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Michoacán, a punto del estallido

PAULINO CÁRDENAS

Por la situación de inseguridad y el acoso de los cárteles en Michoacán podría darse un levantamiento armado en ese estado, aventuró el líder de autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora. Cree que el apoyo que tiene del gobierno federal y estatal su rival, Luis Antonio Torres alias “El Americano”, podría provocar matanzas. Por lo pronto esas rivalidades ya cobraron otra vida ayer, la de Aurelio Gómez Barocio, ‘La Coquena’, un personaje afín a Torres.

La gente ya esta harta de tanto crimen y abusos contra la población. Todo esa descomposición podría motivar un alzamiento popular armado como lo está advirtiendo el líder de La Ruana y fundador de los grupos civiles de autodefensa que se han ido multiplicando por la ineficacia e ineficiencia de las fuerzas policiales del orden y las fuerzas armadas, por colusión con los cárteles que operan en la región.

De nada sirvió que el presidente Peña Nieto haya enviado a Michoacán a un comisionado plenipotenciario por un año, si las cosas en ese estado están tan convulsionadas como antes de que llegara Alfredo Castillo Cervantes dizque a velar por la seguridad e impulsar el desarrollo en ese estado, ya que ninguna de las dos misiones se cumplieron.

“Se le ha instruido no escatimar esfuerzo alguno a fin de recuperar la confianza de los michoacanos, a fin de entregarles resultados concretos”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, cuando dio a conocer el nombramiento el 16 de enero de 2014.

El comisionado tendría dentro de sus facultades promover la coordinación de las autoridades locales y municipales en el estado  de Michoacán con las autoridades federales, en los ámbitos político, social, económicos y de seguridad pública”, dijo el titular de la Segob.

Se supone que Castillo Cervantes iba por los criminales, por quienes transgreden la ley en esa entidad; tendría la tarea de garantizar la coordinación entre autoridades y con base en resultados se iría recuperando la confianza de la población. Nada de eso sucedió.

Al contrario. Salió por peteneras de Michoacán después del desastre que armó coludiéndose con las mafias asesinas y que hoy han vuelto a asolar a esa región del país. Por lo pronto se han recrudecido los odios entre el grupo de Luis Antonio Torres, “El Americano”, y el que encabeza Hipólito Mora.

El líder de La Ruana afirmó tener pruebas de que Luis Antonio Torres tiene apoyo de algunos funcionarios del gobierno, “creo que de los dos (estatal y federal)”, dijo en entrevista con Grupo Imagen Multimedia. Y aventuró que vislumbra un peligro latente de levantamiento armado en todo el estado.

Pero esa rivalidad no es el único factor. Están los ataques de Cártel Jalisco Nueva Generación, al que el gobierno acusa de protagonizar la masacre en el rancho El Sol, en donde hubo 42 muertos pese a que familiares de las víctima dicen que fueron alrededor de sesenta.

Ese ataque fue el 22 de mayo pasado. El masivo asesinato fue en Tanhuato, Michoacán, en un área limítrofe con Jalisco. Fue, según plantearon las autoridades federales, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”.

El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), describió la reportera Sanjuana Martínez.

Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.

Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen.

Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar, según testimonios de sus familiares. Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema.

Aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre. Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos.

Desde hace tiempo ha habido en ese estado mucho derramamiento de sangre. Pero en los últimos seis meses se ha enconado la violencia, ha habido al menos tres masacres de civiles en las que los familiares de las víctimas culpa a la Policía Federal, al Ejército Mexicano y Fuerza Rural en Michoacán de ser los autores con el pretexto de que van por delincuentes.

¿De que sirvió enviar al comisionado Castillo Cervantes a Michoacán? ¿De qué ha servido el supuesto despliegue de acciones federales en coordinación con el gobierno de ese estado? ¿Y tanto dinero del erario en medio? El hecho es que ese ensayo no sirvió para combatir a la delincuencia, al crimen organizado ni a los cárteles en esa entidad. Y puede haber un levantamiento armado en esa entidad federativa.

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Campaña de revocación contra Peña

PAULINO CÁRDENAS

Tal es el malestar que se ha ido generalizando en todo el país por la incompetencia del actual gobierno federal, que surgió la convocatoria de un grupo de líderes sociales a participar en un referéndum para que, a la hora de ira votar el próximo 7 de junio, los ciudadanos se pronuncien por escrito por la revocación de mandato del presidente Enrique Peña Nieto. El pasado lunes, ciudadanos, políticos opositores y activistas, lanzaron la campaña Ciudadanos por la Revocación del Mandato.

La idea que proponen es que los ciudadanos que lo deseen, pueden descargar una boleta prediseñada en la cual se pide al Instituto Nacional Electoral la revocación del mandato. Esta boleta prediseñada se depositaría en las urnas junto con su voto el día de lo comicios. La campaña es impulsada por artistas como Daniel Giménez Cacho; políticos como los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Layda Sansores; así como por activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra y el ex diputado Gerardo Fernández Noroña.

Además de esto, la Convención Nacional Popular, integrada por diversos grupos de indignados, entre ellos los padres de los 43 normalistas desaparecidos, acordó que buscará impedir la ‘farsa electoral’ en varios estados de la República el día de las elecciones. Los convocantes señalaron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es el rostro más dramático de la administración de Peña Nieto.

Criticaron además que las protestas en solidaridad fueron reprimidas y descalificadas. Coincidieron en que la irritación social es enorme y la popularidad de Peña Nieto “está en caída libre”, por ello es necesario un referéndum revocatorio, el cual dijeron es una salida inteligente y civilizada. Señalaron que exigirán que las hojas de revocación de mandato sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular al gobierno peñanietista

De hecho, explicaron, “solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”. La intención es que el Instituto Nacional Electoral contabilice las peticiones para que se sepa el tamaño de reprobación popular al gobierno priísta. Se cree que esa propuesta difícilmente podría prosperar, aunque el ensayo quedaría como un incidente electoral.

Y para colmo, el Fono Monetario Internacional acaba de dar a conocer que, de hecho, seguirá el estancamiento económico. El organismo bajó sus predicciones de crecimiento económico para México de 3.2 a 3.0 por ciento para 2015. También redujo las predicciones de crecimiento económico para México en 2016 de 3.5 a 3.3

Esto además del anuncio que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hizo en enero pasado de un recorte de 124 mil millones de pesos. El mismo funcionario hizo otro anuncio al arranque de abril pasado. Señaló que habrá otro recorte en el presupuesto 2016 el cual sería de 135 ml millones de pesos. En conjunto entre los recortes de 2015 y 2016, sumarán 259 mil millones de pesos. El principal fundamento del gobierno para realizar estos recortes es su compromiso de mantener la tendencia decreciente del déficit, en un contexto adverso. Son dos los factores que le preocupan al gobierno: la caída del precio internacional del petróleo y la disminución de la producción nacional petrolera.

Los ajustes fueron decididos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto después de semanas de discursos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que unas coberturas financieras contratadas el año pasado para garantizar los ingresos petroleros hacían innecesario ajustar el presupuesto de la Federación. Las consecuencias del ajuste le pegarán a Pemex y a la CFE principalmente.

Sin embargo, los recortes implicarán despidos de personal que labora en las dependencias federales. De hecho ya comenzaron, como consecuencia del primer recorte anunciado para 2015. Pero para el año que viene desde ahora se están haciendo los ajustes en todas las dependencias para alcanzar ahorros por 135 mil millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Como sea, son varios factores por los que los mexicanos están decepcionados del actual gobierno priísta que dizque vendría a mejorar la situación del país.

Si a eso se le añaden los problemas de inseguridad que hay en el país, mas las complicidades entre funcionarios y proveedores agradecidos con el gobierno, lo que ha propiciado presuntos conflictos de interés como los casos de las ‘casas Higa’ de la pareja presidencial y del titular de Hacienda, los ánimos de la gente andan superenardecidos. Si a eso se le suman noticias nada gratas, como las que acaba de dar a conocer Unicef,de que más de la mitad de los 40 millones de niños y adolescentes que viven en México permanecen en situación de pobreza, y de ellos alrededor de 4.7 millones están en pobreza extrema, entre ellos los menores indígenas… bueeno

Han pasado casi dos años y medios y no se voluntad de que el presidente Peña haga cambios en su gabinete. Y los mexicanos no pueden seguir aguantando la misma situación de impasividad que afecta la situación del país, empezando por la económica, y todo lo que conlleva esa parálisis generalizada. Claro que hay sectores que no se quejan, como el automotriz, el turístico o como el sector que exporta insumos y productos terminados, pero son la minoría. La mayoría sigue en espera de que las famosas reformas empiecen a carburar. La energética fue alabada por Obama pero por obvia conveniencia, ya que Peña plantea abrir el sector a la inversión privada incluso extranjera.

De hecho, el gobierno federal ha gastado alrededor de 200 millones de pesos en campañas para promover y convencer a la población de que las reformas estructurales de Peña Nieto han sido un acierto sexenal. Sin embargo, la espera sigue alargándose. Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Energía (Sener), Pemex y la CFE, han sido las dependencias que han cargado principalmente con ese gasto. Por todo eso, la campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, ha empezado a tener muchos adherentes. Otro foco rojo más para el gobierno federal.

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Avanza la campaña de repudio

PAULINO CÁRDENAS

La campaña que han iniciado algunas organizaciones no gubernamentales para boicotear las elecciones del próximo 7 de junio anulando el voto o de plano no sufragar, como repudio a la corrupción que impera entre quienes llegan al poder a servirse en lugar de servir a la ciudadanía, parece que va caminando. Son varios personajes los que han coincidido en señalar que es hora de que la ciudadanía toda haga sentir su peso y su hartazgo de un sistema de partidos que no funciona para los mexicanos, aunque sí funcione para los amafiados al poder que se siente cómodos porque llegan al cargo, roban, y nadie les reclama porque los cobija la impunidad. Se dan vida de reyes mientras hay millones que padecen pobreza y hambre.

Entre esas personalidades públicas que proponen que la ciudadanía se oponga a seguir como vamos mostrando su rechazo a la farsa de las votaciones, está el poeta Javier Sicilia, quien señaló que el país vive una “degradación política inigualable”. Con él coincidieron los obispos de Saltillo, Raúl Vera López; de Cuernavaca, Raúl Castro, así como por los padres Alejandro Solalinde Guerra y Miguel Concha, quienes también hacen un llamado al boicot electoral ya que no votar o anular el voto en las casillas con alguna expresión de rechazo, es la única forma de salvar a México “para que haya justicia, para que haya paz, para que haya democracia, porque hasta ahorita, no existe ninguna de las tres”.

Esa propuesta va en contra de quienes quieren seguir viviendo dentro del presupuesto, porque vivir fuera de él es vivir en el error, como dijera César ‘El Tlacuache’ Garizurieta. Y en apego a ella, como muestra de repudio y hartazgo, ya algunos sugieren que a la hora de ir a votar, con un crayón negro se escriba en las boletas: “Anulo mi voto en repudio” o simplemente la leyenda: “Estamos hartos”. El dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, declaró que los comicios del próximo 7 de junio estarán manchados de sangre por casos como el de Tlatlaya y Ayotzinapa, que son ejemplo de un sistema político corrompido que ha llevado al país a la destrucción.

Consideró que quienes se vislumbran como candidatos no garantizan un cambio en el modelo, principalmente en la lucha contra la corrupción por lo que debe exigirse un mayor nivel político y moral, entre otros a los alcaldes en el país. “Por eso estoy llamando a un boicot electoral. Ojalá pudiéramos votar nulo o no ir a las urnas, aunque digan que soy un intolerante”. Señaló que el que vaya a votar el 7 de junio va a legalizar la corrupción de la ‘casa blanca’, los asesinatos de Tlatlaya y Ayotzinapa, las desapariciones, la muerte y el dolor, que son las cosas que están destruyendo al país. Solo hay “una simulación de democracia”, dijo a SinEmbargo el poeta y escritor.

Afirmó que “estas elecciones son de indolencia y su rostro mas terrible se llama Ayotzinapa. Serán de sangre en absoluto, de muerte, de corrupción”. Insistió Sicilia que “es una visión del Estado de que (el cargo) sirve para robar, menos para gobernar. El poder está ahí para robar. Es una estructura que está fuera de control, porque no son políticos, sino criminales, delincuentes que usan al Estado para sus fines. A veces muy estúpidos como levantarle la falda a una jovencita y gastarse 15 millones de pesos en una fiesta, o como el que tiene vínculos profundos con el crimen organizado”. Esa corriente de opinión de repudio, de rechazo y de ¡ya basta! la han hecho suya millones de mexicanos, por las razones que expone el escritor y poeta y con las que están de acuerdo obispos y sacerdotes como Raúl Vera López, Raúl Castro, Alejandro Solalinde y Miguel Concha.

Hay muchas causas por las que los mexicanos se sienten agraviados; además del tema de la inseguridad está el agobio económico al que se ha sumado la carestía, las injusticias, el abuso del poder y el cinismo de los políticos que andan de saltarines queriendo ligar fuero legislativo para  seguir gozando de impunidad o para que no los procesen y los metan a la cárcel por ratas, si es que la famosa ley anticorrupción va en serio, lo que muy pocos creen. Los primeros que se han querido oponer a que transite esa ley como está planteada, son los gobernantes y los propios legisladores, porque darle luz verde sería tanto como hacerse el harakiri.

Para que esa ley anticorrupción funcione, deberá ir de la mano de un trabajo inaudito contra la impunidad, lo que muchos dudan que suceda por lo que a la hora de la verdad se quedará en veremos, como muchas otras cosas que les ofrecen a la ciudadanía los gobernantes y no les cumplen. ¿Cómo evitar que lleguen gentes sin escrúpulos a cargos de elección popular? Es la gran pregunta. Habrá que ver si la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya con el cambio de titular en la PGR, se encarga de checar si los candidatos cuentan con un expediente limpio (¿?), ya que al llegar a ocupar un cargo donde se manejan recursos caen en la tentación de volverse delincuentes de cuello blanco. ¿Y quien los castiga? Nadie. Porque a nadie le rinden cuentas.

Por todo ese ambiente putrefacto que hay entre la clase política, es que los ciudadanos se resisten a seguirle haciendo el caldo gordo a los partidos, que gastan millones y millones de pesos en aturdidoras campañas, en las que hacen promesas que nunca cumplen y hasta las firman, con tal de obtener el voto y una vez en el poder, a robar se ha dicho, a esquilmar al erario federal estatal o municipal; a hacer negocios con el tráfico de influencias, a crear empresas privadas con dinero público, y a ver cuanta raja le sacan al cargo. Y luego a saltar a otra posición para seguir robando.

Por lo pronto, habrá elecciones el primer domingo de junio en 9 entidades -Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora- donde se elegirán nuevos mandatarios; se renovará el total de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados federal, se elegirá a 903 presidentes municipales y a 639 diputados locales. El financiamiento para los gastos de campaña en 2015 ronda en los mil 172 millones de pesos. Más los dineros del narco.

Las campañas ya comenzaron y será una avalancha que tendrán que soportar los mexicanos hasta el 3 de junio. Habrá que ver si por su parte la campaña para boicotear las elecciones prende. El grado de hartazgo tendrá la palabra. Por lo pronto los padres de los 43 quieren impedir las elecciones en Guerrero junto con la CETEG y la CNTE. Y en Michoacán las cosas para nada están garantizadas.

 

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Amagan con ‘una revolución’

PAULINO CÁRDENAS

Casi en vísperas de la próxima visita que tendrán en México el presidente norteamericano Barack Obama y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, quienes se reunirán en Toluca con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto para abordar aspectos del TLC, en un comunicado aparecido en Michoacán –que nadie firma, no tiene fecha, está redactado en primera persona y el cual va dirigido en primera instancia al gobernador Fausto Vallejo–, un supuesto grupo de autodefensas comunitarios de esa entidad amagaron con hacer ‘una revolución’. Advirtieron que no permitirán que los desarmen porque en muy poco tiempo han demostrado ser más efectivos para combatir a la delincuencia organizada que el gobierno local en una década. Señalan que con la decisión de desarmar a los grupos comunitarios “nos damos cuenta que solo busca proteger a los Caballeros Templarios”.

Señala el comunicado que oficialmente cuentan con unos 25 mil autodefensas armadas, pero extraoficialmente, en una situación de emergencia, “en menos de 15 minutos contarían con un ejercito de unos 140 mil autodefensas para irnos a la guerra si es necesario”. No vamos a entregar las armas y mucho menos nos vamos a dejar detener o desarmar, señala el documento. Advierten que si tiene que correr ríos de sangre en Apatzingán, de ello harían responsable al gobernador Fausto Vallejo, “porque la guerra no es con el gobierno, es con los caballeros templarios, o con cualquier cartel que quiera venir a tomarnos prisioneros o esclavizarnos, mismo que al parecer usted busca proteger en todo momento, y si tenemos que luchar por nuestra libertad, sepase (sic) que vamos a morir peleando”.

Manifiestan que “es un retroceso a nuestra lucha” la decisión “inepta y errónea” de querer desarmar a las autodefensas. Esta ha sido la reacción más virulenta que ha tenido la orden dada hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto, de desarmar a los grupos comunitarios, que tratan de defenderse de los criminales que han proliferado en esa entidad, en lugar de haber emprendido una lucha de exterminio contra el principal cártel que tiene sometido a miles de pobladores en gran parte de ese estado. El amago de los comunitarios se da en momentos en que el gobierno quisiera que no hubieran ruidos, y menos de carácter bélico, que pudieran perturbar la reunión cumbre que se realizará en la capital mexiquense el próximo 19 de febrero. Indica el comunicado que si el mandatario estatal cree que “con sus narco municipales o estatales nos va a detener pues esta bien equivocado, por que ni con la misma federación lo va a lograr, por que se va a ocupar algo mas”.

Baladronada o no de los grupos de autodefensa más radicales, el caso es que el contenido de ese comunicado coincide con lo que declaró el líder de los comunitarios de Tepalcatepec, Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien dijo sin vacilaciones en entrevista con la revista colombiana Semana en agosto pasado: “Viene la revolución para México”. Señaló que desde febrero del año pasado él y tres mil civiles más, decidieron tomar la justicia por sus manos, hastiados con la corrupción de la Policía, la ley de los capos y el abandono del gobierno. Armados con fusiles, escopetas, pistolas, una que otra ametralladora y hasta palos y machetes, dice que ‘llegó el momento de defenderse’. Y, como le dijo a Semana, van por más: “Estamos bien dispuestos a hacer un movimiento insurgente nacional en contra de todo lo que está pasando, porque si el gobierno no pone la situación, nosotros la ponemos”.

Por su parte Arturo Román, uno de los coordinadores de la policía comunitaria de Tepalcatepec, uno de los grupos de autodefensas más importantes de Michoacán, le explicó a la misma revista Semana las causas de su rebelión: “Acá los Caballeros Templarios nos estaban jodiendo, le quitaban un porcentaje del trabajo de uno, nos robaban, nos levantaban a cualquiera, nos mataban, nos secuestraban; las mujeres se las llevaban, a estas personas les dábamos el pan de nuestros hijos. Todos estábamos cansados. Yo soy transportista, nos juntamos con ganaderos, limoneros, comerciantes, nos armamos. Hay gente que nos apoya con comida, otros con material. La misma comunidad nos ayuda, mucha gente nos habla, nos dice donde andan los Templarios, quieren que los ayudemos, somos nativos de los municipios, la misma gente de aquí sabe dónde viven, dónde se esconden. No peleamos por robar, peleamos por una libertad.

“Las armas que tenemos, rifles, escopetas, pistolas, AK-47, todo eso se lo quitamos a ellos, las camionetas también. Ahora en la comunidad somos 3.500 autodefensas, tenemos siete u ocho municipios, y en el resto de Michoacán hay miles, con ellos tenemos coordinación. Tenemos a los Templarios arrinconados en una sierra, el gobierno nos dejó solos contra ellos, ahora tienen que ir por ellos. Yo no digo que las autodefensas se van a acabar, pero vamos a tapar las armas, las vamos a tener ahí, por si pasa algo. Vamos a coordinar con el Ejército, a mandar gente que esté en conjunto con los militares para acabar con los Caballeros, pues sin nosotros, sin la comunidad, no pueden hacer nada.

“La política no entra en nuestro movimiento, no nos metemos en eso, solo combatimos a los Caballeros. No estamos tampoco con ningún cartel, ni el de Sinaloa, ni Jalisco, ni los Zetas ni nada, ninguno. Esperemos que las cosas vayan a mejorar, nos dicen que somos paramilitares, solo nos estamos defendiendo del crimen, dijimos ya basta. El mensaje es de paz y la solución es atrapar a los narcos; solo tratamos de vivir en un país libre y en paz, tener un futuro para nuestros hijos”. Ya son varias fuentes que hablan de que las autodefensas integradas por civiles armados, hablan de ‘una revolución’ y de una ‘guerra’ en México. ¿Será por todo eso que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la semana pasada reconoció a las autodefensas como “aliadas en el combate a los Caballeros Templarios”? El ‘Comandante 5’ lo dijo: “El gobierno nos necesita”.

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Está harta la clase trabajadora

PAULINO CÁRDENAS 

La clase trabajadora harta e indignada le mandó un mensaje muy claro al PAN y al PRI el pasado martes durante el desfile del Día del Trabajo, donde los sindicatos independientes arremetieron contra esos dos partidos ‘porque han quebrantado la nación’ por lo que ‘hay que cobrarles la factura’ y ‘vetar a sus candidatos’ en la contienda electoral que se avecina. Esa conmemoración se convirtió en  un foro de crítica abierta por las promesas incumplidas de los mandatarios cuyos partidos han ostentado el mando federal.

A lo largo de la marcha se escucharon y se vieron fuertes epítetos que fueron desde lo más ingenioso hasta lo más punzante. ‘Di no a la Mota’ decía uno, ‘No votes por Peña, quiere quitarle el águila a la bandera y ponerle una gaviota’ decía otra consigna o ‘No regales tu voto al PRI-AN’, mientras que los desplazados de la línea aérea más antigua portaban pancartas que decían: ‘Los indignados de Mexicana también votamos’; y en una más se leía: ‘última marcha del Día del Trabajo de la era panista’.

Los manifestantes sacaron a relucir el hecho de que Felipe Calderón no ha sido el presidente del empleo, sino “el de la sangre”; del antisindicalismo, el que más obreros pobres o desempleados deja; el que ha intentado imponer una reforma laboral regresiva; el que no resolvió las huelgas mineras; el que puso en la calle a más de 44 mil trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro. En síntesis pidieron el voto de castigo el primer domingo de julio para quienes los han empobrecido.

Se vieron muñecos de cartón que representaban las figuras de los aspirantes del PAN, Josefina Vázquez Mota, y del PRI, Enrique Peña Nieto, con leyendas en repudio a sus candidaturas. Otros portaban caretas con el famoso rostro que representa a los indignados del mundo y que usa el grupo Anonymous. Los contingentes, con un mayor número de sindicatos representados esta vez y por tanto más numerosos que en años anteriores, marcharon del Eje Central hasta el Zócalo capitalino.

En algunas pancartas se leía: “Si eres mexicano no permitas que estos partidos sigan saqueando a México: PAN-PRI”, “Josefina y Enrique, sinónimos de corrupción”. Por aquello de que este sería el último primero de mayo de los gobiernos panistas, los trabajadores independientes acuñaron una nueva consigna “¡Ya se van, ya se van, y no volverán!”

Fue pues una fiesta de alarido, de repudio y de reclamo de décadas de olvido y de abusos contra la clase trabajadora, que a cuentagotas y con eventuales actos de violencia han logrado diversas prerrogativas que el sistema autoritario priísta y la indolencia panista, no sólo las han frenado sino en muchas ocasiones pisoteado, por lo que las calles de la ciudad capital de nuestro país escucharon por varias horas las protestas que parecieron volverse el prólogo que podría marcar un derrotero diferente para México el primero de julio.

Además de los gremios de los electricistas disidentes, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, participaron organizaciones campesinas y sociales. Ahí, en medio de rechiflas hacia el régimen calderonista, se llamó a conformar una nueva central de trabajadores, que permita revertir la política antilaboral del panismo, y se anunció que se organizará un “IFE alterno”, porque “ya se cocina otro fraude”.

En esa conmemoración del Día del Trabajo estuvieron miles de trabajadores no sólo de quienes integran las listas de los indecisos, sino de los que de plano están dispuestos a anular su voto el 1 de julio próximo. Ellos y sus familias, junto con otros muchos que no siendo de ese gremio están igual o peor de decepcionados, como son las familias de las zonas rurales que viven en la pobreza, más los que sobreviven en la total desesperanza olvidados por el gobierno, hacen una sumatoria de millones en todo el país.

Esos son los que podrían lograr una revolución electoral si es que deciden, en lugar de abstenerse o anular su sufragio, darle su voto a quien no sólo prometa sino a quien garantice cómo va a combatir la corrupción, impedir la devastación de bosques, castigar ejemplarmente los abusos de las fuerzas de seguridad, cambiar radicalmente la estrategia de guerra contra las mafias, fijarle límites al poder, supervisar las tareas legislativas y judiciales, castigar el desvío de recursos públicos, conjurar el monopolio de la partidocracia, y recuperar los índices de ingreso y de desarrollo del país.

La marcha de los trabajadores indignados del pasado martes en la capital del país fue sin duda un aviso para los candidatos que creen que podrían ganar sólo con el voto duro, sus mañas y sus trampas. Fue –mucho ojo–, una especie de última llamada. La clase trabajadora está harta. Igual que millones de mexicanos. Y al parecer ningún aspirante ha reparado en ello.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Frustrado y desesperado

PAULINO CÁRDENAS

Las cosas para el gobierno de Felipe Calderón no están siendo como la esperaban para estas fechas sus ‘asesores’ de guerra con respecto al combate a las mafias del narco y de otras actividades del crimen organizado que tienen sumido en el miedo, en el dolor, la indignación y el hartazgo a millones de mexicanos. Esos cálculos fallaron. De ahí el reclamo abierto de millones de mexicanos, por esa guerra fallida, por sus pobres resultados, por la necedad de seguir con la misma estrategia y por los alrededor de 40 mil muertos que hasta ahora ha cobrado esa aventura bélica.

Hace unas semanas el presidente Barack Obama hizo un comentario que resultó lapidario, de pocos amigos, sobre este grave problema que se abate sobre México desde que empezó el sexenio. Dijo que los cárteles han ido cobrando más poder cada día, lo que ha provocado en su homólogo mexicano un estado de frustración. Esto ha quedado de manifiesto en los últimos días con las declaraciones públicas que ha hecho el jefe del Ejecutivo, que en tono enérgico, airado y colérico insiste en que todos hagan suya una guerra que no es de todos.

Resulta evidente que no sólo le preocupó al mandatario panista lo que piensa su homólogo norteamericano, sino lo que los mexicanos siguen viendo todos los días en cuanto a violencia, sangre y muerte y la aparición de más y más fosas clandestinas de las que siguen extrayendo decenas de cadáveres ejecutados y algunos de ellos decapitados, escenarios macabros que pareciera corroborar lo que expresó el mandatario norteamericano sobre el empoderamiento de los cárteles y la frustración presidencial.

Los hechos y no las palabras son las que hablan y se imponen al discurso oficial. Sólo hay que darle un repaso a los útlimos acontecimientos que han estado sucediendo en Tamaulipas y el de las ejecuciones de los jóvenes acaecidas en Morelos –por sólo mencionar dos de los casos sangrientos más recientes– por lo que los mexicanos decidieron salir hace unos días nuevamente a las calles a manifestar su indignación y su hartazgo por las consecuencias de una estrategia de guerra que no funciona, protestas populares que empezaron en Cuernavaca y que al Presidente molestan porque los reclamos son contra él y su guerra.

Incluso el clamor de “!Estamos hasta la madre¡” –cuya paternidad para el caso es del poeta, escritor y articulista Javier Sicilia a quien le mataron a un hijo cerca de Cuernavaca, frase que ha seguido usándose como himno popular en todo el país para mandarle el mensaje al gobierno que su estrategia no sirve para combatir a los delincuentes–, Calderón la pretende hacer suya cambiándola por un trillado “!Ya basta” y exigiéndole a la ciudadanía que los reclamos los dirijan a los delincuentes y no a quienes los combaten.

El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas quiere convertir la real amenza del crimen organizado en una corresponsabilidad de todos, cuando es la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas la que ha sido incapaz de frenar al enemigo ni el salvajismo y las atrocidades contra la población inocente cuyos abominables actos se han venido convirtiendo en franco narcoterrorismo para poner en jaque al gobierno. Se infiere que no pueden, no por incapacidad, sino porque hay muchas ‘cochinadas’ –infidencias,  descoordinación, celos, corrupción e impunidad–, en medio de toda esa lucha.

Los voceros de las fuerzas armadas y federales han insistido en que esa guerra contra las mafias podría durar entre siete y diez años, acaso porque el gobierno ve muy difícil acabar en el corto plazo con toda esa gama de trabas que impiden que se vaya por el camino correcto. Ni siquiera se ha podido formalizar la famosa Policía Única con la que cree el Comandante Supremo que se empezarían a formar nuevos cuadros policiales para que ‘un día’ regrese el Ejército a sus cuarteles.

Ni siquiera en los porgramas de ‘control de confianza’ se ha podido avanzar cabalmente. Los gobiernos estatales ni municipales jalan parejo con el gobierno federal en esa petición que lleva años haciéndola el presidente Calderón, por lo que hace unos días volvió a quejarse de que no cumplen con esa formalización de acción conjunta. Los gobernadores arguyen que les faltan recursos para ese rubro, aunque para otros asuntos hay incluso despilfarro de dinero.

Pero tampoco el presidente Calderón ha querido escuchar otras sugerencias que le han hecho expertos en la materia, como cortarle de tajo el flujo de dólares a las mafias con los que los cárteles mantienen vivo el poder de su fuerza y la han acrecentado. El lavado de dinero es donde está el principal ‘talón de Aquiles’ del narco. Eso lo sabe el Comandante Supemo, quien prefiere el contrataque verbal cada vez que le tocan el tema de su fallida estrategia de guerra. De ahí no lo sacan. Y de ahí que la desesperación, más que la frustración, es la que ha empezado a hacer mella en él.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Habrían sido ex militares

PAULINO CÁRDENAS

Si se comprueba que ex militares y soldados en activo son los responsables del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y de otras seis personas, como lo habría expuesto el procurador general de Morelos, Pedro Luis Benítez, el pasado fin de semana, las cosas se estarían poniendo color de hormiga para el gobierno federal panista que defiende a capa y espada la probidad del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Según fuentes no oficiales dijo que los criminales parecían pertenecer a una organización que opera en Guerrero y Morelos.

En el vehículo Honda en el que fueron hallados los cadáveres –seis hombres y una mujer amarrados de pies y manos y asfixiados con cinta canela– dejado en la entrada del fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca la mañana del 27 de marzo, fue hallado un mensaje que señalaba: “Eso les pasa por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitán Barrales y capitán Castillo de la federal. Atte. CDG”. Eso fue negado por este cártel y culpó al del Pacífico Sur de los crímenes. Nadie sabe y nadie supo cuál es la verdad.

Benítez habría dicho también que uno de los ejecutados, el ex militar Álvaro Jaimes Aguilar, alias “El Comandante” –tío de Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, dos de los jóvenes encontrados en el vehículo junto con Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y articulista–, era cabeza de una célula de narcomenudeo y que el Ejército lo dio de baja por estar involucrado con la delincuencia organizada, según fuentes policiales y periodísticas.

Una fuente narró que el fiscal presentó un video del bar La Rana Cruda de la colonia Cantarranas, en Cuernavaca, en donde las siete víctimas se pusieron a hablar del narcotráfico y de la violencia que priva en el país. Al parecer a unas gentes que ahí estaban, presuntamente ex militares, no les gustaron los comentarios y empezaron a discutir. Al final los jóvenes decidieron irse, pero los habrían seguido.

Añadió la fuente que de ahí los muchachos fueron a comprar cervezas, las cuales ingirieron en un estacionamiento de un domicilio no especificado, y se les perdió la pista hasta que sus cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en el fraccionamiento Las Brisas de Temixco, municipio conurbado de Cuernavaca.

El procurador informó, según versiones periodísticas, que efectivos castrenses buscaban a los homicidas en todo el país, pero que ‘si los militares los encontraban antes que las autoridades civiles, no los entregarían’, y las procuradurías General de la República y la estatal ‘se quedarían sin elementos para sus pesquisas’. Muy grave, si así lo dijo. Sería muestra de que las autoridades siguen siendo rebasadas por el crimen organizado. Y el Ejército quedaría muy mal parado.

La indignación por los crímenes de los muchachos está subiendo de tono en todo el país, lo que se puso de manifiesto ayer con la serie de protestas, marchas y manifestaciones públicas que se celebraron en Cuernavaca, Morelos y en diversas entidades federativas y aún fuera de México, a favor de la paz y en contra de la violencia.

La Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, había informado que en México no se vive una guerra sucia y que los militares actúan en el marco del derecho para coadyuvar en la lucha contra la delincuencia, en tanto se fortalecen las policías locales. Pidió esperar el resultado de las indagatorias.

No se sabe todavía si los asesinos de los jóvenes y un ex militar pudieran pertenecer a algún cártel de nuevo cuño. Porque el procurador estatal habría dicho el viernes que los criminales pertenecían a una organización que opera en Guerrero y Morelos, de la cual no dio el nombre. Un día antes había informado que los responsables del asesinato, ocurrido la semana pasada, eran ex servidores públicos, pero no precisó si eran policías ministeriales.

Si se confirma que los asesinos fueron ex militares y soldados en activo, para Felipe Calderón vendrá otra felpa por parte de todos los sectores de la sociedad. Por lo pronto, el grito de “¡Estamos hasta la madre!” empezó a cundir en  todo el país, y más allá de nuestras fronteras. En adelante será la frase lapidaria con la que la opinión pública exprese su hartazgo y su indignación contra la actual administración, no sólo por la ineptitud y la ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico, sino por su incapacidad para resolver tantos pendientes a favor de la sociedad.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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