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ERPI crea brigada justiciera

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, propuso que se haga una consulta popular para saber si deja el cargo o no, lo que fue ‘bateado’ por el INE, el grupo rebelde armado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) ha convocado al pueblo a integrarse a la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”, para exterminar al “mal llamado” grupo criminal Guerreros Unidos, exigir la renuncia del mandatario estatal, combatir el narcoestado mexicano y dar con el paradero de José Luis Abarca Velásquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos el 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado.

A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”. Señaló que es un secreto a voces que el edil que anda prófugo forma parte del cártel de ‘Guerreros Unidos’ a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial.

Señala este grupo rebelde que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace una semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”, señaló el comunicado.

“Ángel Heladio Aguirre Rivero ha vuelto a ensangrentar sus manos en su administración; traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder; le quedó grande Guerrero”, coincidieron en señalar ambos grupos guerrilleros.

El ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 y 27 de septiembre donde hubo un saldo seis muertos, 25 heridos y 43 secuestrados y desaparecidos, que acabaron siendo masacrados, incinerados y enterrados en 10 fosas clandestinas al pie de un cerro en las inmediaciones de Iguala, aunque el gobernador dice que los restos no son de estudiantes. El grupo rebelde propuso a gente del pueblo poner a disposición de ese movimiento armado, “por cualquier vía pública o secreta”, información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel. El propósito es dar con las guaridas de los integrantes de la organización delincuencial Guerreros Unidos y exterminarlos.

“Se siente gran pena que el pueblo en general este callado, ¿pero qué podemos esperar de un pueblo atemorizado por la acción del gobierno estatal coludido con la delincuencia organizada?, donde los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos han sido reclutados y actúan al servicio de los criminales a la vista de todos, sin embargo los pueblos que siempre hemos luchado, debemos sacar a relucir nuestra forma de pensar y defendernos, si es con las armas adelante, puesto que es la única vía que se le está dejado al pueblo indefenso”, dijo ese movimiento armado.

El ERPI es una de los mayores grupos guerrilleros que operan desde hace algunos años en Guerrero, aunque ha aparecido en pocas ocasiones y ha tenido esporádicos enfrentamientos. Este grupo se escindió en 1998 del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que surgió públicamente en el estado de Guerrero en 1996 en el acto del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron 17 campesinos a manos de policías.

El rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció a través de un vídeo publicado en Internet la creación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, la cual se encargará de la afrenta del “narcoestado” y de su cártel de sicarios “mal llamados” Guerreros Unidos. Esto viene a ser consecuencia de la ineficiencia del gobierno estatal que ha dejado hacer y pasar a alcaldes como el de Iguala, pese a tener conocimiento de que forma parte del crimen organizado, y que la policía municipal forma parte del cártel Guerrero Unidos, una ramificación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Incluso se dice que dos de los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, pertenecían al cártel de los Beltrán Leyva y que luego fueron asesinados por sicarios de ese misma organización criminal, era la que realmente gobernaba en el municipio. Ambos siguen prófugos. La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación. Obvio que de todo eso estaba enterado el gobernador Ángel Heladio Aguirre.

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Van por lucha popular

PAULINO CÁRDENAS

El conflicto magisterial sin duda está alcanzando niveles preocupantes. Los maestros de la CNTE, específicamente su célula por ahora más aguerrida, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han cambiado de objetivo, y ya no van solo porque se ajusten los términos de la ley secundaria de la reforma educativa a los usos y costumbres y a su realidad étnica y cultural, sino que han subido la mira y ahora van por una lucha popular de reivindicación social. El reto al gobierno es evidente y frontal. Están jugando con lumbre. Buscan provocar al gobierno a como dé lugar, sobre todo a Enrique Peña Nieto, para buscar acusarlo de represor y con ese pretexto se arme la grande. Las mesas de diálogo parecen no interesarles. Los acuerdos tampoco. Lo que buscan es que haya al menos un muerto. Hay impasses, pero nada más.

Las manos que mecen esa cuna parecen tener nombre y apellido. Son los mismos que pertenecen al cártel antiPeña. A ellos les importa un bledo las leyes ni lo que diga la Constitución sobre los derechos de terceros. Son los mismos que han criticado la reforma educativa. Lo que quieren es que corra la sangre. El conflicto magisterial ha tomado como pretexto su disidencia y su rechazo a la reforma educativa y al Pacto por México que la propició. Ese movimiento estaría contando ya con la suma de maestros de varios estados de la República que pudieran respaldar la lucha del magisterio guerrerense, a quienes además se les han sumado grupos de autodefensa comunitaria armados y organizaciones populares afines, muchas de ellas radicales, incluso que pertenecen a la insurgencia rebelde según ha trascendido.

Por este respaldo armado andan tan retadores quienes mueven los hilos de quienes manejan a los maestros radicales, que se dan el lujo de desdeñar el diálogo con la Secretaría de Gobernación y amenazan con realizar un paro magisterial indefinido en todo el país. Por lo pronto en el zócalo de Chilpancingo, después de realizada una megamarcha, la noche del miércoles quedó conformado el Movimiento Popular Guerrerense que será el órgano que representará a todos los sectores y personas que están por la lucha popular. De hecho quedaron atrás los propósitos de la disidencia de los maestros guerrerenses, de rechazar la reforma educativa.

Entre ellos ya hablan de ir por una lucha reivindicatoria a favor de las clases más menesterosas guerrerenses, que han estado en el olvido por parte de los distintos gobiernos estatales y federales, lo mismo que sucede con muchos otros pobladores en las regiones donde la pobreza ha privado por décadas y décadas, sexenio tras sexenio, a grados verdaderamente vergonzantes. La dirigencia de la CETEG confía en los contingentes más combativos principalmente de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Valle de México, para realizar un paro indefinido de labores a nivel nacional, en espera de que otros grupos magisteriales del país se unan a esa convocatoria, para realizar paros parciales, tomas de carreteras e instalaciones públicas e incluso ataques a partidos que consideran traidores a su causa, como fue el caso reciente de lo que sucedió en la sede del PRD en Chilpancingo donde un grupo de supuestos maestros, después de realizar un mitin contra la reforma educativa, causaron destrozos en sus instalaciones y agredieron a personal de ese partido.

La CETEG ha radicalizado sus métodos de lucha, con la toma repetida de la Autopista del Sol y el cierre de edificios públicos. Arguyen que la represión gubernamental a su movimiento ha implicado la consolidación bastante acentuada de las columnas disidentes magisteriales que hay en varios estados de la República, que pueden transformarse en baluartes de lo que ya llaman Movimiento Popular Guerrerense. La Coordinadora confía en que a su lucha se unirán los trabajadores de la educación de Chiapas, de Tabasco, de Escuelas Tecnológicas Agropecuarias de la Región Lagunera, de la Montaña de Guerrero y algunos contingentes del Valle de México, en especial del Bloque Reivindicador de los Derechos de los Trabajadores de la Educación, del DF.

Pero su mayor influencia está en la región de la montaña y la costa de Guerrero, donde el rezago social ha marcado el carácter de los líderes del movimiento. Su lucha data de hace varias décadas. Entre sus antecedentes destacan el Movimiento Revolucionario Magisterial de Guerrero, fundado por el maestro Othón Salazar, quien en 1980 fue candidato al gobierno de Guerrero por el Partido Comunista, así como los Consejos Centrales de Lucha, conformados por movimientos de izquierda proclives a ideas socialistas en los 70. Con su lucha han simpatizado grupos rebeldes armados cuya zona de influencia ha sido Guerrero. Entre ellos está principalmente el EPR, aunque hay otros grupos armados que tienen ideales y objetivos similares.

Son grupos armados que han estado en contra del reformismo gubernamental que para ellos forma parte del neoliberalismo, porque consideran que corresponde a la ofensiva estatal contra los trabajadores, ya que mientras fortalece el poder del Estado generando un mayor control sobre las masas y la izquierda, permite a la clase dominante ocultarse tras un ropaje democrático y asumir un discurso de pluralidad y modernización política. No creen en Pactos porque consideran que cualquier pacto no es más que un cúmulo de componendas entre las partes que lo suscriben. Todo ese apoyo que hay detrás, incluidas las manos que mecen esa cuna y que pertenecen al cártel antiPeña, es lo que anima a la CETEG para plantear a los suyos, ya no tanto negociaciones con el gobierno respecto de la reforma educativa, sino llegar a la realización de un Paro Cívico Nacional a través del Movimiento Popular Guerrerense. Y si no, como dicen los clásicos, al tiempo.

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Captores ‘rolleros’: Calderón

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Felipe Calderón comentó que los conceptos planteados por los captores de Diego Fernández de Cevallos en los últimos comunicados que hicieron públicos al tiempo de liberarlo, son puro ‘rollo e hipocresía’. No cree que el grupo que secuestró al polémico político panista tenga apoyo social como pudiera ser el caso de algún movimiento armado.

“La verdad es que la acción de privar de la libertad a alguien es un delito y por más rollo que se echen, por más hipocresías que quieran generar en torno a supuesta causa social, son unos criminales a los que hay que perseguir y aprehender”.

Señaló: “Es una variable distinta de criminalidad, organizada, pero es delito puro y duro, no se vengan con rollos ni con hipocresías”, comentó Calderón sobre los escritos y motivaciones de los plagiarios, en una entrevista radiofónica con Ezra Shabot  para el grupo MVS. “Es una falacia eso del supuesto apoyo social”.

“Si lo tuvieran, desde luego tendrían una presencia abierta, beligerante, como ocurre en otros movimientos armados en otras partes del mundo o como los que hubo en México”. Reiteró el mandatario que el argumento político en el plagio de Diego es “sólo rollo”, lo que de algún modo contradice la apreciación del propio panista plagiado quien parece  padecer el ‘síndrome de Estocolmo’.

Luego de ser liberado por sus secuestradores el pasado lunes, el ‘Jefe’ Diego dijo que su secuestro había tenido dos motivaciones. “Por un lado, desde luego, hubo un reclamo de una cantidad, pero también tuvo una marca, una connotación política supuestamente por cuestiones ideológicas”.

Y comentó: “Yo tengo la tranquilidad de conciencia de haber luchado siempre por mis ideales, siempre en Acción Nacional, siempre por México. No lo vieron así mis plagiarios, ellos me consideraron un hombre enemigo de sus causas. Naturalmente fue parte de lo que generó este suceso”.

Por su parte el empresario Eduardo García Valseca –hijo de José García Valseca que hace décadas fue dueño de la cadena periodística que llevaba su apellido y que hoy es el Sol de México– aseguró en una entrevista con el periódico Reforma, que los plagiarios de Diego Fernández de Cevallos son los mismos que a él lo secuestraron durante siete meses y medio en 2007, y aseguró que “el gobierno federal conoce de ellos”.

Relató que de acuerdo con información que le han proporcionado autoridades federales, sus secuestradores pertenecen a un grupo que se separó del Ejército Popular Revolucionario, EPR, que se denomina “Tendencia Democrática Revolucionaria”.

Sin embargo, precisó que en las comunicaciones que establecía con su esposa durante las negociaciones para su liberación se hacían llamar “sociedad anónima”, mientras que con Fernández de Cevallos rubricaban sus escritos como los “misteriosos desaparecedores”.

García Valseca está convencido que se trata del mismo grupo delictivo el que plagió al  panista. Refirió que su secuestro duró casi el mismo tiempo que el suyo y que las fotografías que los delincuentes difundieron del mismo así como la redacción de las cartas que le hicieron mandar a sus familiares son muy similares a las que utilizaron en su cautiverio. “Indiscutiblemente hay muchísimas pruebas de que es el mismo grupo que me tuvo a mí el que agarró a Fernández de Cevallos”, afirmó.

“El mismo tiempo, la misma forma de hablar de que ‘goza de buena salud’, la cuestión clasista, es indiscutiblemente el mismo grupo; no hay otro grupo que actúe de la misma manera”, reiteró.

No obstante, Calderón aventó su propio ‘rollo’ mediático ante lo que considera “rollo e hipocresía” de los plagiarios del ‘Jefe’ Diego. Lo que habría que preguntar es, por qué, si afirma que los secuestradores del político panista “son unos criminales a los que hay que perseguir y aprehender”, no lo han hecho las autoridades que debieron actuar desde el principio y que no lo hicieron dizque a petición de los familiares de Fernández de Cevallos.

 

 

 

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