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¿Fue una evasión pactada?

PAULINO CÁRDENAS

Tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, han declarado que no renunciarán. A los que sí cesaron por la evasión de El Chapo Guzmán, fue a Ramón Eduardo Pequeño, titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal; Celina Oseguera Parra, coordinadora nacional del sistema carcelario federal, y Valentín Cárdenas Lerma, director del penal del Altiplano. Rubido y los funcionarios cesados es gente que se formó con el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Varios custodios siguen declarando sobre la evasión del capo sinaloense.

Si hubiera sido fuga, lo curioso es que ninguna de las áreas del sistema de inteligencia, militar ni civil, fueron capaces de detectar los planes de El Chapo Guzmán, cuando cada una de ellas tiene los elementos humanos y la tecnología de punta para hacerlo e incluso están vinculados a áreas de inteligencia norteamericana para anticiparse a cualquier situación de crisis que pudiera avecinarse y poner en riesgo la seguridad del Estado. ¿Por qué ninguna alertó que se estaba preparando esa fuga? Porque parece obvio que no fue fuga sino una evasión pactada. Lo del túnel no se lo cree nadie.

Mas bien la salida del Chapo fue por una de las puertas del penal de Almoloya lo cual habría sido un valor entendido entre autoridades y el capo sinaloense y su gente. ¿A cambio de qué? Se comenta que el pacto estaría encaminado a que los sicarios del cártel de Sinaloa, avezados en estrategias bélicas de alta escuela, bien armados y con toda la tecnología bélica de su lado, colaborarían con el gobierno federal para combatir a algunos cárteles que operan en México.

De paso, eso evitaría que las fuerzas armadas del Ejército y la Marina se sigan involucrando directamente en la persecución de esas bandas y sigan siendo cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, ya que -hay que reconocerlo en su abono- ellos no están para andar pidiendo permiso ni revisando los protocolos de buenas costumbres a la hora de enfrentar criminales. Su adiestramiento no está hecho para eso. Las tropas y mandos medios van a lo que van: a cumplir órdenes.

El Chapo y su socio Ismael El Mayo Zambada, conocen y tienen el dominio del llamado Triángulo Dorado que forman los estados de Sonora, Sinaloa y Durango, y que son corredores muy importantes para la siembra y el trasiego de drogas. Pero se infiere que son quienes pueden hacer pactos con otros cárteles que le están dando ‘mucha lata’ al gobierno, como sucedió en la zona de Jalisco el pasado 1 de mayo cuando daba inicio la Operación Jalisco por parte de las fuerzas armadas y policías federales.

En aquella fecha un helicóptero militar fue derribado por un misil lanzado por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación con un saldo de nueve muertos. Días después, en Tamaulipas, otro helicóptero, pero éste de la Marina, fue tiroteado por sicarios cuando eran perseguidos. No se identificó qué cártel habría atacado con balas de grueso calibre la aeronave de la Armada. En fin, que de que algo muy raro hubo tras la evasión de El Chapo, ni duda cabe. Quizá la verdad sobre la evasión -que no fuga-, nos llegue de fuera pronto, con pelos y señales.

Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el capo sinaloense será reaprehendido. Dijo además que ha estado recogiendo el enojo en altos sectores de la sociedad, como Presidente de la República y como ciudadano, “pero no vamos resolver este tema con enojos”; con enojos no aparecerá El Chapo indicó el presidente. La reaprehensión es la única manera de revertir el agravio a la sociedad mexicana que provocó “la fuga” de Joaquín Guzmán Loera, señaló.

Es la opacidad con la que el gobierno está tratando este espinoso asunto, aunque dice que el gobierno a su cargo asume toda la responsabilidad del caso. Lo que es un hecho fue la evidente corrupción que medió para la evasión del capo sinaloense del penal de Almoloya, además de la falta de cuidado y eficacia en su resguardo y el cohecho de que habrían sido objeto funcionarios de alto nivel, custodios y guardias por parte del capo, para lograr su salida por una de las puertas del penal y no por un túnel.

Ese hecho vulneró la confianza de la sociedad en el gobierno federal priísta y su gabinete de seguridad, quedando en evidencia además los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, de cara a la nación. Esa “fuga” generó otra crisis profunda de inseguridad en el país y colocó a México en un primerísimo lugar de corrupción en el mundo con profundas consecuencias para el país, para su gobierno y para los mexicanos.

Pero para Peña Nieto no hay por qué enojarse. Con enojos no se resolverá nada, dijo. Calma y nos amanecemos. Solo le faltó decir que lo del Chapo y su evasión gracias a la corrupción que fue evidente, es un problema cultural. Disimulo oficial parece ser el juego del actual gobierno. Del disimulo pasará al casillero de la impunidad. No la hagan de tos hombre. Son casos aislados. Eso sucede en cualquier parte del mundo. No hay por qué denigrar a México por una nimiedad. Y a sus funcionarios, menos.

Igual que con el caso de los 43 normalistas desaparecidos o como el de las ejecuciones de civiles en Tlatlaya por parte de un comando del Ejército o como el caso de la ‘Casa Blanca’. El gobierno dice que va a hacer y tornar y nada hace. Es el estilo personal de gobernar. Se elude, se evade; se llama a la calma, se insiste en el ‘aquí no pasa nada’; en el que no hay por qué enojarse hombre si todo está bien. Aunque con la segunda evasión del Chapo el país haya vuelto a quedar en evidencia ante el mundo por culpa de las corruptelas… o los pactos secretos.

El gobierno mexicano se niega a reconocer que eso es prueba de la crisis profunda de inseguridad que priva en el país. Por ello es que comienza a surgir la versión de que la evasión de El Chapo Guzmán fue planeada y pactada. Quizá el capo sinaloense sea el ‘Chapulín Colorado’ que le hace falta al gobierno para poder frenar un poco la avalancha del crimen organizado y de los capos de la droga que sigue sin poder ponerle freno el sistema de seguridad del actual gobierno. Por ello la gente se empieza a preguntar: ¿Fue una evasión pactada?

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Los 10 mexicanos más corruptos

Aunque faltan muchos por anotar, por lo pronto los 10 mexicanos que se perciben como los más corruptos del año fueron ‘balconeados’ por la revista Forbes, con datos de la organización Transparencia Internacional. La lista la encabezan la ex lideresa del magisterio Elba Esther Gordillo hoy encarcelada por ello, y el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que hasta ahora lo ha salvado su fuero legislativo a quien le quitaron el lugar de privilegio que ocupaba en el Consejo de Administración de Pemex donde se enteraba por donde andaban los negocios de la paraestatal en los que gustaba de tomar parte, con la complacencia de la dirección general de esa empresa. Pero también está considerado en la lista el ‘hermano incómodo’, Raúl Salinas de Gortari. Ellos aparecen en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 que ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos del orbe.

En la lista también están el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna –consentido de su jefe el ex mandatario panista Felipe Calderón–, quien con el mayor presupuesto asignado a su área, su mandato se caracterizó “por un exceso de gasto para la autopromoción y el abuso de poder de los escándalos expuestos por la prensa mexicana”, según destaca la publicación. También aparecen los ex gobernadores de Tabasco, Andrés Granier; de Tamaulipas, Tomás Yarrington; de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; del estado de México, Arturo Montiel, y de Coahuila, Humberto Moreira, así como Alejandra Sota, la ex vocera del ex presidente Calderón, quien es acusada de realizar negocios con sus cuates de escuela con contratos de la Presidencia; los contratos se los otorgó a Defoe Experts on Social Reporting, empresa creada por sus amigos. Ella está en la lista de los mexicanos percibidos como más corruptos, según Forbes.

Si al presidente Enrique Peña Nieto le hacía falta que alguien señalara a los ex funcionarios y dirigentes sindicales más corruptos de México, la famosa revista le allanó el camino. Cuando asumió el cargo, al hablar del rubro de la corrupción, dijo que en su gobierno no habrá ‘intereses intocables’, aunque hasta ahora, fuera de la maestra Gordillo y el ex mandatario tabasqueño Granier, nadie más ha pisado la cárcel acusados de actos de corrupción, aunque haya casos como el del dirigente petrolero Romero Deschamps, que no solo hay sospechas de sus ilícitos cometidos al amparo de su dirigencia, sino que hay expedientes judiciales abiertos en su contra. Aunque ha habido varias rumores este año de que renunciaría al sindicato petrolero, hasta ahora ha sido uno de los intocables del gobierno peñanietista.

Respecto a Raúl Salinas de Gortari, quien destaca la publicación, es “considerado un símbolo de la corrupción e impunidad” es otro de los que han gozado de la dispensa de la justicia se dice que por ser hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, allegado al actual joven mandatario priísta. El llamado ‘hermano incómodo’ pasó diez años en la cárcel condenado por un homicidio político, pero fue absuelto en 2005. Una noche en transmisión directa en el programa de Joaquín López Dóriga, se peleó con su hermana Adriana y el coraje del entonces encarcelado le hizo decir que si su hermano el presidente lo quería fastidiar, él diría ‘toda la verdad’. Eso nunca sucedió.

En cuanto a los ex gobernadores, uno, Arturo Montiel tiene fama ganada de lo que lo acusa Forbes, pero también ha sido acusado de abuso de poder por su ex esposa Maude Versini, por haber retenido a sus hijos cuando vinieron de Francia a México de vacaciones. Otro, Tomás Yarrington, lo mismo que Fidel Herrera, están acusados de presuntos vínculos con los cárteles de la droga. En tanto Andrés Granier, hace unos meses fue detenido por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y “lavado” de dinero. La información que dio a conocer a revista Forbes a ningún mexicano le extraña. Al contrario, hay decenas de delincuentes de cuello blanco del pasado y actuales, que siguen gozando del discreto encanto de la impunidad oficial, pese a que han ilícitos, unos más otros menos, al amparo de la corrupción de otros funcionarios públicos.

Esa ‘balconeada’ de la famosa revista que habitualmente se dedica a hablar de quiénes son los hombres más ricos e influyentes del mundo, aparece justo cuando en el Senado de la República fue aprobada la reforma anticorrupción, que forma parte del paquete de compromisos legislativos agregado al tema en materia de energía, y que crea un órgano autónomo del Estado que sustituirá a la actual Secretaría de la Función Pública. Las comisiones que aprobaron la reforma anticorrupción fueron las de Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Estudios Legislativos Primera.

Habrá que ver si de veras, ahora que la reforma anticorrupción presumiblemente ha quedado vinculada con las modificaciones constitucionales en materia de transparencia, la inclusión de la fiscalía especializada contra la corrupción, así como las actualizaciones en cuestión de deuda pública local, el gobierno que encabeza Peña Nieto puede comenzar a hacer realidad su promesa de inicio de sexenio, de que en su administración no habría ‘intereses intocables’. Esa ha sido una de tantas promesas incumplidas de su gestión, aunque ciertamente habrá que seguirle dando tiempo al tiempo a ver hasta cuándo.  Por lo pronto Forbes ya le hizo la tarea. Pero como diría Raúl Velasco, ‘aun hay más’.

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García Luna; Caro; Don Neto

PAULINO CÁRDENAS

Quiérase o no, el protagonismo, las necedades y las pifias jurídicas cometidas por Genaro García Luna en el caso Cassez, le allanaron el camino al sinaloense Rafael Caro Quintero para que sus abogados lograran su libertad la madrugada del pasado viernes, ‘por violaciones al debido proceso’. El caso es que el siguiente podría ser Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto, y enseguida el padrino de Caro en las lides delincuenciales, Miguel Ángel Félix Gallardo. Esto preocupa al gobierno de Washington, mientras que el de México no ha podido reaccionar debido al shock que le produjo la sorpresiva determinación de un panel de tres jueces de Jalisco que ordenó la liberación inmediata de Caro Quintero, por razones de procedimiento después de 28 años tras las rejas, arguyendo que debió ser procesado en un tribunal estatal en vez de federal. EU podría pedir la extradición de Caro, pero nadie sabe dónde está.

Los tres narcotraficantes mexicanos fueron acusados del asesinato en 1985 del agente antidrogas estadounidense, Enrique Camarena Salazar. Los tres han estado presos en el penal de Puente Grande, Jalisco La libertad la alcanzó Caro Quintero por ‘violaciones al debido proceso’, mismos por los que alcanzó su libertad la ciudadana francesa Florence Cassez, por órdenes de la Suprema Corte de Justica de la Nación, cuya culpa fue la prepotencia del entonces titular de la AFI, García Luna, por obligar a la francesa a simular su captura, un día después de ocurrida, para que Televisa tuviera imagen del operativo en el que la extranjera fue presentada como capturada in fraganti. Además, quien acabó siendo el secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón y consentido del pasado régimen no le respetó sus derechos fundamentales a la francesa.

Ella pagaba una condena por 60 años acusada de secuestro y asociación delictuosa y quedó en libertad en enero pasado al argumentar los Ministros precisamente que hubo violaciones al debido proceso. En diciembre de 2005, García Luna, obligó a la francesa a simular para la televisión, el operativo en el que supuestamente fue presentada como capturada in fraganti. La defensa de Cassez argumentó ante los tribunales que García Luna y otros funcionarios “pasaron por pasar alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”. Los ministros de la Suprema Corte, en una segunda vuelta de análisis jurídico, ordenaron la libertad de la ciudadan francesa por ‘violaciones al debido proceso’.

Por cierto que a raiz de la liberación de Cassez y tras constatar las irregularidades cometidas durante su captura en 2005, el pasado 14 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que presentaría una denuncia penal contra el entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, así como contra varios mandos, uniformados y agentes del Ministerio Público federal. La simulación del operativo escenificado para las cámaras de Televisa, así como otras “omisiones” que viciaron el procedimiento penal respectivo, lo que trascendió en la liberación de Florence Cassez. Ello se ha convertido de hecho en jurisprudencia y por ello podrían seguir saliendo de la cárcel, criminales de alta peligrosidad.

Esta situación empieza a descomponer más de la cuenta la tensa relación que había desde el inicio del sexenio, entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en materia de inseguridad y de lucha contra los cárteles de la droga. Las nuevas reglas no escritas impuestas por Peña Nieto en la relación bilateral anticrimen, anunciado que a partir de su administración habría solo una ventanilla para los asuntos vinculados con la guerra contra el narcotráfico, la cual quedaría ubicada en la Secretaría de Gobernación, sacó de sus casillas a muchos jefes opertativos de áreas anrtinarcóticos norteamericanas, cuyos agentes se desplazaban en territorio mexicano como Juan por su casa. Eso al parecer terminó.

Luego vino el asunto del espionaje que dio a conocer al mundo Edward Snowden, fisgoneo del gobierno de Washington que incluye a México entre otros muchos países ‘amigos’ y ‘aliados’, tema en el cual no ha habido una respuesta diplomática contundente por parte de la administración peñanietista, aunque se sabe que hay malestar por esa atribución unilateral de la Agencia Nacional de Seguridad, que obviamente recibe órdenes del Departamento de Estado norteamericano. La sicosis que sigue sin poder superar el gobierno de Oabama por temor a nuevos ataques de Al Qaeda y de Hezbolá, las dos organizaciones extremistas islámicas que se a han sentenciado a EU –la primera creada por Osama Bin Laden–, ha llevado a extremar precauciones, incluido el espionaje mundial con nuevas tecnologías cibernéticas, para evitar actos terroristas.

Y ahora surge el caso de la liberación de criminales mexicanos vinculados con las mafias del narco, por pifias jurídicas. Si por su afán protagónico y “otras omisiones” cometidas por García Luna, quedó viciado el procedimiento penal de Florence Cassez, como muchos ya lo anticipaban, los abogados de otros peligrosos capos comenzarán a seguir el mismo caminito de ‘violaciones al debido proceso’. Esto empieza a meter en un serio predicamento al gobierno de Peña Nieto ante el de su homólogo Barack Obama, ya que allá esos mafiosos también deben cuentas. Solo que nadie sabe donde los hallarían, como es el caso de Caro Quintero del que nadie sabe dónde está después de haber sido liberado la madrugada del pasado viernes.

paulinocardenas.wordpress.com

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Hacia dentro hay problemas

PAULINO CÁRDENAS

El discurso de que México está cambiando suena hueco, si se voltea a ver que en el rubro del combate a los cárteles de la droga y del crimen organizado, las cosas no han cambiado ni un ápice. Al menos es la percepción que se tiene.  El caudal de dinero que se destina a ese combate no se refleja en las acciones contra los capos, quienes parecen gozar de las mismas contemplaciones que en el sexenio pasado, donde se llevaba a la televisión a supuestos líderes de células delincuenciales, pero nadie sabía qué pasaba después. ¿Los dejaban libres? Un caso emblemático de finales del sexenio anterior que ha trascendido al actual, es el enjuague entre los máximos mandos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general Guillermo Galván Galván y de Genaro García Luna respectivamente, en contra del general Tomás Ángeles Dauahare.

Ambos, según ha comenzado a trascender, conspiraron contra el general, quien había sido subsecretario de la Defensa Nacional al inicio del gobierno de Felipe Calderón y pintaba para ser, entre otros aspirantes, secretario de la Defensa en la administración de Peña Nieto. En esa conspiración habrían participado, además del general Galván y García Luna, la entonces titular de la PGR Marisela Morales ya que el caso empezó a ‘construirse’ en la Siedo desde que ella era responsable de esa Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En el mismo embrollo está el ex subsecretario de la Defensa, Demetrio Gaytán Ochoa –actual titular de Banejército– quien era otro aspirante a la titularidad de la Sedena, presumiendo a finales del sexenio que ya tenía el ‘visto bueno’ de Washington.

Sin embargo, fue de allá de donde vino el trascendido de que Gaytán Ochoa estaría coludido con los cárteles de la droga –lo mismo que su lugarteniente el mayor Iván Reyna–, lo que hizo que quedara fuera de la carrera para llegar a la Secretaria de la Defensa Nacional, donde el titular acabó siendo Salvador Cienfuegos Zepeda. Hubo de hecho cuatro prospectos que aspiraban a la titularidad de la Sedena: los generales Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán Gaytán Ochoa, Luis Arturo Oliver Cen y Salvador Cienfuegos Zepeda. Pero había otros dos tiradores más al cargo: los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Tomás Ángeles Dauahare.

Acosta fue asesinado el 20 de abril de 2012 y Ángeles fue arraigado el 16 de mayo del año pasado por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Antes, el general Ángeles había sido invitado a una reunión encabezada por Peña Nieto, donde habló a calzón quitado sobre la fracasada estrategia de Calderón aún en funciones de presidente. Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa y exdirector del Colegio Militar, fue detenido por la PGR, junto con el general brigadier Roberto Dawe González, por supuestos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Además fueron aprehendidos otros militares: Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y el teniente coronel Silvio Isidro Hernández, por las mismas acusaciones de ‘testigos protegidos’. Finalmente la PGR del actual gobierno retiró los cargos y quedó en libertad Ángeles Dauahare, lo que motivó un escándalo e inició un capítulo en donde el gobierno de Peña Nieto ha quedado atrapado. Hay otros personajes en esa historia. Este es ejemplo fehaciente de que las cosas no andan bien en la nueva administración federal. Es una muestra de que el gobierno peñista hacia dentro tiene problemas. Otro, sin la menor duda, es el de la ‘seguridad ciudadana’ que nadie sabe bien a bien en qué consiste y que se quiere resolver con la política del silencio. Le han hecho creer a Peña Nieto que si el gobierno no habla del crimen organizado ni de los cárteles ni de las matanzas que se dan a diario, el problema desaparecerá como por arte de magia.

Más ahora con las presiones del Departamento de Estado norteamericano, de Seguridad Interna, y del Pentágono, que comenzaron a bombardear a Peña Nieto a través de los medios más influyentes de Estados Unidos, porque en el nuevo marco normativo en la conducción de su política anticrimen, quedaron proscritos los intereses de los organismos de seguridad e inteligencia del vecino país del norte, que ya no podrán actuar a sus anchas en México como sucedía en el gobierno de Felipe Calderón. De cualquier modo, mucho le está quedando a deber el gobierno federal priísta a los mexicanos, en materia de ‘seguridad ciudadana’, la cual es probable que sufra un giro sustancial. Si para muchos las cosas comenzaron bien en materia política con la firma del Pacto por México que de hecho ha venido a sustituir el rol del Poder Legislativo, en materia de seguridad las cosas parecen estarse saliendo del cálculo de probabilidades y riesgos.

Si bien hacia fuera la nueva política de seguridad del gobierno ha mantenido su posición de no darle más rienda suelta a las agencias norteamericanas encargadas de los servicios de inteligencia que ‘cooperaban’ con las autoridades de la administración de Felipe Calderón metiéndose hasta la cocina y mucho más, hacia dentro se ve que hay problemas y discrepancias de criterios acerca de la forma en que se ha querido tratar ante los medios los asuntos del combate a los cárteles de la droga, que para empezar ahora a esa lucha le llaman ‘seguridad ciudadana’. Es claro que la política del silencio no es el camino. Los vacíos de información suelen llenarse con hipótesis que acaban complicando más las cosas y enredando más las pitas. Y si no, al tiempo, como dicen los clásicos.

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Van por más intocables

PAULINO  CÁRDENAS

Se dice que la detención de Elba Esther Gordillo, la intocable líder del gremio de la enseñanza en México, pronto tendrá replicas en otros hasta ahora ‘intocables’, que han abusado igual o peor  de sus cargos sindicales, aunque la brújula bien podría voltear también sus agujas y apuntar hacia otros personajes que habrían estado en las cúpulas del ámbito de la seguridad pública, y aún más allá, de la seguridad nacional. Asímismo pudiera hallarse al menos otra importante pieza sino es que más, en el selecto grupo del sector empresarial. Pero donde habrá tela de dónde cortar de sobra será entre la ‘casta dorada’ de la burocracia. Por lo pronto, se habla de que dos personajes allegados a la maestra están en capilla, aunque la lista pudiera crecer con hombres de nombre. El hecho es que parece haber más ‘intocables’ en la mira.

Uno de los candidatos a ser inculpado de una serie de acusaciones administrativas, civiles y penales, sería a quien en Washington lo conocen como ‘el que no viste santos’, quien dejó perplejos a un grupo de funcionarios del Departamento de Estado y de Seguridad Interna casi al final del sexenio pasado, cuando ofreció disculpas, pese a su conocida disfemia para comunicarse, por el caso Tres Marías, en donde estuvieron a punto de morir masacrados dos agentes supuestamente de la CIA. Pese a que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo hace hace unos días que no había acusación específica contra Genaro García Luna, resulta obvio que él fue uno de los ‘intocables’ del sexenio anterior, que en este regimen dejaría de serlo.

De hecho ya hay una denuncia que presentó ante la PGR la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de quien fuera secetario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón, a quien se le señala como autor de una serie de transgresiones que afectaron los derechos humanos de la ciudadana francesa Florence Cassez –por lo que acabó obteniendo su libertad cuando pagaba en México una sentencia de 60 años por secuestro–, cuando estaba a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia en diciembre de 2005 durante el gobierno de Vicente Fox. Pese a que el titular de la PGR dijo no tener acusación formal contra García Luna, resulta obvio que la orden ya habría sido dada y solo andan viendo cómo implementarla para que no caer en pifias como en el sexenio pasado.

La denuncia de la CNDH no es solo contra García Luna, sino contra otros 20 funcionarios y mandos policiales que tuvieron que ver con aquel montaje con el que obligaron a la francesa a ‘repetir’ la escena de su detención para la televisión, un día después de haber sucedido en realidad. Ese solo caso le pegará de frente a dos ex presidentes, Felipe Calderón, quien algo tendrá que decir al respecto, lo mismo que a Vicente Fox que fue durante su administración cuando sucedieron los hechos, a ver si no sale con otro “¿y yo por qué?”, como cuando se dió la ilegal toma de instalaciones propiedad de CNI Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, por parte de huestes armadas del dueño de TVAzteca, Ricardo Salinas Pliego.

Pero en la mira del gobierno de Peña Nieto hay otros ‘intocables’, según ha trascendido. Aunque algunos apuntan que uno o varios pudiera estar en el selecto sector empresarial, entre el grupo de dinosaurios que están prácticamente exentos de impuestos por la gracia de Dios; otros hablan de que en la búsqueda de ‘candidatos’, en el monitor quedó congelada la imagen de un ex alto mando castrense –¿o dos, porque también asoma otro en pantalla?– que tuvo que ver con una compra multimillonaria de implementos dizque de muy alta tecnología sofisticada para los servicios de inteligencia de la Defensa, que al final de la película o no funcionó o fue un timo, quedando al parecer arrumbadas sus delicadas partes, en espera de que alguien venga y se ocupe de armarlo a ver si las hace funcionar.

Y entre la misma ‘casta divina’ de la alta burocracia, se dice que el gobierno tiene la mira puesta en altos ex funcionarios de Pemex; si se lo propone, ahí hallará mucha tela de donde cortar. Los puntos estarían ubicados en las áreas administrativas y de compras; obviamente altos mandos y hasta ex titulares de las dependencias estarían involucrados. Y en el ámbito de los ex gobernadores y ex alcaldes de administraciones recién terminadas, muchos de los cuales saquearon las arcas del erario, podría caerles la guillotina; algunos que incluso saltaron a cargos legislativos o a otros encargos de alto mando, andan apurados tratando de ampararse para no perder el fuero. ¿Sentirán pasos en la azotea? Si la cosa va en serio, lo que van a hacer falta son cárceles. Pero en lo que se implementan acusaciones, se integran expedientes, se dan las detenciones y luego las sentencias, podría dar tiempo de que se construyan centros de reclusión a lo largo de los dos litorales con los que cuenta el país. Porque la lista para pasar a la guillotina es bastante larga.

Por lo pronto, las cabezas de dos elbistas –Francisco Yáñez, ahora involucrado en la investigación de la PGR por desvíos millonarios de recursos públicos a cuentas de la maestra, y Benjamín González Roaro, quienes fueron puestos como directores de la Lotería Nacional por la ex todopoderosa lideresa magisterial y que por malas administraciones acabaron poniendo en quiebra a esa institución pública–, estarían pendiendo de un hilo. Para remachar lo declarado por Peña Nieto de que en su gobierno ‘no habrá intereses intocables’, se dice que un escogido equipo de sabuesos espulgan en varias dependencias datos de diversos personajes cuyos apellidos van de la A a la Z, con etiqueta especial para quienes presuntamente pudieran oponerse a las reformas de telecomunicaciones, energética y hacendaria, ya que con el caso de la reforma educativa funcionó la receta. De paso, el nuevo gobierno afianzaría la confianza ciudadana.

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No quieren Policía Única

PAULINO CÁRDENAS

La semana pasada, en la reunión de gobernadores celebrada en Chihuahua, el presidente Peña Nieto designó a doce enlaces de la administración federal que fungirán como interlocutores del gobierno de la República con los estados para, aparte de atender su propio changarro, ‘couchear’ a los gobernadores en mil y una tareas. Será el rubro de la inseguridad en donde se reflejará de inmediato si no acabará siendo uno más de los ensayos fallidos con los que los mandatarios inician su gestión. Recién iniciada su administración, en febrero de 2001, Vicente Fox integró a un grupo de empresarios en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con el cargo de “consejeros propietarios representantes del Estado”, quienes no tardaron en renunciar ante las presiones de distintos sectores sociales y políticos del país, por querer inventar el agua tibia. ¿Pasará lo mismo con los doce ‘padrinos’ de la Conago?

Entre otros puntos, en esa reunión se aprobó la creación formal de una Policía Única con un mando nacional, que está en proceso de ser aprobado por el Senado y cuya responsabilidad recaería en Manuel Mondragón y Kalb. Pero mientras el nombramiento queda formalmente aprobado, quienes en primera instancia no quieren que haya una Policía Única en cada estado de la República son los capos de los cárteles de la droga y de las mafias del crimen organizado. Prueba de ello fue el tiroteo que se dio hace unos días en Morelos, en donde se acababa de instaurar ese nuevo modelo, por lo que se habría dado el encuentro a tiros entre policías federales y agentes que custodiaban al procurador de este estado. Con ello queda claro que otro problema que sigue privando es la descoordinación y rivalidades entre las corporaciones y sus mandos, no solo en ese entidad federativa sino en muchas otras.

En Cuernavaca, en el lugar donde se registró el ataque contra el procurador estatal y sus escoltas, al gobernador Graco Ramírez le dejaron un mensaje, junto con una corona de flores, según reportaron fuentes policiacas. “Señor Gobernador, esto no fue un accidente, sabemos que los acreditables y estatales trabajan para Antonio Román Miranda, alias La Moña y Los Rojos”, se leía en el texto escrito en una cartulina, según el reporte. Para acabarla, el gobernador afirmó que el ataque a balazos contra la camioneta en la que viajaba el procurador general de Justicia de la entidad, Rodrigo Dorantes, ‘es una conspiración desde adentro’. La lectura de esa declaración es que la policía trabaja en complicidad con la delincuencia organizada. Signo innegable de los tiempos que vive México.

Otro ejemplo fue el caso de Luis Enrique Granillo Martínez, dirigente del Frente Popular y Campesino Francisco Villa, quien horas después de haber anunciado que se estaban creando varias policías comunitarias en el sur del estado de México para defenderse por propia mano de la delincuencia organizada, y que los pobladores de 37 lugares ubicados en el Edomex, en Guerrero y Michoacán en la zona de Tierra Caliente, pretendían integrar un gobierno autónomo que llevaría por nombre “Calentano”, fue ‘levantado’ hace dos semanas por un comando armado en la comunidad de Santiago Amatepec, junto con cinco personas más, sin que haya aparecido hasta ahora.

Uno de los casos que más ha conmovido a Michoacán y a México fue el del crimen cometido contra el joven Alan Milán, de apenas 15 años de edad, campeón de la Olimpiada Nacional de Atletismo, quien fue abatido a balazos en la unidad habitacional Carmelinas del Infonavit de Morelia, al intentar defender a su madre de unos asaltantes que le querían robar su coche; sus vecinos valoran seguir el ejemplo de organizar brigadas de autodefensa, por muy incostitucional que eso sea, porque más inconstitucional, dicen, es la impunidad con la que actúan los delincuentes, sin que la policía ni las autoridades hagan algo.

Por lo pronto el meollo está en el cambio de estrategia anticrimen. La disyuntiva está en si ésta se opera bajo la mística de una actitud conciliadora o si resulta más funcional abogar por una vía de endurecimiento y rigor autoritario. Poner en marcha el nuevo modelo de ua Policía Única por estado, bajo un solo Mando Nacional, es un proceso complejo y tardado que tiene –y tendrá– como principal obstáculo, el propio desorden que dejó la administración policial calderonista con Genaro García Luna a la cabeza, quien procuró la brutal descoordinación que prevaleció entre la Secretaría de Seguridad Pública federal a su cargo de la que dependía la Policía Federal, y los mandos del Ejército y de la Marina.

No es garantía que las fuerzas castrenses estén haciéndole de policías antinarcóticos y anticrimen, poniendo en riesgo muchas vidas inocentes, a quienes los uniformados, e incluso sus mandos, suelen violar, mancillar, torturar o matarlos a ellos o a sus familias, cuando no les atropellan sus derechos más elementales sin que haya justicia ni castigos para los infractores, quedando muchos casos en la impunidad como sucedió a lo largo del sexenio anterior. Hasta la fecha, entre las corporaciones priva la rivalidad y la descoordinación, además de la colusión de las policías con el crimen organizado que se ha generalizado en todo el país. Ante ese panorama, ¿funcionará de veras la Policía Única bajo un solo mando nacional? Por lo pronto, los mexicanos siguen sintiendo su vida amenazada por la violencia y la inseguridad.

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Juicios contra García Luna

PAULINO CÁRDENAS

Por lo pronto el PRD y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preparan sendas acusaciones para que se inicie un juicio político y un juicio penal, contra quien fuera el funcionario consentido de Felipe Calderón y que siendo titular de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, en diciembre de 2005 ordenó realizar el famoso montaje para la televisión de la detención de Florence Cassez acusada de presunta secuestradora, cuya aprehensión había sido el día anterior, además sin haberle respetado sus derechos a la francesa, lo que motivó el ‘efecto corruptor’ por el cual acabó siendo liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que la superinfluencia que tenía Genaro García Luna se desvaneció y que su suerte está echada. Quien le permitió hasta lo que no, por lo pronto prefirió autoexiliarse en Estados Unidos.

El coordinador perredista en el Senado, Miguel Barbosa, anunció que su bancada presentará una denuncia penal en contra del ex mando policial, contra el Ministerio Público federal y funcionarios involucrados en el caso el cual, dijo, no puede quedar impune. Aclaró que la denuncia penal que promoverá su partido no alcanzará a los ex presidentes Fox ni Calderón, ‘a fin de que la denuncia no se politice’ y proceda su revisión. Indicó también que se deben iniciar acciones penales y judiciales por la manera ilegal con que se condujo el caso. “Solamente por el ánimo protagónico de un enfermo mental que estaba al frente de la Policía Federal de nuestro país, se cometieron tales atropellos, tales irregularidades jurídicas, que fueron las que permitieron finalmente la decisión de la Corte”.

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó por su parte que este organismo también prepara una denuncia contra el ex funcionario y aquellos otros que hubiersen participado en el famoso montaje. Explicó que tras el fallo en la Suprema Corté de Justicia de la Nación que derivó en la liberación de la francesa Cassez, se solicitó una copia certificada para iniciar la investigación de oficio, por la trascendencia del mismo, pero también porque Ezequiel Elizalde Flores, una supuesta víctima, presentó una denuncia ante la Comisión. Dijo que este organismo ha recuperado la investigación que hizo la PGR del caso entre los años 2006 y 2007.

Hay indignación generalizada porque la sentencia de la Corte para muchos motivó el ridículo nacional e internacional que ofende a los mexicanos y enturbia la procuración de justicia. Sin embargo, el campeón nacional de los montajes realizó múltiples shows durante más de seis años, y durante ese tiempo solo algunos alzaron la voz denunciando sus abusos. El ingeniero, hoy destinado a ser enjuiciado por el caso Cassez, tiene en su haber decenas de montajes mediáticos, como director de la AFI y como secretario de Seguridad Pública federal, ya que su jefe el presidente Felipe Calderón le dejó hacer lo que quiso. A García Luna le encantaba que la SSP federal estuviera en la principal noticia diaria, sobre todo de las televisoras, pese a que violaba preceptos constitucionales, como era el hecho de exhibir primero ante los medios –las televisoras preferentemente– a los presuntos delincuentes, antes de presentarlos ante el Ministerio Público federal.

El autor del famoso montaje mediático que obligó a la francesa a repetir la escena de su detención fue el ‘efecto corruptor’ con el que se violaron los derechos de la entonces acusada por presunto secuestro, engaño que fue reconocido por García Luna en una entrevista con Denise Maerker, esa sí en vivo. Ese ‘efecto corruptor’ consistió en hacer creer que la aprehensión había sido ‘en vivo y en directo’, cuando en realidad fue un día antes, con lo que quiso demostrar la culpabilidad de Cassez ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca, antes de ponerla en manos de un juez. Esos fueron los hechos que alegó la defensa ante la Corte y por lo cual, al quedar por ello ensuciado el proceso, fue aprobado por mayoría el amparo liso y llano para que la acusada lograra su libertad.

¿Inocente o culpable? No se sabe. La decisión de la Corte sonó a burla para muchos mexicanos. Pero la ministra Olga Sánchez Cordero se defendió: “Se condenó a Florence en la televisión, antes de ser enjuiciada”, y eso ensució todo el proceso. Llegando a Francia lo primero que declaró eufórica la ciudadana francesa fue: ‘Soy inocente’. Si lo es o no, eso nunca se sabrá. Eso es parte de la indignación. La determinación de los ministros ha provocado un escándalo mayúsculo dentro y fuera de México. Se prefirió lo legal a lo justo.

Por lo pronto, el PRD y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos van tras quien dio origen a ese escandaloso caso y que se se ganó a pulso la fama de manipulador y de echar mano de los medios, para hacer creer que era un mando policial fuera de serie. A quien logró embaucar con esa creencia fue a su jefe. ¿Por qué García Luna logró tanta influencia en Felipe Calderón? Sobre ese  misterio un día se sabrá la verdad y el trasfondo del por qué o los porqués. Quizá eso aflore cuando esté en proceso alguno de los juicios contra su funcionario consentido.

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García Luna en la mira

PAULINO CÁRDENAS

El ‘efecto corruptor’ que distorsionó de origen el proceso judicial que fue determinante en el caso de Florence Cassez, para que la Primera Sala de la Corte dejara en libertad este miércoles a la acusada que ya está en Francia, estuvo a cargo de Genaro García Luna, entonces director de la AFI en 2005 cuando se dieron los hechos. Ese ‘efecto corruptor’ consistió en las violaciones a los derechos fundamentales de la francesa y al montaje que ordenó el mando policial para hacer creer que la aprehensión había sido ‘en vivo y en directo’, cuando en realidad fue un día antes, con lo que quiso demostrar la culpabilidad de Cassez ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca, antes de ponerla en manos de un juez.

Estos hechos graves los aprovechó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena para darle un giro al caso, poniéndole a modo las cosas a su colega ponente Olga Sánchez Cordero, para que a su proyecto original le diera un inesperado giro y se lograra aprobar, por tres votos a dos el otorgamiento del amparo liso y llano y que la acusada quedara en completa libertad, una decisión que ha provocado la división de opiniones en todo el país. El no permitirle García Luna a la francesa la asistencia consular se violaron sus derechos fundamentales, fue uno de los factores de ese ‘efecto corruptor’ que distorsionó de origen el proceso judicial.

Pero otro fue el haber simulado la captura de la francesa, para hacer creer que su detención era en los momentos de la transmisión en vivo el 9 de diciembre de 2005, cuando en realidad era un montaje ficticio para la televisión, como el mismo García Luna lo confesó en el programa de Denise Maerker el 5 de ferero de 2006. Cuando entrevistaba al funcionario, queriéndose lucir éste sobre esa detención, Cassez llamó por teléfono a la conductora para denunciar que era mentira lo que estaba diciendo el mando policial, de que la captura había sido el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas. La francesa dijo que había sido detenida junto con Israel Vallarta, su pareja sentimental, un día antes.

Desde la prisión, Florence aclaró telefónicamente a Maerker: “No fui arraigada el 9, eso es falso; perdóname señor que está diciendo eso, a mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 8 de la mañana”, manifestó. Y García Luna se puso la soga al cuello cuando admitió que las escenas de la captura de la francesa ciertamente habían sido reconstruidas para que los noticieros matutinos transmitieran “en vivo” el operativo. Los abogados de Florence consideran que esa llamada fue determinante, ya que incluso esa misma noche, en el mismo programa, Cristina Ríos Valladares y su hijo, dos víctimas de secuestro, cambiaron sus dichos anteriores de que no la conocían y al verla por televisión la incriminaron.

Aquel 5 de febrero, García Luna, entonces responsable de la Agencia Federal de Investigación, trató de echarle la culpa a los medios del montaje televisivo, aduciendo que fueron los reporteros quienes le pidieron recrear la captura de los integrantes de Los Zodiaco. Uno de los periodistas a quienes culpaba, Pablo Reinah, que entonces trabajaba en Televisa y quien fue echado de esa empresa después de las declaraciones del mando policiaco, posteriormente lo desmintió. Pero en aquel momento se armó el escándalo mediático y se desató la polémica.

Todo esa manipulación originada por García Luna le sirvió al ministro Arturo Saldívar para elaborar un primer proyecto sobre el caso. Aquel proyecto se basó en lo que se conoce jurídicamente como la teoría del ‘árbol envenenado’ la cual señala que si se viola o lesiona un derecho fundamental, extiende sus efectos a las demás pruebas, aunque éstas pudieran ser lícitas, ya que ‘una hoja envenenada afecta a todo el árbol’ el cual configura el proceso judicial en su conjunto, lo que puede llevar a que éste quede invalidado en su totalidad.

Ese primer proyecto fue rechazado el 21 de marzo de 2012 por tres votos contra dos. En esa fecha le fue encargado a la ministra Olga Sánchez Cordero realizar otro, prácticamente con los mismos argumentos del ministro Saldívar, el cual este miércoles quedó aprobado por mayoría de tres votos contra dos por la Primera Sala de la Corte que al final decretó la libertad absoluta de Florence Cassez. Ahora la mira está puesta sobre García Luna por el cochinero que propició con ese caso. Es pública su fama de querer hacer protagonismo mediático de cada asunto que se le presentaba.

Ordenaba a sus subordinados presentar por televisión a dizque capos de la droga o le daba vuelo mediático a casos como el de la liberación del técnico de futbol argentino Rubén Omar Romano; al de los periodistas que supuestamente habían sido secuestrados en Durango; al del avión procedente de Cancún que dizque había sido secuestrado por el predicador Josmar Flores Pereyra usando como ‘armas’ dos latas de jugo; a la casual detención de ‘La Barbie’. Pero también es responsable de oscuros asuntos como el caso Tres Marías que tiene al Departamento de Estado norteamericano muy molesto.

No es de dudarse que García Luna pudiera ser llamado por las autoridades de la PGR para aclarar puntos y deslindar responsabilidades, ya sin su influyente protector que prefirió el autoexilio en Harvard y que anda de paseo por Davos seguramente hablando de su fracasada guerra contra los narcos y de los más de 100 mil muertos que dejó su aventura bélica sexenal. En todo caso a ambos les toca responder por al caso Cassez y muchos más.

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Otro golpe a Calderón

PAULINO CÁRDENAS

La puesta en libertad de la francesa Florence Cassez, ordenada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver ayer por tres votos a favor el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha sido interpretado por muchos mexicanos como otro golpe seco al ex presidente Felipe Calderón y a su funcionario consentido Genaro García Luna, quien siendo director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, detuvo a la francesa como presunta secuestradora y ordenó un montaje para la televisión simulando su detención que había sido un día antes, violando sus derechos fundamentales. El caso fue decidido esta vez sin las presiones del Ejecutivo al Judicial.

En marzo de 2012 hubo un primer intento de que la francesa alcanzara su libertad; el proyecto fue del ministro Arturo Saldívar; aseguraba que los derechos de Florence habían sido violados. El proyecto fue desechado por tres votos en contra. Esta vez, el proyecto de la ministra Sánchez Cordero –quien retomó algunas de las consideraciones del ministro Saldívar–, fue aprobado por mayoría, ordenándose la libertad inmediata de la francesa, quien pagaba una condena de 60 años desde el 2005. La decisión de la Primera Sala ha provocado comentarios a favor y en contra.

Quien en el sexenio pasado llegó a ser secretario de Seguridad Pública, quedó muy mal parado, junto con su jefe, de cara a la opinión pública, ya que ambos estuvieron presionando para que la francesa, cuyos abogados habían apelado para que se le hiciera un juicio apegado a la verdad a su cliente, no prosperó. Ella ha sostenido que el asunto de su detención fue una venganza del ex socio de su hermano Sebastian, un ex agente del Mossad que había entablado relación con García Luna y la AFI. En su libro “En la sombra de mi vida”, la francesa hace algunos apuntes. Es una historia que hay que leer para saber el origen de su drama.

Como es sabido, el mandatario panista había criticado más de una vez a los jueces, lo que provocó un severo reclamo del ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, quien decidió ir a Los Pinos a pararle los tacos al hoy ex presidente diciéndole que si tenía pruebas que las presentara. De manera que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial acabó descompuesta al final del sexenio. Por su parte el presidente Enrique Peña Nieto se declaró respetuoso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la francesa.

Con Felipe Calderón fue distinto. En el sexenio del panista Florence perdió la esperanza de que se revisara su caso con objetividad y sin presiones del Ejecutivo a los ministros de la Corte que tenían en sus manos su caso, aconsejado por su funcionario consentido. En  aquel primer intento de la Corte en marzo del año pasado, hubo trascendidos en el sentido de que más de un ministro había sido ‘invitado’ a no darle luz verde al proyecto: éste fue desechado por mayoría de tres votos en contra. La francesa ha venido pagando dede el sexenio pasado una sentencia de 60 años de prisión, por presuntos vínculos con una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. Tres de los cinco ministros determinaron esta vez que las pruebas que se utilizaron para desmostrar su culpabilidad, no se ajustaron a lo que dictan los cánones de ley.

En el fondo, lo que acabó cuestionándose, fue la deliberada puesta en escena para la televisión por el entonces director de la AFI, Genaro García Luna, quien ocupó ese cargo en el sexenio de Vicente Fox y que después llegó a ser secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, sexenio en el que Florence perdió la esperanza de que se revisara su caso con objetividad y sin presiones del Ejecutivo, no obstante que las irregularidades cometidas por la Agencia Federal de Investigaciones habrían corrompido o distorsionado el proceso judicial, concretamente, en los testimonios de las víctimas.

Consideró el proyecto de la ministra Cordero que las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades cometidas, sobre todo el montaje para mostrar la culpabilidad de Cassez ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca antes de ponerla en la manos de un juez, fueron graves. La detención real había sido un día antes. La serie de argumentos esta vez sí prosperaron. La deliberación de los ministros fue en secreto. La votación fue pública. Florence alcanzó su libertad. Un golpe contra las necedades de Felipe Calderón y de su funcionario consentido. Sus efebos han empezado a hacer alharaca mediática. Pero el caso está cerrado.

La ciudadana francesa viajaría anoche mismo a Francia en donde era esperada por su familia. La acompañaría en su viaje, Bernanrd Cassez su padre, que vino a México a esperar el resultado de la Corte. Hoy se reunirían con Charlotte, la madre de Florence y su hermano Sebastian. Se cree que en el curso del día podría visitarla el presidente francés François Hollande. Mientas tanto aquí en México, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó que el fallo de Cassez es una llamada de atención y una crítica a los sistemas de justicia. Ni más ni menos.

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¿A qué va Calderón a Harvard?

PAULINO CÁRDENAS

Muchos creen que Cambridge o Boston, Massachusetts, será el primer refugio de Felipe Calderón, ya que ha sido invitado a ser parte de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard durante el 2013. Calderón se convertirá en el primer mexicano que participe como invitado en el Programa Angelopoulos de Líderes Públicos Globales, que tiene como objetivo formar a los líderes del futuro. Será investigador y aprovechará ese autoexilio para escribir sus memorias de los años que estuvo como Presidente de México.

¿Qué investigará el mandatario panista en aquella escuela, de no ser sobre su especialidad, el fallido combate armado contra el crimen organizado y la violencia y el interminable derramamiento de sangre que esa ha generado esa lucha a lo largo de seis años y que dejó un escandaloso saldo de muertos que nadie sabe dónde quedaron? En México todos saben que como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas fue un fracaso.

Quizá eso le sirva de inspiración para su tema que habría de investigar, cuyo título sugerido sería: ‘Como no cometer errores en el combate contra los cárteles de la droga’. El mandatario mexicano, cuyo periodo presidencial terminará el próximo viernes, en una declaración a la Universidad expresó: “Estoy emocionado por la oportunidad de regresar a la Escuela Kennedy de Harvard una vez que termine mi presidencia. Será una tremenda oportunidad para reflexionar sobre mis seis años de gobierno”, afirmó.

Por lo pronto ya quedaron despejadas las dudas de dónde se iría a vivir una vez que termine su mandato presidencial. Se había dicho que podría irse a radicar a Texas, pero al parecer le hicieron sentir el rechazo y optó por Massachusetts. También había el run-run de que se iría a vivir a España donde tiene las puertas abiertas y amigos agradecidos, los mismos a los que ayudó a hacer negocios en nuestro país o que sus empresas vinieran a establecerse en México o a recibir en aquella nación inversiones del gobierno mexicano.

Sin embargo, llama la atención que haya decidido irse a radicar a Estados Unidos, país que nunca ha sido de su agrado, a juzgar por las críticas que ha hizo como Presidente aquí e incluso en el propio Congreso norteamericano, en repetidas ocasiones. El ejemplo más reciente de esa ojeriza fue su iniciativa que envió al Legislativo para cambiarle el nombre a México, porque según él, es común que a nuestro país se le confunda con Estados Unidos, por el nombre oficial que tiene de ‘Estados Unidos Mexicanos’. Más de una vez ha expresado a grito pelado su sentimiento de rechazo, disgusto y antipatía por Estados Unidos y sus norteamericanos, que de drogos no los baja, aunque ciertamente la mayoría lo son.

Le ha costado trabajo considerar que Washington ve de manera diferente el combate a los capos de la droga, ni toma en cuenta que en ese país existe una vetusta ley que permite adquirir armas a cualquier ciudadano norteamericano, disposición que Calderón quiere que se modifique metiéndose en asuntos internos que solo le compete resolver a los norteamericanos. Pues a pesar de todo ello, se irá a vivir a uno de los estados de la Unión Americana. ¿Por qué?

Se cree que una de las razones es porque Estados Unidos no tiene suscrito un pacto con la Corte Penal Internacional de La Haya, en donde quedó radicada una acusación en contra de Calderón por parte de un grupo de mexicanos, por crimenes de guerra y lesa humanidad. Más de 20 mil ciudadanos acordaron demandarlo, ante el elevado número de mexicanos asesinados y desaparecidos derivados de la confrontación entre el gobierno y grupos delincuenciales del narcotráfico.

Entre otros funcionarios demandados en La Haya está su escudero de armas Genaro García Luna a quien acusa Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, de recibir sobornos de algunos cárteles y lo incluye como parte de la estructura criminal, según inform ayer el periódico Reforma. Habla también de su equipo directo, que está en las mismas. El famoso delicuente, detenido en 2010, asume que su captura fue por haberse negado a participar en un acuerdo que el presidente Calderón presuntamente quería hacer con los principales cárteles de la droga.

También está el caso del ex presidente Ernesto Zedillo, que fue sujeto a una demanda civil en EU por la matanza de Acteal, donde el gobierno de Felipe Calderón pidió al de Washington inmunidad para el ex mandatario. Tras 12 meses de litigio en una corte federal de Connecticut, el Gobierno de Estados Unidos hizo valer su autoridad constitucional para recomendar el conceder la inmunidad diplomática al expresidente de México, Ernesto Zedillo, y blindarlo de una acusación por la masacre de 45 personas ocurrida en Acteal, Chiapas, en 1997. Calderón se estaría amarrando el dedo.

Pues con todo ese bagaje se va el mandatario panista a Cambridge o Boston, Massachusetts, lugar que se convertirá en su primer refugio como autoexiliado.

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