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¿Por temor al narco la tardanza?

PAULINO CÁRDENAS 

Mucho se empieza a especular si la tardanza para dar con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, es por temor a una reacción del narco, como según las teorías comspiracionales habría sucedido en el pasado reciente con los accidentes aéreos donde perdieron la vida cuatro altos funcionarios incluidos dos secretarios de Gobernación. Se dice, entre las muchas versiones que han surgido sobre el caso, que los plagiarios tienen con vida a los estudiantes y que por ellos piden una fuerte cantidad de dinero que el gobierno estaría ponderando la posibilidad de dar o no, y que hay la amenaza de que si la respuesta fuera en sentido negativo, los matarían y habría más secuestros de esa naturaleza.

Como quiera que sea, la razón de esa tardanza por lo pronto se atribuye a que existe un temor real en los más altos niveles de decisión del país, de que la teoría de la conspiración por parte del narco, en la que muchos no creen, tenga visos de verdad y vuelvan a darse accidentes aéreos como los que le segaron la vida a varios funcionarios en el pasado reciente, vinculados con la lucha anticrimen, incluidos dos secretarios de Gobernación; uno fue Juan Camilo Mouriño y otro fue José Francisco Blake Mora. Algunos refieren esos accidentes a teorías conspiracionales que explicarían supuestos atentados contra ambos funcionarios y contra quienes los acompañaban en su trágico destino.

¿Será el recuerdo de esos lamentables hechos, la razón de la tardanza para dar con los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos? Sin duda que los funcionarios del más alto nivel del actual gobierno federal no olvidan lo que sucedió con al menos cuatro altos funcionarios y sus acompañantes en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Uno fue el caso de Ramón Martín Huerta, quien fue gobernador interino de Guanajuato y luego en el sexenio de Vicente Fox pasó a ser director de Seguridad Pública federal; murió en septiembre de 2005 tras el desplome del helicóptero en que viajaba.

Otro caso, el mas sonado del sexenio de Calderón, fue el del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien murió un día como hoy hace justamente seis años, en 2008, al desplomarse el avión Learjet en que viajaba. Su muerte levantó sospechas por al menos dos razones: el secretario viajaba con el asesor presidencial de seguridad y ex titular y creador de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos; su avión se estrelló a un kilómetro de la casa presidencial. En noviembre de 2011, el titular de Gobernación, José Francisco Blake Mora falleció también en un trágico accidente aéreo, igual que Mouriño tres años antes.

Y no es que en este sexenio haya funcionarios muy machos, sino más bien precavidos. El miedo no anda en burro, sino en la actualidad anda en aviones y helicópteros, dice vox pópuli. Solo hay que ver la cantidad de agentes de seguridad, elementos del Estado Mayor, Policía Militar y comandos de elite de la Fuerzas Armadas con sus equipos de armamento y unidades blindadas que cuidan por cielo, mar y tierra, no solo al presidente Enrique Peña Nieto, sino a los funcionarios de su primer círculo, en especial a las cabezas del gabinete de seguridad, empezando por el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Lo mismo sucede con otro de los personajes más allegados al mandatario federal, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y parte de su séquito. A donde quiera que van los principales hombres del Presidente, suelen estar custodiados para garantizar su integridad física, que es responsabilidad del numeroso equipo de seguridad destacado que tiene que cumplir con esa delicada y riesgosa misión, sobre todo como están las cosas en el país en donde los capos de la droga y las mafias del crimen organizado están en constante reto contra el gobierno, amenazando y atacando.

Según el padre Alejandro Solalinde -quien desde hace años se dedica a defender los casos de inmigrantes que acaban siendo víctimas de las mafias cuando se internan en México en el lomo del tren de la muerte conocido como ‘La Bestia’-, afirma que los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” fueron asesinados y algunos incluso quemados vivos, según informantes anónimos de cuya palabra el clérigo no duda. Otra versión habla de que ‘siguen vivos’, como lo afirma el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega -a quien señalan como ex guerrillero y secuestrador-, lo cual coincide con lo que también señala el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario, EPR, que afirma que los normalistas fueron entregados vivos a militares cerca del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Estas dos versiones, más la lentitud con la que han actuado las autoridades, es lo que tiene en ascuas a los padres, familiares y amigos de los estudiantes que desaparecieron de manera forzada entre la noche del 26 de septiembre pasado y la madrugada del día siguiente en Ayotzinapa, después de que fue tiroteado un autobús donde viajaba un equipo juvenil de futbol, que dejó un saldo de 6 muertos y alrededor de 15 heridos. El EPR incluso señaló en un comunicado que ese fue “un crimen de Estado con motivaciones políticas, dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos de México”, escuelas que el gobierno pretende desaparecer por considerarlas una amenaza para las instituciones a las que frecuentemente agreden.

Desde que el pasado 18 de septiembre se diera a conocer la masacre que presuntamente llevó a cabo el Ejército contra civiles en Tlatlaya, y luego con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto ha recibido numerosas quejas y recomendaciones de organizaciones y organismos internacionales en materia de derechos humanos. Las recomendaciones proceden de AI, HRW, CIDH, la OEA e incluso la ONU, las cuales han mostrado su preocupación por las violaciones a derechos humanos que en México están lejos de respetarse.

Sin embargo, al parecer esto no les hace tanta mella a los funcionarios; más bien parece que hubiera temor a que la teoría de la conspiración se haga realidad y sucedan ‘accidentes’ como los que se dieron en el pasado reciente contra al menos dos secretarios de Gobernación y otros dos altos funcionarios relacionados con la lucha anticrimen. ¿Por eso tanta tardanza? ¿Es por temor o ineptitud? ¿O por alguna razón todavía más poderosa? México debería de saber la verdad. Así se evitarían tantas especulaciones que han surgido en torno al caso de los 43 jóvenes estudiantes que no aparecen.

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Que los entregaron a militares

PAULINO CÁRDENAS 

Una nueva versión acaba de surgir sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta proviene del Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo guerrillero cuyo mando afirma a través de un comunicado que los normalistas fueron entregados a militares ‘en misión contrainsurgente’. Los “misteriosos civiles a los que supuestamente les fueron entregados los normalistas, son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo, para fabricar el crimen perfecto endosado a los delincuentes, el cual a estas alturas se les desdibuja y aflora tal cual es: un crimen de Estado con motivaciones políticas”. El EPR sostiene que eso confirma que el caso Ayotzinapa es “un crimen de Estado con motivaciones políticas, dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM)”.

El grupo rebelde considera que la verdad histórica de este abominable caso debe conocerse; se deben saber cuáles fueron los motivos, ya sean políticos o sociales, respecto de las decenas de restos humanos encontrados. También debe ser una exigencia más del pueblo conocer las identidades y exigir castigo a los responsables de estos crímenes. El EPR recalcó que el gobierno insiste en imponer una burda maniobra para sostener contra viento y marea la tesis de la autoría del crimen organizado. Y es que “desde la posición perversa del Estado ahora se pretenden diluir los motivos políticos y revertir la acción de la justicia hacia los 43 detenidos-desaparecidos y normalistas en general, al revictimizar y criminalizar, desde la PGR, a los normalistas de Ayotzinapa vinculándolos con el narcotráfico”.

Esto coincide de alguna forma con la denuncia que hizo el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, quien dijo que ante la premura de salir del problema el gobierno federal busca criminalizar a los estudiantes desparecidos, y que con base a declaraciones del principal cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, pretende hacer pasar como cierto el argumento de que de los 43 normalistas secuestrados entre el pasado 26 de septiembre y la madrugada del 27, supuestamente iban infiltrados 17 miembros de la banda de Los Rojos, célula rival del cártel que habría desaparecido a los estudiantes, luego de habérselos entregado vivos por las policías de Iguala y de Cocula, Guerrero.

Declaró que ante la presión nacional e internacional por el caso de los jóvenes normalistas desaparecidos, y como parte de una política anticipada de control de daños del gobierno federal, la PGR pretende ligar a un grupo de los jóvenes con criminales del grupo de Los Rojos que disputan territorio con otros cárteles para el acopio y distribución de mariguana, cuyo punto neurálgico de recopilación desde hace años ha sido Iguala, ya que es sabido que el estado de Guerrero es el mayor proveedor de amapola cuyo cultivo se realiza en esa entidad federativa. Habrá que ver si esta otra hipótesis resulta cierta, aunque parece que hubiese un hilo que de alguna forma relaciona la aseveración del EPR con la del abogado Rosales.

El EPR consideró que todas las instituciones están involucradas en los crímenes de lesa humanidad, ya que llama la atención la “celeridad y efectividad” al encontrar fosas clandestinas, lo que confirma que eran de su conocimiento y control, desde policías-militares hasta el generalato. Los insurgentes también acusaron al gobierno mexicano de saber perfectamente el paradero y situación no sólo de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos. De ahí es que comienza a trascender la hipótesis de que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada siguen con vida. Uno de los que eso afirman es el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega. Aseguró que los desaparecidos ‘están vivos’, según supo.

Dice el grupo rebelde que no basta con la ‘científica localización-detención’ del denominado ‘A5’ y su cónyuge, (refiriéndose al ex alcalde José Luis Abarca y MarÍa de los Ángeles Pineda Villa), “con la licencia a modo del gobernador figueroísta Ángel Aguirre y las renuncias de funcionarios menores, porque el cerebro y la mano criminal permanecen intactos y protegidos por el estado de derecho oligárquico que les da fuero e impunidad a los criminales de Estado”.

Por otra parte, tras reunirse durante cinco horas con el presidente Peña Nieto, en una conferencia en el Centro Pro de Derechos Humanos, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos reclamaron que los compromisos del Gobierno no bastan, ya que sólo considerarán que hay resultados si presentan con vida a los estudiantes normalistas. “Creemos que esos compromisos del Presidente no son suficientes. No hay resultados para nosotros”, expresó a nombre de los padres Melitón Ortega. Después tomaron la palabra más familiares de los normalistas y todos coincidieron en que no confían en lo que les prometió el mandatario federal en Los Pinos.

Muchos de ellos sienten que las autoridades les están dando atole con el dedo, incluido el gobernador interino, Rogelio Ortega, quien ahora salió con que unos estudiantes le dijeron que sus compañeros desaparecidos ‘están vivos’. Ciertamente ese es el clamor de familiares y amigos de los normalistas, que se los entreguen vivos, por lo que varias cuadrillas de agentes siguen buscándolos en diversos lugares cercanos a Iguala, incluido un río en el municipio de Cocula en donde el dirigente de los Guerreros Unidos dijo que habían echado las cenizas de 17 de los estudiantes desaparecidos después de haber sido incinerados.

Esta es la versión que ha venido manejando el padre Alejandro Solalinde, quien ha criticado al gobierno federal porque dice que sigue manipulando la información y dándole largas al asunto, cuando sabe cuál fue el destino final de los jóvenes desaparecidos. Incluso después de su comparecencia la semana anterior con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el clérigo dijo que ‘él (Murillo) y yo tenemos la misma información’. Así pues, todo parece indicar que en cosa de horas podría saberse la verdad sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 estudiantes normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos”. La otra es que el caso quede impune, con las consecuencias de repudio que se desataría en contra del gobierno mexicano, peor del que ya existe.

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Caso Ayotzinapa iría a La Haya

PAULINO CÁRDENAS

En lugar de propiciar el reparto de culpas en el caso Ayotzinapa y en querer minimizar el asunto de la ejecución de supuestos criminales por parte de soldados y su mando en Tlatlaya, el presidente Enrique Peña Nieto habrá de echar mano de todos los recursos a su alcance para apurar esas investigaciones, antes de que la indignación nacional e internacional crezca más de lo que ha crecido hasta ahora, las cuales le están echando a perder la imagen de reformador que se había forjado y con la que intentaba salvar al país. Por lo pronto, el grupo de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos del Parlamento Europeo, pidió que sea la Corte Penal Internacional de La Haya la que analice los hechos de violencia ocurridos en Ayotzinapa y abra una investigación si se acredita que se trató de crímenes de lesa humanidad, como todo parece indicar, y que analice otros hechos de violencia que han ocurrido en México.

Ese asunto de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, junto con el de la matanza de supuestos criminales a manos de militares en Tlatlaya, estado de México, le han complicado el panorama al jefe del Ejecutivo mexicano, a quien varios de los diarios más influyentes le vaticinan un futuro incierto respecto de sus reformas, a causa de la inseguridad que su gobierno no ha podido controlar. La revista inglesa The Economist, por ejemplo, señaló que éstas “son atrocidades” lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del presidente Enrique Peña Nieto. Añadió que el mandatario mexicano “ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”.

En Estados Unidos, el diario USA Today publicó que la desaparición de los 43 normalistas es un “recordatorio alarmante” de que la violencia delictiva persiste en México, pese a que Peña Nieto insiste en lo contrario al señalar que la situación de seguridad está mejorando. Por su parte The New York Times difundió un artículo en primera plana en el que destacó los dichos de Peña Nieto, quien dijo que la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es la prioridad número 1 de su administración.

Apuntó: “Pero si de algo ha servido la búsqueda es para confirmar que la crisis del crimen organizado en México, donde se sabe fueron matadas decenas de miles en la guerra a las drogas de años recientes, podría ser peor de lo que han admitido las autoridades”, apuntó el diario en su nota titulada: “México halla muchos cadáveres, pero no a los estudiantes perdidos”. El gobierno federal, añadió el influyente diario, ha celebrado estadísticas recientes sugiriendo un declive en los homicidios, “pero la proliferación de fosas en Guerrero -incluidos 28 cuerpos humanos calcinados que resultaron no ser los normalistas- arroja nuevas dudas sobre el conteo del gobierno, potencialmente apuntando hacia un número más grande de muertos que no han sido contados”.

En tanto, The Washington Post resaltó que a nadie debió sorprender que ninguno de los 28 cadáveres encontrados en las fosas fuera de los 43 normalistas, toda vez que la sierra arriba de Iguala es un conocido basurero humano. “Mientras que la noticia de que no eran los normalistas alentó a sus familiares, para el resto de México fue una parada más en la rueda de la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número incalculable de mexicanos”. Las fosas no son las primeras y tampoco las más grandes que se descubren en años recientes. “No obstante, han destrozado la campaña de relaciones públicas de EPN para desviar la atención internacional de los fracasos en materia de seguridad”.

Por su parte el Ejército Popular Revolucionario (EPR), también pidió llevar a juicio al Estado mexicano ante los tribunales internacionales de justicia por crímenes de lesa humanidad en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese grupo guerrillero insistió en que los autores materiales de la desaparición de los normalistas fueron las fuerzas policiaco-militares, “el aparato represivo en su conjunto dirigido por el mando único”. Señaló que la masacre contra los estudiantes normalistas es un crimen de Estado; un doble crimen de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición forzada por motivos políticos”; en suma, “un acto múltiple de terrorismo de Estado”.

En tanto, el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ha seguido insistiendo, respecto de los 43 normalistas desaparecidos, que “todos están muertos” e incluso que varios de ellos “fueron quemados vivos” antes de ser enterrados en fosas clandestinas. Acusó al presidente Peña Nieto de ser “el principal responsable” de la masacre de normalistas de Ayotzinapa y exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su renuncia “por dignidad y vergüenza”. Advirtió que “si el gobierno no actúa como debe y sigue como hasta ahora, va a seguir exasperando a la gente, no va a poder controlar los estallidos y la indignación social será llevada a otros extremos”.

En cuanto a la solicitud a la Corte Penal Internacional de La Haya para que analice los hechos de violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad en relación al caso Ayotzinapa, la propuesta sería estudiada a partir de ayer. En caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, se solicitaría a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes, así como una resolución sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en México, que sería votada hoy en el Parlamento Europeo por el pleno de diputados.

Por todo ello urge que Peña Nieto ordene lo que tenga que ordenar, para paliar las críticas nacionales e internacionales en su contra, antes de que los temas de Ayotzinapa y de Tlatlaya le echen a perder sus planes y proyectos sexenales. Su imagen de reformador ha empezado a quedar empañada con los temas de inseguridad y los hechos de sangre que su gobierno no ha podido controlar.

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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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Asunto de seguridad interna

PAULINO CÁRDENAS

Es cada vez más la insistencia de que detrás de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación están grupos guerrilleros que han venido adiestrando a las huestes magisteriales en tácticas de guerrilla urbana, por la forma como se comportan en la ciudad de México, con la complacencia del gobierno de Miguel Mancera y la indiferencia del gobierno federal de Peña Nieto. En Oaxaca por lo pronto ha nacido la Coordinadora Estatal de Padres de Familia que ha iniciado una serie de actividades para evitar que los ‘maestros’ de la CNTE vuelvan a darle ‘clases’ a sus hijos. Han realizado desde marchas hasta organizar grupos de resistencia armada para que los maestros sustitutos sigan dando clases e impedir que lo hagan los ‘maestros’ disidentes que solo les enseñan ideas subversivas. El esquema parece replicarse no solo en Oaxaca sino en Guerrero, Michoacán y Chiapas, y en menor escala  en otras entidades federativas.

Un reportaje realizado por Miriam Moreno y Adrian Tinoco para Punto de Partida que conduce Denis Maerker, da cuenta de que en la comunidad de San Lucas Quiaviní, los padres de familia están dispuestos a que los ‘maestros’ de la CNTE no regresen a dar clases porque se han dedicado adoctrinar a sus hijos e imponerles lo que llaman ‘su ideología de lucha’, al grado de modificar la bandera nacional y de sustituir el himno nacional. En voz de jóvenes estudiantes oaxaqueños, se señala que la ‘enseñanza’ que les han venido dando los ‘maestros’ se concreta a realizar dizque actuaciones teatrales, en las que acaban siendo adiestrados en tácticas guerrilleras simuladas que incluye la toma ‘armada’ del palacio municipal lo que ha molestado al alcalde del lugar.

Hay poco más de 76 mil agremiados de la Sección 22 del SNTE que siguen las indicaciones de la dirigencia seccional y que de hecho tienen sometido al gobernador Gabino Cué, quien a pesar de que había dicho que retendría los salarios de quienes habían dejado de dar clases por ir al DF a protestar en contra de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, no cumplió su palabra y acabó soltándoles los pagos retendios. El mandatario alega que no podría ir en contra los ‘usos y costumbres’ de los integrantes de la Coordinadora de Estudiantes y Pobladores de Oaxaca, de la CNTE y de grupos como Antorcha Campesina que se han unido par air contra de lo que afecta sus intereses. En el centro lo ven más bien como cómplice de la disidencia magisterial.

Como se escuchó en el caso de San Lucas Quiaviní, las enseñanzas van encaminadas a meterles en la cabeza que el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo yanqui son los causantes de la explotación y la pobreza del pueblo. Son enseñanzas que hacen hincapié en que el Estado es el instrumento de la dominación capitalista, y las reformas estructurales el medio para subordinar al país a la globalización neoliberal; recalcan que las instituciones, los partidos, los medios de comunicación, son “vasallos a su servicio y armas contra el pueblo”, como lo señaló Enrique Villarreal en Excélsior. De ahí parten para decirle a sus discípulos que es necesario transformar el régimen político, económico y social; promover la lucha de clases para agudizar las contradicciones del sistema, y utilizar las organizaciones gremiales o civiles como medios de lucha política.

Sigue siendo reiterado el hecho de que la CNTE tiene entre otros brazos armados, al Ejército Popular Revolucionario, EPR, que tiene presencia en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y el DF, según datos de la Marina Armada de México. El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, una escisión del EPR, también tiene influencia en la Costa Chica del estado de Guerrero. Son dos de los grupos que según algunos analistas han estado adiestrando y adoctrinando a los docentes de la disidencia magisterial, y estos a los alumnos que tiene asignados, como fue la denuncia de los padres de familia del poblado de San Lucas Quiaviní, Oaxaca.

Han sido cada vez más frecuentes los casos en que no solo en esas lejanas comunidades, sino en la propia capital del país, se está dando adiestramiento de discplina militar con énfasis en tácticas urbanas por parte de guerrrilleros, y adoctrinamiento marxista y guevarista. El asunto debería estar ya en manos de la Secretaría de Gobernación ya que son muchas las señales que indican que el movimiento de la CNTE tiene los mismos padrinos que los de los mal llamados ‘anarquistas’ y todos aquellos grupos que pertenecen al cartel antiPeña, pero que por lo que se ve, por la concepción de tácticas guerrilleras con las que actúan, parece que su objetivo final va más allá y es el de ir en contra del Estado mexicano.

Si es un tema de seguridad interna, de seguridad nacional ¿por qué no se ha querido actuar? ¿Por qué el Gobierno federal que es al que le corersponde investigar qué grupos políticos mueven esa cuna y que es lo que en realidad hay detrás de ese movimiento de desesatabilización, no lo ha hecho? Por lo pronto –además de la capital oaxaqueña donde la CNTE y los grupos presuntamente guerrilleros tienen a un gobernador cómplice que los apoya con recursos del erario–, ya se adueñaron del DF con la complacencia del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El ‘supersecretario’ de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, debería de hacerse un hueco entre las múltiples responsabilidades y ocupaciones que tiene encomendadas, para atender ese asunto que debería estar entre sus prioridades. Antes de que sea demasiado tarde.

http://www.paulinocardenas.wordpress.com

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Van por lucha popular

PAULINO CÁRDENAS

El conflicto magisterial sin duda está alcanzando niveles preocupantes. Los maestros de la CNTE, específicamente su célula por ahora más aguerrida, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han cambiado de objetivo, y ya no van solo porque se ajusten los términos de la ley secundaria de la reforma educativa a los usos y costumbres y a su realidad étnica y cultural, sino que han subido la mira y ahora van por una lucha popular de reivindicación social. El reto al gobierno es evidente y frontal. Están jugando con lumbre. Buscan provocar al gobierno a como dé lugar, sobre todo a Enrique Peña Nieto, para buscar acusarlo de represor y con ese pretexto se arme la grande. Las mesas de diálogo parecen no interesarles. Los acuerdos tampoco. Lo que buscan es que haya al menos un muerto. Hay impasses, pero nada más.

Las manos que mecen esa cuna parecen tener nombre y apellido. Son los mismos que pertenecen al cártel antiPeña. A ellos les importa un bledo las leyes ni lo que diga la Constitución sobre los derechos de terceros. Son los mismos que han criticado la reforma educativa. Lo que quieren es que corra la sangre. El conflicto magisterial ha tomado como pretexto su disidencia y su rechazo a la reforma educativa y al Pacto por México que la propició. Ese movimiento estaría contando ya con la suma de maestros de varios estados de la República que pudieran respaldar la lucha del magisterio guerrerense, a quienes además se les han sumado grupos de autodefensa comunitaria armados y organizaciones populares afines, muchas de ellas radicales, incluso que pertenecen a la insurgencia rebelde según ha trascendido.

Por este respaldo armado andan tan retadores quienes mueven los hilos de quienes manejan a los maestros radicales, que se dan el lujo de desdeñar el diálogo con la Secretaría de Gobernación y amenazan con realizar un paro magisterial indefinido en todo el país. Por lo pronto en el zócalo de Chilpancingo, después de realizada una megamarcha, la noche del miércoles quedó conformado el Movimiento Popular Guerrerense que será el órgano que representará a todos los sectores y personas que están por la lucha popular. De hecho quedaron atrás los propósitos de la disidencia de los maestros guerrerenses, de rechazar la reforma educativa.

Entre ellos ya hablan de ir por una lucha reivindicatoria a favor de las clases más menesterosas guerrerenses, que han estado en el olvido por parte de los distintos gobiernos estatales y federales, lo mismo que sucede con muchos otros pobladores en las regiones donde la pobreza ha privado por décadas y décadas, sexenio tras sexenio, a grados verdaderamente vergonzantes. La dirigencia de la CETEG confía en los contingentes más combativos principalmente de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Valle de México, para realizar un paro indefinido de labores a nivel nacional, en espera de que otros grupos magisteriales del país se unan a esa convocatoria, para realizar paros parciales, tomas de carreteras e instalaciones públicas e incluso ataques a partidos que consideran traidores a su causa, como fue el caso reciente de lo que sucedió en la sede del PRD en Chilpancingo donde un grupo de supuestos maestros, después de realizar un mitin contra la reforma educativa, causaron destrozos en sus instalaciones y agredieron a personal de ese partido.

La CETEG ha radicalizado sus métodos de lucha, con la toma repetida de la Autopista del Sol y el cierre de edificios públicos. Arguyen que la represión gubernamental a su movimiento ha implicado la consolidación bastante acentuada de las columnas disidentes magisteriales que hay en varios estados de la República, que pueden transformarse en baluartes de lo que ya llaman Movimiento Popular Guerrerense. La Coordinadora confía en que a su lucha se unirán los trabajadores de la educación de Chiapas, de Tabasco, de Escuelas Tecnológicas Agropecuarias de la Región Lagunera, de la Montaña de Guerrero y algunos contingentes del Valle de México, en especial del Bloque Reivindicador de los Derechos de los Trabajadores de la Educación, del DF.

Pero su mayor influencia está en la región de la montaña y la costa de Guerrero, donde el rezago social ha marcado el carácter de los líderes del movimiento. Su lucha data de hace varias décadas. Entre sus antecedentes destacan el Movimiento Revolucionario Magisterial de Guerrero, fundado por el maestro Othón Salazar, quien en 1980 fue candidato al gobierno de Guerrero por el Partido Comunista, así como los Consejos Centrales de Lucha, conformados por movimientos de izquierda proclives a ideas socialistas en los 70. Con su lucha han simpatizado grupos rebeldes armados cuya zona de influencia ha sido Guerrero. Entre ellos está principalmente el EPR, aunque hay otros grupos armados que tienen ideales y objetivos similares.

Son grupos armados que han estado en contra del reformismo gubernamental que para ellos forma parte del neoliberalismo, porque consideran que corresponde a la ofensiva estatal contra los trabajadores, ya que mientras fortalece el poder del Estado generando un mayor control sobre las masas y la izquierda, permite a la clase dominante ocultarse tras un ropaje democrático y asumir un discurso de pluralidad y modernización política. No creen en Pactos porque consideran que cualquier pacto no es más que un cúmulo de componendas entre las partes que lo suscriben. Todo ese apoyo que hay detrás, incluidas las manos que mecen esa cuna y que pertenecen al cártel antiPeña, es lo que anima a la CETEG para plantear a los suyos, ya no tanto negociaciones con el gobierno respecto de la reforma educativa, sino llegar a la realización de un Paro Cívico Nacional a través del Movimiento Popular Guerrerense. Y si no, como dicen los clásicos, al tiempo.

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Revive en México insurgencia

PAULINO CÁRDENAS

Aunque todo mundo ha dado por hecho que el arranque del nuevo gobierno ha sido miel sobre hojuelas con todos los sectores del país, después de la pesadilla que fue el sexenio anterior sobre todo en materia de seguridad por la guerra que Felipe Calderón le decretó a los cárteles de la droga, ahora hay indicios de varios servicios de inteligencia que coinciden y advierten con preocupación que pudiera estarse preparando actos de insurrección contra el gobierno federal, el Distrito Federal y varios gobiernos estatales, con hostigamientos que podrían ir de menos a más por parte de varias organizaciones armadas que han venido actuando desde hace tiempo en la clandestinidad, pero invitando ahora a hacerlo en primera instancia a agrupaciones civiles que están en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto la izquierda más radical que no acepta al mexiquense como Presidente, le entró a los disturbios del pasado 1 de diciembre, lo que podría ser vinculatorio con lo que pudiera ser parte de un plan orquestado entre diversos grupos civiles y organizaciones gremiales, con grupos guerrilleros armados. En ese escenario, llama la atención que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional haya hecho su aparición el pasado sábado 21, después de estar largo tiempo en las sombras, saliendo a la palestra pública justo cuando se tienen informes de inteligencia de que varias organizaciones armadas andan en vías de configurar un frente de masas, para supuestamente propiciar insurrecciones en el país.

El EZLN hasta ahora se ha remitido a informar que buscará que el gobierno federal, así como los poderes Legislativo y Judicial, decidan si reconocen y cumplen su compromiso para elevar a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas considerados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados el 16 de febrero de 1996. ¿Por qué hasta ahora esa exigencia? ¿Será porque el ‘Sub’ Marcos quiere aprovechar la cercanía de su hermana Paloma Guillén Vicente con el grupo en el poder presidencial, en donde ocupa una importante cartera? Como sea, no deja de llamar la atención el ‘timing’ de la reaparición del Ejército Zapatista en el desfile que realizaron en silencio sus tropas y el anuncio que en breve iniciarán acciones ‘civiles y pacificas’.

Por lo pronto, hay grupos armados, de los que han venido actuando desde hace años en la clandestinidad, que han vuelto a dar señales de vida y estarían tramando empujar a agrupaciones civiles –como todo indica que ya comenzó a suceder– para iniciar una serie de ‘manifestaciones pacíficas’ en varias ciudades del país, siendo el Distrito Federal el ejemplo a seguir, ya que con la reciente modificación al artículo 362 del Código Penal, las turbas que son manejadas por diversas ’manos negras’, tienen desde ahora manga ancha para seguir realizando actos de vandalismo extremo sin recibir castigo alguno, aún cuando estos sean con típicas características criminales, como sucedió el pasado 1 de diciembre, lo que pondrá contra la pared al recién estrenado jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera e incluso al propio gobierno federal.

Entre los grupos guerrilleros enlistados, según los servicios de inteligencia, estarían el Ejército Popular Revolucionario, el EPR; su escisión el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente; el Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, el Ejército Revolucionario Insurgente Popular, el Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional, Ejército Indígena Revolucionario de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional, el Movimiento Insurgente del Sureste y el Movimiento Veracruzano de Liberación. lo mismo que el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional, el Comando de Resistencia Urbana Saltillo, y el Movimiento Anarquista Revolucionario Sanluisino, varios de reciente cuño, entre otros.

Todos esos grupos, sin excepción, tienen como máxima de lucha acabar con la desigualdad social, económica y política; la represión y opresión política; la permanente violación de los Derechos Humanos y Constitucionales; y los crímenes de lesa humanidad, que son sus motivos y razones de existencia en su lucha popular en el país. Desde el 21 de junio, en un comunicado el EPR habían adelantado que tras el “fraude” electoral, habría grupos que “quieran hacer una revolución”.

 El EPR saludó el nacimiento del YoSoy132 como ‘la evolución’ de un sector joven de la sociedad que podría confrontar el poder establecido por ‘el fraude’ electoral. Advertía de ‘revolución, si hay imposición’.

La ideologización de todos esos grupos está basada en la vida y obra de personajes como José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, los hermanos Serdán y los Flores Magón, ‘para tener la oportunidad de que nuestra Patria sea transformada’. También las enseñanzas marxistas-leninistas son fuente primaria de inspiración de sus planes y programas. Como sea, diversos servicios de inteligencia coinciden en que hay que medir cuidadosamente los riesgos de la información clasificada que tienen. El nuevo gobierno de Peña Nieto, de Miguel Angel Mancera y los mandatarios de otras entidades del país, deberán tener las antenas bien puestas este 2013 que comienza, coordinando sus sistemas policiales con los de Seguridad Nacional. Porque además de ese, el otro grave problema que tienen que afrontar es el de los cárteles del narcotráfico que siguen desatados.

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