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Viola EU derechos humanos

PAULINO CÁRDENAS 

Ojalá que con la llegada de Roberto Campa Cifrián a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, las cosas mejoren sustancialmente en ese rubro. Tiene la instrucción de redoblar los esfuerzos y ampliar las acciones que beneficien los derechos de las víctimas del delito, así como asegurar que todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal atiendan de manera puntual los protocolos en materia de derechos humanos. Campa es de los pocos funcionarios del actual Gabinete comprometido verdaderamente con la Nación y un hombre rigurosamente leal a las instituciones. 

Estados Unidos, uno de los países en donde más se violan los derechos humanos, diagnosticó que en México existen serios abusos a los derechos humanos. El Departamento de Estado de aquella nación, en su informe anual, señaló que las fuerzas federales y miembros del crimen organizado, son los principales implicados en esas ‘graves violaciones’. La impunidad y la corrupción, señala el reporte, siguen siendo un problema grave en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial, especialmente a nivel estatal y municipal. Lo que omite es la discriminación contra los afronorteamericanos y la segregación racial que siguen vigentes en Estados Unidos.

El gobierno de Washington a través del Departamento de Estado solo ve la paja en el ojo ajeno. En su informe destaca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero  y las 22 muertes -la mayoría ejecutados- en Tlatlaya, estado de México, en la que se investiga la participación de miembros del Ejército, pero no dice nada de los linchamientos que hay en EU ni refiere los crímenes de odio contra los negros, incluida la brutalidad policiaca. Los derechos civiles en esa nación son violados a cada rato y el maltrato y asesinatos de migrantes indocumentados sigue siendo deporte nacional en el vecino país del norte. Sin embargo de eso ni una palabra.

La paradoja es enorme: un país donde se ha luchado intensamente contra el racismo, es el país más racista y el único gobernado por un afroamericano. Para algunos se trata de un atavismo. Si en Estados Unidos los racistas fueran mayoría, Barack Obama obviamente no sería presidente. ¿De qué se trata entonces? La paradoja radica en que, pese a que desde hace casi cien años ha habido en Estados Unidos congresistas, senadores, alcaldes y gobernadores negros y también magistrados de la Corte Suprema, subsiste el racismo más primitivo y criminal. Hechos como los de Ferguson, Misuri, y más reciente los de Charlottesville,Virginia, lo corroboran.

La primera mujer en ocupar la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice fue una afronorteamericana. En la misma época, Colin Powell, un general negro fue jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor. En 1993, Tony Morrison una norteamericana de color obtuvo el premio Nobel de Literatura. Actualmente entre otros altos cargos, la Secretaria de Justicia y el actual Presidente son afroamericanos. ¿Por qué entonces hay linchamientos y crímenes de odio contra los negros, en donde participan policías blancos?

Aún así, se las quieren dar de muy demócratas y presumir que su país es un santuario de la libertad y tolerancia, cuando atentan contra hispanos, mexicanos, asiáticos, y de otras naciones, linchándolos o asesinándolos o haciendo gala de brutalidad policiaca. El mensaje, quiérase o no, es que en México no hay democracia. Sin embargo, Human Rights Watch (HRW) ve las cosas de manera más objetiva.

Señala que a nivel global, ‘los gobiernos’ se equivocan al ignorar los derechos humanos al enfrentar desafíos de seguridad, afirmando que Estados Unidos viola “sistemáticamente” derechos en la aplicación de la justicia penal y de sus políticas migratorias y de seguridad nacional. “Las violaciones de derechos humanos fueron determinantes para propiciar o agudizar muchas de las crisis de hoy, declaró Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.

 

 

 

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Entre cómplices y sarta de inútiles

PAULINO CÁRDENAS

El caso Ayotzinapa ha quedado atrapado entre una sarta de inútiles y una serie de complicidades de funcionarios con el crimen organizado. Los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural desaparecidos claman que sus hijos les sean devueltos vivos, mientras que centenares de voces de estudiantes de otros centros de estudios en el país se les han unido y han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia a las autoridades avocadas al caso. Si los familiares y amigos de los desaparecidos dudan que la federación pueda con el paquete ya que atrás de esa desaparición forzada está la mano del cártel Guerreros Unidos, de las autoridades estatales desconfían totalmente porque son señaladas como copartícipes de esos hechos al ser omisos.

Un ejemplo es que tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron ante legisladores federales que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Tan es evidente la descomposición que ha habido en Guerrero que Iguala es el botón de muestra de lo que ha estado viviendo esa entidad federativa desde hace años. En ese municipio cada día aparecen más y más fosas clandestinas con decenas de restos humanos con señales de tortura, desmembrados y calcinados. Iguala es, pues, un cementerio clandestino, señal inequívoca de que los capos de los cárteles de la droga y del crimen organizado son los que mandan en esa entidad, como ha estados sucediendo en muchos otros municipios de diversos estados de la República Mexicana. Las causas son las mismas: corrupción, impunidad e ingobernabilidad.

Resulta obvio que en el estado de Guerrero el crimen organizado está desatado y goza de impunidad, sin que autoridad alguna haya sido capaz de frenar el avance de los al menos 10 cárteles que operan en esa entidad. Tan hacen y deshacen los capos de la droga para someter a autoridades y pueblo en general, que esas fosas clandestinas son muestra de que los secuestros han ido al alza junto con las extorsiones, y quienes no se someten al juego de los criminales acaban siendo ejecutados y enterrados en fosas de los alrededores. De esos crímenes están enterados los gobernantes municipales y estatales, pero hacen como que la virgen les habla.

Pero la pregunta es: ¿cuántos Igualas existen en el país? Porque el hallazgo de fosas clandestinas, además de Guerrero, se repite en Veracruz y Tamaulipas principalmente, y en prácticamente todos los estados de la República y en los alrededores del Distrito Federal, con diferente número de narcofosas en las que echan a sus víctimas, muchas de las cuales son descuartizadas y quemadas para que no sean reconocidas. Por lo pronto, las autoridades federales no han avanzado gran cosa en las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.

Para muchos guerrerenses la voluntad política para solucionar el caso parece ser simulada, ya que entre autoridades locales, estatales y federales no dan una y resulta evidente que entre mandos y operadores de campo avocada a las indagatorias no hay coordinación, por lo que ha habido tardanza, dando la impresión que son una sarta de inútiles los que están atendiendo el caso Ayotzinapa, por lo que los familiares de las víctimas no confían en nadie.

Han preferido evitar reunirse con los integrantes de la comisión legislativa federal que pretende darle seguimiento al caso; tampoco quieren hablar con ninguna otra autoridad. Lo que piden es que regresen vivos a los jóvenes secuestrados ya que tienen la esperanza de que los tengan ocultos en algún lugar. Pese a la información que han venido dando las autoridades sobre los avances de las investigaciones, hasta ahora ha resultado infructuosa la búsqueda de los estudiantes. Por ello familiares y amigos no creen en la eficacia de las indagatorias; más bien se han acogido a las brigadas populares que de manera espontánea han ido surgiendo para sumarse a la búsqueda y dar con el paradero de los desaparecidos.

La comisión de legisladores federales que da seguimiento al caso señalaron dificultades para tener comunicación directa con los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala. El panista Guillermo Anaya Llamas, quien encabeza la comisión, señaló que los padres de los normalistas plagiados no han creído en nada ni en nadie; ‘es un grupo muy compacto que no quiere tener contacto con nosotros’, se quejó el legislador. Quienes observan el proceso de investigación señalan que a las autoridades se les está escapando la liebre por querer apegarse  estrictamente al debido proceso. Aunque algunos ven con buenos ojos la intervención federal en el caso, otros dudan que puedan dar con los autores intelectuales de ese plagio.

Por su parte José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló que hubo un “torpe” manejo por parte del presidente Enrique Peña Nieto al caso de Iguala, lo que “simplemente refleja la escasa importancia que su gobierno otorga al tema de derechos humanos pese a un discurso que sugiere lo contrario”. Vivanco reprochó que el mandatario mexicano tardara cuatro días para pronunciarse sobre Iguala y para atribuirle la responsabilidad a las autoridades locales. “Iguala está a menos de 200 kilómetros de la capital, tres horas en carro. No hay excusa” para tal retraso, señaló el experto en derechos humanos.

Mientas tanto los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada por parte de la policía municipal de Iguala y entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos entre el viernes 26 y sábado 27 de septiembre pasado, según confesión de un sicario detenido, seguirán con su propia lucha apoyados por amigos y gente que de manera espontánea ha querido colaborar en la búsqueda de los jóvenes de la escuela rural que aún no aparecen ni vivos ni muertos. De las autoridades no quieren saber nada porque consideran que son una sarta de inútiles o porque están coludidos con el crimen organizado.

 

 

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Dura carta de HRW al gobierno

PAULINO CÁRDENAS

En México hay una crisis profunda en materia de derechos humanos, señaló la organización internacional Human Rights Watch en una dura carta que envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con copia para el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Y claro que sí hay una profunda crisis en esa materia. Los hechos lo corroboran. En cada acto delictivo que realizan los sicarios al servicio de los cárteles de la droga y del crimen organizado en el país, se cometen graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas que en un gran número de casos acaba ejecutado, decapitado, incinerado y enterrado en fosas clandestinas. HRW demanda una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya. Pero no solo eso.

En una larga misiva hace un repaso de lo que el gobierno de México ha dejado de cumplir con respecto a la salvaguarda de los derechos elementales de personas vinculadas o no a la delincuencia. Señala el citado organismo: “Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, quien rubrica la carta, indicó en su misiva que si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón, miles de casos siguen dándose en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que sigue afectando a muchísimos mexicanos y sobre todo indignando a la nación entera.

Recuerda que en febrero de 2013 publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. “Encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables”.

Reconoce HRW que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares. “Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados”.

Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, comprobando que las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos. Después de una larga lista de asuntos sin resolver, señala una serie de recomendaciones al gobierno de México. Señala que si bien ha habido algunas medidas en la dirección acertada, “se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

La prioridad principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada. Concretamente, señala HRW, el gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte de todas las instituciones federales y de los estados.

Otra prioridad central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de Datos Ante-Mortem-Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa México.

Entre otros pasos cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen: Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas. 
Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México.

Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia.

Recomienda modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;. Reglamentar la Ley General de Víctimas. En fin, que Human Rights Watch hace un severo llamado al gobierno de Peña Nieto para que adopte una estrategia clara de prevención de una serie de delitos que atenten contra los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos. Ante ese organismo internacional, México está en falta en esa materia.

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Escandaliza matanza militar

PAULINO CÁRDENAS

Aunque ha sido lugar común que las investigaciones de abusos militares se difuminen con el paso de los días, semanas y meses, o queden sin resolver, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer estar dispuesta a que el caso de los crímenes masivos de exterminio -que no son nuevos en este sexenio- contra presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico que fueron abatidos en el municipio de Tlatlaya, estado de México hace casi tres meses, pocos creen que el asunto llegue hasta sus últimas consecuencias, lo mismo que las indagatorias que también anunció sobre esa misma matanza la PGR, masacre que se ha convertido en un escándalo internacional y que está en la mira de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch.

Fue la revista Esquire la que publicó la versión de una mujer testigo de la masacre, quien afirmó: “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Dijo la testigo: “Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, según la publicación estadounidense en su edición de México.

La agencia The Associated Press informó del testimonio que involucra a militares de ese fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. “Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió la agencia de noticias estadounidense cuyo servicio se reproduce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y español, y que es considerada también una de las de mayor alcance mundial.

El director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes -21 hombres y una mujer-, “es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto”. Recalcó que “el testimonio  de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado. En agosto pasado, la organización internacional HRW, defensora de los derechos humanos, pidió al gobierno de Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, ocurrida el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento.

En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”. Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”. El anuncio oficial de la Sedena dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal. Sin embargo,  la versión dio un giro de 360 grados, cuando la prensa internacional retomó el caso y se reveló que los soldados habían atacado a los civiles.

“Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, decía una nota publicada por AP, que decía tener pruebas de que los elementos del Ejército mexicano colocaron a los jóvenes en un paredón (improvisado dentro de una bodega) para dispararles. Ahora, los nuevos testimonios confirman la sospecha y exigen a las autoridades esclarecer qué pasó en Tlatlaya el pasado 30 de junio.

Por su pate la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que realizará una “investigación a fondo” de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, para lo cual ofreció su “colaboración irrestricta”. Por su parte la Procuraduría General de la República confirmó que mantiene una averiguación previa respecto a ese caso y señaló: “Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”.

En un comunicado, la Sedena puntualizó que es la más interesada en que se determine le verdad jurídica, pues “los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas. Por ello “prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”.

Agregó: “refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”. También la PGR, en un comunicado, indicó que “se tiene iniciada una averiguación previa respecto a esos hechos, misma que está en etapa de investigación”.

Dio a conocer “que tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos”. Se dijo que “la seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”. Habrá que ver hasta donde cumplen lo prometido tanto la Sedena como la PGR. Lo cierto es que parecen ir surgiendo evidencias de que existiese una orden por parte de los altos mandos castrenses a sus tropas, de exterminar a cuanto presunto sicario encuentren a su paso, con el pretexto de que mueren en encuentros a tiros con las fuerzas armadas.

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Justicia para los muertos

PAULINO CÁRDENAS

Justicia es lo que le han estado pidiendo al gobierno mexicano los organismos de derechos humanos y las familias de tantos miles de caídos por la lucha armada contra las mafias a la que está aferrado el Presidente, en torno a la cual no se sabe si pasarán años para que pudiera llegar a hacerse, como sucedió en alguna medida con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 o la masacre de Acteal donde el 22 de diciembre de 1997 el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 indígenas. Lo que sucede es que la guerra de Calderón lleva más de 60 mil muertos, hasta ahora.

De hecho el recurso legal metido en la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que ahí va avanzando, también trata de clamar justicia e imponer castigo a quienes resulten responsables de tantas muertes que ha habido en México por esa inútil guerra gubernamental contra los cárteles, cuyos resultados han sido muy decepcionantes. Muchos en el país y fuera de él se preguntan: ¿Qué fue de tantos muertos? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo murieron? Hasta ahora son muertos sin nombre, sin rostro, sin tumba.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado machacando a lo largo del sexenio sobre el tema, poniéndole énfasis a los abusos de los militares contra gente inocente, a lo que las autoridades han puesto oídos sordos o respondido que en México sí se hace justicia, lo cual todos saben que en la gran mayoría de los casos eso no dista de ser verdad. Incluso HRW acaba de dar a conocer la proporción de asuntos atendidos por el gobierno en relación al número de quejas, y la diferencia es abismal. Pero el caso de los muertos por la guerra es aún peor.

La gran mayoría de los más de 60 mil muertos que lleva la guerra del Presidente están en el anonimato. Nadie sabe en dónde quedaron. No existe un acta ministerial de prácticamente ningún caso. Si como dice al cabo que son muertos de los mismos grupos criminales en conflicto, pocos son los que logran ser identificados. Si tienen suerte llegan al forense de algún pueblo para ser enterrados por sus familiares, aunque siempre hay miedo de que pueda haber venganzas y acaben matando a más gente.

A nivel económico esa guerra ha arruinado la vida de miles de mexicanos. Se dice que cuando las familias abandonan sus casas por el temor a la violencia, obligadas a emigrar a otros lados, hay quienes van y acaparan de inmediato esas propiedades abandonadas en operaciones hormiga de las que casi nadie se percata. ¿Quiénes están quedándose con tantas propiedades? ¿Para qué? Las autoridades hacen mutis sobre ese asunto, como si no existiera.

Mucha gente inocente ha quedado a expensas de los abusos de los militares sin escrúpulos, policías federales e incluso grupos paramilitares que dicen andar en busca de cómplices de los grupos armados que trabajan para los jefes de los cárteles y las mafias criminales, cometiendo graves abusos contra los derechos ciudadanos. Ha habido quejas de que se cometen desapriciones forzadas, torturas, violaciones e incluso asesinatos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ante tales atrocidades, miles de ciudadanos huyen a diario con sus familias a otras ciudades y varios miles de desplazados acaban yéndose a diversos poblados o ciudades urbanas. La situación es mucho peor de lo que la gente conoce a través de los medios porque incluso varios de ellos no se atreven a publicar lo que acontece en sus poblaciones o entiades por temor a represalias. La gente se entera de crímenes y masacres diríase que a la antigüita; de oídas, de boca en boca. Eso es un hecho.

Lo cierto es que miles y miles de muertos producto de la narcoguerra, sin nombre, sin rostro, desconocidos pues, en el mejor de los casos pudieron haber quedado en la morgue de alguna de las instancias judiciales de algún poblado donde casi nunca son reclamados, y tal vez hayan acabado, preservados en formol, en alguna universidad para ser usados en las clases de medicina forense.

Lo paradójico es que hay zonas del país que a pesar de que estar militarizadas, existe un vacío de autoridad civil, policial y militar. El cohecho o el miedo a morir es lo que impera en muchos poblados del país. Nadie se explica cómo, en Michoacán por ejemplo, tierra natal de Calderón, a pesar de que hay miles y miles de soldados y de policías federales destacados en la entidad, sigue habiendo atrocidades por parte de las mafias que no acaban de ser controladas. No es lógico.

Como tampoco es lógico para Human Rights Watch y Amnistía Internacional que haya abusos de militares contra gente inocente además de tantas muertes que se están dando en México por una guerra contra los cárteles que ni fu ni fa, en tanto miles de familiares de gente caída en esa guerra no tiene idea en dónde pudieron quedar sus muertos o si están desaparecidos. Ellos claman justicia. Y para los mexicanos su clamor es que haya castigo para los responsables de esa inútil guerra.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Jaque de HRW a Calderón

PAULINO CÁRDENAS

El sistemático rechazo del gobierno del presidente Felipe Calderón a las valoraciones de la organización internacional Human Rights Watch sobre violaciones a los derechos humanos por parte de militares, en la lucha que su gobierno sostiene desde hace más de cinco años contra los cárteles de la droga, provocó que esa ONG le lanzara el reto al mandatario panista para que demuestre la versión oficial de que bajo su mandato la mayoría de los muertos han sido cómplices y no víctimas colaterales de esa guerra. “De eso dependerá la credibilidad y el legado del gobierno de Felipe Calderón” al término de su gobierno, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Por segunda ocasión consecutiva, en menos del 48 horas la organización humanitaria ha criticado duramente al gobierno de México por la preocupante situación de violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra contra el narcotráfico y por su silencio a la hora de justificar el elevado número de víctimas. El pasado fin de semana en El Cairo, la directora de comunicación de ese organismo, Emma Daly, dijo en el Sindicato de Periodistas de la capital egipcia, que en México se vive una ‘horrorosa violencia’ por la guerra que sostiene el gobierno federal contra las mafias.

Enfatizó que siguen los abusos de los miltares que cometen violaciones de derechos humanos gozando de una ‘impunidad absoluta’, criticando de paso una vez más al mandatario mexicano de haber puesto al Ejército a hacer las veces de policía persiguiendo delincuentes sin estar entrenado para eso. De acuerdo al informe de esa ONG, los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo hacen que “el clima de desorden y miedo empeore en algunas zonas del país”.

Señala que entre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, figuran los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, señaló la señora Daly. Agregó que “existe una impunidad absoluta en México para los militares” quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

Al respecto, el gobierno de México rechazó ese informe de Human Rights Watch. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró “su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas y confirma su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad”. Añade que sus acciones se han desarrollado todos estos años “en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública” en zonas de México donde hay peligro para la población.

“El actuar del personal es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población”, señaló el comunicado. La Secretaría de Defensa Nacional ha estado “fortaleciendo la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera detallada y fidedigna” sobre el cumplimiento de las misiones asignadas, se agrega.

No obstante, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, al presentar el informe anual de esta organización señaló que ante el casi inminente cambio de poder federal en julio próximo, esa organización internacional defensora de los derechos humanos tiene la esperanza que las próximas autoridades en México se muestren dispuestas a trabajar “sin prejuicios” y “de buena fé” para “revisar las conductas y aceptar las críticas y las sugerencias”, tanto de la sociedad mexicana como de los organismos internacionales.

“Esperamos que el próximo gobierno de México revise la estrategia porque (la actual) no está funcionando”, comentó Vivanco, al lamentar “la cerrazón”, la actuación “a ciegas” del gobierno calderonista “está dando resultados, pero que según todas las cifras, demuestran que crece la violencia y los abusos”. Apuntó que si el gobierno sostiene que el 90 o 95 por ciento de las víctimas son narcotraficantes, sería bueno que expliquen, especialmente a los mexicanos, cómo han llegado a esa conclusión. Insistió: “No sabemos como pueden sustentar una apreciación de ésta naturaleza”.

Para ilustrar el preocupante escenario que prevalece en el ámbito de la justicia militar, señaló que las cifras son muy reveladoras ya que se tienen abiertas más de 3 mil 700 causas contra militares que ya llevan varios años bajo análisis. “Sin embargo, solamente hay 29 condenas”, dijo, lo que para los altos mandos castrenses es un balde de agua helada. Por lo pronto el reto de ese organismo para que el presidente Calderón demuestre que la gran mayoría de los muertos producto de su guerra son parte de la delincuencia organizada y no gente inocente, pone en jaque a su gobierno de cara a la Nación.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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