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Que Hacienda recorte excesos

PAULINO CÁRDENAS

Se da por hecho que el Jefe del Ejecutivo federal va a volver a imponer su ley otra vez en la Cámara de Diputados en el tema del llamado Presupuesto Base Cero, por la mayoría que tendrá su partido con los votos de sus satélites en la próxima Legislatura. Desde ahora se está comenzando a discutir en San Lázaro si habrá la eliminación o modificación de programas con bajo impacto en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; si se aprueba la fusión de aquellos donde se ha detectado duplicidad; si se resectorizan algunos de ellos o si se fortalecen los que a juicio del gobierno son prioritarios para el desarrollo.

La causa del recorte que viene es que no se vislumbra la recuperación del precio del petróleo a nivel internacional. Y pese al handicap que llevará Peña Nieto ante los partidos de oposición a la hora de que se envíe a San Lázaro la propuesta presidencial para saber qué deberá sacrificarse y que no, éstos  querrán, entre tras cosas, que Hacienda recorte los excesos del gasto del Gobierno y de los gobernadores. O al menos eso es lo que habrán de manejar en la Cámara baja para presionar a los priístas y sus adláteres, a ver qué raja sacan.

El famoso Presupuesto Base Cero (PBC) a nadie acaba de convencer porque para implementarlo, dicen los expertos, se requiere de un análisis profundo del costo-beneficio de cada programa, para determinar aquellos que tengan mayor y mejor impacto sobre la sociedad. De ahí que se avizoran discusiones fuertes entre panistas y perredistas contra priístas sobre ese tema.

Un tema que será motivo de ello de inicio, son los criterios para determinar cuáles son los gastos superfluos del Gobierno federal que habría que eliminar, porque cada partido traerá su lista sobre los que Hacienda debería recortar para el ejercicio presupuestal 2016, los que sin duda discreparán con los que para el Gobierno federal serían prioridad, y por ende, intocables. El propio Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reconoce que lograr un Presupuesto como lo plantea el gobierno peñanietista, presentará importantes retos a la hora de los debates y que su armado tendrá dificultades.

Advierte el mencionado Centro que “específicamente, es difícil su implementación”, ya que para su elaboración requiere gran cantidad de tiempo y de papeleo y que si bien el presupuesto vigente depende mucho del de años anteriores o es muy rígido, el mencionado Presupuesto Base Cero podría ser poco efectivo en la reducción del gasto, opinan especialistas. Al final de cuentas, añaden, dicho Presupuesto de 2016 quizá no logre tener realmente una base cero y acabe siendo una reingeniería del gasto que puede arrastrar vicios de años anteriores.

Por lo pronto ayer Hacienda entregó a la Cámara baja el catálogo de programas presupuestarios para el próximo año con los rubros que sobrevivieron al análisis y recorte de las autoridades, aunque no se revelaron los montos por programa ya que éstos se conocerán, dicen, hasta septiembre próximo, cuando se de a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero el gran pleito, si es que va en serio la advertencia de la oposición -PAN y PRD-, será la eliminación de los gastos superfluos del Gobierno federal.

El pasado 20 de marzo, durante la 78 Convención Bancaria, el Primer Mandatario aseguró que el presupuesto gubernamental ya no corresponde a las necesidades del México actual. Había dicho que el próximo año habría un rediseño del presupuesto federal, así como una modernización de la administración pública federal. Indicó que para 2016 se haría un rediseño integral del Presupuesto de Egresos.

De hecho, aseguró, el proyecto de presupuesto del próximo año se construirá desde cero, lo que implicará una revisión a fondo, en lugar de una mera modificación inercial como ha ocurrido desde hace más de una década. “Esta evolución presupuestal necesariamente irá acompañada de una evolución de la administración pública federal”, dijo.

Desde entonces instruyó a todos los integrantes del Gabinete para que realizaran un análisis profundo de sus dependencias, con el fin de evitar duplicidades y encontrar áreas de oportunidad. “También dentro del Gobierno habremos de romper inercias y paradigmas. Vamos a cambiar y ajustar políticas públicas, programas gubernamentales que ya no corresponden a la realidad del país, ni a las nuevas demandas de la sociedad”, había advertido. “Se trata justamente de construir el Gobierno que merecen los mexicanos, un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de hacer más con menos”, señaló.

Para ciertos analistas es complicado dar cuerpo a un Presupuesto Base Cero, porque existen las obligaciones irrenunciables que tiene el Gobierno como las nóminas de maestros y médicos. Es una nómina comprometida, lo mismo sucede con las obligaciones financieras del costo de la deuda y el gasto administrativo de renta. Son gastos que forman parte del costo fijo y partir de allí se puede decidir dónde se puede reducir, dónde se debe incrementar. Si este ejercicio es el que está haciendo el Gobierno, es adecuado; pero si no lo está haciendo, y simplemente se va a reducir parejo, entonces simplemente se cambia el nombre del presupuesto, pero seguiría siendo inercial.

De cualquier modo, el manejo de la baraja la tendrá el PRI con el Verde Ecologista y el Panal en la Cámara de Diputados, de manera que el Ejecutivo Federal podrá instrumentar a su gusto y a su modo el proyecto de presupuesto 2016, a partir de base cero o no. A final de cuentas el presupuesto lo hace la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Luis Videgaray Caso, el presidente Peña Nieto le tiene toda la confianza del mundo. Una muestra fue el cuasi destape que hizo del funcionario hace unos días, que dejó sin aliento a muchos soñadores.

Sobre el  el tema del llamado Presupuesto Base Cero, que se discutirá en la próxima Legislatura, desde ahora han comenzando los dimes y diretes. No es más que el inicio del ruido que se irá intensificando conforme se acerquen las fechas en que hayan que discutirse, analizarse y aprobarse el Presupuesto de Egresos 2016. Una de las banderas de la oposición, empezando por Morena y su dueño, es que a causa de ese recorte, habrá inminentes despidos. Bajo ese nuevo esquema de apretarse el cinturón, habrá, políticamente, perdedores y ganadores. Pero muchos, millones de mexicanos, serían los que más perderían en ese delicado tema que se avecina.

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Videgaray: panorama catastrófico

PAULINO CÁRDENAS

La noticia fue una carambola de varias bandas. Primero, porque lo que debió decir el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo dijo el titular de Hacienda, Luis Videgaray al hablar de un tema que bien a bien no le corresponde, como es la situación de inseguridad que prevalece en Michoacán y en el país. Segundo porque por primera vez un funcionario se refiere tan claramente a que, por la inseguridad, está amenazado el Estado mexicano y el estado de Derecho; y tercero, porque oficialmente se reconoce que la nación está enfrentando uno de los mayores retos de su historia reciente. Después de eso, para estar a mano Osorio Chong podría hablar libremente de cómo se ejercerá el gasto en 2014 o como serán el fortalecimiento de las finanzas estatales, de la miscelánea fiscal o de la ley de ingresos. ¿Videgaray hablando de inseguridad? ¿Habrá derecho de réplica del titular de Gobernación? ¿Hubo ‘línea’?

Hace unos días en este mismo espacio decíamos que en el gobierno federal hay desorden. Y es evidente que lo hay. Si el titular de Gobernación hubiese declarado que con lo que sucede en Michoacán está amenazado el Estado Mexicano, igual que el estado de Derecho y que la nación enfrenta uno de sus mayores retos, el asunto se hubiese escuchado preocupante, pero natural. Sin embargo, muchos dudan que Osorio Chong se hubieses ido hasta la cocina y hubiese declarado que por la inseguridad, está amenazado el Estado mexicano y el estado de Derecho, y menos hubiese dicho el funcionario federal que la nación está enfrentando uno de los mayores retos de su historia reciente. La otra es que Videgaray no habría hablado porque simplemente se le ocurrió; es obvio que llevaba línea de su jefe al reunirse en esa entidad con el gobernador Fausto Vallejo.

Podrá decirse que luego de lanzar esos petardos tan de alto calibre, contextualizó, y dijo que ‘por eso estamos aquí’ y dedicarse a lo suyo y anunciar un programa de apoyos financieros para el saneamiento de las finanzas del estado y una asignación recursos para el fortalecimiento de sus instituciones y para apuntalar la capacidad de respuesta gubernamental, para lo cual dio a conocer un apoyo del gobierno federal de 7,000 millones de pesos. Dijo que la entidad será dotada con un crédito por 4,112 millones de pesos que serán entregados a distintas administraciones programadas, con base al cumplimiento que tenga el ejecutivo estatal de los acuerdos con Hacienda. Por su parte el gobierno estatal se comprometió a mejorar la recaudación, a administrar de manera más eficiente los recursos y a no sobrepasar su capacidad de endeudamiento. Eso estuvo muy bien porque fue dentro de sus atribuciones.

Lo extraño del caso es por qué habló como si fuese el encargado de seguridad y se haya lanzado a decir lo que difícilmente se le hubieses escuchado decir tan clara y vehementemente a Osorio Chong quien ha sido criticado incluso por ser exageradamente cuidadoso con sus declaraciones. ¿Acaso por eso le ordenaron a Videgaray decir lo que dijo? ¿Se habrán medido los alcances de esas declaraciones que finalmente resultan catastrofistas venidas de un funcionario público de tan alto rango? ¿Para efecto de inversionistas extranjeros esas declaraciones no resultan demasiado riesgosas? ¿Decir que el Estado mexicano y el estado de Derecho están amenazados por la inseguridad y reconocer oficialmente que la nación está enfrentando uno de los mayores retos de su historia reciente no podría desanimar al capital nacional y extranjero a salirse de México o a no hacer más planes de inversión?

¿Fue parte de una estrategia? ¿Qué se busca con poner en duda la estabilidad del país en voz de una de las principales figuras del gobierno federal, delfín presidencial incluso para el 2018? ¿Le pidieron al titular de Gobernación decir lo que dijo Videgaray en Michoacán y se rehusó? De por si se ha venido diciendo desde hace meses que la relación entre uno y otro no es lo tersa que muchos creían. Parece que hay resquemores y reclamos mutuos vinculados con tareas en torno a las famosas reformas estructurales enviadas al Congreso de la Unión por el jefe de ambos. Parece también que la multitud de tareas asignadas a Osorio Chong son menos vestidoras que las que tiene quien maneja los recursos del erario público ya que todos prefieren estar lejos del que manda y cerca del que paga.

Lo que dijo Luis Videragaray, aunque en términos de recursos financieros beneficia al gobierno de Michoacán, en términos de impacto mediático y sobre todo de percepción pública, hacia dentro y hacia fuera del país, parecen ser declaraciones más bien desafortunadas que oportunas o halagüeñas, sobre todo que se suman a las cifras y datos rojos en cuanto al diagnóstico que han venido realizando los especialistas de la economía, del empleo y de las expectativas de corto y mediano plazos para México, que no acaba de tener señales positivas que permitan augurar un mejor futuro para el país, cuando está por concluir el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo saldo dejará mucho qué desear para el gobierno federal y para los mexicanos.

Por lo pronto, el turno al bat en el Congreso es de la reforma política que con sus asegunes, sin duda pasará sin muchos tropiezos, aún con la pretendida idea de desaparecer el IFE y crear el INE para efectos electorales propuesto por el PAN.  La que estará muy discutida es la llamada ‘madre de todas las reformas’, la de la industria petrolera que va envuelta en la energética, la cual podría recibir más modificaciones de lo esperado pero la cual podría quedar aprobada en 12 de diciembre, según cálculos del agorero tropical, Andrés Manuel López Obrador. Como sea, la noticia seguirá siendo por lo pronto lo que dijo Videgaray en Michoacán acerca de un presunto panorama nacional catastrófico a causa de la inseguridad. ¿Habrá derecho de réplica de Osorio Chong?

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¿Pagarán más quienes más ganan?

PAULINO CÁRDENAS

En materia de reforma hacendaria, por más justiciera que pretendía ser para que quien gane más pague más impuestos, al final las cosas seguirán igual. Ese no fue más que un slogan discursivo que pretendió despertar esperanzas poco realistas para los pobres y los que menos tienen, pero al final las cosas quedarán prácticamente igual, es decir que en materia fiscal se están dando cambios, para que nada cambie. Los acuerdos que están siendo aprobados en el Congreso de la Unión sobre esa reforma de Peña Nieto, no necesariamente dejarán de otorgársele un trato especial a los que más ganan. Lo que pretendía la propuesta del jefe del Ejecutivo quedará más como una quimera, aunque de última hora se aprobó gravar otros impuestos para ‘equilibrar’ la balanza de cobros. ¿De veras? Como sea, el sistema tributario seguirá siendo injusto, inequitativo.

En el Legislativo han estado trabajando a marchas forzadas los cabilderos contratados por las grandes empresas privadas para lograr que los legisladores en San Lázaro voten para que los grandes consorcios no paguen ciertos impuestos, quedando prácticamante igual la consolidación fiscal que solo cambiará de nombre, para seguirle dando privilegios a los grandes consorcios que los causantes cautivos no tendrán, y que integran la gran mayoría de contribuyentes a quienes no se les permite disminuir o eludir el pago que cobra Hacienda. El sector empresarial, como una manera de presionar al gobierno de Peña, dijo en voz del presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González Laporte, que las empresas que sean las más afectadas por el régimen fiscal “repensarán” las inversiones a partir de 2014.

El dirigente empresarial criticó el impuesto de 5 por ciento a la comida chatarra aprobado la noche del miércoles por la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, al que calificó de ‘sorpresivo’ y de colocar a las empresas en desventaja frente a “la informalidad”. Aunado a eso, las crónicas salidas de San Lázaro reportan que en las últimas horas antes de la útima sesión de la Comisión de Hacienda, decenas de represenatntes de empresas refresqueras, gaseras, constructoras, y mineras, continuaban entrevistándose con diputados de todos los partidos políticos para convencerlos de echar abajo impuestos a los ingresos de sus representadas, sobre todo los grandes consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Con algunas excepciones, los cabilderos son alentados por diputados del PAN, quienes les acompañan y contactan con sus pares de otros partidos para convencerlos de las bondades de un voto en contra al impuesto a las bebidas endulzadas, el impuesto de 7.5 por ciento a las ganancias de las mineras y de 10 por ciento a los dividendos en el mercado bursátil. Señalan los representados de las grandes empresas que los ingresos de éstas se verán afectados por las imposiciones fiscales y con ello la posibilidad de invertir en la generación de empleos se reducirá dramáticamente, por lo que la propuesta presidencial de reforma hacendaria y fiscal ha sido rechazada sin mayor miramiento por los consorcios que forman parte del sector de los alimentos procesados, las refresqueras y las mineras.

Por cierto, del escándalo surgido a raíz de que la transnacional PricewaterhouseCoopers (PwC) especialista en asuntos de fiscalización y audiorías, pero ahora con la camiseta puesta de cabildera y propanista, se supo que le jugaba las contras a las propuestas de Peña Nieto, hasta aayer nada se había dicho ni hecho. Según El Universal, por cada artículo que lograse modificar, cobraría un millón de dólares más IVA, y si lograba cambiar ambos apartados –el artículo 29 de la iniciativa del ISR y el impuesto de 10 por ciento a las ganancias de las personas físicas en la BMV– esa firma cobraría dos millones de dólares más IVA.

Además, por cada entrevista que realizaría con cualquier legislador la cuota sería de 70 mil dólares más IVA, y cinco mil dólares más IVA por cada hora invertida en el análisis, señalaron en su nota los reporteros de ese diario, Horacio Jiménez y Mario Alberto Verdusco. PwC ofrecía a los “afectados” de la reforma hacendaria “establecer una ruta crítica” que permita influir en los “tomadores de decisiones”. Esto motivó que de inmediato se votara en la Cámara de Diputados una moción para acotar el trabajo de las empresas de cabiledo en general, a causa del escándalo de PwC, la cual fue aprobada por mayoría, pero solo fue para aquietar los desatados ánimos mediáticos.

Nada ha sucedido, sino al contrario, se incrementó el trabajo para evitar que el gobierno peñanietista le imponga impuestos a los grandes consorcios. De esa manera, el iluso slogan gubernamental de que los que más ganan pagarían más, al final no habrá quedado más que como una quimera. Un ejemplo de ello es que las empresas mineras canadienses que explotan los recursos nacionales extrayendo cualquier cantidad de toneladas anuales de oro y plata en diferentes regiones del país, aportando solo el pago de derechos sobre concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia; su contribución al fisco no llega ni a uno por ciento de sus utilidades brutas. El 60 por ciento de las concesiones están en manos de consorcios canadienses.

Coinciden los expertos en señalar que la propuesta de reforma hacendaria y fiscal de Peña Nieto, al final de cuentas quedará muy corta. En la que sí tiene puesto todo su interés y está incluso todo su capital político, es en la reforma energética. De ahí que en el toma y daca que se ha dado en el Legislativo, se ve al PRI aliado con el PRD para ir juntos en la aprobación de ciertos puntos de la reforma, se dice que a cambio de un Fondo de Capitalidad por daños y perjuicios por las manifestaciones callejeras, que habría de aportale al DF el Gobierno federal. De esa alianza el PAN reniega; pero ya le llegará su turno de aliarse con el PRI en la propuesta energética, y a ver entonces qué dice. Por lo pronto, la brecha entre ricos y pobres no cambiará con la reforma fiscal. ¿Pagarán más los que más tienen? ¿De  veras?

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Un impuesto a manifestantes

PAULINO CÁRDENAS

Hablando de impuestos, no estaría mal que a través de un ‘adéndum’ en torno a la reforma fiscal, se anexe un gravamen de al menos 33 por ciento de su sueldo, a cada uno de los maestros disidentes que participan en las constantes manifestaciones por el Distrito Federal y otras ciudades del país, lo mismo que a los padrinos pertenecientes al cártel antiPeña que fondean las marchas, bloqueos y actos vandálicos tomando calles y avenidas impunemente, lo que podría servir a la recaudación de la Federación para ayudas varias que requiere apoyar el erario. Con los numerosos grupos que actúan a sus anchas a diario en la capital de la República y en el interior del país con la complacencia del jefe de gobierno del DF, del propio gobierno federal y de ciertos gobernadores, bien podría la Secretaría de Hacienda allegarse un buen de lana si se le cobrara a los manifestantes un Impuesto por Agandalle de Espacios Públicos (IAEP).

Sería otra fuente de ingreso seguro ahora que el gobierno anda en la pepena de más dinero para el erario. Podría promoverse un adéndum en el Pacto por México. Por lo pronto las protestas callejeras de los maestros disidentes, pese a la promulgación que hizo Enrique Peña Nieto de la ley general educativa y sus leyes reglamentarias, seguirán. La llamada ‘insurgencia magisterial’ con sus mítines y actos vadálicos de supuestos ‘infiltrados’ que seguirá afectando los derechos de terceros –y de cuartos y de quintos– por sécula suculorum, sería una garantía de recaudación fiscal y una fuente ianagotable de entrada de recursos frescos a las arcas de la Nación. Dijo el mandatario que quienes ganan más, paguen más. Eso equivale a que los manifestantes ganan más las calles que los ciudadanos comunes, por lo que debería pagar más altos impuestos si se aprobara el IAEP.

Pero además están las marchas consuetudinarias de los más de 60 sindicatos no alienados y las huestes barzonistas que un día sí y otro también, apelando como los maestros de la CNTE a su derecho a manifestarse libremente, hacen suyas calles y avenidas de la capital del país y de otras importantes urbes en la República, con bloqueos por aquí y por allá, importándoles un sorbete si violan con ese derecho el derecho de otros, supuestamente también garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de lo malo y lo feo que tenga la nueva Ley educativa y la reforma hacendaria que va de la mano con la fiscal, no estaría nada mal cobrarle un impuesto a los manifestantes por violar un derecho constitucional que es de todos los mexicanos, como es el del libre tránsito.

La moción podría ser ventilada –¿por qué no?– en el seno mismo del Pacto por México, en donde los integrantes del Consejo Rector dirimen qué sí y qué no debe ir al Legislativo, y cómo y de qué forma puede garantizarse la aprobación de cada propuesta de reforma una vez que llega al Congreso de la Unión, como ha sucedido hasta ahora, lo que de hecho garantiza que la reforma que acaba de anunciar el presidente Peña Nieto el pasado domingo, de nuevas reglas de juego con el doble propósito hacendario y fiscal, sea aprobada y pronto por diputados y senadores, como sucedió con otras de reciente cuño como la educativa y la que viene, energética.

El cómo se instrumentaría ese cobro y cómo dar con quiénes debe pagar el supuesto nuevo gravamen es cosa de los especialistas en la materia que también los tiene el Pacto en su área de asesores. Eso sería lo de menos, porque en esa labor podrían participar los servicios de inteligencia política que tiene el gobierno a su servicio en varias instancias comenzando por el Cisen, e incluidas las áreas de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas. O acaso resulte más fácil gravar con ese impuesto a los padrinos que sufragan los gastos y costos de cada mítin o marcha de protesta, los cuales sería muy fácil de ubicar, primero porque están a la vista en la lista del cártel antiPeña, y segundo porque para la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda es fácil dar con los que pagan por provocar disturbios.

Para esa Unidad sería pan comido dar con quienes financian esos movimientos callejeros que provocan cortes a la circulación en diversos puntos de la ciudad, y con la mano en la cintura daría con quienes proveen a esos contingentes no solo de dinero, sino de artilugios con los que cometen sus fechorías cuando se convierten en vándalos. Ya no se diga en dar con quienes les pasan su ‘corta’ para andar de mitoteros en la vía pública, a quienes dejan a miles y miles de niños sin clases. Es un hecho es que la CNTE seguirá protestando a pesar de la promulgación de la Ley educativa y sus leyes secundarias. El arranque ayer de su ‘primer’ paro nacional, con el respectivo caos que propició en gran parte de la capital y en otras ciudades del país, es el principio de una nueva etapa de desobediencia magisterial que será difícil de parar.

Con eso, y la participación de Morena en apoyo a López Obrador en su campaña de protesta por la defensa del petróleo, y las marchas y mítines de los sindicatos disidentes y los grupos manejados por la izquierda radical que suelen sumarse a cuanto borlote hay, podría aumentarse el padrón de contribuyentes, si alguien tomara la idea de implantarle un gravamen a los manifestantes, ya que la indicriminada toma de calles y avenidas está garantizada, igual que los actos vandálicos de los dizque ‘inflitrados’ a quienes también se les cobraría el Impuesto por Agandalle de Espacios Públicos, IAEP. Porque, amparados en su derecho constitucional, los manifestantaes de todos colores y sabores seguirán sus protestas, marchas, mítines y bloqueos viales, aunque se lleven de corbata los derechos de terceros.

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¿Hay maniqueísmo oficial?

PAULINO CÁRDENAS

Hay quienes piensan que para justificar y apurar que en el Congreso se aprueben las reformas del jefe del Ejecutivo federal tal como las propone, se ha manejado una estrategia de modo maniqueo para hacer creer que la economía de México se la está llevando el tren y que el país está a punto de declararse en bancarrota. Parece ser la misma estrategia que ha seguido el gobierno para la primera industria del país, al decir que Pemex está en quiebra, cuando no ha dejado de aportar el casi 40 por ciento de sus ingresos para sostener el gasto público del gobierno federal. Una empresa que está quebrada no sería capaz de eso, de manera que ese argumento no es creíble.

Existe la percepción de que el INEGI, al dar a conocer los últimos resultados de la información económica, ha optado por acoplarse a esa estrategia del gobierno, de hacer hincapié en que la economía de México no solo sigue estancada sino que va para abajo, al parecer para justificar la urgencia de que se apruebe en septiembre las reformas energética y hacendaria o de otra manera el país no saldrá del atolladero. Ese Instituto dio a conocer esta semana que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre fue superior al avance de 0.6 por ciento en el primer trimestre, con lo que de enero a junio la economía creció 1.0 por ciento.

El dato del PIB durante abril-junio de este año estuvo por debajo del crecimiento de 2.5 por ciento estimado por Hacienda y al 2.3 por ciento esperado por el consenso del mercado para ese periodo. En tanto, la contracción de 0.74 por ciento que registró la actividad económica con cifras desestacionalizadas es la primera caída desde principios de 2009, lo que revela que la desaceleración de la economía se intensificó en el periodo abril-junio de este año. Hacienda tuvo que aceptar que su proyección de crecimiento del PIB que era del 3.5 para este año, será del 1.8 lo que equivale a que el impacto en la economía como medio para lograr un crecimiento sostenido, generar empleos de calidad para todos los mexicanos, etcétera, etcétera, se fueron al caño con el nuevo ajuste de la proyección gubernamental para 2013. ¿En dónde ha estado la falla?

¿Qué instancia es la principal impulsora y sirve de combustible para echar a andar la economía? Se supone que el gobierno federal. Para eso tiene un presupuesto multimillonario aprobado en el Congreso de la Unión. ¿Se está en espera de lo que suceda en el Congreso con las reformas energética y hacendaria antes de soltar todo el presupuesto programado por trimestre? Porque si bien el secretario de Hacienda, Luis Videgaray es el mejor cabildero y vocero de Peña Nieto para empujar las estrategias presidenciales de reforma energética y la que viene hacendaria y fiscal, hay también la queja de que esa dependencia no ha soltado todo el presupuesto para inversiones del gobierno que podría reactivar en parte la economía. ¿A qué obedece?

Se supone que un factor había sido el subejercicio del gasto de la administración pública federal, pero el propio Peña Nieto dijo que ya se estaba corrigiendo, pero al parecer no es así. El pasado 8 de julio, mencionó que estaba decidido a incrementar el impacto positivo de las compras gubernamentales en la economía como medio para lograr un crecimiento sostenido y generar empleos de calidad para todos los mexicanos. En esa fecha recordó que el Estado es un actor económico esencial al ser el principal consumidor e inversionista de la Nación. Dijo que las contrataciones públicas en nuestro país representan un importante porcentaje del Producto Interno Bruto, situación que se traduce en impactos muy relevantes para el desempeño de la economía en su conjunto. ¿Luego entonces?

Ahora bien, si como se infiere de lo que dice ese Instituto, México anda en picada en cuanto a las actividades industriales y de comercio, en donde poco se compra y poco se vende, es una muy mala noticia para el país y entonces lo que habría que preguntar, ¿que ha ocasionado esa debacle económica? ¿Cómo es que en nueve meses que lleva el nuevo gobierno federal no se ha podido recuperar, hay estancamiento y las cifras indican que vamos para atrás? ¿Será cierto que como dijo Luis Videgaray, es parte de la inercia de cómo dejó las cosas el gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué es lo que en realidad ha fallado? ¿El cálculo? ¿La proyección? Pocos lo creen.

Lo que más preocupa es la lectura que pudiera dársele afuera a la situación económica de México, que tiende a empeorar. Si el país tiene un problema artrítico en su economía, lo que equivale ir camino a la ruina ¿el mensaje es que vengan a invertir en un país en parte estancado y en parte en ruinas, pero con una enorme riqueza de hidrocarburos en el subsuelo mexicano a la que se invita participar en ‘contratos de utilidad compartida’ para extraer y explotar yacimientos que hay en aguas ‘utraprofundas’ del Golfo?

Los sospechosistas consideran que hay gato encerrado y maniqueísmo en cuanto a la situación de la economía mexicana, lo mismo que en la presunta quiebra de Pemex donde, por cierto, todo mundo habla de modernizar la industria petrolera, pero nadie habla de erradicar la corrupción que sigue imperando en ella.

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El Tejedor de Milagros

PAULINO CÁRDENAS

Reto o aventura, como se quiera llamar, el hecho es que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, está dispuesto a hacer milagros si es necesario para realinear la deuda pública, el gasto corriente y el déficit de las finanzas públicas que le heredó el gobierno panista a la actual administración, por la necedad presidencial del ex mandatario panista de su guerra contra el narco que fue su prioridad y que terminó con una historia negra en cuanto a hechos de sangre y víctimas con un saldo de miles de muertos y desaparecidos. El actual gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto no debe repetir el esquema de su antecesor, de alocados gastos de los dineros públicos que volvieron a llevar al país a un endeudamiento desquiciante como en la época de oro priísta, despilfarrando en los seis anteriores años la renta petrolera, no obstante que los ingresos por la venta del crudo al exterior acabaron batiendo todos los récords históricos en la pasada administración.

Todo ello pese a que Felipe Calderón había heredado de Vicente Fox una hacienda pública bastante estable que sus antecesores priístas habían dejado muy endeble. Quienes saben del tema aseguran que mucho del futuro de México está hoy por hoy en manos del hombre fuerte de las finanzas y el dinero del gabinete peñista. Se dice que las reformas estructurales, fiscal y energética, son paternidad del doctor en economía, título que obtuvo de la prestigiosa Ivy Leage, en Boston, hoy flamante secretario de Hacienda y Crédito Público de México. Cuando terminaba el sexenio salinista y Pedro Aspe entregaba a Jaime Serra la Secretaría de Hacienda –escribe Alberto Aguirre en una semblanza curricular de Videgaray–, uno de los maestros más respetados del Tecnológico de Massachussets, Jim Poterba, llamó al joven economista para ofrecerle una plaza. Y es que Videgaray Caso tenía un gran tema para su tesis: quería estudiar la compleja relación entre la política fiscal y la renta petrolera.

Poterba y Rudiger Dornbusch –un distinguido economista alemán que poseía gran talento para extraer la esencia de un problema y hacerlo comprensible en términos sencillos y que apadrinó las reformas neoliberales aplicadas en América Latina a mediados de la década de los noventa–, fueron los sinodales de su investigación, que tardó cuatro años en completar. El trabajo académico de Videgaray recorre algunas de las teorías en boga de aquellos años, como la hipótesis del Leviatán, de Geoffrey Brennan y James Buchanan; alude al “efecto de la voracidad”, de Aaron Tornell y Philip Lane, y aplica el modelo estadístico Hamilton Markov, para analizar una serie de tiempo que abarca 127 años para determinar el impacto de las fluctuaciones de los precios de los hidrocarburos en las finanzas públicas de los estados dependientes –fiscalmente hablando– de la renta petrolera.

Trascendió que en su periodo como presidente electo, Peña Nieto habría sido convencido por Videgaray para, en materia económica, fundamental para el impulso que el hoy mandatario pretendía darle al país, ir primero por las reformas estructurales y de éstas, darle prioridad a la reforma de política fiscal y los componentes hacendarios, y no a la reforma política como insistían otros del grupo cercano del presidente electo. Era condición si la idea era abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada preservando para el Estado la propiedad del crudo que subyace en el subsuelo y mares mexicanos como se prometió en campaña, abriéndose al capital privado mucho más de como ha estado desde hace años. Se dice que cuando la otra corriente insistió en que primero fuera la reforma política, alguien del círculo cercano alzó la voz para decir: “Nadie mejor que Luis para encabezar ese esfuerzo, dado su conocimiento del tema. Revisen su tesis”. Y se acabó la discusión.

Se acordó de hecho que entre Hacienda y Energía, Videgaray sería el encargado de dictar la política econconómica del próximo gobierno. Hoy eso es un hecho. Es hora de comprobar sus postulados teóricos y, sobre todo, de concretar las dos apuestas sexenales: construir una reforma hacendaria de gran calado y permitir la participación de los inversionistas privados en Petróleos Mexicanos como lo refiere Aguirre. Además del control del gasto gubernamental y la fiscalización de los servidores públicos, Videgaray Caso está a cargo de construir las principales estrategias del gobierno peñista para atender las necesidades más apremiantes de la población. De ahí nace la Campaña Nacional contra el Hambre a través de Desarrollo e Integración Social, y en un ejercicio similar de para realinear y dar certeza a la tenencia de la tierra con Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Incluso llamó mucho la atención que Videgaray haya asistido el pasado 25 de marzo a la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), donde se votó en favor de reducir el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día de 4.5 a 4 por ciento. Aunque la ley permite la asistencia del Secretario de Hacienda así como de los subsecretarios, quienes tienen voz, pero no voto, el asunto llamó la atención por la influencia que puede ejercer el hombre fuerte de la economía y las finanzas de México en las decisiones de una instancia supuestamente autónoma. Pero al final de cuentas, la política fiscal, los componentes  hacendarios y lo energético, son las prioridades. El gran reto es volver negros los números rojos que heredó el gobierno de Peña Nieto de su antecesor. Y en eso anda Videgaray, el Tejedor de Milagros.

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La crisis va para largo

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el secretario de Hacienda de México, Ernesto Cordero, afirmó en Washington que la crisis económica del país ya terminó, que ‘ya no estamos en recesión económica’, y que existe consenso en que la economía mexicana se está recuperando, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz –de nueva cuenta y aunque esta vez no haya aludido a México– afirmó que la crisis global podría prolongarse hasta el 2013; esto es, más allá del actual sexenio.

‘El mundo seguro que no saldrá de la crisis ni en 2010, ni en 2011; quizás ni en 2012 y 2013’, declaró el galardonado economista. Indicó que el optimismo reinante en círculos de negocios se basa en los pronósticos de que la recuperación está cerca y que la bolsa se ha estabilizado, pero que el sistema financiero no depende sólo de los factores económicos.

Los economistas con quienes he hablado –dijo Joseph Stiglitz al semanario serbio ‘Econom:east’ según un despacho de la agencia EFE–, afirman que el sistema financiero en este momento es mucho más frágil que antes de la crisis y supone un riesgo para una estabilidad duradera. El país donde empezó la crisis, Estados Unidos  –añadió–, luchará durante largo tiempo contra el déficit y por la recuperación de su política monetaria.

Y agregó: ‘Es normal que en Wall Street se hable del crecimiento global de la economía, porque eso vende acciones. Los economistas con quienes he hablado y con los que estoy de acuerdo, no piensan así. Todo lo contrario; afirman que el sistema financiero en este momento es mucho más frágil que antes de la crisis y supone un riesgo para una estabilidad duradera’, declaró.

Otro Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, había expresado que a él no le sorprendería que la recesión estadounidense, que comenzó en diciembre de 2007, pese a alguna recuperación que pudiera registrar en el camino, podría prolongarse ‘unos cinco años’; al respecto dijo que es muy difícil saber ‘’cuándo se va más allá de la estabilización y se llega a una real recuperación’.

Krugman, que en 2008 ganó el premio Nobel de Economía, comentó que es probable que la pérdida de empleos en Estados Unidos se prolongue hasta 2011. Empero, acotó que ‘el periodo de una economía deprimida’ seguiría en ese país hasta 2013 o 2014, lo que coincide con Stiglitz.

El titular de Hacienda de México, Ernesto Cordero, de visita en Washington, se declaró ‘moderadamente optimista’ de las perspectivas económicas de México y reiteró la estimación de tres por ciento de crecimiento para 2010. Dijo que la economía volvió a crecer en la segunda mitad del año pasado, y que ‘no tenemos un riesgo sistémico en el sector financiero’.

El presidente Calderón, en su mensaje de Año Nuevo, dijo que 2010 será el año de la recuperación económica y que su gobierno tendrá tres prioridades: la generación de empleos, el combate a la pobreza extrema, y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Sin embargo, la fuerte caída del ingreso y la pesada carga tributaria serán dos de los principales factores que desencadenarán la espiral recesiva, lo que seguramente impedirá cumplir sus deseos. Acaso el de fortalecer la seguridad pública sí se logre, porque es el deseo del titular de la SSP, Genaro García Luna.

Hacia afuera la recuperación económica del país dependerá de que vuelva el ritmo de  intercambio comercial con Estados Unidos, lo que estará sujeto a que este país revierta los términos de su recesión reactivando su economía y su política monetaria.

Internamente, con las nuevas medidas tributarias, una inflación creciente y sin la principal fuente de ingresos públicos más importante como es el petróleo, el erario mexicano no podrá contar con la aportación de recursos necesarios para incentivar el desarrollo integral del país, no obstante el optimismo gubernamental.

Por lo pronto los premios Nobel de Economía, Stiglitz y Krugman, coinciden en señalar que la crisis global va para largo, incluso más allá de este sexenio. O sea.


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