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Solo el gobierno cree sus historias

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno federal ha dado a conocer la supuesta identificación de uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala, interpretando a su modo el parte de los científicos de la Universidad de Innsbruck, así como la detención de El Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, una de las piezas clave que participaron en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del año pasado, lo cual provoca la desconfianza de los mexicanos.

Ello porque ambas informaciones se dan a conocer a pocas horas de la reunión que sostendrá el presidente Enrique Peña Nieto con padres y madres de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa este jueves y a unos días que se cumpla un año de esa desaparición masiva forzada. Apoyándose en la maquinaria mediática que el gobierno tiene bien aceitadita, trata de hacer creer esas dos historias. Y sin duda esta semana habrá más informaciones en su afán de insistir en su ‘verdad histórica’.

Para los familiares de los normalistas desparecidos, la interpretación que la PGR le dio al parte de los investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria, respecto del adn que le fue tomado a la madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz uno los estudiantes desaparecidos, a ellos les parece que la argumentación que le da la procuradora Arely Gómez, es una interpretación a modo al dar por hecho que sí las pruebas sí corresponden al joven de 21 años.

Señalan que los científicos, en su reporte, indican que la prueba de los análisis mitocondrial de una de las muestras óseas practicado por los científicos en aquella nación, arrojó “evidencia moderada” con las muestras obtenidas de la madre. Nunca dijeron categóricamente que sí correspondían a Jhosivani. También están molestos porque una vez que tuvieron conocimiento del parte científico, de inmediato el gobierno federal lo dio a conocer a los medios que dieron por buena la interpretación de la PGR.

Los familiares de Jhosivani reclamaron de inmediato en una carta dirigida a la titular de la PGR, de que se pretende hacer creer a la sociedad que los restos encontrados sí corresponden a los del normalista. Le reprocharon también el haber dado a conocer primero a los medios de comunicación los resultados de la investigación antes de hablar con ellos. El acuerdo había sido que primero se le informaría a los familiares y luego a los medios.

También se quejaron de la supuesta aprehensión sin violencia alguna, de Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil. Al respecto manifestaron: “Se nos hace mucha coincidencia que cuando supuestamente encuentran los restos de otro normalista detienen a la supuesta pieza clave del caso Ayotzinapa”. Es otra información del gobierno federal que se presta a sospecha por las circunstancias en que se dieron según las autoridades que lo aprehendieron, dicen, en Taxco, Guerrero.

Lo mismo con la detención de Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, sin que haya habido resistencia de parte del sicario con fama de sanguinario matavidas. Pareció mas bien un montaje de una entrega pactada de antemano, como las que hacía en el sexenio pasado Genaro García Luna, titular de la secretaría de Seguridad Pública federal, con la anuencia de su jefe Felipe Calderón.

El Gil o El Cabo Gil es uno de los personajes clave en el caso. Cuando justo estaba en su apogeo la supuesta investigación de la desaparición masiva forzada de los jóvenes normalistas en Iguala la noche del 26 de septiembre pasado, el sicario le habría avisado el 26 de septiembre a su superior en armas, Sidronio Casarrubias, considerado el líder máximo del cártel Guerreros Unidos, del conflicto suscitado en Iguala, con la llegada de normalistas en varios autobuses.

Los estudiantes habían tomado varios camiones para ir a Iguala y boicotear una celebración de la entonces directora del DIF de ese municipio, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de ese municipio, José Luis Abarca. Se dice que ahí se anunciaría el ‘destape’ de la esposa como candidata a la alcaldía y sucesora del marido. Se presume que ambos pertenecían al cártel Guerreros Unidos vinculado al de los Beltrán Leyva. Hoy ambos están en la cárcel.

Señalan las crónicas de entonces, que al enterarse Abarca de las intenciones de los normalistas, dio la orden a las policías de Iguala y de Cocula que fueran tras ellos y les impidieran llegar a Iguala. Sidronio le habría dicho a su lugarteniente El Gil que cumplieran la orden dada por Abarca. Fue cuando las policías de ambos municipios persiguieron y atacaron a los estudiantes y al final se los llevaron en varios vehículos de esas corporaciones.

Según las investigaciones de la PGR, El Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, fue quien informó, a través de un mensaje vía celular, a Sidronio Casarrubias el conflicto suscitado en Iguala el 26 de septiembre, con la llegada de normalistas en varios autobuses.

“El mensaje es muy claro. En el mensaje le dice: ‘Nos atacaron Los Rojos, nos estamos defendiendo’. Y en el mensaje del día siguiente le dice: ‘Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar’. Es textual el mensaje”, dijo el entonces procurador general Jesús Murillo Karam.

Lo que llama la atención es que esa detención de El Gil en un lujoso fraccionamiento de Taxco, fue prácticamente silencioso, sin disparo alguno, sin violencia, y en el más completo sigilo. Como fue la supuesta captura del Chapo Guzmán en Mazatlán el año pasado.

Todo mundo cree que esa detención fue pactada de antemano porque se da a conocer en vísperas de la reunión de Peña Nieto con los familiares de los desaparecidos y a unos días de que se cumpla un año de esa desaparición masiva forzada, junto con el reporte de la Universidad de Innsbruck.

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Autobús, clave del caso Ayotzinapa

PAULINO CÁRDENAS

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un autobús de la línea ‘Estrella Roja’ sería la clave del caso de la desaparición de los estudiantes. ¿Por qué? Porque como se recordará, el 26 de septiembre de 2014 varios grupos de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos secuestraron varios camiones para boicotear el informe de la entonces titular del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de ese municipio, José Luis Abarca.

Uno de esos camiones no era urbano, sino foráneo, el ‘Estrella Roja’, el cual vendría cargado con droga o dinero camuflado, para entregar a la red que manejaba la pareja Abarca-Pineda para los Beltrán Leyva. De ese camión la PGR no dio cuenta en sus investigaciones señaló el mencionado grupo de expertos que acaba de presentar su sexto informe al gobierno de México sobre las causas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Presentó una nueva tesis sobre la causa del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala sobre la cual refiere: “Su acción de tomar autobuses (…) podría haberse cruzado con la existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en (…) el Estrella Roja”.

Al enterarse del secuestro de ese autobús, dieron órdenes a los policías de perseguir el vehículo en donde viajaban los normalistas, que luego sufrieron desaparición forzada y hasta la fecha nadie sabe cuál fue su destino. Ese camión ‘Estrella Roja’ podría ser la clave del caso Ayotzinapa.

El informe del grupo de expertos del GIEI señala también que la ‘verdad histórica’ presentada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerado y sus restos echados a un río, no tiene validez ni el soporte científico suficiente, por lo que no lo da por válido.

Ese grupo destacó las investigaciones realizadas en Estados Unidos contra el cártel Guerreros Unidos que opera en varios municipios de Guerrero con sede en Iguala que es un centro estratégico de distribución de droga para EU. Aunque no lo mencionó, hay otro grupo conocido como ‘Los Rojos’ que está vinculado, igual que los Guerreros Unidos, al cártel de los Beltrán Leyva.

Incluso corre la versión de que el sobrenombre de ‘Los Rojos’ viene porque es en la línea ‘Estrella Roja’, uno de los autobuses comerciales por el que los grupos de sicarios al servicio de los cárteles transportan droga y pacas de dinero, producto de la venta de narcóticos que trasladan por ese corredor hacia EU.

El 8 de diciembre de 2014, en el Estado de Ilinois, se presentó un caso contra Pablo Vega, su cuñado Alexander Figueroa y otros. Al primero lo consideran el jefe en Chicago del cártel Guerreros Unidos. De acuerdo con la Fiscalía “Pablo Vega trabajó con varias fuentes de narcóticos en México para importar cantidades al mayoreo de heroína y cocaína de México a Illinois, a menudo escondiendo los narcóticos en autobuses comerciales de pasajeros que viajaron de México a Chicago”. Según las informaciones recogidas por el grupo interdisciplinario, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante.

Según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada. Los estudiantes tomaron 5 autobuses, y la propia existencia de uno de los autobuses ‘Estrella Roja’ no fue presentada en la investigación. Además, ese grupo de expertos rechaza la versión de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. En su entrega, presentaron una lista de 20 recomendaciones al gobierno federal entre las que destaca investigar como el móvil de la agresión el transporte de estupefacientes en camiones en Guerrero.

Por todo ello, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del gobierno federal atender las recomendaciones realizadas el domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje indicó: “También le he dado indicaciones a las dependencias del gobierno para que analicen cada una de las recomendaciones” presentadas por ese grupo interdisciplinario. En la misma red social, Peña Nieto agradeció el trabajo de los expertos independientes y el apoyo de la CIDH para la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Bien haría el presidente en que las indagatorias se renueven con la perspectiva y sugerencias del GIEI.

Y más valdría que, en lugar de comenzar a tratar de desvirtuar esas investigaciones de ese grupo de expertos independientes, las autoridades se avoquen a repara los errores y omisiones que hubo para llegar a la ‘verdad histórica’ que a nadie convenció y que más pareció desde entonces una verdad histriónica. Una investigación exhaustiva, profesional y completa podría dar resultados muy satisfactorios para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos o mejor dicho 42, porque uno de ellos apareció ejecutado y con señales de tortura y el rostro desfigurado.

Dijo el mandatario federal que los resultados que arrojó el GIEI serán valorados por la Procuraduría General de la República, y que aunque existes diferencias en las diligencias, se podrán superar con nuevos peritajes, que serán realizados por forenses del más alto nivel. También señaló que estaría dispuesto a reunirse nuevamente con los familiares de los normalistas desaparecidos. Ojalá. El tiempo apremia. Está por cumplirse un año de esa tragedia que sigue teniendo a Peña contra la pared. Y en muchas partes del mundo se aprestan a recordar y hacer exigencias.

 

 

 

 

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Corrupción policial de escándalo

PAULINO CÁRDENAS

Uno de los principales factores del fracaso del gobierno federal en la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado, estriba en la colusión que existe entre cuerpos policiacos y sus mandos, con los capos de las organizaciones criminales. Esto además de que el narco ha sabido cooptar a infinidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores, jueces y en general personajes de la clase política. Un ejemplo de esa cooptación, es el mensaje que el cártel Guerreros Unidos le envió al presidente Peña Nieto en una manta aparecida en Iguala, en la que afirma, con nombres y apellidos, que ocho alcaldes de Guerrero pertenecen a esta organización delictiva. Son los de Taxco; Ixtapan de la sal; Iguala; Huitzuco; Tepecoacuilco; Cocula; Teloloapan, y Apaxtla.

Por su parte el presidente ordenó el envío de fuerzas federales a 12 municipios de Guerrero y uno del Estado de México; con ello busca poner orden ante la infiltración del crimen en instituciones de seguridad. “Instruí que las fuerzas del orden federal tuvieran participación en aquellos municipios en los que hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen organizado”, señaló el mandatario; “seguiremos trabajando para que junto con gobiernos locales pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo en las encargadas de darle seguridad a las familias mexicanas”. Lamentó que los hechos de violencia registrados en las últimas semanas estén empañando el trabajo del gobierno federal.

Insistió en que su administración está comprometida a trabajar con las autoridades locales para garantizar la seguridad pública, pues esto es un factor clave para que se pueda dar desarrollo. Sin embargo, la corrupción que hay en las corporaciones policiacas en los estados de la Republica, que es de escándalo, en parte no permite el logro de ese propósito. Y en ello están coludidos los presidentes municipales y sus jefes de seguridad, como se vio en el caso de Iguala con el edil José Luis Abarca Velázquez, y su encargado de seguridad, Felipe Flores Velázquez, acusados de omisión y colusión en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos y que, según el padre Alejandro Solalinde, fueron asesinados y calcinados antes de ser enterrados en fosas clandestinas.

El verdadero talón de Aquiles de la administración peñanietista ha sido el combate a la inseguridad propiciada por el crimen organizado y los cárteles de la droga. No existe una verdadera articulación entre el gobierno central y los gobiernos estatales cuando se trata de investigar casos como el de la matanza de Tlatlaya en el estado de México o el de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, por solo mencionar dos de los muchos eventos criminales que se dan en el país. Cuando se juntan ingobernabilidad y corrupción policial, el propósito de investigación se convierte en despropósito. Ello sucede en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; la razón es que el narco tiene cooptados a muchos funcionarios públicos, mandos policiales y militares, así como ministerios públicos.

Por ello las investigaciones quedan truncas y la gran mayoría de los casos quedan impunes. El argumento de los mandatarios locales suele ser el de que como los asuntos relacionados con los cárteles de la droga son delitos federales, ah pues que sea la Federación la que se avoque a resolverlos. El problema de descoordinación aflora cuando se trata de indagar casos como el de los migrantes que son vejados, ultrajados, vendidos o asesinados, o cuando hay que investigar cualquier asunto relacionado con el crimen y son violados de manera flagrante los derechos fundamentales de mucha gente inocente, con el pretexto de que se está combatiendo a la delincuencia, como sucede todos los días en infinidad de poblados dentro de las cabeceras municipales o en lugares alejados de ellas en donde los sicarios actúan con toda saña contra gente inocente.

En el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, por ejemplo, de nada sirve que se solicite la colaboración a las 31 procuradurías de los estados, del Distrito Federal y General de la República para establecer su paradero, si el crimen organizado está infiltrado en prácticamente todas las instancias de mando estatal y municipal, comenzando por las corporaciones policiacas que trabajan para los capos de la droga y los cárteles que han proliferado en Guerrero y por todo el país. Por ello los mexicanos dudan que en el caso Ayotzinapa se sepa la verdad del por qué las policías de Iguala y de Cocula entregaron al cártel Guerreros Unidos a los estudiantes desaparecidos como insiste una de las versiones.

El caso es que parte de culpa de que haya impunidad y las investigaciones nunca lleguen ‘hasta sus últimas consecuencias’ como repiten los funcionarios cada vez que hay un evento criminal que provoca el escándalo mediático, es producto de la corrupción de policías y sus mandos, por lo que las críticas acaban señalando a los gobiernos federal, estatales y municipales por la irresponsabilidad de no contar con el suficiente control sobre las corporaciones policiacas que acaban siendo cooptadas por el crimen organizado, y al final todo se diluye al señalar que la irresponsabilidad es del Estado, es decir, de todos, como la historia del comendador de Fuenteovejuna, quedando todo en la impunidad. Es cierto, y hay que decirlo, que en esas corporaciones hay policías leales a su misión. Pero el porcentaje de los malos policías, aunque mínimo, es como el caso de la manzana podrida.

Por lo pronto, tanto el padre Alejandro Solalinde defensor de migrantes, como el obispo de la diócesis Saltillo, Raúl Vera, desde el año pasado habían advertido a la PGR tener conocimiento de que el alcalde José Luis Abarca Velázquez, estaba implicado en el asesinato de tres líderes sociales de Guerrero. El pasado lunes, en el hangar de la PGR del aeropuerto de Acapulco, hubo una reunión de los titulares de Gobernación y de la PGR, con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes fueron informados sobre las pesquisas de caso. A nadie satisfizo el informe. Manifestaron que no están satisfechos con el desarrollo de las investigaciones del caso, pues hasta ahora no hay reportes ni pistas sobre el paradero de sus hijos.

 

 

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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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ERPI crea brigada justiciera

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, propuso que se haga una consulta popular para saber si deja el cargo o no, lo que fue ‘bateado’ por el INE, el grupo rebelde armado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) ha convocado al pueblo a integrarse a la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”, para exterminar al “mal llamado” grupo criminal Guerreros Unidos, exigir la renuncia del mandatario estatal, combatir el narcoestado mexicano y dar con el paradero de José Luis Abarca Velásquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos el 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado.

A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”. Señaló que es un secreto a voces que el edil que anda prófugo forma parte del cártel de ‘Guerreros Unidos’ a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial.

Señala este grupo rebelde que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace una semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”, señaló el comunicado.

“Ángel Heladio Aguirre Rivero ha vuelto a ensangrentar sus manos en su administración; traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder; le quedó grande Guerrero”, coincidieron en señalar ambos grupos guerrilleros.

El ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 y 27 de septiembre donde hubo un saldo seis muertos, 25 heridos y 43 secuestrados y desaparecidos, que acabaron siendo masacrados, incinerados y enterrados en 10 fosas clandestinas al pie de un cerro en las inmediaciones de Iguala, aunque el gobernador dice que los restos no son de estudiantes. El grupo rebelde propuso a gente del pueblo poner a disposición de ese movimiento armado, “por cualquier vía pública o secreta”, información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel. El propósito es dar con las guaridas de los integrantes de la organización delincuencial Guerreros Unidos y exterminarlos.

“Se siente gran pena que el pueblo en general este callado, ¿pero qué podemos esperar de un pueblo atemorizado por la acción del gobierno estatal coludido con la delincuencia organizada?, donde los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos han sido reclutados y actúan al servicio de los criminales a la vista de todos, sin embargo los pueblos que siempre hemos luchado, debemos sacar a relucir nuestra forma de pensar y defendernos, si es con las armas adelante, puesto que es la única vía que se le está dejado al pueblo indefenso”, dijo ese movimiento armado.

El ERPI es una de los mayores grupos guerrilleros que operan desde hace algunos años en Guerrero, aunque ha aparecido en pocas ocasiones y ha tenido esporádicos enfrentamientos. Este grupo se escindió en 1998 del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que surgió públicamente en el estado de Guerrero en 1996 en el acto del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron 17 campesinos a manos de policías.

El rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció a través de un vídeo publicado en Internet la creación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, la cual se encargará de la afrenta del “narcoestado” y de su cártel de sicarios “mal llamados” Guerreros Unidos. Esto viene a ser consecuencia de la ineficiencia del gobierno estatal que ha dejado hacer y pasar a alcaldes como el de Iguala, pese a tener conocimiento de que forma parte del crimen organizado, y que la policía municipal forma parte del cártel Guerrero Unidos, una ramificación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Incluso se dice que dos de los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, pertenecían al cártel de los Beltrán Leyva y que luego fueron asesinados por sicarios de ese misma organización criminal, era la que realmente gobernaba en el municipio. Ambos siguen prófugos. La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación. Obvio que de todo eso estaba enterado el gobernador Ángel Heladio Aguirre.

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Asesinados 17; en fosas hallaron 28

PAULINO CÁRDENAS

Con la confesión de dos delincuentes de que fueron asesinados 17 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el viernes 26 y la madrugada del 27 de septiembre, junto con un grupo de efectivos policiacos de Iguala, queda clara la participación de la Secretaría de Seguridad Pública que desde más de cuatro meses operan bajo el esquema de ‘mando único’ que está bajo el mando del gobierno estatal. Ello implica al secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos donde murieron tres normalistas. El asunto pone en evidencia al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y al Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, ambos prófugos. Pero también esa responsabilidad le toca al gobernador Ángel Aguirre, quien podría tener contados los días como mandatario de esa entidad en conflicto.

Incluso hay evidencias de que los restos de 28 personas hallados en seis fosas en las inmediaciones de Iguala, corresponden a los normalistas desaparecidos, aunque el procurador Iñaky Blanco, dijo que ‘sería irresponsable’ decir que los cuerpos encontrados el pasado sábado en fosas clandestinas corresponden a los alumnos desaparecidos. El secretario de Salud, Álvaro Mazón, señaló que el proceso para determinar la identidad de los restos hallados, tardará unos 15 días. En las indagatorias ministeriales se supo que el secretario de Seguridad Pública, Flores Velázquez, no fue requerido inmediatamente por la Procuraduría General de Justicia local. Eso le permitió darse a la fuga, igual que el alcalde. Desde el año pasado han sido señalados de estar involucrados con el crimen organizado.

Las cosas para el gobernador Aguirre se han puesto color de hormiga, ya que lo acusan de negligencia e irresponsabilidad ante esos hechos. La presión de los guerrerenses y del sector político nacional, podría ocasionar que no tarde en pedir licencia. Mientras tanto, desde el centro el gobierno federal estaría contemplando la posibilidad de enviar a un comisionado plenipotenciario como sucedió con el caso de Michoacán, aunque hasta ahora ese experimento no ha dado los resultados que se esperaban, ya que en ese estado parece estar reviviendo los problemas de inseguridad y de violencia por parte del cártel de los Caballeros Templarios. En la entidad al mando de Ángel Aguirre opera el cártel Guerreros Unidos, que habrían tomado parte en los hechos de Ayotzinapa.

A principios de mayo pasado el gobernador firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60 por ciento del total de elementos del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala. Dijo entonces que la firma de dichos convenios de adhesión representaba “la unificación formal y material de las corporaciones estatales y municipales”. De esa manera, las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal. Según Aguirre, dicho acuerdo se realizaba para combatir la inseguridad y la delincuencia “con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley”.

La PGR indaga la probable responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos ocurridos en Iguala. El fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que fueron exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas halladas en Pueblo Viejo, Iguala, calcinados en su totalidad y algunos fragmentados. Indicó que hasta el momento 29 personas, entre ellas dos mujeres, se encuentran indiciadas por delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada. Añadió que la orden de acudir al sitio donde protestaban los normalistas el pasado viernes, la dio el director de Seguridad Pública municipal Francisco Salgado; en tanto, la exigencia de llevárselos para ultimarlos la recibieron de un hombre al que conocen como ‘El Chucky’, líder de Guerreros Unidos.

El procurador confirmó que la totalidad de los 28 cuerpos fueron encontrados calcinados, por lo que, dijo que se presume que fueron rociados con diésel, gasolina o petróleo. Dijo que para la identificación de los cadáveres se realizarán pruebas de ADN con la Policía Federal y servicios periciales de la PGR, y que los resultados se tendrán entre 15 días y dos meses. “Conforme a la opinión de peritos especializados en la materia podemos señalar que en las fosas se colocó una cama de ramas y troncos sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas, a quienes se les roció una sustancia flamable acelerante, diésel, gasolina o petróleo”, señaló. Dijo que con los cateos realizados hubo varias detenciones.

Una de ellas fue José Gaspar alias ‘El Tongo’, además de Honorio Antúnez ‘El Patachín’ que era policía municipal, Alejandro Macedo, y Marco Antonio Ríos, todos vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos. El procurador Blanco explicó que tras las declaraciones de los cuatro detenidos se logró identificar a 30 integrantes de la Policía Preventiva de Iguala, como elementos del grupo delictivo. De acuerdo con lo señalado por el fiscal, fueron Macedo y Ríos los que habrían declarado que privaron de la vida a los 17 normalistas, a quienes trasladaron a la parte alta de un cerro en Pueblo Viejo, donde el grupo criminal tiene fosas clandestinas.

En ese sitio fue donde los jóvenes fueron privados de la vida y posteriormente calcinados por ordenes de ‘El Chucky’. Explicó que Macedo y Ríos manifestaron haber seguido a los estudiantes, a bordo de dos camionetas, desde el momento en que llegaron a la ciudad tamarindera y cerca del centro de Iguala accionaron sus armas contra ellos. El caso Ayotzinapa, junto con las ejecuciones de presuntos delincuentes en Tlatlaya, estado de México, además de otros hechos vinculados a la corrupción como el de Oceanografía y el saqueo a Pemex, además de los vínculos de gobernadores con el crimen organizado, han colocado al gobierno de Enrique Peña Nieto en el banquillo de los acusados.

 

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