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Surgen grupos ‘mata-narcos’

PAULINO CÁRDENAS

Como consecuencia de la ineficacia, ineficiencia, colusiones y miedos de las fuerzas gubernamentales armadas que supuestamente deberían luchar por la paz y la seguridad en Michoacán, es que han comenzado a proliferar más grupos de autodefensa en ese estado de la República, como respuesta a la creciente ola de abusos, violaciones y crímenes de los cárteles de la droga que se disputan esa plaza y ante la evidente falta de seguridad en muchas poblaciones y comunidades cuyos habitantes están dispuestos a acabar con las cabezas de esos grupos. Por lo pronto, este fin de semana hubo 9 Templarios muertos por los grupos comunitarios. La semana pasada fueron secuestradas cinco personas –el hijo de un empresario de Nueva Italia y 4 familiares suyos que fueron descuartizados y quemados– y el fin de semana se enteraron que dos jovencitas habían sido secuestradas y fueron asesinadas, por lo que decidieron unirse y dar con los criminales.

Luego de saber de los secuestros y de los crueles asesinatos de gente de bien, por parte de los Caballeros Templarios, fue que la gente de varias comunidades se unieron y armadas decidieron enfrentar a los sicarios, en virtud de que las instituciones oficiales no garantizan condiciones de seguridad a los pobladores de muchas comunidades pese al enorme número de  soldados, marinos y policías federales que han sido destacados a últimas fechas en los puntos más conflictivos de Michoacán, y sí hay evidencias para la población local que los grupos de seguridad son partícipes activos de la criminalidad. El asunto por supuesto que es grave, por lo que en varias ocasiones y de manera reiterada, autoridades como el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, han descalificado a los grupos de autodefensa porque ‘ponen en riesgo el Estado de derecho en el país, y no debe permitirse”.

Incluso la orden de soldados y marinos es desarmar a esos grupos, por lo que se han dado diversos enfrentamientos entre militares y civiles. Señalan los grupos comunitarios que de plano no confían en las autoridades armadas del gobierno porque no cumplen su papel. Declaran que los Templarios, que se escindieron de la Familia Michoacana,  según ellos ya habían desplazado a Los Zetas de la región, y prometieron proteger al pueblo, diciéndoles que solo se iban a dedicar al negocio del narcotráfico, pero que les mintieron, ya que además de seguir con el tráfico de drogas y obligar a muchos labriegos a sembrar marihuana y opio, se dedicaron a la extorsión, al cobro de cuotas por todo, y comenzaron a violar niñas de entre 11, 12 y 14 años que incluso van a escoger en los salones de clases o se las llevan de sus casas.

Han señalado que por más que se les ha dicho a los militares destacados en el lugar, en dónde se esconden los sicarios, nadie va por ellos, ‘por miedo’. Incluso las casas de los pistoleros las hemos vigilado con gente nuestra; decenas de gatilleros fueron entregados en febrero pasado al Ejército, que a su vez los remitió al Ministerio Público, pero a las pocas horas todos habían sido liberados. Los militares no están cumpliendo su papel; las tropas no están combatiendo ni sometiendo a ninguno de los sicarios y menos a los capos. Por ello se han organizado y están dispuestos a que las principales cabezas de los cárteles que operan en Michoacán, caigan.

En una entrevista a MVS en su edición matutina, el médico veterinario José Manuel Mireles Valverde dijo ayer que en el enfrentamiento que hubo el pasado sábado en Tancítaro, tras conocer que habían matado a dos jovencitas secuestradas, los grupos de autodefensas de la región se concentraron en Buenavista para ir tras los criminales; tomaron aquel municipio donde se habían refugiado los sicarios y luego de una refriega que duró casi dos horas, el enfrentamiento terminó con un saldo de 9 cadáveres de gente que pertenecía a los Caballeros Templarios. La semana pasada fueron secuestradas otras cinco personas –el hijo de un empresario de Nueva Italia y 4 familiares suyos que fueron descuartizados y quemados– por lo que decidieron unirse y dar con los criminales.

Señaló que le han pedido al gobierno federal ir por las cabezas de los principales nombres de los Templarios, entre los que se encuentran los de Nazario “El Chayo” Moreno, Servando Gómez “La Tuta”, Enrique “El Tío Nicho” Plancarte, Rigoberto, “El Tena”, “El Chicano” y “El Toro”. Mireles reveló que en la región se ha dado que algunos criminales ‘resucitan’ como ha sucedido con “El Chayo” y Plancarte, e incluso dijo que hace tres meses se publicó un video donde “El tío Nicho” retó a muerte a Hipólito Mora, líder comunitario en La Ruana. Afirmó que el gobierno ha empezado acciones positivas como el desarme total en Vista Hermosa y Briseñas pero se necesita seguir cubriendo más en el territorio michoacano, porque siguen los secuestros y los crímenes, y las zonas están contaminadas por el crimen organizado.

Comentó que los grupos de autodefensas seguirán avanzando en su objetivo y dio a conocer que hasta el momento hay policías comunitarias en 45 regiones de 19 municipios en la zona de Tierra Caliente. Como se ve pues, los michoacanos están dispuestos a autodefenderse, en virtud de la ausencia y la corrupción de las autoridades locales y federales. El médico Mireles Valverde se ha convertido en lider del Consejo Ciudadano de Autofedensa en Michoacán y en una autoridad moral ante los suyos y ante el propio gobierno. Y por lo que se ve, esa tendencia de autodefensa comunitaria, lejos de desaparecer, seguirá proliferando en el país. El no sometimiento de los grupos delincuenciales por parte de los gobiernos federal y locales, lo estará propiciando. Por más festejos centenarios al Ejército, la sociedad le reclama la falta de decisión para garantizar la paz en estados como Michoacán, donde su presencia, por más que se diga lo contrario, ha resultado obsoleta.

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Protegen instalaciones estratégicas

PAULINO CÁRDENAS

Sigue vigente la alerta contra posible ataques a instalaciones estratégicas en la mayor parte del país, después que la semana pasada la Secretaría de Gobernación le envió discretos mensajes a varios gobernadores para redoblar la vigilancia en ciertas áreas como las del suministro de energía eléctrica, petróleo y gas entre otras, ante la inminencia de ataques por parte de grupos desconocidos. Ejército, Armada y Policía Federal fortalecen la vigilancia de instalaciones estratégicas. El pasado viernes, después de que en el curso de la semana se habían dado órdenes de proteger instalaciones vitales federales, los integrantes del gabinete de seguridad se reunieron en la ciudad de México en donde se habría abordado el tema como parte de la agenda de ese día. Se cree que dependiendo de las circunstancias subsecuentes a los hechos de Michoacán del pasado fin de semana, podría pensarse en formar un gabinete de crisis. Políticamente el asunto está tirante. Hay voces que claman por la desaparición de poderes en esta entidad.

Al principio no todos los gobernadores tomaron con seriedad la advertencia. Fue hasta que se dieron los actos subversivos en tierras michoacanas cuando comenzaron a reaccionar y dar órdenes para reforzar la seguridad en sus estados. Después de los acontecimientos del sábado y domingo en varios municipios, principalmente en Apatzingán, los mandatarios se percataron de que la estimación de la máxima autoridad federal era cierta, por lo que prácticamente en todos los estados se dio la orden de alerta. Como es sabido, los ataques subversivos contra varias subestaciones de la CFE en Michoacán, así como el incendio deliberado de media docena de gasolineras, además de haber disparado con armas de alto calibre y lanzar bombas molotov para causar pánico entre la población en al menos 10 municipios de esa entidad, fue noticia que le dio la vuelta al mundo. Las autoridades estatal y federal calificaron los hechos como ‘actos vandálicos’.

Esos eventos tuvieron como causa aparente que las comunidades de más de una decena de municipios están hartos de los actos criminales del cártel de los Caballeros Templarios, y por la ausencia de autoridad que proteja a la población de la serie de violaciones a sus derechos, además de los cobros de cuotas por todo, violaciones a mujeres y niñas y ejecuciones cuando las familias no acceden a las vejaciones, arbitrariedades y crímenes que se cometen en toda la región de la Tierra Caliente michoacana, por lo que marchaban hacia Apatzingán en donde opera el mencionado cártel, para pedirle a las autoridades que o se ocupaban de frenarlos o las comunidades organizadas en grupos de autodefensa lo harían por propia mano.

El conocimiento que tenía desde la semana pasada la máxima autoridad de seguridad interna, de que se estaba ante la inminencia de ataques a instalaciones estratégicas en varias regiones del país, derivó en hechos como los sucedidos en Michoacán en donde se buscó sembrar el pánico y el terror en Morelia, Apatzingán, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Uruapan, Sahuayo, Tarímbaro, Zinapécuaro, Queréndaro y Tarímbaro, entre otros municipios de ese estado. El impacto de esos hechos delictivos motivó que prácticamente en todas las entidadess de la República se activaran los códigos de alerta al percatarse los gobernantes que la estimación de Gobernación era seria. Sin embargo, siguen las suspicacias. 

El pasado fin de semana se registró lo que al parecer fue una quema intencional de gas en el pozo Terra 123 por parte de Pemex, que se encuentra en las inmediaciones del poblado indígena Chontalpa de Oxiacaque, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, lo que provocó alarma entre cerca de tres mil 500 pobladores, quienes se enteraron del operativo sólo a partir de comentarios de los obreros.

 La paraestatal informó que la quema formó parte los trabajos operativos de terminación del pozo, pero no precisó qué originó la sobrepresión del hidrocarburo.

 La fuga no había sido controlada y el pozo continúa ardiendo. En Oxiacaque viven más de 3 mil personas. De cualquier forma esa versión inicial para muchos de los lugareños afectados ha quedado en duda.

Y ayer, en el estado de Jalisco, las autoridades federales se avocaron a determinar si la fuga de gasolina que se registró en Tlajomulco de Zúñiga fue provocada; se busca  esclarecer si la delincuencia organizada estuvo detrás del incidente. La fuga de gasolina se detectó por la mañana, cerca de las 4:50 horas. Elementos de Protección Civil, en coordinación con autoridades municipales, desalojaron a los vecinos de las zonas aledañas a la fuga, como medida preventiva, mientras que personal de Pemex y Sedena coordinaron labores técnicas de la contención de la fuga, con la colocación de diques. La fuga afectó alrededor de siete mil 500 personas que tuvieron que desalojar la zona en un perímetro de 10 cuadras en el fraccionamiento Chulavista y Lomas del Mirador.

Por como están las cosas en ciertas regiones del país con la presencia de grupos criminales organizados, hay órdenes a los órganos de seguridad de estar alertas para salvaguardar las instalaciones estratégicas, principalmente las de Pemex y de la CFE en diversos estados, y evitar que la red o redes de malhechores aún sin identificar –porque no se sabe si son cárteles los atacantes o si pertenecen a una incipiente red terrorista– extienda sus operativos en otros lugares que es la preocupación del gabinete de seguridad, por lo que se ha aconsejado a los mandatarios estar alertas. Por lo pronto la orden a los órganos de seguridad federales están dadas en ese sentido. Habrá que estar pendiente pues, de lo que sucede en el terreno militar y político, en ese asunto que corresponde a la seguridad interna.

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Michoacán; segunda llamada

PAULINO CÁRDENAS

Aunque las autoridades han minimizado la información sobre diversos enfrentamientos que han sucedido a últimas fechas en varias latitudes del país, entre grupos de diversos cárteles de la droga y del crimen organizado, y elementos del Ejército, de la Marina, y de la Policía Federal, es un hecho que el avance de las organizaciones criminales sigue sin ser detenido por las fuerzas armadas. Un caso que evidencia lo anterior es Michoacán, entidad que por órdenes presidenciales irá siendo materialmente ocupada por instancias diversas de la administración federal, para ver si echándole montón al asunto se logra apaciguar un poco la violenta efervescencia y derramamiento de sangre que se ha desatado en varios municipios de ese estado.

Pero no es Michoacán solamente en donde la violencia y las matanzas cotinúan igual o peor de cómo se daban esos hechos en el sexenio pasado. Hay otros estados de la República en donde hay focos rojos por la misma circunstancia. Según dijo a comienzos del sexenio el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, operan en el país entre 60 y 80 cárteles ‘entre medianos y chicos’, a consecuencia del acoso armado del gobierno de Felipe Calderón, después que le declaró la guerra al narcotráfico, cuya estrategia se basó en querer destruir a las cabezas de los grupos delincuenciales, lo que provocó que se fragmentaran las organizaciones criminales generando que se multiplicaran los cárteles.

Aunque aparecen y desaparecen grupos o hay alianzas entre ellos, el poderío lo ostentan el cártel de Sinaloa, el de Los Zetas, seguidos de Los Caballeros Templarios, el cártel del Golfo y el de Jalisco Nueva Generación, que son los que constantemente se disputan territorio en diversas partes del país. Ante la imposibilidad real de multiplicar los esfuerzos del gobierno federal tal como se optó por hacerlo en el caso michoacano, en donde comenzará a desfilar por esa entidad un ejército de civiles de los tres niveles de gobierno, por órdenes del presidente Peña Nieto, no habría suficientes recursos ni humanos ni presupuestales para hacer lo mismo en otras entidades en donde los cárteles de la droga y del crimen organizado tienen agobiada, sometida, espantada y aterrada a la población.

El gran reto de la nueva administración es saber cómo mantener la violencia acotada; qué hacer para que no existan ejecuciones, secuestros, extorsiones, matanzas múltiples, ni derramamiento de sangre en las entidades en donde esos hechos siguen ocurriendo todos los días, como sucede en Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, estado de México, Chihuahua, Chiapas, y Quintana Roo. Tampoco quiere el gobierno federal enfrentamientos armados, ya que las tropas no están combatiendo ni sometiendo a nadie, cual es la queja reiterada de los grupos de autodefensa que por eso se han multiplicado en el país. La idea, peregrina para algunos, es sustituir la fuerza de las armas por inteligencia. Michoacán pretende ser el segundo ensayo de rescate, después del fracasado intento del ex presidente panista oriundo de ese estado. Este es el segundo intento; diríase la segunda llamada.

Nada fácil, si se quiere desentender el origen del conflicto, ya que el problema no es solo de ingobernabilidad que de suyo existe en esa entidad y en otras como Guerrero, sino de aceptar que mucho de lo que hace cotidiana la tragedia y las matanzas del narcocrimen, es la colusión entre las mafias y las autoridades que dan lugar al preocupante ambiente de violencia y hechos de sangre exacerbados que se ven todos los días en muchos poblados del país. Señalan en sus discursos el presidente Peña Nieto y su hombre clave contra el crimen y la inseguridad, Miguel Angel Osorio, que en la presenta administración, la lógica de guerra y de las armas en la lucha contra los cárteles, ya no funcionan. Luego entonces la gran pregunta es: ¿qué hacer si no hay inteligencia capaz y eficiente ante los embates de los capos?

A alguien se le ocurrió que, además del despliegue de la fuerza pública, debe trabajarse en varios frentes para reconstruir el tejido social en Michoacán. De inmediato el titular de Gobernación convocó a autoridades locales, municipales y federales, y representantes de todos los partidos, para hacer un frente común e ir al rescate de esa entidad, que ha quedado en manos del crimen organizado en muchos de sus municipios. Se trata de sumarse al propósito de fortalecer la gobernabilidad en ese estado. Pero está visto que eso no será suficiente. Hoy por hoy la Nación está dominada por poderosas organizaciones –cárteles ‘entre medianos y chicos’ como dijo Murillo Karam–, que parecen estar listas a dar la batalla contra la pretensión del gobierno federal de acabar con ellos. Habrá que ver si resulta el experimento del gobierno peñanietista.

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Se optó por la vía armada

PAULINO CÁRDENAS

Aunque desde el principio del sexenio el presidente Enrique Peña Nieto venía diciendo que la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado se haría más con la utilización de los servicios de inteligencia que con el uso de las armas, al final de cuentas, en el caso de  Michoacán, se optó por el uso del Ejército y la Armada junto con la Policía Federal, para enfrentar a los grupos delictivos que tienen asoladas a varias poblaciones de ese estado de la República. Optó por el uso de las armas, igual que hacía su antecesor dizque para acabar con las mafias del crimen, que al final se distinguió por los miles y miles de muertos que dejó su aventura bélica y por los que nadie ha podido ni sabido responder hasta la fecha. Lo que empieza a verse es que los muertos de este sexenio se habrán de ir sumando a los que dejó en su cuenta Felipe Calderón.

Pero si bien la estrategia de seguridad del ex presidente careció de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y poder realizar operaciones efectivas contra los grupos armados al servicio de los capos de la droga, por parte del Ejército, Marina y la Policía Federal, por lo que estaba fracturado el uso de estrategias y de información de inteligencia táctica, en este sexenio ha estado sucediendo prácticamente lo mismo, con la variante de que ya no se echa mano tan abierta ni confiadamente del respaldo de los sistemas estadounidenses para atender de manera efectiva su información de inteligencia, de lo que incluso estaba sorprendido el presidente Barack Obama cuando fue aprehendido el capo tamaulipeco Migue Ángel Treviño Morales alias el Z-40. Y lo dijo.

Destacó que es una muestra de que la administración del presidente Peña Nieto ve con mucha seriedad el combate al crimen organizado, cosa de lo que él mismo había puesto en duda cuando el mandatario mexicano dio a conocer que su gobierno cambiaría la estrategia para combatir a las organizaciones del tráfico de drogas y del crimen organizado en general, para lograr avances sustantivos en esa lucha. Un aspecto primero era ordenar la coordinación de todas las instancias gubernamentales armadas que participan en el combate al crimen, y la otra es que la estrategia quedarían bajo el mando único del titular de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

De esta manera se quería poner fin a la anarquía que se dio a lo largo del sexenio anterior, en donde cada mando de las instancias de inteligencia norteamericana, acordaba con diversos mandos del Ejército, de la Armada, de la Policía Federal y de la PGR, la construcción de métodos para enfrentar al crimen organizado y a los cárteles, lo que dio por resultado que esa descoordinación total, lejos de ayudar al propósito de combatir a los capos, favorecía a los cárteles. Un caso que ilustra ese desorden fue el cable 3573 de WikiLeaks enviado por el entonces embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado de su país el 17 de diciembre de 2009, al referirse al caso de que la caída de Arturo Beltrán Leyva muerto a tiros por la Armada de México un día antes, el 16 de diciembre,  en Cuernavaca.

Ahí se decía que “las agencias de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información (sobre Arturo Beltrán Leyva) a Sedena, cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos”. Añade el cable que “la Sedena proporcionó apoyo a la Semar (la Marina) durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero solo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación”. Incluso Pascual dice en ese envío confidencial que “Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también se puede contar como un perdedor neto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva. La SSP considera que son su responsabilidad los blancos (líderes) de la organización de los Beltrán Leyva, y García <luna ya ha dicho en privado que esta operación debió haber sido suya”.

Esto da idea del desorden institucional que se traían en el gobierno de Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga. Peña Nieto quiso enderezar las cosas desde su llegada. Quería que hubiera diferencia entre su gobierno y el anterior, contra el crimen organizado. Pero las cosas no le han resultado tan sencillas de resolver. Otro gran problema que ha tenido que afrontar su gobierno es la corrupción que aún prevalece entre los mandos policiales, militares y marinos, coludidos con los diferentes grupos delincuenciales. Y en medio, la intención firme de no quedar doblegado a Washington como el gobierno de Calderón por la incapacidad y las fallas tácticas en su guerra que le declaró al narcotráfico.

Al ver que las cosas se han empezado a salir de madre nuevamente en Michoacán –como sucedió al principio de sexenio calderonista–, ante las emboscadas realizadas por el crimen organizado contra la Policía Federal y el temor que manifiesta la población, el propio Peña Nieto ordenó al Ejército, la Marina y la Policía Federal, ir contra el enemigo. Las fuerzas armadas van en primera instancia contra Los Caballeros Templarios. Aunque habría que ir también contra los otros cárteles que operan en esa entidad como el Jalisco Nueva Generación –o MataZetas– y los temidos Zetas. Otro problema que complica el panorama son los grupos armados de autodefensa que han proliferado, en ausencia de capacidad policial estatal y municipal. Por lo pronto el presidente Peña Nieto optó por la fuerza de las armas. Como su antecesor.

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Preocupan autodefensas

PAULINO CÁRDENAS

El problema de la creación de grupos de autodefensa y policías comunitarias llegó como preocupación al Senado de la República, en donde dicen que ‘se estudiará’ el fenómeno para tratar de buscarle una solución. Se instaló un grupo de trabajo para el análisis y seguimiento de las acciones de esos grupos. Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de esa instancia legislativa acordaron invitar a especialistas de los temas de seguridad nacional y derecho como Óscar Naranjo, general retirado de la Policía Nacional de Colombia y actual asesor del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. También convocarán a Miguel Sarre, investigador del ITAM y especialista en el sistema de justicia penal y seguridad pública.

Por su parte el gobierno federal ha quedado como paralizado ante el hecho de que en muchos poblados del país, donde sus habitantes están a expensas de grupos criminales que pertenecen al narcotráfico y a otras activdades de la delincuencia organizada como el secuestro, la extorsión y la trata de blancas, estén multiplicándose el número de grupos de autodefensa y de policías comunitarios. Como el asunto es local, el gobierno federa ha dejado que la tarea la resuelvan los gobernadores y presidentes municipales, que en la práctica vienen a ser más bien parte del problema. Por ahora unos y otros se han concretado a señalar que los grupos de autodefensa representan un riesgo para la población y que estas agrupaciones no están justificadas.

Incluso hay quiene señalan que no es lo mismo los grupos de autodefensa que la policía comunitaria, no obstante que ambos colectivos civiles se han estado formando con el mismo objetivo de enfrentar a la delincuencia. Pero el verdadero asunto de fondo –y los legisladores y gobernantes lo saben–, es que en muchas comunidades y poblados del país no hay policías profesionales, ni ministerios públicos honestos, ni un sistema de justicia eficiente y expedito que garanticen la paz y la tranquilidad de los pobladores. No tardará en que ese esquema que por ahora empieza a multiplicarse en las zonas apartadas de las cabeceras municipales, llegue a las zonas urbanas del país.

Ya hay señales claras de que en algunas ciudades también se están organizando los vecinos, ante la deficiencia de las policías y la colusión que hay entre los uniformados e incluso con los mandos locales, con los grupos delincunciales, que es la queja más generalizada entre los hombres que han decidido defenderse por propia mano de las bandas armadas que van y extosionan a gente de trabajo en sus comunidades e inlcuso muchas veces, cuando la gente no tiene dinero, se cobran llevándose a mujeres bajo amenaza de muerte a sus familiares. Todo eso lo saben en los tres niveles de gobierno.

En términos generales, el gobierno peñista se ha visto endeble en la lucha anticrimen; queriendo cambiar la estrategia de Calderón se ha ido al otro extremo en materia de seguridad, lo que empieza a preocupar a Washington, porque el Departamento de Estado considera que esa laxitud le está permitiendo a la delincencia organizada y a los cárteles de la droga operar a sus anchas. Quizá ese sea un tema principal durante la visita que realizará Barack Obama a México en mayo próximo. Hay en la Casa Blanca la percepción de que el gobierno de Peña Nieto no quiere meter las manos en el asunto del crimen organizado, optando por la nociva práctica del dejar hacer y el dejar pasar, cuyos resultados acaban siendo peligrosos porque se pierde el control de las cosas.

En los pasados seis años de gobierno, los resultados acabaron siendo desoladores en lo que respecta a la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado. Los últimos años de la presidencia de Felipe Calderón los medios hablaron de las causas del fracaso de esa guerra, la cual se debió entre otras cosas, a los altos índices de corrupción entre la delincuencia organizada y mandos policiales, militares y marinos, con apuntes que señalaban las fallas sistémicas que dieron origen a la involución de esa lucha del gobierno federal contra los traficantes de drogas.

El esquema de corrupción fue igual o más notorio en los niveles de los gobiernos estatales y municipales. Y ese mismo esquema traspasó el sexenio. El avance de los cárteles, que ahora se han multiplicado en número, no ha cesado, lo que ha puesto de relieve para la ciudadanía que, pese a que se anunció que la estrategia de combate a la criminalidad había cambiado al arranque de la actual administración, el hecho es que ni las policías ni los militares ni los marinos le proporcionan seguridad a la gente ni bienestar a miles de familias en cientos de municipios del país.

De ahí que a nadie debe sorprender que sea el mismo pueblo el que esté decidiendo armarse y formar grupos de autodefensa y de policías comunitarias, al ver que las autoridades están más bien al servicio de la delincuencia organizada que de la comunidad en muchos poblados, como por mandato constitucional debía de ser. En vez de resolver el problema de fondo, lo que han hecho las autoridades, federales, estatales y municipales es condenar la creación de esos grupos, pero nada hacen para resolver el problema. Habrá que ver lo que al respecto hace o propone el Senado de al República; porque al gobierno federal no se le ve cara.

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Guerrero es un polvorín

PAULINO CARDENAS

Además de los grupos comunitarios de autodefensa que decidieron unirse al movimiento disidente de la CNTE en Guerrero que se opone a los términos de la reforma educativa, hay grupos que está detrás de ellos que podrían pertenecer a la insurgencia rebelde que existe en esa entidad desde hace años. Los líderes de los maestros y de los grupos comunitarios de autodefensa decidieron crear el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) contra la reforma educativa. Paralelo a ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que formará una asamblea popular de la disidencia magisterial guerrerense, parecida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ante la violencia que sufren los paristas magisteriales por parte de agentes de las fuerzas estatales que incluso, según denuncia de los voceros de los mentores, han realizado varias detenciones de maestros.

Esa no es una buena noticia para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y sobre todo para el aguerrido secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, quien ha advertido a quienes se oponen a la reforma que, o hay diálogo o el camino será la aplicación de la ley. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del municipio de Tixtla, formarán el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) para luchar juntos contra la reforma educativa. Minervino Morán Hernández, vocero de la Ceteg, anunció la creación del MPG para mañana miércoles, en el contexto de la marcha estatal contra la enmienda constitucional que se realizará en varios puntos de esa entidad federativa, donde se conmemorará la muerte del general Emiliano Zapata sucedida el 10 abril de 1919.

Señaló que ‘‘las decisiones que se tomen ya no serán por parte de la Ceteg y el Suspeg (Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y los normalistas), sino por esta nueva instancia’’. Adelantó que se instalará una asamblea popular, cuya demanda central será ‘‘exigir la libertad del maestro Mario Durán Torres, quien permanece detenido en la delegación de la Procuraduría General de la República’’. Este domingo, una comitiva de policías comunitarios de los poblados de Acatempa, Zacazonapa, Tecozintla y El Troncón, municipio de Tixtla, participaron en la asamblea ordinaria de la Ceteg y refrendaron su respaldo al gremio magisterial. Advirtieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero ‘‘que los maestros no están solos; nuestro lema es luchar contra las injusticias. Que lo piense porque el pueblo se cansa y los gobernantes pueden ser destituidos’’, sostuvo el primer comandante de la CRAC del poblado de El Troncón, Pedro Santos Bartolo.

Ante cientos de mentores expresó: ‘‘Que sepa (Aguirre) que no vamos a dejar de apoyar a los maestros y que las amenazas y las marrullerías que utilicen para detenernos no lo van a lograr, al contrario, más nos vamos a molestar y a enfadar. Que el gobernador lo piense, porque estamos formando policías comunitarias en el mero corazón de Guerrero: en la zona centro’’. La advertencia es clara, concluyó Santos Bartolo: ‘‘Que no vuelva a reprimir a los maestros, porque vamos a estar con ellos, y no sólo nosotros: hay gente que está detrás de nosotros, que nos están cuidando las espaldas’. ¿Esta expresión a quiénes se refiere?

Según el Centro de Investigaciones Históricas de Movimientos Armados, a raíz de la aplicación de las políticas económicas liberales por los gobiernos priístas, hizo acto de presencia uno de los grupos insurgentes rebeldes con mayor capacidad de fuego y extensión territorial, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que ha realizado campañas de propaganda armada y ejecutado una docena de acciones violentas contra objetivos militares y policiales en varios estados del país. Esto, no obstante quel EZLN consolidó fama y presencia en Chiapas cuando en enero de 1994 irrumpió en la escena pública, luego de 10 años de clandestinidad.

A su vez, y de acuerdo con las investigaciones del CIHMA, el EPR ha tenido fuerte presencia en al menos doce estados de la República e incluso con células que han operado esporádicamente en el Distrito Federal. Otro grupo guerrillero, que surgió hace más de tres lustros y aseguró poseer frentes de acción en cinco estados norteños (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango), es el Ejército Revolucionario Insurgente Popular (ERIP), que según sus lineamientos públicos parece representar a pequeños y medianos productores del campo arruinados o endeudados con la banca a raíz de la aplicación de las políticas económicas liberales. Pero el estado en donde aparecieron más grupos armados es Guerrero, cuya tradición insurreccional se remonta a la época de las luchas de independencia contra el imperio español.

En ese estado han venido operando, además del EPR, el Comando Armado Revolucionario del Sur, las Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas de Liberación para los Pueblos Marginados de Guerrero, el Movimiento Popular Revolucionario, el Ejército Insurgente de Chilpancingo, el Ejército Popular de Liberación del Sur, el Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez Rojas, el Ejército Popular de Liberación José María Morelos y el Ejército de Liberación de la Sierra Madre del Sur. A su vez, las Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional y el Comando Clandestino Indígena de Liberación Nacional parecen seguir teniendo presencia en los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Y por supuesto en Guerrero. Esto debe estar preocupando en serio al gobierno de Peña Nieto por lo que entraña.

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