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Uso político de la justicia

PAULINO CÁRDENAS 

Resulta obvio que el gobierno panista ha hecho uso político de la justicia para tratar de socavar a los partidos de oposición y a sus candidatos, principalmente a todo lo que huela a PRI, aunque también el PRD ha sufrido de esa nociva práctica del gobierno panista; sólo hay que recordar el caso del ‘Michoacanazo’, un hecho muy significativo que corrobora esta aseveración que ha venido planteando la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo después del caso de los tres ex gobernadores de Tamaulipas -Eugenio Hernández, Tomas Yarrington y Manuel Cavazos-, a quienes se les instruye una averiguación previa por parte de la PGR sin saber por qué.

Desde que tomó posesión como nuevo dirgente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell le exigió al presidente Felipe Calderón no entrometerse en el proceso electoral de 2012, y a su gobierno no usar el tema del narcotráfico como arma electoral. El senador acusó al Ejecutivo de pretender reeditar la inestabilidad política vivida en México el primero de diciembre de 2006, cuando él estuvo a punto de no rendir la protesta de ley.

Dijo que “ante la debilidad de sus precandidatos, el gobierno panista recurre a toda suerte de artimañas para agredir a las fuerzas políticas que, como la nuestra, le disputan el poder. Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la Presidencia hasta el uso faccioso de la procuración de justicia, todo se vale para descalificar al adversario. Poco les importa que quien pague los costos de estas acciones sea la sociedad”.

No sólo los partidos y sus cúpulas, sino los mexicanos todos, quieren que el sistema de justicia sea para combatir a la delincuencia organizada, para castigar actos de corrupción y para enjuiciar a quienes, en el nombre de la guerra que sostiene el gobierno panista contra la inseguridad, abusan de su poder, por lo que existen acusaciones en los organismos no gubernamentales contra agentes federales y militares que cometen violaciones a los derechos humanos de gente inocente.

De las miles y miles de muertes a raíz de la lucha contra el crimen organizado, no más de 30 sentencias firmes han sido emitidas por la Procuraduría General de la República. En cambio, se ha prestado a participar en eventos fallidos como fue el de la detención por elementos de la Policía Federal y del Ejército el 26 de mayo de 2009, de 11 presidentes municipales y 16 altos funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, todos perredistas, y un juez del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado, a los cuales se tuvo que absolver un año después por falta de pruebas.

Lo mismo sucedió con el caso de Gregorio ‘Greg’ Sánchez, a quien un testigo protegido lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, cuando era aspirante a la gubernatura del estado de Quintana Roo por el PRD en 2010. Fue detenido, y llevado al penal de ‘El Rincón’ en Tepic, Nayarit. Fue acusado por delitos de delincuencia organizada, por uso de dinero de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Luego fue trasladado a la ciudad de México donde anduvo con brazalete para no salir de la capital. Al final quedó en libertad por falta de pruebas.

Luego vino el caso de Jorge Hank Rhon que fue detenido el sábado 11 de junio de 2011 junto con varios de sus colaboradores de seguridad, por supuesto acopio de armas y otros cargos que al final no pudieron ser comprobados por parte de las autoridades federales y estatales donde hubo una evidente falta de coordinación, de paso haciendo quedar mal al Ejército que realizó la detención del ex alcalde de Tijuana, acusado de tener en su casa al menos 100 armas de fuego. Al final a Hank Rohn le hicieron los mandados.

Recientemente al exigir a las autoridades federales no utilizar los instrumentos de la justicia con fines electorales, el PRI salió a la defensa de los tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. En un comunicado, el partido que encabeza Pedro Joaquín Coldwell criticó el que se hayan hecho públicas estas investigaciones en el contexto de un proceso electoral próximo. “La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”. Reiteró que el PRI no defenderá a nadie que cometa delitos, pero tampoco aceptarán el manejo “faccioso” de la justicia.

Sobre ese tema el Revolucionario Institucional pidió que el gobierno actúe conforme lo manda la ley, pero que no haya filtraciones; simplemente que actúen como lo manda la ley, punto. Algunos senadores priístas acusaron al gobierno federal de una “guerra sucia” para perjudicar a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y al partido en general en el próximo proceso electoral. Carlos Jiménez, Francisco Labastida y Francisco Arroyo condenaron la investigación en contra de los ex gobernadores y su filtración a algunos medios de comunicación. “Diría que huele a guerra sucia en contra del PRI”, señaló Labastida.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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¿Penetró el narco sólo en la oposición?

PAULINO CÁRDENAS

Apenas el 8 de mayo el gobierno del presidente Felipe Calderón acababa de extraditar  al priísta ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, a Estados Unidos, cuando aún no acababa de cumplir su condena en México. El otro campanazo fue la detención la noche del pasado martes de Gregorio Sánchez, aspirante a la gubernatura de esa misma entidad del caribe mexicano por la coalición de izquierda PRD, PT y Convergencia, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos contra la salud, y de tener supuestos vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y los Zetas.

De tiempo atrás, la clase política panista venía advirtiendo sobre ‘el riesgo’ de que el crimen organizado pudiera financiar campañas de algunos candidatos, obviamente de la oposición, en los comicios de este año y el próximo, como preámbulo a las elecciones presidenciales del 2012, en las que el PAN estará en seria desventaja en los comicios presidenciales, por el fracaso de la actual gestión federal que encabeza Calderón.

La insistente ‘preocupación’ de algunas figuras relevantes del panismo, manifestada incluso por el jefe del Ejecutivo en más de una ocasión, hacía hincapié en que en los procesos electorales, los candidatos de cualquier partido –exceptuando a los panistas por supuesto–, podrían caer en la tentación de buscar financiamientos con dinero proveniente del crimen organizado para lograr impulsos en su búsqueda por obtener el triunfo.

A principios del pasado mes de diciembre, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, aseguró que los legisladores de su partido compartían la preocupación del Ejecutivo, y por ello, expresó, ‘hay que impedir a toda costa que los procesos electorales tengan influencia del crimen organizado ya que las campañas cada vez se vuelven más reñidas’, y subrayó que ‘debe haber la garantía de que se esté fiscalizando correctamente el financiamiento de los partidos políticos’.

Por su parte, el mandatario panista, al clausurar a finales del 2009 los trabajos de la mesa ‘La democracia en una encrucijada, el reto del financiamiento ilícito de la política’, dijo que había que hacer un esfuerzo adicional para fortalecer la actividad de monitoreo y del gasto de partidos y candidatos, no sólo en aquello que es registrado contablemente, sino en el ‘gasto aparente’ de campaña y de partidos “que es donde se expresa precisamente la inequidad”.

Calderón demandó entonces a los partidos políticos someterse no sólo a la fiscalización de los recursos que hace el Instituto Federal Electoral, sino también “a poner en la vitrina pública” sus estados de cuenta para que la sociedad tuvieran acceso a éstos.

Para los dirigentes de los partidos de oposición, la lectura era clara y suponían desde entonces que esas advertencias no tardaría en convertirse en el lanzamiento de algún misil contra alguno de sus candidatos, una vez que se acercaran las fechas de los comicios 2010. La sorpresiva extradición de Mario Villanueva, como sacada de la manga, fue el primer golpe de alto impacto, éste contra el PRI de Quintana Roo.

El segundo estuvo dedicado a la coalición de izquierda PRD, PT, Convergencia contra su candidato al gobierno quintanarroense, ‘Greg’ Sánchez, cuya captura le desbarató el juego a sus promotores partidistas, quienes se quejan de que todo fue una jugada sucia de parte del gobierno federal para evitar que la izquierda gane en aquel estado del caribe mexicano.

¿Con quién pretende ganar el PAN en Quintana Roo? ¿Con Alicia Ricalde Magaña a la que su partido le hizo el feo, empezando por el dirigente nacional panista César Nava y el coqueteo de una parte de la militancia albiazul de aquella entidad, precisamente a favor del ahora candidato detenido y llevado al penal de ‘El Rincón’ en Nayarit?

¿Qué otros candidatos siguen en la lista y en qué  entidades con miras a poner en entredicho a la oposición en el marco de las próximas elecciones de julio? ¿Estarán excentos de todo ilícito los candidatos del partido en el poder? ¿Penetró el narco sólo en la oposición? La otra guerra –ésta–  seguirá, y se recrudecerá

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