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Avergüenza el México bárbaro

PAULINO CÁRDENAS

La inseguridad, la violencia y los hechos de sangre que se registran cotidianamente en el país, han colocado a México entre uno de los peores sitios a nivel mundial en el mapa de hechos criminales cometidos por la delincuencia organizada. Horroriza que el territorio nacional se haya ido convirtiendo en un cementerio clandestino, en donde son echados los cadáveres que son ejecutados, descuartizados e incinerados, como sucedió con el caso de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que el presidente Enrique Peña Nieto lamentó ayer en un breve mensaje a la nación. Esa práctica criminal se viene repitiendo en Tamaulipas y Veracruz, entre otras entidades federativas. Esos hechos forman parte del México bárbaro que avergüenza al país.

En Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo federal dijo sentirse consternado y profundamente indignado y anunció que su gobierno atenderá la situación de manera coordinada con el gobierno estatal y dentro del ámbito de sus atribuciones para evitar que haya impunidad en torno a la masacre de estudiantes en Iguala. “Como presidente, me encuentro profundamente indignado y consternado. Lamento la violencia que se ha dado y que sean jóvenes estudiantes afectados y violentados en sus derechos” expresó.

Aunque se refirió de forma reiterada a esos hechos, Peña Nieto evitó mencionar detalles de la masacre de estudiantes por parte de la policía local que ya trabaja con la federal como mando único, y sicarios del cártel Guerreros Unidos. En su mensaje, señaló que mantendrá la cooperación con el gobierno de Guerrero e instruyó al gabinete de seguridad a tomar acciones que permitan conocer la verdad y se aplique la ley a los responsables. Dijo que será el gabinete de seguridad el que mantendrá informada a la sociedad mexicana sobre el caso Ayotzinapa.

Desde mayo pasado el gobernador Ángel Aguirre firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60 por ciento del total de elementos del estado e incluye a Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala. Las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal.

Según el gobernador, con dicho acuerdo se buscaba combatir la inseguridad y la delincuencia “con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley”. El caso es que el nuevo esquema no ha funcionado por la colusión de efectivos policiacos con uno de los cárteles que opera en la región, Guerreros Unidos, cuyos sicarios participan con policías-delincuentes estatales y municipales en la masacre de estudiantes.

Por su parte, con un retraso de diez días, la PGR anunció que encabezará la investigación de la masacre de los estudiantes rurales de Ayotzinapa, levantados por la policía y sicarios de manera forzada, torturados, ejecutados y enterrados en fosas clandestinas, entre el viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre, después de un encuentro con efectivos de Seguridad Pública que agredieron a tiros un camión donde viajaba un equipo de futbol, en donde hubo tres muertos y 43 alumnos desaparecidos. La Procuraduría General de la República reforzó el equipo de peritos, ministerios públicos y expertos en diversas materias que se encargarán de la investigación, ya que por el momento se cuenta con indicios suficientes para considerar que miembros del crimen organizado son los responsables de los hechos.

Los cárteles de la droga han expandido sus métodos de hostigamientos a escuelas privadas. Uno reciente fue el del colegio Montessori American School de Tampico, que hace unos días cerró sus puertas debido a amenazas del crimen organizado. Personal en el colegio que estuvo recibiendo varias llamadas con intentos de extorsión y amenazas presuntamente de Los Zetas, lo que obligó a los directivos a cerrar el plantel, después de operar durante 22 años. Personal del colegio sufrió amenazas para pagar una cuota a un grupo del crimen organizado. Bajo esas circunstancias decidieron el cierre de actividades, para no exponer la seguridad e integridad de los niños. Este es uno de tantos ejemplos de lo que está sucediendo en México con la amenaza criminal.

Otros centros escolares han sufrido amenazas de extorsión, como la escuela privada William Shakespeare, también en Tampico, que optó por cerrar sus puertas por amenazas de muerte a los directivos y al personal si no accedían a sus exigencias. La Universidad del Valle de México en Reynosa, también cerró debido a amenazas e intentos de extorsión. Los grupos del crimen organizado han venido realizando extorsiones en diversas facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde cobran cuotas a maestros y a los alumnos los obligan a comprar boletos de rifas cuyos premios jamás son entregados.

Pero lo peor que le ha sucedido a Tamaulipas es el caso de la gente que ha sido levantada, ejecutada y enterrada en fosas clandestinas. Hasta ahora suman 272 restos encontrados en narcofosas en ese estado. Lo mismo ha sucedido en otras entidades. Según cifras recientes, en Veracruz han sido hallados 144 cadáveres, en Jalisco 119, Hidalgo 112, Guerrero 101, Sinaloa 89, Chihuahua 59, Nuevo León 56, Tlaxcala 42, Coahuila 40, Colima 39, Durango 32, estado de México 30, Baja California Sur 28, Zacatecas 27, Morelos 21, Distrito Federal 20, Oaxaca 19, Baja California 19, Sonora 10, Chiapas 3, y Nayarit 1. Del resto de las entidades no hay reportes de hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas.

Este esquema criminal de restos encontrados en narcofosas, aunado al acoso, crímenes, decapitaciones y ejecuciones como los de Tlatlaya, estado de México, integran el panorama de horror que vive el país y que ha colocado al gobierno de México en el ojo del huracán. Ese México bárbaro avergüenza a todos los sectores de la población que siguen esperando que el gobierno federal frene el avance de los capos de la droga y de las mafias criminales, antes de que el crimen acabe imponiéndose y gobierne al país.

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Canceló Peña gira a Guerrero

 PAULINO CÁRDENAS

Tan es real la inseguridad en México, que el propio presidente Enrique Peña Nieto debió cancelar su viaje a Guerrero que tenía programado para este semana, porque seguramente su aparato de seguridad debió detectar algo más allá de los conflictos de presuntos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, a poco más de 14 kilómetros de Chilpancingo, que dejó un saldo el pasado fin de semana de seis muertos, 17 heridos y 57 estudiantes desaparecidos, y del proditorio crimen del secretario General del Partido Acción Nacional en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, quien fue ejecutado de tres disparos el domingo por la mañana en un restaurante del hotel El Mirador, ubicado en la zona turística de la Quebrada del puerto de Acapulco.

Peña visitaría ayer tres municipios. Presidencia argumentó que la cancelación se daba por “malas condiciones climatológicas”. Al mediodía tenía previsto inaugurar un hotel en Acapulco; después viajaría a Coyuca de Benítez para la apertura oficial de un puente que fue derrumbado por la tormenta tropical Manuel en septiembre del año pasado; y por último acudiría a la comunidad de El Nuevo Capricho, dañada también por las tormentas de 2013. Sin embargo, el descompuesto ambiente de violencia que se ha suscitado en esa entidad en los últimos días, habría sido la verdadera causa de esa suspensión del viaje presidencial.

La violencia en esa entidad se replica en casi todo el país diariamente, aunque oficialmente el gobierno insiste en no reconocer. El crimen está alcanzando cada vez más a personajes clave de la política local, como sucedió hace unos días con la emboscada y ejecución del doctor y diputado priísta jalisciense Gabriel Gómez Michel, quien había desaparecido y fue hallado calcinado en su camioneta junto con su chofer, la semana pasada, sin que se sepan las causas, ya que el ex presidente municipal de El Grullo gozaba de buena reputación y supuestamente no tenía enemigos. Incluso había manifestado que quería volver a ser alcalde del lugar donde nació.

Zaragoza había sustituido a Andrés Bahena Montero como líder del PAN en esa entidad el pasado domingo 31 de agosto. Consejeros estatales de Acción Nacional de Guerrero, destituyeron por mayoría de votos al dirigente de ese instituto político, Andrés Bahena Montero, por un presunto desvío de 7 millones de pesos cuyo destino no pudo justificar y que debió haber aplicado en el partido desde 2013. Durante la sesión del Consejo Estatal de Acción Nacional, en la entidad, el panista Francisco Rodríguez Otero, pidió modificar la orden del día y se incluyó la destitución del líder panista, Andrés Bahena, por mayoría, por lo que se dio la votación correspondiente, quedando al frente del PAN estatal Braulio Zaragoza.

El líder panista ejecutado el domingo, hace un tiempo había tenido fuertes desencuentros con los propios panistas. En mayo de 2012, militantes inconformes de ese partido provenientes de los municipios de Acapulco, Tierra Colorada, Buenavista de Cuéllar, Tlapa y Chilpancingo, tomaron las instalaciones del PAN en protesta por la imposición de candidatos a alcaldes y diputados locales presuntamente provienen del PRI y del PRD. Luego de una discusión con el entonces secretario general del PAN, Braulio Zaragoza, lograron que se revocaran 15 planillas para sustituir a los candidatos priístas y perredistas que supuestamente habían sido ya designados como candidatos.

Las autoridades investigan las causas de ese crimen a mansalva del dirigente panista de Guerrero, lo mismo que el del doctor y diputado priísta jalisciense Gabriel Gómez Michel. Ambos partidos, el PRI y el PAN, están de luto por esas pérdidas y han exigido a las autoridades investigar a fondo y hasta sus últimas consecuencias esas alevosas ejecuciones. No se sabe si pudieron ser ordenadas por razones políticas o había sido el crimen organizado el que haya cometido esos asesinatos. El caso es que la violencia está enfocándose en personajes cada vez de más alta jerarquía dentro de la clase política y la frecuencia va siendo cada vez menor.

En Guerrero y en otras entidades del país, los actos de violencia, ya sea por protestas de grupos inconformes o derivados de la lucha armada que el gobierno sostiene contra el crimen organizado y las mafias del narcotráfico, se han ido multiplicando, pese a que oficialmente se ha hecho creer que ese flagelo ha ido disminuyendo. Lo cierto es que el gobierno federal y los gobiernos locales se han ocupado de acallar esas informaciones en los medios, a base de diferentes métodos. Por ello en este sexenio el ruido mediático sobre la inseguridad ha bajado de tono, pero los hechos delictivos continúan. Además se sabe de la pugna que hay en ese estado entre los cárteles de Sinaloa y Guerreros Unidos.

Michoacán se ha convertido en el caso típico de lo anterior, en donde ha sido materialmente imposible tratar de acallar lo que sucede en esa entidad con el líder delictivo Servando Gómez alias ‘La Tuta’, por más que el comisionado plenipotenciario Alfredo Castillo Cervantes ha querido hacer creer que el tema de la inseguridad está bajo control, lo que dista de ser cierto. Lo mismo sucede en otras entidades de la República Mexicana en donde el crimen organizado sigue dando de qué hablar, como sucede en Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Durango y Oaxaca entre muchas otras entidades, en donde la violencia no para y a diario hay ejecutados.

Lo que llama la atención es que el presidente Peña Nieto haya cancelado su gira a Guerrero en donde ciertamente los índices delictivos se han elevado y en diversos municipios aparecen gentes que son ultimadas por supuestos sicarios; aunque Presidencia argumentó que la razón fue por el mal tiempo que prevalece en esa zona del país, el caso es que coincide con el clima de inseguridad que hay en la entidad.

Ayer, en Chilpancingo, normalistas irrumpieron en el Congreso del estado, rompieron todos los vidrios de la parte principal del inmueble y realizaron varios disturbios. Los inconformes exigen a las autoridades que presenten con vida a sus 57 desaparecidos y que haya justicia para los fallecidos en Iguala. El asunto podría agravarse. Sin embargo, además del cobarde crimen del líder estatal panista Braulio Zaragoza, debieron haber otras razones de mayor peso que por causas climáticas, como para haber cancelado la gira presidencial a Guerrero.

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Falla ‘cruzada contra el hambre’

PAULINO CÁRDENAS 

La verdad rebasa lo ilusorio. Mientras que el entusiasmo que le ha puesto desde un inicio el presidente Enrique Peña Nieto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, de la Sierra Tarahumara, Chihuahua, en donde acaba de estar el mandatario priísta para entregar apoyos a gente pobre que padece carencia de alimentos, una caravana de varios gobernadores de las tribus rarámuris se desplazó a la capital del país para hacer reclamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y exigir justicia y apoyos contra el hambre. Y al menos en Guerrero, a más de un año de la iniciado un programa de ayuda, existen quejas de los beneficiarios sobre ese programa. ¿Quién está haciendo quedar mal al Presidente? La encargada de esa ‘cruzada’ es Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social.

En el municipio de Guachochi, a donde asistió el pasado lunes el mandatario priísta, dijo que la meta para este año es lograr que al menos 5 millones 500 mil mexicanos -de los siete millones que viven en pobreza extrema y padecen carencia de alimentos- tengan garantizados sus alimentos diarios. Afirmó que a través de los diversos programas sociales contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, hoy “tres millones de mexicanos pueden comer y tener un mejor abasto alimentario y la protección del Estado mexicano para enfrentar condiciones de adversidad”.

Aseguró que de los siete millones de mexicanos en pobreza extrema y carencia alimentaria, ya se ha logrado revertir esta condición en tres millones. Destacó que el presupuesto destinado a distintos programas del gobierno federal en materia de combate a la pobreza es superior a los 346 mil millones de pesos y que no sólo están en el ámbito de la Sedesol, sino en diferentes dependencias. No se sabe si a la funcionaria le habrá calado lo que dijo el Presidente en Chihuahua, en donde ella estuvo, cuando señaló que el principio de la ética de la política es dedicar el esfuerzo transformador a atender y procurar a quienes menos tienen.

Quizá el presidente no sepa toda la verdad sobre las fallas que ha tenido ese programa en cuanto a su implementación. Lo que parece ser cierto es que su ímpetu y sinceras ganas de ayudar que se le ven, están siendo defraudadas por quienes tienen la responsabilidad de rendir buenos resultados, empezando por la encargada del programa, Rosario Robles, a quien siguen viendo con resquemor las mujeres pobres que tiene más de tres hijos y que requieren la ayuda del gobierno para subsistir.

Esto porque como se recordará hace varias semanas cometió aquella pifia de decir que no habría ayuda del programa Oportunidades para las mujeres que estuvieran procreando hijos solo para obtener dinero del gobierno. Esto sucedió en una comunidad indígena de Nayarit, lo cual le mereció serias críticas e incluso una acusación del PAN ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por discriminación.

Pero es obvio que hay desorden, falta de planeación o de supervisión, y no hay criterios definidos sobre las necesidades de las familias que, como en el caso de Guerrero, en donde hace más de un año -14 meses ya cumplidos- el poblado de Apango del municipio de Mártir de Cuilapan, fue escogido para iniciar un ‘programa piloto’ de ayuda a los necesitados. Sin embargo, en la colonia Señor Santiaguito hay quejas de los beneficiarios de que las cosas no han sido como se les prometió, según señala un reportaje de El Universal. Dicen que los programas no han sido efectivos y se quejan de que son para poca gente; que no les preguntaron qué necesitaban para mejorar sus condiciones de vida y que tampoco ven ningún avance.

El 13 de abril de 2013, cuando fue Rosario Robles a esa cabecera municipal, los anuncios fueron fastuosos y con ánimos para familias que se dedican, en su mayoría al campo, migran, o son jornaleros agrícolas. Las señoras que se dedicaban, antes de la Cruzada, a tejer tiras para la elaboración de sombreros, dice el reportaje, lo siguen haciendo, pues tienen mucha necesidad, aunque por cada 20 tiras de “una brazada” cada una, se ganan tres pesos y al mes perciban 180 pesos. Las cosas no han cambiado. En aquella fecha la secretaria de Desarrollo Social dijo que cambiaría la vida de los más de 20 mil habitantes con la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Uno de los principales problemas de ese municipio guerrerense es la escasez de agua; otro, un conflicto agrario de más de 70 años que podría llegar a un enfrentamiento en la comunidad de Totoltitlán, que no ha tenido arreglo; no en todas las comunidades hay Centros de Salud, la escolaridad promedio de los apanguenses es de secundaria; además, de que una parte de la población decide migrar a otro país o estado, ‘pues aquí no existen suficientes fuentes de empleo’. En realidad son muchas las quejas en torno a la implementación de ese programa. ¿En cuántos otros estados, municipios, poblados y comunidades del país estará sucediendo lo mismo?

Para colmo de esa situación, este lunes, mientras el titular del Ejecutivo estaba de visita en el municipio de Guachochi, considerado la capital de la etnia tarahumara, por concentrar el mayor número de indígenas para otorgar ayuda a quienes padecen hambre, una caravana con medio centenar de gobernadores de diversas tribus rarámuris viajó a la capital del país con la  finalidad de instalar una mesa de trabajo de alto nivel con representantes de diversas secretarías de Estado. La llamada “Caravana por la justicia en la Sierra Tarahumara” buscará entablar un diálogo con los presidentes de la Suprema Corte y del Tribunal Agrario.

Esa delegación está integrada por gobernadores indígenas y líderes comunitarios de siete comunidades tarahumaras y una tepehuana de los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Urique. Los asuntos que abordarán los representantes indígenas están relacionados con las violaciones sistemáticas a los derechos al territorio ancestral, la consulta y el consentimiento previo libre e informado, además de aquellos derivados de la contaminación de manantiales y la violencia. De estos problemas, las autoridades federales ya tienen conocimiento, ya que existen expedientes judiciales en los tribunales agrarios, civiles y administrativos. Así están las cosas con la famosa cruzada contra el hambre.

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Muy tardía la reacción federal

Hoy, cuando las cosas están que arden en la región de Tierra Caliente de Michoacán, hay apuro del gobierno federal de entrarle de frente al problema de los enfrentamientos que se están dando día con día en diversos municipios de esa entidad federativa. Está dada la orden por parte del Presidente de emprender una serie de medidas que comprende, entre otras cosas, pedirle a las autodefensas que se desarmen, darle capacitación a los contingentes policiacos por parte de las tropas castrenses, y cursos de actualización y medidas de depuración en los ministerios públicos. La medida es bastante tardía. Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas dijo que primero habrían de empezar a desarmar a los Caballeros Templarios. Si nos desarman a nosotros, quedamos a la deriva y al rato las fuerzas militares, marinos y policías federales se van y volvemos a quedar al garete. Que el gobierno vaya primero por el crimen organizado no contra nosotros, expresó.

Es obvio que para el jefe del Ejecutivo federal y su gobierno, lo importante durante el 2013 fueron las reformas constitucionales que envió al Congreso, más que garantizar la paz a pueblos enteros como los michoacanos que han estado a expensas del crimen organizado, por lo que han tenido que armarse para defender a sus familias y a su patrimonio de las bestialidades que han venido cometiendo contra ellos los cárteles que han impuesto su ley en esa región del país, y en otras muchas. Se dice que en México hay una guerra de baja intensidad. También se pregunta mucha gente si no existe una conspiración venida de fuera contra el gobierno de Peña Nieto. El caso es que hasta ahora, un año después de iniciado el sexenio, se repara en que hay que entrarle con todo a tratar de poner paz en Michoacán. Aunque lo mismo está sucediendo en otros estados.

Mora insistió en que los Templarios le pusieron una trampa al gobierno federal para hacer creer que la culpa de lo que ha estado sucediendo de violencia y sangre, es de los grupos de autodefensa, y cayó. La prueba es que el secretario de Gobernación lo primero que hizo al llegar a Michoacán fue pedirle a los grupos civiles armados, que depongan las armas. Si, pero Hipólito pregunta ¿y quien nos va a apoyar? Que primero desarme a los grupos delincuenciales. Nos hemos organizado porque nadie nos escuchaba, ni el gobierno local ni el gobierno federal. “Estamos en un infierno”, afirmó quien se ostenta como uno de los mandos de las autodefensas michoacanas. Dijo que ese problema de la criminalidad de los cárteles sucede desde hace diez o doce años. Hasta que aparecimos los grupos de autodefensa se hizo el escándalo y empezaron a voltear a  Michoacán. Qué bueno, expresó Mora. Pero que primero vayan contra los Templarios, insistió.

Mientras el gobierno federal en pleno se dedicó en 2013 a empujar y apoyar las reformas que envió al Congreso de la Unión el jefe del Ejecutivo, la violencia y el sometimiento de los michoacanos por los grupos criminales, fueron ignoradas y el gobierno local ha sido incapaz de detener el avance de los criminales. Un año después, ya que las reformas fueron aprobadas, ahora sí voltea el gobierno a ver el caso Michoacán. Hora sí habrá ‘tolerancia cero’ advirtió Osorio Chong en su visita  de ayer a esa entidad. Habrá que ver, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Por lo pronto las autodefensas no se van a desarmar. En el gobierno federal, mientras todos andaban apurando en distintos foros las ‘bondades’ de las reformas para que fueran aprobadas, se creyó que  el gobierno del priísta Fausto Vallejo, iba a tener la capacidad de hacerle frente a ese flagelo.

Sin embargo, aprovechando la enfermedad y ausencia del cargo del veterano político a quien suplió como gobernador interino por unos meses su secretario de gobierno, Jesús Reyna García, las células de los cárteles hicieron lo que quisieron en las comunidades michoacanas. Se afirma incluso que el propio gobierno de esa entidad parece estar coludido con los cárteles de la droga. Ayer, con carácter de urgente, el secretario de Gobernación viajó a esa entidad, y por instrucciones del presidente Peña Nieto planteó al gobierno local una serie de medidas que habrán de tomar conjuntamente tanto con la administración local como con diversas alcaldías, para garantizar la paz y el orden en Michoacán. Es obvio que eso debió hacerse durante el primer año de gobierno peñanietista, cuya omisión le permitió a las organizaciones criminales hacer suyas decenas de comunidades e imponer su ley. A partir de ayer, la Federación asume el mando, dijo el funcionario.

Mientras los reflectores estuvieron puestos el primer año del nuevo gobierno en el tema de las reformas, la criminalidad se acentuó en el país, especialmente en tierras de Michoacán donde la gente del pueblo decidió armarse para defenderse de los cárteles de la droga. El problema es que ese esquema de autodefensa está sucediendo también en Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Morelos, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, Durango,  Sinaloa, Tlaxcala, Nuevo León y Tabasco, por solo señalar algunas en donde las comunidades están hartas de los abusos, violaciones y matanzas para someter a sus pobladores por parte de células de los cárteles de la droga, que han diversificado sus actividades delincuenciales a las  extorsiones, secuestros, y amagos a la población inerte a punta de pistola, rifles de alto calibre y granadas. La gente de muchas de esas comunidades se queja de que los militares, marinos y policías federales destacados por cientos y por miles en sus entidades, solo están a la expectativa.

Si en el gobierno calderonista se escribió una de las páginas más negras de la historia de México en materia de criminalidad, en la administración de Peña Nieto, habiéndose olvidado de combatir la violencia y la furia del crimen organizado, las cosas estaban condenadas tomar el mismo camino el mismo de violaciones, sangre y muerte. Por omisión, por dejadez, por insensibilidad, por negligencia, por no querer parecerse al régimen anterior. Por lo que sea, ya era tiempo de que el nuevo gobierno se percatara de que todo lo logrado en el campo legislativo el año anterior con las reformas que fueron aprobadas, en especial la energética, podría venirse abajo sin paz social. La paz es condición sine qua non para lograr el verdadero cambio en el país. No hay reforma que aguante permanentes derramamientos de sangre ni enfrentamientos armados cotidianos y generalizados como sucede en gran parte del territorio nacional.

 

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Tierra Caliente es un polvorín

PAULINO CÁRDENAS

Varios municipios de Tierra Caliente de los estados de Michoacán y Guerrero están a punto de estallar. Sus pobladores están a expensas del cártel de los Caballeros Templarios que manda en gran parte de esas dos entidades federativa, además que las tropas del Ejército enviadas por el gobierno federal, que supuestamente deberían de estar a su favor, más bien parecen estar en su contra, por lo que han decidido autodefenderse de la delincuencia. El gobernador interino, Jesús Reyna García, dicen, es un cero a la izquierda. Incluso se afirma que está casado con la hermana de la esposa de Servando Gómez, alias La Tuta, lider de los Templarios. Cierto o no, el caso es que familias enteras han tenido que abandonar sus poblados, porque han quedado a expensas de los grupos criminales que los tienen sometidos con actos que van desde el secuestro y la extorsión hasta la quema de casas y el crímen vil.

Se calcula que unas 400 personas de esa región huyeron de sus hogares entre el miércoles y el domingo, luego de que hombres armados las amenazaron. Han reiterado que las tropas que ha enviado el gobierno federal no están combatendo ni sometiendo a nadie, a ningún delincuente, “porque cuando los agarran los sueltan enseguida” y afirman que a quienes hostigan “es a nosotros’. Se ha corrido la especie de que los grupos comunitarios han estado siendo armados por el grupo rival de los Templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual los comuneros indígenas lo niegan. Dicen que las armas son de policías locales vinculados con los criminales. El hecho es que cientos de pobladores han huído de las regiones en conflicto, el cual por el acoso del narco y la indolencia gubernamental, no es remoto que pudiera derivar en un movimiento de insurgencia en esas dos entidades federativas por otros componentes de olvido y desaliento.

El gobierno michoacano más bien le ha sacado al bulto al problema señalando que los comuneros no le ha pedido ayuda y que de hecho no se ha percatado de la situación. El éxodo de los pobladores indígenas de sus viviendas, familias enteras, continúa en la región de Tierra Caliente hacia otras localidades del país, a causa de la violencia. Se quejan de las múltiples vejaciones de que son víctimas por parte del narco, las cuales han llegado a la entrega obligada de sus mujeres bajo amenaza de muerte, sobre todo niñas de las escuelas de entre 11 y 14 años, que escogen como pago de ‘cuotas’ al cártel que los tiene sometidos. La desesperación de los grupos indígenas es mucha y la ayuda del gobierno es prácticamente nula.

Se cree que en el Encuentro Nacional Indígena que se celebra en San Cristóbal, Chiapas, podría abordarse ese drama. El pasado viernes se reunieron integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para iniciar el diálogo sobre la problemática que viven varios pueblos indígenas del país, donde serían escuchados los testimonios y denuncias de los representantes de esas comunidades entre ellos de Michoacán y Guerrero, además de Oaxaca, Jalisco, Sonora, Nayarit y Veracruz, entre otros. No se descarta que el ‘sub’ Marcos, máxima figura del ex grupo rebelde que hizo su aparición en enero de 1994, de mayoría indígena, haga un pronunciamiento esta semana a favor de los indígenas michoacanos y guerrerenses que están entre la espada y la pared.

Desde julio pasado se intensificó la huída de más de 1,000 personas que abandonaron varias de sus comunidades por amenazas de hombres armados. Los desplazados se encuentran en diversos refugios temporales pero piden al gobierno federal ayuda y protección contra los sicarios al servicio de los templarios. Estos hechos ocurren desde mayo pasado, cuando miles de militares y policías empezaron a ser desplegados por el gobierno en la subregión de Tierra Caliente, que abarca parte de los estados de Guerrero y Michoacán, tras el surgimiento en esa zona desde abril pasado de grupos de autodefensa integrados por hombres armados que han dicho que buscan defender a sus comunidades del acoso del cártel de los Templarios. Las armas que poseen los grupos comuntarios se las han quitado a policías locales que, aseguran, están coludidos con los delincuentes.

En San Miguel de Aquila, Michoacán, varios grupos comuntarios de autodefensa la semana pasada fueron desarmados y detenidos por militares, entregados a las autoridades ministeriales y traídos a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, en donde estuvieron incomunicados según la queja de una abogada defensora, cuarenta de los cuales ya fueron consignados acusados por vínculos con el crimen organizado y recluidos a la prisión de Villa Aldama, Veracruz. Dieciseis de ellos podrían quedar en libertad. Sus compañeros de causa han comenzado a realizar diversos actos en protesta por sus detenidos.

El otro foco rojo está en la región de Tierra Caliente en donde este fin de semana las cosas empeoraron. ¿De qué ha servido el Acuerdo por Michoacán, un mecanismo que pretende consensuar políticas públicas, programas sociales y acciones de las fuerzas de seguridad para devolver la paz a ese estado? ¿Y los supuestos acuerdos entre el gobierno y los grupos indígenas acosados por el narco en Guerrero? Ojalá que por andar con su reforma energética al gobierno federal no se le vaya a salir de control ese conflicto, el cual podría generalizarse y prender en otros estados de la República como Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa. ¿En el Encuentro Nacional Indígena que se celebra en San Cristóbal se dirá algo sobre lo que sucede en Guerrero y Michoacán en cuanto a vejaciones, violencia, temor y baños de sangre a que han sido sometidas familias enteras mayoitariamente indígenas?

paulinocardenas.wordpress.com 

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Guerrero, el otro reto

PAULINO CÁRDENAS

El otro reto que tiene enfrente el presidente Enrique Peña Nieto y el gabinete de seguridad, es Guerrero, por las circunstancias tan similares de violencia como las que agobian a Michoacán en donde no ha bastado la actuación de las fuerzas armadas para contener los embates de los cárteles que operan en esta entidad, principalmente el de Los Caballeros Templarios y el de Jalisco Nueva Generación, lo que motivó que el mandatario priísta ordenara que un ejército de funcionarios de los tres niveles de gobierno y convocó a los representantes de los principales partidos políticos fueran juntos al rescate en esa entidad. Pero en Guerrero parece haber otro ingrediente. Además de demandar la salida de sus territorios del Ejército y la Marina, también van contra las reformas de Peña Nieto.

Este martes, en el poblado guerrerense de El Pericón, municipio de Tecoanapa, integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), mantenían retenidos a 100 soldados porque el lunes, ‘por órdenes superiores’, habían comenzado a desarmar a policías comunitarios perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. En represalia pore se desarme optaron también por bloquear carreteras al tiempo que demandaban la salida de las tropas de sus poblados, manifestando su respaldo a sus compañeros que mantenían retenidos a los soldados. Pero entre sus demandas hacían alusión a una causa aparentemente ajena, con dedicatoria al jefe del Ejecutivo federal: “Desde Tixtla, la tierra de nuestro general Vicente Guerrero, decimos al gobierno que lucharemos contra sus reformas”.

La protesta principal era ciertamente la devolución de sus armas y la salida de las tropas enviadas por el gobierno federal a diferentes regiones de Guerrero, en donde el acoso de los cárteles de la droga no paran contra sus comunidades y sus familias, por lo que han decidido armarse para defenderse de los sicarios que ahora no solo piden ‘cuotas’ a la gente, sino que están yendo también por sus mujeres, sobre todo menores de edad. Consideran que el Ejército, La Marina y la Policía Federal no están cumpliendo con su papel de defender a las comunidades. Que su presencia obedece a que tienen órdenes de solo hacer acto de presencia ‘para mantener la paz’.

Sin embargo, Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-Policía Comunitaria, respecto a la retención de los 100 soldados y a los bloqueos carreteros, manifestó: “Esta es una prueba del descontento de los pueblos contra los tres niveles de gobierno que están aliados con la delincuencia organizada, y contra las reformas de Enrique Peña Nieto, que si no luchamos, hará más pobres a nuestros pueblos”. Y declaró: “Desde Tixtla, la tierra de nuestro general Vicente Guerrero, decimos al gobierno que lucharemos contra sus reformas”. El martes comenzaron los bloqueos en la carretera federal que comunica a Chilapa y la Montaña baja y alta, a Chilpancingo, y a Zumpango e Iguala.

También en la cabecera municipal de Olinalá, en la Montaña alta, en sus dos accesos rumbo a los municipios de Tlapa, Chilapa, Huamuxtitlán, y con el estado de Morelos. En Huamuxtitlán bloquearon la carretera que comunica con el estado de Puebla, y la que va a Tlapa. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, amenazó con desalojar a los policías comunitarios. “No podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley”, advirtió el mandatario aliancista. Alrededor del mediodía y por la tarde del martes, comenzaron a liberar las carreteras, luego de que el gobierno estatal se comprometió a recibir a una comisión de los inconformes en la Casa Guerrero. Por la noche ambos grupos buscaban llegar a un acuerdo.

El asunto pues, tiene otra connotación, además del mero asunto de defenderse de la delincuencia organizada, y la forma en que han optado por defenderse de los cárteles de la droga que tienen agobiados a municipios guerrerenses de las regiones de la Montaña, centro, y Costa Chica. Señalan que las instituciones oficiales no solo no garantizan condiciones de seguridad para la población local, sino que son partícipes activas de la violencia actual. Afirman que ‘con policía comunitaria vivimos en paz; no hay asaltos ni crímenes; ni violaciones a las mujeres en las comunidades indígenas’. Las tropas que manda el gobierno no hacen nada, ‘no cumplen con su función de garantizar la seguridad’. Esa es su verdad.

Para el gobierno de Peña Nieto está visto que en el caso del estado de Guerrero, igual que el de Michoacán, habrá de entrarle al quite la federación, porque no ha bastado el envío de tropas para contener el avance de los cárteles de la droga, ya que sus gobernantes están siendo rebasados por la violencia en esas dos entidades. A ese problema de falta de gobernabilidad, ineficacia y violencia que se vive en esas dos entidades federativas, se suman otras preocupaciones que tiene en su agenda el mandatario priísta.

Entre otras, cómo asegurar que pasen sin muchos cambios sus propuestas de reforma en el Congreso de la Unión. Una de ellas, la energética, se optó por enviarla hasta la próxima semana. Tal decisión se tomó la noche del martes, después de una reunión que sostuvieron los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México. Quizá Peña Nieto esté molesto porque su gente ha manoseado más de la cuenta el tema, sobre todo en lo referente a los cambios que requiere la Constitución para que ‘transite’ su propuesta. Uno de esos cambios es si el sector público debe seguir teniendo a su cargo, de manera exclusiva, áreas estratégicas como las referentes a la industria petrolera, o abrirlas al sector privado.

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Michoacán; segunda llamada

PAULINO CÁRDENAS

Aunque las autoridades han minimizado la información sobre diversos enfrentamientos que han sucedido a últimas fechas en varias latitudes del país, entre grupos de diversos cárteles de la droga y del crimen organizado, y elementos del Ejército, de la Marina, y de la Policía Federal, es un hecho que el avance de las organizaciones criminales sigue sin ser detenido por las fuerzas armadas. Un caso que evidencia lo anterior es Michoacán, entidad que por órdenes presidenciales irá siendo materialmente ocupada por instancias diversas de la administración federal, para ver si echándole montón al asunto se logra apaciguar un poco la violenta efervescencia y derramamiento de sangre que se ha desatado en varios municipios de ese estado.

Pero no es Michoacán solamente en donde la violencia y las matanzas cotinúan igual o peor de cómo se daban esos hechos en el sexenio pasado. Hay otros estados de la República en donde hay focos rojos por la misma circunstancia. Según dijo a comienzos del sexenio el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, operan en el país entre 60 y 80 cárteles ‘entre medianos y chicos’, a consecuencia del acoso armado del gobierno de Felipe Calderón, después que le declaró la guerra al narcotráfico, cuya estrategia se basó en querer destruir a las cabezas de los grupos delincuenciales, lo que provocó que se fragmentaran las organizaciones criminales generando que se multiplicaran los cárteles.

Aunque aparecen y desaparecen grupos o hay alianzas entre ellos, el poderío lo ostentan el cártel de Sinaloa, el de Los Zetas, seguidos de Los Caballeros Templarios, el cártel del Golfo y el de Jalisco Nueva Generación, que son los que constantemente se disputan territorio en diversas partes del país. Ante la imposibilidad real de multiplicar los esfuerzos del gobierno federal tal como se optó por hacerlo en el caso michoacano, en donde comenzará a desfilar por esa entidad un ejército de civiles de los tres niveles de gobierno, por órdenes del presidente Peña Nieto, no habría suficientes recursos ni humanos ni presupuestales para hacer lo mismo en otras entidades en donde los cárteles de la droga y del crimen organizado tienen agobiada, sometida, espantada y aterrada a la población.

El gran reto de la nueva administración es saber cómo mantener la violencia acotada; qué hacer para que no existan ejecuciones, secuestros, extorsiones, matanzas múltiples, ni derramamiento de sangre en las entidades en donde esos hechos siguen ocurriendo todos los días, como sucede en Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, estado de México, Chihuahua, Chiapas, y Quintana Roo. Tampoco quiere el gobierno federal enfrentamientos armados, ya que las tropas no están combatiendo ni sometiendo a nadie, cual es la queja reiterada de los grupos de autodefensa que por eso se han multiplicado en el país. La idea, peregrina para algunos, es sustituir la fuerza de las armas por inteligencia. Michoacán pretende ser el segundo ensayo de rescate, después del fracasado intento del ex presidente panista oriundo de ese estado. Este es el segundo intento; diríase la segunda llamada.

Nada fácil, si se quiere desentender el origen del conflicto, ya que el problema no es solo de ingobernabilidad que de suyo existe en esa entidad y en otras como Guerrero, sino de aceptar que mucho de lo que hace cotidiana la tragedia y las matanzas del narcocrimen, es la colusión entre las mafias y las autoridades que dan lugar al preocupante ambiente de violencia y hechos de sangre exacerbados que se ven todos los días en muchos poblados del país. Señalan en sus discursos el presidente Peña Nieto y su hombre clave contra el crimen y la inseguridad, Miguel Angel Osorio, que en la presenta administración, la lógica de guerra y de las armas en la lucha contra los cárteles, ya no funcionan. Luego entonces la gran pregunta es: ¿qué hacer si no hay inteligencia capaz y eficiente ante los embates de los capos?

A alguien se le ocurrió que, además del despliegue de la fuerza pública, debe trabajarse en varios frentes para reconstruir el tejido social en Michoacán. De inmediato el titular de Gobernación convocó a autoridades locales, municipales y federales, y representantes de todos los partidos, para hacer un frente común e ir al rescate de esa entidad, que ha quedado en manos del crimen organizado en muchos de sus municipios. Se trata de sumarse al propósito de fortalecer la gobernabilidad en ese estado. Pero está visto que eso no será suficiente. Hoy por hoy la Nación está dominada por poderosas organizaciones –cárteles ‘entre medianos y chicos’ como dijo Murillo Karam–, que parecen estar listas a dar la batalla contra la pretensión del gobierno federal de acabar con ellos. Habrá que ver si resulta el experimento del gobierno peñanietista.

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