de la capital, tres horas en carro. No hay excusa” para tal retraso, señaló el experto en derechos humanos.

Mientas tanto los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada por parte de la policía municipal de Iguala y entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos entre el viernes 26 y sábado 27 de septiembre pasado, según confesión de un sicario detenido, seguirán con su propia lucha apoyados por amigos y gente que de manera espontánea ha querido colaborar en la búsqueda de los jóvenes de la escuela rural que aún no aparecen ni vivos ni muertos. De las autoridades no quieren saber nada porque consideran que son una sarta de inútiles o porque están coludidos con el crimen organizado.

 

 

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En busca de repartir culpas

PAULINO CÁRDENAS

Hoy ofrecerá una conferencia de prensa Luis Felipe Puente, director general de Protección Civil, ‘para demostrar que sí fueron avisados a tiempo los gobiernos estatales y municipales’ del peligro potencial que se avecinaba por las tormentas tropicales ‘Ingrid’ y Manuel’ que se juntaron, una por el Golfo de México y otra por el Océano Pacífico, y que entre el 13 y el 16 de septiembre pasado dejaron una estela de muerte y destrozos, miles de damnificados y gente aislada en varios estados de la República por las inundaciones, brutales avenidas de agua y deslaves de cerros. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quiere probar que sí se realizaron las alertas pertinentes en tiempo y forma, para enseguida exigir a los mandatarios de las entidades federativas y de los municipios más afectados por los dos fenómenos meteorológicos, hagan lo propio para deslindar responsabilidades.

Además, se supone que está en curso una investigación ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien exige señalar a quienes fueron los responsables de las edificaciones que se realizaron en lugares indebidos, aprobando la construcción de viviendas en terrenos y zonas que han sido históricamente el cauce natural del agua cuando baja con fuerza de las zonas montañosas y se producen violentas descargas por tormentas, que acaban desbordando ríos que al salirse de su caudal destruyen pueblos enteros, deja aisladas a comunidades y desaparece casas y cultivos causando un sinnúmero de muertos y desaparecidos, como acontenció  con los dramáticos sucesos que dejaron a su paso ‘Ingrid’ y Manuel’ a causa de los fuertes temporales que azotaron  sin parar durante al menos tres días en varias entidades federativas.

Osorio Chong informó este fin de semana que hoy el Gobierno federal ‘mostrará pruebas’ de que alertó con toda anticipación sobre las dos furiosas tormentas que azotaron dos terceras partes del territorio nacional, para mostrar cómo actuaron las autoridades “desde el inicio al fin”. Advirtió que, después, “tendrán que hacerlo las entidades y los municipios”. La decisión de poner a dar explicaciones puntuales al director de Protección Civil obedece a que las aservas críticas que se le vinieron encima a al gobierno peñanietista desde que comenzó a verse la magnitud de las catástrofes provocadas por los dos fenómenos climáticos a los que no se les dio la importancia que demandaba la alerta general. Los funcionarios que debieron ponerle atención a la potencial gravedad que se avecinaba, andaban de ‘puente’ por los festejos patrios. Gobiernos y municipios dicen que no recibieron ninguna alerta.

El titular de Gobernación dijo la semana pasada que desde el 12 de septiembre se avisó a entidades de posibles afectaciones por lluvias e inundaciones por los fenómenos meteorológicos que se estaban formando, uno en el Golfo de México y otro en el Pacífico. “Se emitieron alertamientos a través del Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales a todas las entidades federativas que podrían ser afectadas por ambos fenómenos, así como a las dependencias que integran el grupo interinstitucional”, explicó el funcionario durante la reunión de Evaluación de Zonas de Desastre, encabezada por el presidente Enrique Peña, celebrada el pasado miércoles en Palacio Nacional. Lo mismo reiteró al día siguiente. Y el sábado repitió lo mismo. Lo que es obvio es que no hubo las previsions necesarias.

El Gobierno federal quiere repartir culpas y hallar corresponsables de las tragedias, porque es cierto que muchos funcionarios no respondieron al llamado de alerta que dice Osorio Chong que se les hizo, porque no hubo la respuesta que tenían que darle a ese llamado, se supone que por andar celebrando las fiestas patrias. En Tampico, por ejemplo –mientras toda la atención se centró en Guerrero y en especial en Acapulco–, ni siquiera se pudo llevar a cabo la ceremonia del ‘Grito’, lo cual se realizó hasta este fin de semana. Es obvio que en ese municipio, como en muchos otros del estado y de otras entidades del país, la furia climática les pegó muy fuerte y de lleno, produciendo catástrofes, pérdida de viviendas, de enseres, de cultivos, de cabezas de ganado y animales de granja y domésticos, además de lamentar la pérdida de vidas y de mucha gente que sigue desaparecida.

El funcionario federal precisó que desde el 13 de septiembre se instaló el grupo interinstitucional, donde Protección Civil informó a todas sus unidades de los posibles riesgos que podrían ocasionar los ciclones tropicales. Sin embargo, varios miembros de la oposición señalaron que esa dependencia de Gobernación hizo caso omiso de las advertencias que había hecho la Comisión Nacional del Agua, con la información del Servicio Meterológico Nacional, responsables de advertirle a la población a tiempo de los riesgos y del potencial peligro que se avecinaba, dadas las características de los dos fenómenos que empezaban a tomar fuerza en ambos litorales del país. Acusan que los niveles de alerta por las altas precipitaciones comenzaron desde el 14 de septiembre y que el nivel de alerta se mantuvo en amarillo hasta el 16 de septiembre, cuando prácticamente el nivel de lluvias por las tormentas tropicales, sobre todo ‘Manuel’, estaban en su máxima intensidad y el semáforo debía estar en rojo.

Como sea, hoy comenzará lo que para muchos será una cacería de brujas en busca de chivos expiatorios, cabezas que colgar a nivel de gobiernos estatales y municipales, no solo por las negligencias y omisiones al no haber escuchado los supuestos llamados de alerta del Gobierno federal sino por no disponer medidas preventivas. En teoría comenzará a investigarse qué autoridades otorgaron permisos para construir viviendas en lugares indebidos, donde evidentemente corrió mucho dinero con constructoras y hubo actos de corrupción. Solo que las investigaciones deberán entonces hacerse extensivas contra quienes construyeron caminos, puentes, presas y obras de drenaje de mala calidad, un proceso que, como son las cosas en México, tardaría entre 60 y 70 años indagar. Y al final la conclusión será que no hubo culpables. Ni ladrones. Ni corrupción. Porque la impunidad en nuestro país lo puede todo.

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