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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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ERPI crea brigada justiciera

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, propuso que se haga una consulta popular para saber si deja el cargo o no, lo que fue ‘bateado’ por el INE, el grupo rebelde armado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) ha convocado al pueblo a integrarse a la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”, para exterminar al “mal llamado” grupo criminal Guerreros Unidos, exigir la renuncia del mandatario estatal, combatir el narcoestado mexicano y dar con el paradero de José Luis Abarca Velásquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos el 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado.

A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”. Señaló que es un secreto a voces que el edil que anda prófugo forma parte del cártel de ‘Guerreros Unidos’ a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial.

Señala este grupo rebelde que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace una semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”, señaló el comunicado.

“Ángel Heladio Aguirre Rivero ha vuelto a ensangrentar sus manos en su administración; traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder; le quedó grande Guerrero”, coincidieron en señalar ambos grupos guerrilleros.

El ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 y 27 de septiembre donde hubo un saldo seis muertos, 25 heridos y 43 secuestrados y desaparecidos, que acabaron siendo masacrados, incinerados y enterrados en 10 fosas clandestinas al pie de un cerro en las inmediaciones de Iguala, aunque el gobernador dice que los restos no son de estudiantes. El grupo rebelde propuso a gente del pueblo poner a disposición de ese movimiento armado, “por cualquier vía pública o secreta”, información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel. El propósito es dar con las guaridas de los integrantes de la organización delincuencial Guerreros Unidos y exterminarlos.

“Se siente gran pena que el pueblo en general este callado, ¿pero qué podemos esperar de un pueblo atemorizado por la acción del gobierno estatal coludido con la delincuencia organizada?, donde los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos han sido reclutados y actúan al servicio de los criminales a la vista de todos, sin embargo los pueblos que siempre hemos luchado, debemos sacar a relucir nuestra forma de pensar y defendernos, si es con las armas adelante, puesto que es la única vía que se le está dejado al pueblo indefenso”, dijo ese movimiento armado.

El ERPI es una de los mayores grupos guerrilleros que operan desde hace algunos años en Guerrero, aunque ha aparecido en pocas ocasiones y ha tenido esporádicos enfrentamientos. Este grupo se escindió en 1998 del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que surgió públicamente en el estado de Guerrero en 1996 en el acto del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron 17 campesinos a manos de policías.

El rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció a través de un vídeo publicado en Internet la creación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, la cual se encargará de la afrenta del “narcoestado” y de su cártel de sicarios “mal llamados” Guerreros Unidos. Esto viene a ser consecuencia de la ineficiencia del gobierno estatal que ha dejado hacer y pasar a alcaldes como el de Iguala, pese a tener conocimiento de que forma parte del crimen organizado, y que la policía municipal forma parte del cártel Guerrero Unidos, una ramificación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Incluso se dice que dos de los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, pertenecían al cártel de los Beltrán Leyva y que luego fueron asesinados por sicarios de ese misma organización criminal, era la que realmente gobernaba en el municipio. Ambos siguen prófugos. La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación. Obvio que de todo eso estaba enterado el gobernador Ángel Heladio Aguirre.

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Asunto de seguridad interna

PAULINO CÁRDENAS

Es cada vez más la insistencia de que detrás de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación están grupos guerrilleros que han venido adiestrando a las huestes magisteriales en tácticas de guerrilla urbana, por la forma como se comportan en la ciudad de México, con la complacencia del gobierno de Miguel Mancera y la indiferencia del gobierno federal de Peña Nieto. En Oaxaca por lo pronto ha nacido la Coordinadora Estatal de Padres de Familia que ha iniciado una serie de actividades para evitar que los ‘maestros’ de la CNTE vuelvan a darle ‘clases’ a sus hijos. Han realizado desde marchas hasta organizar grupos de resistencia armada para que los maestros sustitutos sigan dando clases e impedir que lo hagan los ‘maestros’ disidentes que solo les enseñan ideas subversivas. El esquema parece replicarse no solo en Oaxaca sino en Guerrero, Michoacán y Chiapas, y en menor escala  en otras entidades federativas.

Un reportaje realizado por Miriam Moreno y Adrian Tinoco para Punto de Partida que conduce Denis Maerker, da cuenta de que en la comunidad de San Lucas Quiaviní, los padres de familia están dispuestos a que los ‘maestros’ de la CNTE no regresen a dar clases porque se han dedicado adoctrinar a sus hijos e imponerles lo que llaman ‘su ideología de lucha’, al grado de modificar la bandera nacional y de sustituir el himno nacional. En voz de jóvenes estudiantes oaxaqueños, se señala que la ‘enseñanza’ que les han venido dando los ‘maestros’ se concreta a realizar dizque actuaciones teatrales, en las que acaban siendo adiestrados en tácticas guerrilleras simuladas que incluye la toma ‘armada’ del palacio municipal lo que ha molestado al alcalde del lugar.

Hay poco más de 76 mil agremiados de la Sección 22 del SNTE que siguen las indicaciones de la dirigencia seccional y que de hecho tienen sometido al gobernador Gabino Cué, quien a pesar de que había dicho que retendría los salarios de quienes habían dejado de dar clases por ir al DF a protestar en contra de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, no cumplió su palabra y acabó soltándoles los pagos retendios. El mandatario alega que no podría ir en contra los ‘usos y costumbres’ de los integrantes de la Coordinadora de Estudiantes y Pobladores de Oaxaca, de la CNTE y de grupos como Antorcha Campesina que se han unido par air contra de lo que afecta sus intereses. En el centro lo ven más bien como cómplice de la disidencia magisterial.

Como se escuchó en el caso de San Lucas Quiaviní, las enseñanzas van encaminadas a meterles en la cabeza que el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo yanqui son los causantes de la explotación y la pobreza del pueblo. Son enseñanzas que hacen hincapié en que el Estado es el instrumento de la dominación capitalista, y las reformas estructurales el medio para subordinar al país a la globalización neoliberal; recalcan que las instituciones, los partidos, los medios de comunicación, son “vasallos a su servicio y armas contra el pueblo”, como lo señaló Enrique Villarreal en Excélsior. De ahí parten para decirle a sus discípulos que es necesario transformar el régimen político, económico y social; promover la lucha de clases para agudizar las contradicciones del sistema, y utilizar las organizaciones gremiales o civiles como medios de lucha política.

Sigue siendo reiterado el hecho de que la CNTE tiene entre otros brazos armados, al Ejército Popular Revolucionario, EPR, que tiene presencia en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y el DF, según datos de la Marina Armada de México. El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, una escisión del EPR, también tiene influencia en la Costa Chica del estado de Guerrero. Son dos de los grupos que según algunos analistas han estado adiestrando y adoctrinando a los docentes de la disidencia magisterial, y estos a los alumnos que tiene asignados, como fue la denuncia de los padres de familia del poblado de San Lucas Quiaviní, Oaxaca.

Han sido cada vez más frecuentes los casos en que no solo en esas lejanas comunidades, sino en la propia capital del país, se está dando adiestramiento de discplina militar con énfasis en tácticas urbanas por parte de guerrrilleros, y adoctrinamiento marxista y guevarista. El asunto debería estar ya en manos de la Secretaría de Gobernación ya que son muchas las señales que indican que el movimiento de la CNTE tiene los mismos padrinos que los de los mal llamados ‘anarquistas’ y todos aquellos grupos que pertenecen al cartel antiPeña, pero que por lo que se ve, por la concepción de tácticas guerrilleras con las que actúan, parece que su objetivo final va más allá y es el de ir en contra del Estado mexicano.

Si es un tema de seguridad interna, de seguridad nacional ¿por qué no se ha querido actuar? ¿Por qué el Gobierno federal que es al que le corersponde investigar qué grupos políticos mueven esa cuna y que es lo que en realidad hay detrás de ese movimiento de desesatabilización, no lo ha hecho? Por lo pronto –además de la capital oaxaqueña donde la CNTE y los grupos presuntamente guerrilleros tienen a un gobernador cómplice que los apoya con recursos del erario–, ya se adueñaron del DF con la complacencia del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El ‘supersecretario’ de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, debería de hacerse un hueco entre las múltiples responsabilidades y ocupaciones que tiene encomendadas, para atender ese asunto que debería estar entre sus prioridades. Antes de que sea demasiado tarde.

http://www.paulinocardenas.wordpress.com

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