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Matan a líder que buscaba a los 43

PAULINO CÁRDENAS

En México sigue azotando la violencia de bandas criminales. El pasado sábado fue ejecutado el líder de un grupo de autodefensas en Guerrero que se había impuesto la tarea de buscar a los 43 estudiantes normalistas que sufrieron desaparición forzada el noche del 26 de septiembre del año pasado y que luego desaparecieron. Su nombre, Miguel Ángel Jiménez Blanco. Fue encontrado con un balazo en la cabeza en el taxi de su propiedad. Tenía 45 años, esposa y tres hijos. ¿Habría encontrado algo en su búsqueda?

Ayudó a cientos de personas en su afán de hallar a sus parientes desaparecidos. Fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que arrojó luz sobre los casos de otras miles de personas desaparecidas en este estado plagado por la violencia de bandas criminales. El cuerpo de Jiménez Blanco apareció en el asiento del conductor en el taxi del que era propietario. El vehículo estaba estacionado en la carretera que conecta a la Ciudad de México con el turístico puerto de Acapulco, a la altura del poblado de Xaltianguis.

A raíz de los hechos de Ayotzinapa e indignado por la ineficiencia, ineficacia, inoperancia por corrupción o colusión de las autoridades, había dedicado parte de su tiempo, junto con su esposa, a ayudar a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Jiménez Blanco recorría regularmente los cerros de Guerrero cavando en busca de cuerpos y buscando pistas. Desde que el grupo empezó sus trabajos, se encontraron 129 cuerpos que han sido entregados a las autoridades para su identificación.

El líder de ese grupo de autodefensas señaló que, después del caso de Ayotzinapa, 300 familias se acercaron para decir que también tenían familiares desaparecidos. Creó un grupo llamado “Los otros desaparecidos de Iguala”. Este grupo está integrado en su mayor parte por mujeres que se encuentran cada domingo para buscar los restos de sus seres queridos que desaparecieron y no han sido hallados.

La búsqueda la han hecho en los alrededores de Iguala, en los cerros, en las cañadas, en parajes alejados de todo donde han encontrado fosas clandestinas. En varias entrevistas que le hicieron señaló que los cerros alrededor de Iguala son un cementerio. Los padres de los estudiantes desaparecidos, igual que millones de mexicanos, nunca han aceptado la ‘verdad histórica’ del gobierno de que los 43 normalistas murieron a manos de criminales que actuaron bajo las órdenes de la policía local corrupta.

Jiménez Blanco tampoco lo creía. Rechazaba la versión oficial sobre lo sucedido. Según esta versión, los cuerpos fueron quemados y los restos arrojados a un río. El líder de la búsqueda que fue ultimado el sábado de un tiro en la cabeza en el taxi de su propiedad, en 2013 fundó en Xaltianguis un grupo de autodefensas ante el acoso de narcotraficantes.

Ese grupo de autodefensas pertenecía a la organización de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, (Upoeg), de la policía comunitaria. Jiménez encabezó una comisión de esa organización para la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de la comunidad de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

La Upoeg surgió como una iniciativa que se replicó en el vecino estado de Michoacán, bastión del cártel Los Caballeros Templarios, señalados como responsables de extorsiones, secuestros y asesinatos; operaba no solo en aquel estado sino también en varias regiones de Guerrero. Tras la detención y abatimiento de los cabecillas de ese cártel, el gobierno federal decidió disolver las autodefensas en mayo de 2014 para que sus miembros pasaran a formar parte de un nuevo cuerpo oficial de policía rural.

La ejecución de Miguel Ángel Jiménez Blanco vendrá sin duda a remover mucho del resquemor que tienen los padres de los normalistas desaparecidos contra el gobierno. Bajo la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, han pregonado su indignación y dolor por todo el país e incluso en otras latitudes del extranjero. Una de las historias que se cuentan que pudo haber sucedido fue que hubo dos ataques a los estudiantes por parte de los policías municipales.

Ellos se habrían llevado a los 43 desaparecidos, entre los cuales habían algunos heridos, hacia algún cerro donde los hicieron caminar para luego asesinarlos y enterrarlos en fosas clandestinas. Se habla de que pudieron haber sido incinerados. Otra versión habla de que pudieron haber sido divididos en dos grupos y conducidos en vehículos, uno camino a uno de los cerros en los alrededores de Iguala y otro a un lugar desconocido en donde pudieron haber sido entregados al cártel Guerreros Unidos quienes los habrían ultimado y tirados a un río.

Como sea, el caso sigue en veremos. Es uno de los temas con el que peor le ha ido en imagen al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, igual que al país, que en el exterior ha cobrado fama de una nación con autoridades corruptas, con un gobierno simulador que se ha convertido en una verdadera amenaza para su pueblo y que eventos criminales como el de las desaparición de los 43 estudiantes normalitas no son hechos aislados; que son más cotidianos de lo que se cree.

¿Qué irán a decir las autoridades con la ejecución de quien lideraba la búsqueda civil de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Que fue un vil asalto como en el caso de la ejecución del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera Pérez -que huyeron de Veracruz por amenazas de muerte y culpando al gobernador Javier Duarte si algo les pasaba-, así como el crimen de otras tres mujeres que fueron ultimadas en el mismo departamento del DF?

El asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco no es cosa menor. Aunque las ejecuciones en México estén convertidas en una amenaza nacional, muchos grupos no cejarán de hacer protestas contra el crimen organizado y la connivencia que tienen los capos con criminales de cuello blanco incrustados en el gobierno federal, estatal y municipal, en los mandos de las Fuerzas Armadas y en todas las policías. Claro, con sus respetables excepciones.

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Macabro hallazgo en Guerrero

PAULINO CÁRDENAS

¿Cómo no van a hablar de México como un Estado fallido, cuando hasta ahora van 129 cadáveres encontrados en 60 fosas clandestinas en Guerrero, en las mismas coordenadas donde en septiembre del año pasado desaparecieron los 43 estudiantes la escuela normal de Ayotzinapa con epicentros en Cocula e Iguala? La agencia informativa internacional The Associated Press obtuvo esos datos que le fueron proporcionados mediante una solicitud de información a la PGR. Obvio que con ese macabro hallazgo se avecina otro problema para el gobierno federal.

La Procuraduría General de la República señaló que en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015, se localizaron esos enterramientos clandestinos con el número de cuerpos referidos, pero aclaró que la cifra real podría ser mayor, según una nota firmada por María Verza con la colaboración periodística de Christopher Sherman. ¿Qué pasó en ese lapso en Guerrero y en la Federación? ¿Andaban de parranda quiénes debían velar por la seguridad pública?

En Guerrero gobernaba Ángel Heladio Aguirre Rivero. Fue mandatario de ese estado desde el 1 de abril de 2011 hasta el 23 de octubre de 2014 en que debió renunciar por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y luego quemados en Cocula según la ‘verdad histórica’, y los asesinados en Iguala cuyo alcalde era José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien según la PGR tenía presuntos vínculos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos por la vía familiar directa.

El gobernador de Guerrero no es ajeno a la violencia. Después de la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la parición del EPR en 1996 hubo denuncias por más desapariciones sistemáticas a opositores del régimen en Guerrero, mismas que a su regreso al poder en 2011 prometió investigar 16 años después y habiendo conseguido la gubernatura del estado con un partido diferente al que ha militado toda su carrera política nada pasó.

Los conflictos históricos con las fuerzas opositoras mayormente de izquierda fueron olvidados por designación al ser el mismo PRD -al que persiguió y reprimió durante años- quienes sin memoria histórica y sin dignidad postularon al otrora represor y andan navegando ahora en mierda profunda al tratar de justificar como una izquierda moderna como la de Marcelo Ebrard apoyó a un cacique que había sudo acusado y denunciado por violaciones a los derechos humanos. El síndrome de Estocolmo en Acapulco.

Desde que renunció nadie sabe dónde anda Aguirre. Abarca y su mujer siguen en la cárcel. En la Federación era -y sigue siendo- secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien supuestamente debía velar por la seguridad en el país con los mandos de la Policía Federal en coordinación con las Policías Municipales Acreditadas y -supuestamente también- de la mano con las tropas de los más altos mandos del Ejército y de la Marina, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente.

Los hallazgos de los que acaba de dar cuenta la agencia AP -que coinciden con un detallado informe dado a conocer por Reporte Índigo sobe el mismo vergonzante tema-, volverán a poner contra la pared al gobierno federal ante los ojos de México y del mundo, en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

 en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados en ellas -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

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Movimiento contra “farsa electoral”

PAULINO CÁRDENAS

Delegados estatales y nacionales de la Convención Nacional Popular -que nació como un movimiento de protesta de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero-, realizaron su segunda reunión el pasado fin de semana en la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ y acordaron boicotear “la farsa electoral” que se pretende realizar el próximo 7 de junio en algunas entidades del país. Aunque no quedó establecido formalmente, los estados en los que podrían impedirse las elecciones son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de Michoacán e incluso Puebla.

En esa segunda Convención Nacional Popular se plantearon tres ejes de trabajo principales: construcción de un referente nacional, construcción de un programa político y elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la agencia EFE. En declaraciones al término de las mesas de discusión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se ratificaron los puntos bajo los que se fundamentó la primera Convención Nacional celebrada en febrero pasado:

Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala; Castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre; Derrocamiento ‘del usurpador’ Enrique Peña Nieto; Libertad a todos los presos políticos; Reversión de las contrarreformas estructurales. A estos cuatro puntos se añadió “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y la de El Charco.

Asimismo, se establecieron las fechas y lugares para las próximas movilizaciones de cara a los siete meses de la desaparición de los normalistas, a cumplirse el próximo 26 de abril, así como la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados.

“El punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”, señaló Rosales Sierra. En ese sentido, no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, sin embargo mencionó que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Aunque en ese acuerdo la decisión fue dividida, se fijó una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, para evitar una posible ruptura y mantener en todo momento la unidad del movimiento, que es lo más importante. Desde febrero pasado, al celebrarse la primera Convención Nacional Popular a más de cuatro meses de la desaparición forzada de sus hijos, en la convocatoria abierta para la celebración de ese primer encuentro, los padres de los normalistas reclamaron que el gobierno “no ha encontrado indicios de dónde puedan estar nuestros desaparecidos, por el contrario, en días pasados tomó la decisión de declarar por sentada la verdad histórica decretando el cierre del caso”.

Reclamaban también que para el gobierno “nuestros hijos fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, basándose solamente en la declaración de 4 detenidos y sin contar con prueba científica irrefutable. Simultáneamente ha desplegado un operativo de miles de policias y militares en el Estado de Guerrero, con el claro propósito de reprimir a las organizaciones sociales que luchan junto a nosotros para exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

Añadían: “Somos conscientes de que en México existen muchos dolores como el nuestro, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Existe un pacto de impunidad entre quienes son parte de la clase política y una relación de contubernio entre quienes son gobierno y quienes son delincuencia organizada. Frente a esta realidad, hemos decidido establecer condiciones para que hechos como los ocurridos el 26 de septiembre en Igual, no se vuelvan a repetir, hemos resuelto terminar con la violencia de Estado para evitar que nos sigan pisoteando.

“Con ustedes, los pueblos y comunidades, organizaciones sociales y sociedad civil en general hemos decidido organizarnos para encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad.

Así convocaban a instalar la Primera Convención Nacional Popular, como un espacio de coordinación “que nos permita crear un referente nacional, su programa político y plan de lucha a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá darle rumbo al movimiento nacional”. Y el pasado fin de semana se realizó la segunda Convención en donde participaron 214 delegados que acordaron boicotear “la farsa electoral” de junio próximo, en al menos cinco entidades federativas.

Dicha jornada nacional popular la integran diversos grupos civiles y organizaciones de distintas denominaciones, desde las que desean protestar de manera pacífica, hasta los que proponen medidas mucho más radicales, como una manera de rebelarse en contra de la negligencia gubernamental en el caso específico de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero en cuyo movimiento se han adherido grupos que protestan por diversas causas que les afectan y que culpan a los gobiernos estatales y al federal de no haber sido atendidas.

Esa advertencia de boicotear los comicios del 7 de junio será sin duda un foco rojo, no solo para la parte política federal, sino para las autoridades estatales de las entidades que han sido señaladas para evitar que haya elecciones intermedias. Otro ‘torito’ con el que tendrá que lidiar Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

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El peligroso camino de la violencia

PAULINO CÁRDENAS

¿En qué momento podría estallar una rebelión en México? Por como están las cosas en nuestros días, eso podría acontecer en cualquier momento. Eso quisieran algunos, los que están empeñados en ‘derrocar’ a Peña Nieto. A juzgar por la violencia subversiva que se ha visto en las calles casi cotidianamente, con el pretexto de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, grupos adiestrados para destruir y matar, podrían estar decididos a cambiar las bombas molotov y los fierros que utilizan para agredir, por rifles de alto poder, granadas y todo tipo de armas de ataque, para comenzar una rebelión en el país con prédicas contra el gobierno y su máximo mando.

Las izquierdas que estarían detrás de esa gesta y que sienten que tienen en exclusiva la vocación revolucionaria, son los que creen tener potencialmente el derecho a alimentar el despropósito de derrocar al presidente o que dimita ante tantas presiones que su gobierno no ha sabido manejar ni resolver, por falta de imaginación y por ausencia de un visión con altura de miras, pero sobre todo, por una falta de decisión y de voluntad política para dar un golpe de timón y enderezar la nave que cada día parece que va a zozobrar. Cierto es que hay factores que han propiciado un malestar generalizado entre la población. En primer lugar está el problema de la inseguridad que ha rebasado al gobierno federal.

La inseguridad es un problema heredado por el gobierno de Felipe Calderón -al que por cierto nadie toca en las enardecidas consignas callejeras-, quien es el culpable de que los cárteles se hayan alborotado y hayan retado a su gobierno cuando declaró que iría tras los capos de la droga y los cabecillas del crimen organizado, lo cual acabó siendo una fanfarronería ya que lo único que logró -con la ayuda de su funcionario favorito, Genaro García Luna-, fue administrar ‘su’ guerra a la que le dedicó todos los recursos habidos y por haber, la cual dejó un saldo de más de 80 mil muertos y miles de desaparecidos de manera forzada, además de cientos y cientos de familias desplazadas.

Es contra el actual mandatario la virulencia de personajes que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador -empezando por la del propio tabasqueño-, quien perdió por segunda ocasión consecutiva la presidencia, primero ante Calderón y después ante Peña Nieto. Todo el odio acumulado incluidas las dos derrotas para gobernador en Tabasco, en donde también dijo que había habido fraude en su contra, lo descargó -y sigue descargándolo- contra el mexiquense quien, ciertamente, trae consigo muchas cuitas en su haber, como el de sus cuestionados padrinos políticos, sus propiedades supuestamente heredadas, y el fraude que le achacó López Obrador, para lograr el triunfo en las urnas en 2012.

También le echan en cara los antipeñistas al desdoro presidencial ante los llamados de ayuda que le hacían muchas familias de Michoacán agobiadas por los cárteles de la droga -La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios-, porque solo le interesaba atender sus reformas; le achacan la incapacidad de su gobierno para disminuir la criminalidad organizada, el ocultamiento que se quiso hacer de los 22 fusilamientos de Tlatlaya por parte de militares, la tardanza para solucionar el caso Ayotzinapa, y de pilón el tenebroso asunto de la ‘casa blanca’, una propiedad que ha quedado en el ámbito de la sospecha por ser un aparente pago a favores recibidos por parte del Grupo Higa, asunto que la empresa Televisa terció para tratar de paliar el escándalo que alcanzó a la primera dama, la actriz Angélica Rivera, asunto que traspasó las fronteras y que ha sido motivo de críticas en el extranjero, donde la imagen de México ha quedado por los suelos.

Lo cierto es que el descontento generalizado no es solo por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que sus familiares insisten en que están vivos y quieren que Peña Nieto se los devuelva vivos, sino que han sido una serie de asuntos que se le han venido acumulando al jefe del Ejecutivo y que su gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido resolver, incluido el otro tema que también preocupa sobremanera a los mexicanos que es la del rubro económico y financiero que está en manos de otro de sus dos alfiles para la presidencia, Luis Videgaray Caso, tema sobre el cual se han lanzado cualquier cantidad de promesas y cifras de aliento, pero sin resultados.

El caso es que el coctel para que haya una rebelión generalizada tiene los ingredientes necesarios. Una revuelta se gesta precisamente con esos ingredientes, cuando todos esos factores se juntan y ponen en aprietos a los gobernantes. Hace dos días se conmemoró el 40 aniversario luctuoso de uno de los guerrilleros más conocidos de México, Lucio Cabañas. En ese evento, celebrado el pasado martes 2 en Chilpancingo, la capital, se exaltó el espíritu de lucha, la conciencia de clases y los ideales que enarboló para construir un gobierno de los pobres; luchó por un régimen que encabezara un poder que mejorara las condiciones de vida de los pobres. En ese evento participaron integrantes del movimiento magisterial y normalistas. Fue una megamarcha.

Los participantes partieron del monumento a Vicente Guerrero al norte de la capital. Carlos Botello Barrera, uno de los dirigentes de la Sección XIV Democrática del SNTE, que marchó encapuchado en la manifestación, declaró: “Nos acompaña el espíritu revolucionario de Lucio Cabañas Barrientos, porque su lucha es y seguirá siendo un referente para que nosotros ahora sigamos pugnando porque esta sociedad cambie y mejore”. Añadió que el movimiento magisterial y normalista en el país, retoman y rescatan las ideas de Lucio Cabañas, “porque la nueva clase política no representa los derechos del pueblo”. Señaló que “la conciencia de clase del comandante Lucio Cabañas Barrientos, también nos acompaña, porque aspiramos a cambiar el actual sistema de vida”.

Aseguró que al igual que el legendario guerrillero -que murió peleando en el punto conocido como El Otatal, en el municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero-, “los maestros y normalistas luchan también por instaurar una sociedad en la que no haya ni ricos ni pobres”. Sostuvo que el ideario de Lucio Cabañas, “son la raíz de nuestra Normal Rural de Ayotzinapa, de las normales del país, y del magisterio democrático en general”, y “tratamos de que la sociedad en su conjunto también sea parte de ellas; ese es el mejor homenaje que podemos hacerle”. En otros estados como Oaxaca, Michoacán, Morelos y Chiapas, los ánimos andan igual. Eso debería preocupar a Peña Nieto, a su gabinete de seguridad y a las Fuerzas Armadas. Sigue el avance por el peligroso camino de la violencia.

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Presionado, Peña urge a un Pacto

PAULINO CÁRDENAS 

Presionado por la opinión pública nacional e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas que no se sabe si siguen con vida, el presidente Enrique Peña Nieto ha convocado con carácter de urgente a la firma de un pacto por la seguridad y el respeto irrestricto al estado de derecho, en el que participarían los 31 gobernadores, el jefe de gobierno del DF, dirigentes de partidos y líderes de la sociedad civil, para firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho, muy probablemente este fin de semana. Dicho pacto incluiría el compromiso de los gobiernos estatales contra el crimen, reformas legislativas y participación de la sociedad civil contra la corrupción, para evitar que hechos como el caso Ayotzinapa se vuelvan a repetir, señaló el mandatario federal.

Añadió que el compromiso es el emprender “cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y sobre todo asegurar la vigencia plena del Estado de derecho”, aseveró. Señaló que el gobierno de la República prepara la firma del mencionado Acuerdo Nacional, muy posiblemente mañana mismo. Muchos se preguntan si ese acuerdo lo suscribirán gobernadores que están señalados por dejar hacer y dejar pasar hechos delictivos en sus entidades, casos que no atienden si son protagonizados por el crimen organizado, porque se sacan el bulto diciendo que son asuntos que compete resolver a la Federación.

Otros presumen de lo que adolecen, como son los casos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, estado de México y Morelos, entre otros, en donde el aumento de la criminalidad ha sido evidente, pese a que en los discursos los mandatarios de esos estados tratan de minimizar el incremento de la inseguridad en sus entidades, maquillando cifras. En varios casos hay una abierta colusión con las mafias. ¿A ellos se les convocará para que firmen el Pacto de Seguridad? Otro caso es el de los dirigentes de los partidos de oposición como el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, coalición que apoyó la candidatura de José Luis Abarca Velázquez para llegar de alcalde a Iguala.

Ellos nunca quisieron ver los antecedentes que tenía el edil preso. Aún a sabiendas, estuvieron de su lado y prohijaron su llegada a la alcaldía de Iguala. Incluso a Jesús Zambrano lo corrieron de CU porque se supo de una reunión que tuvo en la ciudad de México con el edil ahora preso, donde habrían planeado dónde esconderse. ¿Alguno de los perredistas, incluido el actual dirigente perredista Carlos Navarrete, amigo también de Abarca, serán convocados a suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad? Otro que sería convocado es el actual gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, quien ha venido siendo señalado como ex guerrillero y ex secuestrador, vinculado a varios de los grupos rebeldes que existen en esa entidad.

Ortega se la ha pasado elogiando a su antecesor Ángel Aguirre Rivero de una manera que ha asombrado a muchos por el tono y melosidad con que lo ha hecho. Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos quisieran ver en la cárcel al ex gobernador. Se dice que el mandatario era amante de la esposa de Abarca, quien era señalada por los igualtecos o igualnenses como ‘la alcaldesa’ porque era la que llevaba las riendas del municipio. Ella era la presidenta del DIF y se dice que para evitar que los estudiantes hoy desaparecidos, boicotearan el informe de labores que realizaría, fue que ordenó que le dieran con todo a los normalistas. Lo primero que sucedió fue el ataque al autobús en que regresaba el equipo de futbol Los Avispones, de la tercera división profesional, sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

El primer pacto que firmó Peña Nieto fue por México, al inicio de su administración. Fue un logro político muy reconocido. Participaron las principales fuerzas políticas, pero el gusto no duró más que lo necesario que para que salieran adelante las reformas estructurales que el jefe del Ejecutivo envió al Legislativo. Prácticamente durante un año y medio no hubo otro tema en la agenda presidencial que el de las reformas, sobre todo la madre de todas ellas, como fue la reforma energética o petrolera por mejor decirlo. Sin embargo, quizá a los dirigentes de la oposición que suscribieron ese primer pacto no se les cumplió lo prometido o se les negó lo que ambicionaban adicionalmente, a cambio de los favores otorgados a la gestión peñanietista. El caso fue que el Pacto por México por angas o mangas, sucumbió.

Ahora, cuando el tema de la inseguridad debió ser atendido desde el comienzo de su sexenio y se fue dejando y dejando crecer, fue que Peña Nieto y sus asesores reaccionaron, cuando las cosas llegaron a colmar el plato Fue cuando comenzó a reaccionar el mando federal, enviando refuerzos militares y federales a entidades en donde la violencia se fue haciendo cada vez más evidente. Por órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas el Ejército y la Marina reforzaron sus operativos en varias partes del país, asolado por la ola de violencia atribuida al narcotráfico que fue creciendo; también hubo paquetes de ayudas económicas a los gobiernos.

 El número de batallones creció, lo mismo que el de efectivos armados que fueron desplegados por varios estados de la República. Pero también crecieron las violaciones a los derechos humanos por parte de militares.

Ni siquiera el envío del comisionado plenipotenciario a Michoacán ha tenido los resultados positivos que le contaron a Peña Nieto que podría tener. ‘La Tuta’ sigue operando como si nada en esa entidad e incluso ya anunció que crearía otro cártel dedicado solo a la explotación minera en ese estado y al envío de mineral de hierro a China, por encima de las barbas de Alfredo Castillo. En Guerrero, estado tradicionalmente conflictivo, siempre a punto de arder, ardió por fin con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada y que nadie sabe donde están y si aún viven. Esa fue la gota que derramó el vaso.

El mundo se le vino encima a Peña Nieto y por eso la urgencia de suscribir un pacto por la seguridad del país que el mandatario llamó Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho que sería suscrito esta mima semana. Ojalá pudieran excluirse de esa firma a los que tienen ligas con el crimen organizado. ¿Cómo saberlo? Los costosos aparatos de inteligencia deben tener esa información, si de veras han trabajado en lo suyo. En unas horas se verá si a ese acuerdo asisten quienes se sospecha que tienen ligas con el narco. Sería buen momento para detenerlos e investigarlos. Eso mejoraría enormemente la imagen presidencial.

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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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¿Que sí renuncia Ángel Aguirre?

PAULINO CÁRDENAS

Algunos dan por hecho que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, siempre sí dejará el cargo por las presiones de los diferentes sectores de ese estado y porque, se dice, ya es un acuerdo tomado ‘desde el centro’. Por lo pronto, quien afirma que si está por irse es el dirigente del PRD, Carlos Navarrete. Dice que su salida es una decisión tomada por el gobierno federal. El caso es que, se vaya o no, la indignación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no aparecen vivos ni muertos, crece cada día dentro y fuera del país. Le cuestionan ser omiso no solo en el caso de los normalitas desaparecidos, sino de otros muchos conflictos que ha tenido que enfrentar su gobierno.

Hace unos días, el aún gobernador dijo: “Tengo las manos limpias”, e insistió: “Lo dejo muy en claro. Tengo las manos limpias; no tengo nada de qué avergonzarme. Soy el primero en decirlo: acudo con mucho gusto a las instancias correspondientes. No tenemos de qué avergonzarnos mi familia, mi esposa y mis hijos”. Y retó: “Si el pueblo de Guerrero quiere me vaya, me voy, pero no como delincuente, ni como asesino, porque no lo soy”, y demandó que los hechos sean investigados por la autoridad “correspondiente”. No obstante en las pintas de los que demandan su salida le escriben ‘asesino’. Y reclama: “Es duro que lo llamen a uno asesino”. Según él, “se ve la mano perversa” de grupos que quieren que se vaya.

Lo acusan de omiso. Aguirre Rivero y el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron hace unos días ante legisladores federales, que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Ángel Aguirre había dicho que no se iría, ‘ni aunque lo saquen con grúa’, sus amigos  “Los Chuchos” -Zambrano y Ortega-que dizque lo apoyan para que se siga al mando del estado, se sabe que ya le tienen hasta sustituta. Se trata de Beatriz Mojica, la secretaria de Desarrollo Social guerrerense, quien sería la gobernadora interina. Eso ha trascendido entre las huestes de Nueva Izquierda. La funcionaria estatal es la máxima representante de esa tribu en el estado, lo que le permitiría a ese grupo mantener esa posición bajo su poder, porque al parecer creen que es de su propiedad. Tal vez hasta Carlos Navarrete sabe quién sería la gente que vendría a ocupar el cargo de gobernador interino, si de veras se hace realidad la versión.

Sin embargo, con los acontecimientos que ha venido viviendo el estado de Guerrero, en donde ha quedado de manifiesto la ingobernabilidad y la colusión de funcionarios con la criminalidad organizada como ha sucedido en Michoacán y otras entidades federativas, el PRI empieza a frotarse las manos porque cree que bajo ese panorama tan negativo para el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, el terreno se allana para ganar las elecciones del próximo año en esa entidad federativa. Incluso se dice que ya tiene candidata: la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.

Por ello, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, se manifestó en contra de que renuncie el gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero. “No queremos que se vaya, sino que se quede a asumir la responsabilidad que la Constitución, la ley y un elemental sentido de ética política le imponen”. En entrevista, dijo que es “corresponsable político” de la desaparición y asesinatos de normalistas en Iguala, hechos que “lesionan a todos los mexicanos que reclaman el pronto y total esclarecimiento”.

En el caso de Ayotzinapa dijo que no sólo hay obligaciones legales, sino también compromisos éticos con una comunidad “que lo que quiere es el cumplimiento cabal de la ley y el financiamiento de responsabilidades de carácter penal, cuando haya elementos que demuestran la existencia de conductas u omisiones que deben ser castigadas”. En asuntos de tal gravedad, destacó, no hay distinciones por origen partidista. Sin embargo, aprovechando ese entorno de sangre y colusiones de políticos con la criminalidad organizada, es que el Revolucionario Institucional ha prendido sus veladoras con miras al 2015.

Resulta evidente que la dirigencia de ese partido ha comenzado a moverse rumbo a las elecciones del año próximo que, por los acontecimientos recientes, saben cómo terminaría su mandato Aguirre Rivero, lo que sería aprovechado por el tricolor. Para nadie es sorpresa que el PRI quiera recuperar Guerrero, llevando de candidata muy posiblemente a la actual titular de Turismo federal, cuyo padre, José Francisco Ruiz Massieu, fue gobernador de esa entidad de abril de 1987 a marzo de 1993, en el sexenio de su cuñado Carlos Salinas de Gortari, ya que estuvo casado con Adriana Salinas de Gortari. Ruiz Massieu fue asesinado en septiembre de 1994, seis meses después del crimen de Luis Donaldo Colosio.

Por su parte el PRD ha señalado que estaría sopesando la posibilidad de una alianza con el PAN para evitar que el PRI vuelva a tener el poder en Guerrero. Se tiene previsto que el próximo año los blanquiazules se vistan de amarillo para apoyar al senador Armando Ríos Piter. De esta manera, podrían atajar al Revolucionario Institucional para volver a gobernar esa entidad. Mientras tanto, el cabildo municipal de Iguala confirmó que Luis Mazón Alonso sustituye a José Luis Abarca como edil de ese municipio. Es hermano de Lázaro Mazón, ex secretario de Salud de Guerrero, quien renunció recientemente a su puesto por petición del gobernador Aguirre Rivero, para que aclare su situación ante las autoridades federales, ya que tenía una estrecha relación con el edil de Iguala que sigue prófugo.

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