Reforma de ley telecom

PAULINO CÁRDENAS 

La famosa ley telecom se ha tornado en una encarnizada lucha de intereses a la que le falta todavía mucho camino por andar. En la Cámara de Diputados, los reclamos de quienes vieron frustrados su intento de que fueran debatidas los puntos en reserva de dicha ley sin lograrlo, contra aquellos que hicieron bloque para aprobar los puntos que benefician a ‘la clase más favorecida del país’, fueron duros y quedaron resumidos en una frase lapidaria: la supuesta reforma fue ‘una tomadura de pelo’. Las reservas al dictamen presentadas por integrantes de las bancadas de PRD, Movimiento Ciudadano y PT fueron desechadas sin siquiera haber sido debatidas. Para el dos veces ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su aprobación no garantiza que dará voz a todos los opositores y dijo que lo que se aprobó fue otra ‘ley Televisa’.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto celebró la aprobación de la mencionada reforma en la Cámara de Diputados. “Es una excelente noticia para el país”, escribió en su cuenta de Twitter. La propuesta de modificación a los artículos sexto y vigésimo octavo de la Constitución para dar acceso a los pueblos y comunidades indígenas a concesiones de radio y televisión con objeto de fomentar el respeto, el pluriculturalismo y la multietnicidad en el país, fue obstaculizada en la mayoría del pleno cameral en San Lázaro, compuesta por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.

La negativa para que ese sector de la población cuente con un servicio de radiodifusión local, fue porque el mencionado bloque de partidos políticos consideró que esos instrumentos de comunicación ‘podrían ser fuente de subversión o rebeldía’. A los diputados de esos partidos les preocupó más esto que propiciar una auténtica apertura democrática y defender un derecho en vez de conculcarlo. Es obvio que trabajan para ‘la clase más favorecida del país’. Un sector del PRD y de la bancada de Movimiento Ciudadano habían propuesto que las comunidades y pueblos indígenas tuvieran la opción de proponer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Con ello, la democratización de los medios quedó cancelada de facto.

El diputado por Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo Montaño, se quejó que la influencia de los principales intereses –de Carlos Slim Helú y de Emilio Azcárraga Jean– se haya impuesto sobre los legisladores que hicieron bloque, cada uno para defender sus propios intereses, “y eso es una pena para nosotros como diputados y una decepción para los mexicanos”. Calificó al Congreso de “irresponsable y agachón”. Y preguntó: ¿Cómo sustentar que es un Congreso responsable si en unas cuantas horas pretendemos dejar la Constitución como colcha navideña: llena de parches, sin debatir?

Por su parte Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), salió a defender a su patrón. Consideró que la ley telecom aprobada en la Cámara de Diputados, tiene “dedicatoria” en contra de Teléfonos de México. El también dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana indicó que aunque era necesaria una reforma en el sector, la aprobada en San Lázaro no es la mejor. Confió en que en el Senado puedan ser recibidos los trabajadores para aprobar esta ley, y criticó el hecho de que en la Cámara de Diputados no se haya incluido un artículo transitorio en el citado ordenamiento para resguardar los derechos de los trabajadores del sector.

Otra que pocos saben para quien trabaja fue la diputada Purificación Carpinteyro, del PRD; sus propios compañeros de bancada la acusaron de haber promovido el linchamiento contra quienes plantearon cambios de redacción. Al parecer su papel fue el de reventar cualquier acuerdo perredista. Diputados del sol azteca a través de sus diferentes corrientes habían promovido observaciones al dictamen, que no fueron tomadas en cuenta. A la diputada sus propios compañeros la tacharon de nefasta, ya que la final se sumó a las votaciones que en bloque hicieron priístas, panistas, pevemistas y aliancistas para que quedara aprobada la reforma en los general y en lo particular. Las posibilidades de que la población obtenga información plural sobre la realidad del país fue un tema que quedó al garete, por darle prioridad a las discusiones para reglamentar cuestiones de mercado y competencia.

Para algunos pues, la reforma de la ley telecom no se trata tanto de compartir el propósito de ampliar los derechos de los mexicanos, sino de velar mas bien por sus intereses muy particulares. Eso quedó visto la semana pasada. De ahí que la supuesta reforma para algunos fue ‘una tomadura de pelo’. Por lo pronto César Camacho, dirigente del PRI, mandó decirle a los legisladores del Senado que le apuren a aprobar la reforma de ley telecom. Pero el presidente de esa instancia legislativa, el panista Ernesto Cordero, declaró que los senadores no llevan ninguna prisa. El caso es que para algunos apenas pasó de panzazo la nueva ley de telecomunicaciones. A nadie se le dio gusto, aunque para todos hubo. Hubo indignados y satisfechos. Ahora habrá que ver lo que sigue. A ver si  el Senado no resulta también ‘agachón e irresponsable’, como dijo el diputado Durazo Montaño de la Cámara baja.

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Los virreyes del sindicalismo

 PAULINO CÁRDENAS

Las reelecciones de Carlos Romero Deschamps como dirigente de los trabajadores petroleros y de la maestra Elba Esther Gordillo como mandamás del magisterio nacional, supuestamente escandalizaron a quienes quieren achacarle al próximo Presidente de México de que su gobierno será con el mismo PRI de siempre y no el nuevo que había promulgado que encabezaría los destinos del país. Con esas reelecciones, para los antipeñistas ese propósito fracasó. La crítica se da en la coyuntura de que ambos hechos sucedieron justo en los momentos en que se discute en el Congreso de la Unión la reforma laboral que envío al Legislativo el presidente Calderón como ‘preferente’, en la cual subyace la intención de la modernización sindical. Pero el problema no se remite a dos cacicazgos sindicales solamente.

¿Qué decir de otros dirigentes que ahí están y que tienen igual o peor fama, que operan como ‘independientes’ o cobijados por la izquierda y cuyo activismo y lucha dizque es a favor de sus representados, cuando al final su apuesta es por retener a toda costa el poder político que les da el mando gremial? ¿Cuántos años lleva en el poder Francisco Hernández Juárez al frente del sindicato de telefonistas? ¿O el caso de Martín Esparza, dirigente del SME, que incluso ha sido acusado por sostenerle entregas mensuales de dinero durante años al Peje con recursos de los agremiados? Estos son dos de los casos más representativos de cacicazgo sindical, aunque los mexicanos tienen perfectamente identificados a otros que se han perpetuado en las dirigencias. Así pues, los caicazgos del STPRM y del SNTE no son los únicos.

Habría que recordar que al mes de asumir la Presidencia en 1988, Carlos Salinas de Gortari terminó con el inconmensurable poder del líder sindical petrolero, Joaquín Hernández Galicia alias ‘La Quina’, terminando en la cárcel quien se creyó superior a cualquiera, y tres meses después se deshizo de Carlos Jongitud Barrios el sempiterno líder de los trabajadores de la educación, poniendo en su lugar precisamente a la actual sirvienta del SNTE. De un solo golpe, el mandatario priísta anunciaba quién mandaba desde ese momento en el país. La sacudida de ambos líderes sindicales utrapoderosos, hacia dentro dejó en claro que estaba dispuesto a combatir la corrupción; hacia fuera la señal fue para anunciar que su gobierno estaba listo a recibir inversiones del extranjero y meter al país a las grandes ligas, sin presiones ni ataduras.

Históricamente ha sido inagotable el afán de los gobiernos –federal, estatal o municipal– de querer tener de su lado a los líderes sindicales para negociar de mejor forma y sin aspavientos las revisiones anuales de los contratos colectivos de trabajo y mantener a raya a los trabajadores en cuanto a sus demandas y derechos laborales. Es por esa razón que nace el sindicalismo independiente, que buscaría no quedar sometido a los caprichos, veleidades o presiones de las autoridades laborales, como vino sucediendo durante la era del imperialismo priísta con la CTM, que por décadas se sometió a los designios del gobierno a cambio de prebendas que favorecieron sobre todo a sus líderes, siendo el rey de reyes del sindicalismo mexicano don Fidel Velázquez. Por ello las organizaciones independientes comenzaron a proliferar.

Se supone que los dirigentes de ese sindicalismo independiente se constituirían en los defensores de los derechos de los trabajadores, pero en realidad lo que empezó a suceder fue el nacimiento de la era del cacicazgo sindical, cayendo en los mismos vicios que pretendían combatir, pero ahora con el apoyo de sus gremios a quienes mantienen de aliados, prometiéndoles seguir luchando por más conquistas laborales, haciendo de la crítica al sistema razón de su discurso, con la promesa eterna de evitar que las autoridades laborales intervengan en la autonomía sindical e impedir que el gobierno influya en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores. Es la zanahoria con la que han logrado mantener su jetatura.

Así es como los actuales caciques sindicales han mantenido su fuerza gremial, su dominio interno y su poder frente al gran poder. Y que nadie se atreva a sugerir siquiera que dejen su virreinato. Debe quedar claro que los virreyes del sindicalismo no son únicamente el dirigente de los trabajadores petroleros ni la sirvienta del magisterio nacional.

Dignificar el sindicalismo mexicano y hacer que sus líderes rindan cuentas al menos a sus agremiados, no está en manos ni del Legislativo ni del Ejecutivo federal; está solo en lo que decidan los propios trabajadores sindicalizados. Ellos tienen los líderes que se merecen. Quienes le formulan prematuras exigencias a Peña Nieto tendrán que esperar, ya que hay que darle tiempo al tiempo. Acabar con tantos entuertos no será cosa nada más de mover una imaginaria  varita mágica. Menos con la gravosa herencia que le dejará su antecesor.

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LyFC: amparo frena extinción

PAULINO CÁRDENAS

Aunque continúe el procedimiento especial del aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje no deberá dictar laudo alguno hasta que el amparo solicitado por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de sus abogados, se resuelva de manera definitiva.

Así lo determinó la juez Guillermina Coutiño Mata quien ordenó mantener el proceso de liquidación en el estado en que se encuentra, que había iniciado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Con ello, la titular del Juzgado 1 del Centro Auxiliar de la 1 Región, resolvió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe abstenerse de emitir cualquier resolución sobre la liquidación de la paraestatal que dejó sin centro y materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

La Secretaría del Trabajo manifestó que el amparo provisional concedido al SME contra la extinción de Ly FC no afecta el procedimiento de terminación de las relaciones de trabajo entre empresa y trabajadores.Indicó que el sábado pasado desahogaría el amparo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que las liquidaciones seguirían su curso.

Esa dependencia informó que la liquidación voluntaria, que ya alcanza cerca de 19,000 trabajadores, habían acudido a realizar su trámite para finiquitar su relación laboral con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, muchos de ellos, según la STPS, podrían ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras tanto, la dirigencia del SME se apresta a realizar el jueves próximo una manifestación en la capital de la República y otras paralelamente en diversas entidades del país, en las que participarán, además de agrupaciones sindicales que apoyarán a los electricistas, también organizaciones campesinas.

El viernes pasado fue masacrado en Cajeme, Sonora, el líder de la Unión General Obrero, Campesino y Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra, y otras 14 personas más. En protesta por esa ejecución, marcharán también, junto con los electricistas, miembros de esa organización.

Pero en apoyo a los electricistas despedidos estarán también decenas de miembros de otros sindicatos disidentes, agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que estarían encabezados por el líder del SME, Martín Esparza, Francisco Hernández Juárez y Porfirio Muñoz Ledo, como sucedió el pasado viernes 16 de octubre.

Aquel día marcharon alrededor de 100  mil manifestantes de la columna del Angel de la Indpendencia al Zócalo. En aquella ocasión los discursos versaron sobre la sorpresiva decisión del jefe del Ejecutivo de decretar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyas instalaciones fueron tomadas por el Ejército y por efectivos de la Policía Federal Preventiva. Esta acción, conocida popularmente como el ‘sabadazo’, dejó sin materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

En la movilización del jueves venidero seguramente volverán a escucharse severas críticas por la  medida tomada por el gobierno federal, como las que se escuharon aquel viernes 16 cuando fue fustigado en tribuna el método por el que optó el presidente Felipe Calderón contra 44 mil trabajadores, lo que sólo contribuye a aumentar el malestar y la inestabilidad social en México.

A esa manifestación seguramente habrán de unirse cientos de voces populares que empezarán a protestar públicamente por la aprobación de la nueva ley de impuestos, draconiana medida que si bien viene a resolverle al gobierno su problema de liquidez para sus programas del 2010, a millones de familias le vendrá a agravar aún más su deteriorada situación económica a partir de enero.

pcardenascruz@yahoo.com.mx