Archivo de la etiqueta: desapariciones forzadas

Investigación simulada de los 43

PAULINO CÁRDENAS

Dentro y fuera del país se da por hecho que para salir del paso el gobierno federal ha realizado una investigación simulada del caso Ayotzinapa que a nadie ha convencido, mucho menos a los familiares de las víctimas. ¿Verdad histórica o mentira histórica? De hecho el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, lamentó el desinterés del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones que emitió desde 2011.

A principios de este año, ese Grupo de Trabajo recabó información del gobierno mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emitió durante su visita al país hace cuatro años. Con base en ese intercambio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó en un extenso informe que el Grupo manifestaba su pesar por los pocos avances en la implementación de sus recomendaciones.

No obstante que valoró que el gobierno mexicano reconociera “la gravedad” del delito de desaparición forzada y “los importantes retos” que enfrenta en la materia, constató que en realidad “no ha habido un reconocimiento a la dimensión del problema”, ya que “las autoridades aún utilizan una terminología elusiva para referirse a las desapariciones forzadas”, “suelen evadir sus responsabilidades” o “minimizan los hechos calificándolos como aislados”.

De hecho esa misma estrategia ha sido la misma en el caso de la desaparición masiva forzada de los 43 jóvenes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Han venido utilizando una terminología elusiva. El ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que se trataba de la mayor investigación de la historia. Se basó en ‘testimonios’ de supuestos autores de la pira humana y de quienes habrían ordenado la desaparición forzada de los normalistas.

Fueron incinerados, y sus cenizas echadas a un río, según uno de lo sicarios, El Gil. Y punto. Para el ex funcionario esa fue ley. Pero al comenzar a revisar el caso algunos organismos independientes internacionales, sus argumentos echaron abajo el teorema oficial con el que se quiso dar por cerrado el incómodo tema que le hizo perder credibilidad y confianza al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Naturalmente, salieron a defender la ‘verdad histórica’. Pero quedaron en evidencia las torpezas de las indagatorias, su desaseo y sus omisiones. Una de las primeras críticas fue doméstica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que la PGR nunca elaboró las fichas de identificación de los 43 desaparecidos. ¿A quiénes iban a buscar si no sabían de quiénes se trataba? Empezaron a indagar prácticamente a ciegas; no tenían datos ni se habían ocupado de recabarlos.

De hecho los primeros indicios de cómo habrían sido los hechos, fueron por testimonios recabados por reporteros que hablaron con familiares, amigos, estudiantes normalistas que conocían a los desaparecidos, con todo lo cual se fue armando el rompecabezas. Así se supo que los normalistas habían tomado unos autobuses para ir a Iguala a boicotear la celebración de la directora del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa y que en dicha fiesta aprovecharía para lanzarse como sucesora de su marido, el alcalde José Luis Abarca, les fue impedido el paso hacia ese municipio.

Era el viernes 26 de septiembre de 2014. Por órdenes del alcalde la policía de Iguala y de Cocula los persiguieron, los atacaron, balearon un autobús donde iba a bordo un equipo de futbol, hirieron a varios de sus ocupantes y tres estudiantes murieron en ese ataque. Luego persiguieron a los cinco autobuses en los que iba otro grupo de estudiantes; se habla de que eran 57 en total. A como pudieron se escabullaron 14 de ellos y los demás, 43, fueron atrapados, subidos a patrullas y camionetas de la policía, y más tarde desaparecidos.

El resto de la historia ha sido referida en diferentes medios a lo largo de casi un año de esos acontecimientos, en torno a los cuales hay varias hipótesis. Una de ellas la dio el General Brigadier en retiro del Ejército Mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, quien afirmó que el ataque a los 43 normalistas de Atyozinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue una maniobra militar encaminada a proseguir con la “política” represora del actual régimen.

En una reunión auspiciada por el Colegio de México denominada “A un año de los hechos de Iguala”, el militar señaló: “El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa” y reveló que el Ejército “sí dispone de cárceles clandestinas, aunque lo niegue, y que por lo tanto hay altas posibilidades de que los estudiantes estén vivos”.

Pero el gobierno no ha autorizado que los grupos ajenos al gobierno que vienen investigando el caso Ayotzinapa, entren a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón militar de Iguala, ubicado en el epicentro de la desaparición multitudinaria de los 43 normalistas, que tendrían que ser 42, porque uno de ellos, Julio César Mondragón, apareció esa madrugada arrojado en una calle de Iguala, muerto, golpeado, desollado.

Nadie sabe qué argumentará Peña Nieto de toda esa investigación simulada, este jueves, cuando se reúna con los padres y madres de los normalistas víctimas del caso Ayotzinapa. ¿Dará por buena la ‘verdad histórica’? O habrá más historias oficiales que contarle a los familiares, que ya están hartos de oír versiones y promesas incumplidas. Los ojos de México y de muchas naciones estarán pendientes de lo que diga el mandatario federal.

Y millones en el mundo estarán a la expectativa de lo que suceda el próximo sábado y domingo, cuando se cumpla un año de esos vergonzantes acontecimientos que siguen teniendo atrapado al gobierno peñanietista y sobre todo que el caso Ayotzinapa mantiene en entredicho a los aparatos de justicia y de seguridad del régimen priísta. Se temen disturbios. De hecho en Chilpancingo, Guerrero, ya comenzaron.

 

Anuncios

Comentarios desactivados en Investigación simulada de los 43

Archivado bajo Investigación simulada de los 43

Pesan a Peña desapariciones forzadas

PAULINO CÁRDENAS

Las desapariciones forzadas que no cesan en México le están pesando mucho al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Al menos en Iguala, siguen. El capítulo de la ONU sobre ese tema se ha convertido en un dolor de cabeza para su administración, en especial para el gabinete de seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. La semana pasada ese organismo se pronunció al respecto con diversas recomendaciones que ponen en evidencia que la actual administración, igual que la del panista Felipe Calderón, están en falta en el seguimiento de esos casos en donde lo que priva es la impunidad.

En su informe que dio el pasado viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, muestra una profunda preocupación “por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”. Denuncia además que lejos de considerarlo un fenómeno aislado y ya superado, este flagelo aún se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un “serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”.

Señaló que el Estado mexicano no ha sido capaz de cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente, como es la desaparición de miles de personas durante la guerra que le declaró al narco el sexenio pasado Felipe Calderón, y en el actual que está a cargo de Peña Nieto, sus autoridades ni siquiera han podido con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Ayotzinapa, Guerrero. Lo que señala ese comité le viene muy mal a la administración federal del priísta, contra quien recae de frente esa responsabilidad.

Desconcertados por la dureza del informe de esa instancia de la ONU, México dio una respuesta que denota donde anda el gobierno federal en esa materia, ello pese a que el análisis del comité es resultados de una minuciosa revisión en la que se dio derecho de audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil en la reciente reunión que sostuvieron integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y representantes del gobierno mexicano.

Después de defenderse como pudieron los miembros de la delegación de México, quedó claro para el Comité que ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados mexicanos que recogen este delito cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante. De hecho, en México muchos estados de la República no establecen como delito la desaparición forzada.

Al respecto, los miembros del Comité señalaron que “la Convención establece que por desaparición forzada se entiende el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado y de particulares que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”. Señalaron que “este es un punto en que fallan las leyes mexicanas. Muchas se limitan a tipificar las acciones sólo (si participan) servidores públicos”. Con todo y ello, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, no fue aceptado por el gobierno que encabeza Peña Nieto. Al respecto el gobierno de México manifestó su inconformidad.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, señalaron en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El hecho es que la ONU ha dicho que México se ha conformado en hacer ‘tibios avances’ en materia de desapariciones forzadas.

Un caso que detonó esos delitos no atendidos por los gobiernos de nuestro país -ni panistas ni priístas hay que recalcarlo- con la atingencia que obligan los acuerdos internacionales y que ha suscrito México, fue sin la menor duda el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además de que ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante, solo 19 de las 32 entidades del país lo hacen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con una mayor tasa de desapariciones.

Diversos analistas coinciden en señalar que la dificultad de analizar el fenómeno comienza con la imposibilidad de conocer las cifras exactas de desapariciones forzadas en México. No existe ninguna estadística oficial que dé cuenta del problema. Hay cifras estimadas pero adolecen de datos de causas por estado, sexo, edad, nacionalidad de las víctimas. Un estudioso que ha logrado realizar una depuración es el profesor del ITAM, José Merino, su trabajo, que no distingue la causa de la desaparición, señala que existen 23, 701 personas en México que se desconoce su paradero.

Indica que seis entidades acumulan casi el 30 por ciento de los casos. Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora suman juntas 6,703 casos y registran la tasa más alta por número de habitantes. Tan solo dos de estos estados, Coahuila y Chihuahua, recogen el delito en sus códigos penales. Tamaulipas, al noreste del país, marca el récord con 5 mil 155 casos, lo que supone una tasa de 17,2 por cada 100, 000 habitantes, tres veces mayor que los dos siguientes estados más golpeados, Sinaloa y Coahuila.

Como sea, el hecho es que el caso Ayotzinapa de los 43 normalistas desaparecidos, sigue siendo el fantasma que persigue a Peña Nieto y al gabinete de seguridad que encabeza Osorio Chong. Y queda claro que México sigue en falta con el tema de las desapariciones forzadas lo que lleva de modo intrínseco la violación a los derechos humanos. Y no se trata de negar o justificar, sino de resolver esos problemas tan graves que agobian a los mexicanos. Porque en Iguala, Guerrero, por ejemplo, pese al envío de tropas y de policías federales y estatales, siguen las desapariciones forzadas. Pero ese es otro tema.

Comentarios desactivados en Pesan a Peña desapariciones forzadas

Archivado bajo Pesan a Peña desapariciones forzadas

Sigue la confusión en Michoacán

PAULINO CÁRDENAS

 ¿Qué es lo realmente está sucediendo en Michoacán, en donde los cárteles que se han posesionado de la vida de muchos pobladores, desafían día a día a las autoridades locales y federales, en un estado de la República donde se mezclan la falta de autoridad, la corrupción y la impunidad? ¿Por ello se habla de que el gobierno federal podría estar creando las condiciones para procurar una asonada en esa entidad federativa con la anuencia del gobierno estatal, que podría ser el ensayo para el escalamiento paulatino de un golpe de estado a nivel nacional? ¿Qué tan descabellada es esa versión? Lo que es un hecho es que hay una clara tendencia a la división y a la confusión en aquel estado del país, que pareciera ser parte de una estrategia deliberada. Lo cierto es que los michoacanos parecen estar gobernado por los cárteles de la droga, principalmente por los Caballeros Templarios, aparentemente en colusión con el gobierno estatal. Es la percepción. Pero también hay sospechas de ello.

Desde julio pasado, familiares de desaparecidos en aquella entidad, aseguraban que el gobierno estatal estaba creando grupos de civiles paramilitares disfrazados de falsos sicarios al servicio de los cárteles de la droga ‘para difundir terror’ y perpetrar desapariciones forzadas conocidas como ‘levantones’, que se fueron incrementando cada día, además de no actuar ante las denuncias penales interpuestas ante los agentes del Ministerio Público que, lejos de cumplir con su misión, “nos criminalizan e intimidan para guardar silencio”. Incluso se cree que varios de los cadáveres que han sido hallados en días recientes en narcofosas en la zona fronteriza entre Michoacán y Jalisco, podrían pertenecer a varios de los desaparecidos en el estado. Incluso se dice que hallaron en las fosas policías comunitarios. Las autoridades investigan.

A eso se han sumado distintas versiones de lo más contradictorias, como el envío de más tropas del gobierno federal que con tanto alarde fueron destacadas en los puntos más conflictivos de esa entidad, pero que en realidad solo han hecho acto de presencia sin que se avoquen a perseguir delincuentes ni a propiciar encuentros armados con los diferentes grupos delictivos que asuelan a esa entidad federativa desde hace mes, incluso desde el sexenio pasado. En reiteradas ocasiones el Comité Estatal de Familiares de Personas Desaparecidas en México, en voz de su representante, Laura Orozco Medina, ha dicho que a raíz de la militarización en Michoacán, se han incrementado las graves violaciones a los derechos humanos, como son las desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciales, detenciones selectivas, torturas y feminicidios, cuyos autores principales “son grupos de civiles paramilitares creados por el mismo Estado queriendo hacerles creer que son obra del crimen organizado, con el objetivo de difundir terror en la población”.

La representante de ese Comité ha denunciado que las corporaciones que habían venido cometiendo esos abusos contra la población, “pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales, el Agrupamiento Femenil, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y la Marina”. Asímismo se ha quejado, a nombre de la agrupación que representa, de una absoluta falta de mecanismos que garanticen la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cuyas denuncias se encuentran “congeladas” en el área de extravíos o secuestros de la Procuraduría General de Justicia, donde no existe más elemento jurídico que la simple ausencia del familiar. Incluso durante el interinato de Jesús Reyna como gobernador sustituto de Fausto Vallejo que se encontraba fuera de México por un trasplante de hígado, le fueron expuestos esas quejas y reclamos sin que hubiese respuesta de quien al regreso del gobernador constitucional, volvió a ser secretario de gobierno como al principio de esa administración.

Frente a todo eso, el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, ha sido acusado de supuestos encuentros con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, dirigente de los Caballeros Templarios, en 2011, previo a las elecciones estatales. Esas reuniones habría ocurrido previo a las elecciones celebradas el 13 de noviembre de ese año en Michoacán y que fueron ganadas por el PRI. Se dice que a esas reuniones habrían asistido el exdiputado local priista José Trinidad Martínez Pasalagua, así como Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec. Incluso los ataques perpetrados contra guardias comunitarias y subestaciones de la CFE hace unas semanas en Apatzingán, Michoacán, se dice que habrían sido perpetradas por el grupo criminal de los Templarios, aunque otra versión habla de que fueron grupos de ‘anarquistas’ que llegaron desde el DF a cometer esos delitos, pagados nadie sabe por quién. Los maledicentes dicen que es el propio gobierno federal el que ha organizado estos grupos.

Aquella entidad está agobiada desde hace años por diversos cárteles como han sido los casos de la Familia Michoacana, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, y más recientemente Jalisco Nueva Generación, el cártel de Golfo y con mayor intensidad criminal los Caballeros Templarios. Todos ellos han creado entre los pobladores una insoportable situación. Esto ha motivado la multiplicación de los grupos de autodefensa armados y de policías comunitarios. Pero los gobiernos, estatal y federal han ordenado a las tropas militares desarmar a esos grupos civiles, pero han sido incapaces de proteger a los michoacanos de la delincuencia organizada.

Este fenómeno ha dado lugar a no saber si esos grupos trabajan a favor de la población afectada por los abusos de la criminalidad, o es gente infiltrada promovida por los cárteles de la droga o por el propio gobierno. La confusión consiste en no saber quiénes verdadermante integran los grupos de autodefensa, las policías comunitarias, las milicias ciudadanas, los comandos justicieros o si el Ejército promueve pelotones de fuerzas rurales para actuar como guardias blancas. Es justo en ese punto de confusión, en el que se hallan miles de pobladores de al menos una veintena de municipios de esa entidad. Lo cierto es que en Michoacán hay una mezcla de debilidades, colusiones e impunidades. ¿De parte de quién? ¿Cuál es la intención de ello? Son preguntas que se hacen millones de mexicanos.

http://www.paulinocardenas.wordpress.com

Comentarios desactivados en Sigue la confusión en Michoacán

Archivado bajo Sigue la confusión en Michoacán

¿Dónde quedaron los muertos?

PAULINO CÁRDENAS 

Desde hace mucho se ha escrito que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, podría llevarse al baile a Felipe Calderón porque, por algunas oscuras causas, el mandatario panista había quedado sojuzgado a los intereses y caprichos de quien acabó siendo la manzana de la discordia en la lucha contra los cárteles de la droga que emprendió Calderón desde el inicio de su gestión, y que acabó siendo un fracas porque las mafias siguen en lo suyo y por la pesada carga de miles y miles de muertos que ha cobrado esa aventura bélica. Al final de la jornada la pregunta que más empieza a pesarle a Calderón es: ¿Dónde quedaron los miles de muertos de su guera contra los cárteles de la droga?

Por un lado, ni duda cabe que si el primer duro golpe que le dio el Presidente Electo a Calderón fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el segundo gran golpe podría ser el ir tras su escudero del alma, a quien ya se le rastrean pistas sobre cuantiosos recursos que ha invertido en divesos negocios que se ubican en Estados Unidos, con base operativa en Florida. Reporte Índigo le atribuye a García Luna y su familia que tendrían que rendir cuentas sobre el monto y el origen de los recursos con los que el controvertido policía del sexenio, montará su retiro dorado en ese estado de la Unión Americana. El caso Tres Marías podría ser la punta de la madeja ya que lo que hay detrás parece de pronóstico reservado.

El coraje, frustración y rabia de familiares desaparecidos de todo el país, se puso de manifiesto el pasado fin de semana quienes con una piñata que representaba al Presidente quisieron sacar su rabia y dolor,  culpándolo de la guerra contra el crimen organizado y clamando con pancartas y a gritos: “!Justicia! ¿Dónde están, dónde están, nuestro hijos dónde están?”. Al referirrse a la piñata dijeron. “Ésta la queremos entregar como símbolo de lo que sufrimos miles de familias mexicanas fragmentadas, con nuestros corazones llenos de impotencia y coraje. Dejas a México como el cementerio más grande de la historia”. Le reclaman culpas por omisión e indolencia principalmente.

Alegóricamente se quiso representar a un Presidente sordo, ciego, mudo, atado de manos y pies; insensible. ¿“Te vas contento, con los nulos resultados de tu guerra?”, preguntaban los manifestatntes que se reunieron en la explanada del Palacio de Bellas Artes, portando fotografías de un centenar de víctimas de las miles y miles que ha cobrado la narcoguerra, con pancartas cuyos escritos pusieron de manifiesto el dolor y la rabia. La piñata de inmediato comenzó a recibir de palos. “¡Duro, duro, duro!”, gritaban. Uno tras otro, los familiares expresaron su rabia, impotencia y dolor. Hubo lágrimas que algunos no pudieron contener; primero golpearon la figura con un garrote; luego la patearon y zarandearon hasta destrozarla.

Fue como una catarsis donde se expresó el dolor que llevan dentro quienes perdieron a sus seres queridos por la absurda guerra que cobró tantos muertos en el sexenio que está por terminar y que, quiérase o no, Calderón llevará como pesada carga moral por el resto de su vida. Pero es evidente que ese odio y esa rabia no quedará ahí. Quieren saber dónde quedaron sus muertos. Si fueron enterrados en fosas clandestinas, si fueron tirados al mar o en barrancas, si fueron calcinados, si fueron desintegrados con ácidos para no dejar huellas. Nadie de los familares lo sabe. Y quiren saberlo.

Trascendió que se están organizando para ir con Enrique Peña Nieto una vez que tome posesión, a exigirle que haya una investigación de fondo sobre ese holocausto que provocó esa inútil guerra contra los cárteles de la droga que al final han seguido operando en el país. Irán a exigirle que como Presidente no permita la impunidad por tantos crímenes cometidos contra mucha gentes inocente y se castigue a quienes abusaron de su autoridad, sean militares, marinos o policías federales, estatales o municipales.

Esa protesta recuerda el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que surgió con el poeta y escritor Javier Sicilia a raíz del homicidio de su hijo y seis personas más sucedido en Morelos en marzo de 2011, exigiendo lo mismo. Mucha de esa culpa se le atribuye a las fuerzas armadas de México. Sin embargo, gran parte de las funestas consecuencias de esa guerra se ubicó en las filas de la Policía Federal que depende de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, así como en las policías que dependen de los gobiernos de los estados y municipios.

Con sus respetables excepciones, en sus filas se ha anidado la complicidad con el crimen organizado. De ahí que la decisión primera de Peña Nieto fue desaparecer la SSP federal y convertirla en subsecretaría dependiente de Gobernación. ¿Qué sigue? ¿Cuál será el siguiente golpe seco del nuevo gobierno contra el que va de salida? ¿Se prepara un debut de la Comisión Nacional Anticorrupción atrapando, juzgando y encarcelando a varios ‘peces gordos’? Como sea, lo cierto es que los mexicanos claman que acabe la impunidad en la que se han venido amparando los corruptos en México. Y habrá tela de donde cortar.

Twitter:@Paulinocomenta

facebook.com/Paulinocomenta

Comentarios desactivados en ¿Dónde quedaron los muertos?

Archivado bajo ¿Dónde quedaron los muertos?

Víctima de su necedad

PAULINO CÁRDENAS

El Presidente acabará el sexenio siendo víctima de su propia necedad, compartida acaso con los que le vendieron la idea de utilizar al Ejército en labores que le corresponde encarar a corporaciones civiles y no militares, en la guerra que le decretó a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado sin consultarle a nadie. Aunque Felipe Calderón ha recibido elogios del gobierno norteamericano por su ‘valentía’ al enfrentar a las mafias, la verdad es que las relaciones de México con Estados Unidos se han ido tensando cada vez más en torno a ese tema.

Esa absurda estrategia de querer combatir la violencia con violencia ha motivado que cada día el número de mexicanos muertos vaya en aumento. Se habla de que al cierre de este año habría más de 60 mil muertos dejados por los combates armados, además de cientos de personas que han sufrido desapariciones forzadas a manos de militares, marinos o policías federales, y las miles de familas que han tenido que desplazarse a lugares más seguros huyendo de la guerra. En el tiempo que ha durado esa lucha los capos no han visto mermado su poder, sino al contrario.

Cada vez son más las voces que reprueban la estrategia de la guerra de Calderón quien insiste en mantener a las Fuerzas Armadas haciendo un papel que no les corresponde, ya que constitucionalmente están para defender la soberanía del país en caso de una invasión de fuerzas extranjeras y realizar tareas a favor de la sociedad, no para jugar el papel de policías que persiguen delincuentes y cuyo adiestramiento no está hecho para eso. Al mandatario panista se le ha reprochado el haberse ido por la libre  y sacudir el avispero de las mafias, sin medir las consecuencias de lo que eso ha significado.

En la Declaración de Ginebra dada a conocer la semana pasada en Suiza, se hace hincapié en que la ‘línea dura’ adoptada por México contra los narcotraficantes, ha llevado la violencia a niveles más altos que en muchas zonas de guerra formales que se focalizan en distintas poblaciones del mundo. En el mismo documento se condena el papel que juega Estados Unidos como proveedor de armas a los cárteles mexicanos, calificando de ‘exagerado’ ese rol.

Sin decirlo, esa Declaración alude a los programas ‘Receptor Abierto’ que empezó a finales de la administración de George W. Bush y que cambió de nombre al de ‘Rápido y Furioso’ con Barack Obama, a través de los cuales se han dejado pasar deliberadamente cientos de armas de Estados Unidos a México, dizque para seguirles la pista y dar con las guaridas de los delincuentes organizados. Lo malo es que ninguna autoridad, ni norteamericana ni mexicana, dice haber conocido de ese criminal tráfico deliberado de armas.

El mismo documento suizo cuestiona el uso que ha hecho Calderón del Ejército en esa tarea de perseguir delincuentes de las mafias del nacotráfico y del crimen organizado. También señala que el éxito de la decisión tomada hace cinco años por el presidente mexicano de usar a las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles, “es discutible”.

El propio Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al recibir la presea Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República, dijo que tanto la situación económica como el de inseguridad que prevalece en México, resultan insoportables e inadmisibles, al tiempo que demandó sacar al Ejército de esa lucha en la que el Presidente tiene inmersas a las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado.

Frente a Calderón, el creador del PRD y líder moral de las izquierdas señaló que “en la democracia, la seguridad y la justicia son asuntos de la autoridad civil”. Propuso cambios en la estrategia gubernamental antinarco, que ha sido –dijo– insuficiente. Planteó crear un cuerpo especial encargado de hacer frente a la delincuencia, que permita liberar al Ejército de la responsabilidad que le han asignado en materia de seguridad pública”.

Las fuerzas armadas, expresó Cárdenas, “no pueden seguir expuestas a riesgos derivados de una función que no les corresponde. Es necesario fortalecerlas como el cuerpo que resguarda y garantiza la integridad de la nación”… Más tarde, y en otro evento, Calderón respondería que no hará ningún cambio alguno a su estrategia de guerra hasta el final de su sexenio.

Y el poeta Javier Sicilia, que encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló en Washington que “el presidente Calderón tendrá que pagar por su responsabilidad en los miles de muertos de esta guerra”. Indicó que aunque “no es el papel del movimiento pedir un juicio, pero (el mandatario panista) tendrá que enfrentar sus responsabilidades”. Y puntualizó: “Los hombres tienen que pasar por la justicia, los actos se pagan y la justicia exige una retribución a tanto dolor”.

Pero el Presidente no entiende. O no quiere entender. Luego entonces es una necedad  que tendrá que enfrentar de cara a la nación.

pcardenascruz@yahoo. com.mx


Comentarios desactivados en Víctima de su necedad

Archivado bajo víctima de su necedad